El tema de la delincuencia y la seguridad fue uno de los más
importantes de la campaña electoral.
El
Premier italiano, Silvio Berlusconi, obtuvo ayer la aprobación
del Parlamento para un paquete de reformas que apuntan contra los inmigrantes
ilegales, a quienes su gobierno considera culpables de gran parte de los
delitos en el país, según Reuters.
La
nueva ley facilitará la expulsión de los inmigrantes condenados,
ya que podrán ser repatriados cuando tengan penas superiores a
dos años y no a diez como en la actualidad. También se podrá
expulsar a quienes no puedan demostrar sus fuentes de ingresos, consignó
EFE.
La
normativa establece además una pena de entre seis meses a tres
años y la confiscación de la vivienda al dueño que
arriende inmuebles a inmigrantes sin papeles.
La
ley crea el delito de inmigración clandestina, que es castigado
con penas de seis meses a cuatro años de prisión. También
considera a la inmigración como un agravante, lo que supone aumentar
en un tercio la pena de los ilegales que cometan un delito en Italia.
Berlusconi
decretó varias de las medidas poco después de asumir en
mayo, declarando que "los ciudadanos tienen el derecho fundamental
a no tener miedo", consignó AFP.
La
aprobación en el Senado se dio por 161 votos contra 120 y ocho
abstenciones para el texto enviado por el Ejecutivo. Los diputados ya
la habían sancionado el 15 de julio.
También
se autorizó a que el gobierno movilice a tres mil soldados para
patrullarán las calles por un período de seis meses prorrogables
una vez por el mismo tiempo.
Las
medidas fueron criticadas por la izquierda y organismos de derechos humanos.
Durante
la discusión de la ley, creó conmoción la muerte
de dos niñas gitanas en una playa cerca de Nápoles, el sábado
pasado.
El
hecho causó polémica porque los cuerpos de las menores permanecieron
más de una hora tirados en la playa, tapados con unas toallas,
a la espera de la policía y una ambulancia, en medio de la indiferencia
de los bañistas que no interrumpieron sus actividades recreacionales.
CASTIGOS
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LA NORMA establece penas de cárcel tanto para los inmigrantes ilegales
como para quienes los protejan o lucren a través de ellos.
Fuente: El Mercurio (Chile)
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