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El primer ministro inglés, desesperado por la debacle europea y por cierto también británica, no tuvo peor idea de calificarnos a los argentinos como “colonialistas” en relación a nuestros legítimos reclamos soberanos sobre los irredentos territorios entregados por Rosas en 1833 como prenda diplomática ante el león británico, lugar donde elegiría morir luego de su nefasta dictadura de 29 años, hasta que Urquiza y Alberdi proyectaron una nación liberal que duró desde 1853 hasta 1930, cuando el nazifascistoide Uriburu interrumpió la continuidad institucional para dar nacimiento a un Estado pro-nazi, que aún en sus resabios nos domina.

La unanimidad política frente a sus “declaraciones” no pudo superar la unanimidad popular que el 2 de abril congraciará la noble gesta –no etílica- de recuperar de la peor forma nuestros irredentos territorios insulares, luego de la Resolución 2065 lograra por el entonces canciller de Arturo Illia en 1965, Dr. Miguel Ángel Zabala Ortiz.

Servicios de inteligencia británicos no descartan un enmascarado acto demagógico de parte del gobierno argentino para unificar voluntades frente al durísimo ajuste que padeceremos en marzo, tarifas mediante. Los montoneros en el poder podrían recurrir a maniobras alocadas como lo hizo Leopoldo Fortunato Galtieri hace 30 años.

Movilizaciones populares aparte, el caso “Famatina” se ha convertido en la reacción pacífica y popular con el fin de evitar la depredación aurífera sobre nuestras tierras y más aún sobre la purificación de nuestras aguas, tan defendibles como las Malvinas para el bienestar salubre de nuestros sucesores en la vida argentina.

Nadie ha visto o escuchado declaraciones en contrario del negociado de Beder Herrera, gobernador de La Rioja, por parte de su octogenario senador nacional por esa provincia, Carlos Saúl Menem, quien kirchnerizado por necesidad antes de encontrar su vejez tras las rejas de una cárcel, ha profundizado un oscurantista silencio ante la repercusión popular en contra de la megaminería a cielo abierto.

Ante las inescrupulosidades gubernamentales o poderdadas a través del sufragio, nuestro pueblo responde.

Esperamos que cuando Guillermo Moreno denuncie como “terroristas informáticos” a “Clarín” y “La Nación”, antes de expropiarlos como hizo Perón a principios de la década del cincuenta, con “La Prensa” y “La Nueva Provincia”, el pueblo argentino sepa defender sus libertades cívicas.