La Cámara Federal porteña procesó al ex ministro de Economía Domingo Cavallo en una causa en la que se lo acusa de no haber recuperado fondos públicos en manos de empresas que habrían cobrado de forma ilegítima reembolsos por exportación, informaron ayer fuentes judiciales.

Los voceros señalaron que el tribunal dejó sin efecto una falta de mérito dictada en favor de Cavallo y dispuso su procesamiento por presunta "defraudación a la administración pública".

La causa se inició el 4 de abril de 2005 por denuncia del Fiscal General ante la Cámara Federal, Germán Moldes, a raíz de las consideraciones efectuadas por la camarista en lo penal económico María Jeanneret de Pérez, quien había solicitado que se investigase la conducta del ex ministro.

La jueza le reprochó al ex ministro haber "renunciado al cobro de fondos públicos, fondos de la comunidad percibidos ilegítimamente en carácter de reembolsos, por exportaciones que no reunían los requisitos exigidos para la procedencia de aquellos".

Resolución ilegítima

En la presentación se consideró ilegítima una resolución del Ministerio de Economía (619/01) en la que esa cartera había "renunciado al recupero de fondos públicos" de empresas que habrían cobrado de forma ilegítima reembolsos "por exportaciones que no reunían los requisitos".

Sin embargo, el juez que tramitó la causa en primera instancia, Jorge Ballestero, estimó que "no se pudo acreditar fehacientemente que aquella conducta haya generado como resultado un perjuicio para los intereses confiados o que con ella se haya obligado abusivamente al titular del patrimonio".

"Las constancias probatorias son insuficientes para sospechar que Domingo Cavallo suscribió la resolución con la finalidad de perjudicar u obligar abusivamente al Estado", fundamentó el juez en aquella oportunidad.

Al revisar esa resolución, los jueces de la Sala I de la Cámara aclararon que "no comparten el criterio" del juez de primera instancia porque de las constancias del expediente "surgen las condiciones necesarias exigidas en el presente estadio procesal para adoptar" el procesamiento del ex titular del Palacio de Hacienda.

Eduardo Freiler y Eduardo Farah recordaron que "con posterioridad al dictado de la decisión impugnada" la Sindicatura General de la Nación determinó que existirían 25 causas con sentencia firme y 19 en trámite que significaban "un importe a recuperar por parte de la Aduana de 25.590.79,62 y 22.619.059,44 pesos, respectivamente".

"Debe tenerse como provisoriamente probado el perjuicio traducido en un beneficio económico indebido para las empresas involucradas, lo que justifica el dictado del auto de cautela", afirmaron los jueces.

Fuente: La Capital (Mar del Plata)