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Las promesas de inversiones chinas suscriptas durante la semana que pasó reafirman una primera verdad: China es un imperio comunista, donde por cierto no reinan las libertades cívicas, existen regiones mediterráneas bajo la línea de la pobreza y el salario-hora de un trabajador asciende a cincuenta centavos de dólar. |
Debe alimentar su maquinaria expansionista en los mercados a través del dumping que significa esclavizar a 1.300 millones de personas. Sale a competir al mundo civilizado con productos de inferior calidad que deterioran los términos del intercambio de sus socios comerciales.
Ésta es la única manera de mantener el Imperio y la Argentina le sirve como colocador de sus productos tecnológicos, textiles y agroindustriales. Necesitan importar productos sin valor agregado que no contengan el supremo y digno valor que consiste en el trabajo de los argentinos.
Invertirán en infraestructura con garantías superiores a los bonos defaulteados que estafaron a los ahorristas, de ellos el 38% argentinos. ¿Cuál es la garantía? De ello nada se sabe ya que el tratado suscripto por ambos presidentes contiene cláusulas secretas que lo harían caer en un país con justicia independiente o con parlamento existente como jurídicamente inconstitucional.
No faltarán seguramente, las voces de constitucionalistas y legisladores que exijan al P.E.N. la íntegra publicación de los acuerdos. La falta de respuesta oficial abrirá el camino a cualquier ciudadano que se precie de tal de ejercitar el derecho que le confiere la Ley 48, es decir un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ante esa eventualidad, difícil tarea les acarreará a los nuevos cortesanos para evitar conceder el recurso. De ser así, la Corte de La Haya sería el tribunal competente para entender en un planteo de tal magnitud.
Si de maniobras oscuras se trata, ya en el límite de nuestras fronteras, circula en el Senado de la Nación un anteproyecto de ley para desguazar al cuarto presupuesto nacional: el Plan de Asistencia Médica Integral (P.A.M.I.), creado por el recordado “Paco” Manrique en 1971 por ley 19.052. La maniobra del Ejecutivo, fogoneada por la “Reina Cristina” consiste en limitar a un solo miembro en el directorio en representación de los jubilados, en lugar de cuatro como hasta el presente.
Pero la aberración sustancial radica en crear un “P.A.M.I. residual” con manejo directo y discrecional por parte del P.E.N. que cuente con un fondo de 700 millones de pesos anuales. Ello significaría la estatización del P.A.M.I. y la pérdida absoluta de su autarquía como persona de derecho público no estatal.
La maniobra fue descubierta por el senador radical Carlos Prades, el mismo que juró no cejar hasta dilucidar por los desaparecidos fondos de Santa Cruz y en la reunión de bloque en que fueron anoticiados sus correligionarios surgió la oposición unánime a la concreción de esta malversación de caudales públicos deseada por el Ejecutivo.
Se descuenta que los radicales tendrán el apoyo de todos los legisladores de la oposición para evitar el vaciamiento de la castigada obra social de los jubilados y pensionados, al igual que de gran mayoría de los justicialistas no desean morir incinerados en su propia hoguera.
¿Cómo justificará la “hormiguita traicionera” Graciela Ocaña, kirchnerizada para frenar la investigación del asesinato de “Cacho” Espinosa, ex miembro de CONARPESA, el desguace del último reducto que tienen cuatro millones de jubilados y pensionados para recibir la pobre atención médica y farmacológica que el gobierno “nacional y popular” les brinda a los aportantes de toda una vida?
¿Qué significará ser progresista para quienes tratarán manejar a su antojo los aportes mensuales de los millones de jubilados, de los cuales más de la mitad percibe el mísero haber de $ 200 por mes?
Paso a paso se afianza la “ideología de la autodestrucción revolucionaria” del stalinismo gobernante. Las pautas publicitarias silencian a la mayoría de los medios y los estoicos defensores de la verdad y la libertad deben solventar sus programas, cada vez más aislados, de su propio peculio.
Destruir, disociar y atomizar a la castigada sociedad argentina es el mecanismo de la autorrevolución en la que somos sujetos pasivos.
El camino hacia la feudalización de la Argentina está en marcha. La suma del poder público es el objetivo final por medio de billetes en lugar de la mazorca rosista.
Sólo nos resta conocerlo y actuar en consecuencia conforme a la sagrada carta alberdiana.
Callar y contemplar los acontecimientos se asemejará a la calificación del art+iculo 29 de la Constitución Nacional: infames traidores a la Patria.
Humberto Bonanata
Buenos Aires, Noviembre 21 de 2004