Como un cowboy en su choque decisivo con el sheriff por delante, Kirchner juega fuerte, a todo o nada, matar o morir, con un único sobreviviente: él. No acepta otro desenlace. La Casa Rosada fijó plazo para la aprobación de las retenciones móviles: antes del 9 de Julio, y es probable que tengan luz verde, cuando esta edición esté en la calle.
El campo, sin margen de maniobra, rechazó el proyecto oficial de mantener intocada la resolución 125 -el nudo del escándalo-, y lo rechazó porque “no sirve”. En tanto, la diáspora opositora busca con desesperación votos para suspender la aplicación de la gabela por 150 días, hasta encontrar un acuerdo que atienda los intereses de las partes.
El recurso que todavía tiene a mano el ruralismo, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando lleguen a esa altura los planteos, deberá definir la legalidad y constitucionalidad de las retenciones móviles, si se plantan por arriba de 33/35%. Con los últimos precios del mercado de Chicago, rondan casi el 50%. Por el rumbo incierto que pudiera tomar el conflicto de ahora en más, no debería rechazarse que utilice el per saltum, una herramienta jurídica precisamente para casos emergentes de gravedad; es una posibilidad, por supuesto.
El país vive tenso, a caballo de una angustia colectiva por la testarudez del patagón (para el diván y una junta de psiquiatras, en opinión de los ruralistas), desde hace más de cien y un día y sus noches. La hora de la verdad llegó con la gran batalla final. Los diputados del partido del gobierno, con y sin K, recibieron indisimulados aprietes desde el poder.
El campo también jugó sus fichas y movilizó a su gente sobre el Congreso. La tropa del oficialismo -diezmada por sucesivas deserciones, que la Casa Rosada no esperaba- no tuvo otra opción que dar vuelta sus cartas y definir de qué lado de la historia decidió quedar: la grande, la de los anaqueles, o la otra, la de la sumisión. El largo conflicto está llegando a su fin, pero la incertidumbre no se apagó, subsiste.
El Jefe del PJK, en su condición de gobernante outsider y marido presidencial, conduce personalmente el operativo, sin ruborizarse y sin aflojar un tranco. Sólo admitió concesiones de menor cuantía para pequeños productores, tratando de seducir a Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria Argentina.
En estos días de arduas negociaciones, no ahorró diatribas a cada rato contra el arcoiris opositor, el agro y los medios de comunicación. A todos metió en la misma bolsa y los involucró en una conspiración desestabilizadora, calificándolos de golpistas, que sólo él percibe, no la sociedad. Esa desmesura cotidiana y sin fronteras revela su debilidad. No toda su feligresía le obedece, es evidente. Hay díscolos a cara descubierta y otros embozados en el silencio del miedo.
Como comandante, el santacruceño ordenó al bloque mantener intacta la resolución 125 del 10 marzo, tal cual salió del horno kirchnerista, so pena de excomulgar del templo a todo aquel que saque los pies del plato, como solía decir el general que se fue. Y no se fue. Esa decisión inconstitucional e inamovible desató la intifada palestina en las entrañas del PJ.
Los números no cerraban, lo que obligó a Kirchner, calculadora en mano, a contar y recontar una y otra vez los porotos para la confrontación inminente. Cuando tuvo la certeza de que las cifras le favorecían, mandó a votar de inmediato en las comisiones.
Si en el pleno del Congreso consiguiera, al fin, las manos levantadas necesarias, y la resolución 125 se convirtiera en ley, quedará manchada por la sospecha de la inconstitucionalidad por considerarse que las retenciones móviles por arriba del 33/35%, son confiscatorias, según jurisprudencia y doctrina del alto tribunal.
Desde ya, nada se solucionará y volverá el estado de zozobra, y las postales ya vistas por los argentinos se repetirán como en un caleidoscopio en los cuatro puntos cardinales. Se habrá retornado al punto cero, quizás con más tensiones que antes. Y de nuevo el país ingresará a un aquelarre sin control, de derivaciones impensables.
No sirve de nada todo aquello que venga parido como una imposición, como pretende el ex presidente. La hora actual reclama, por el bien superior de la República, un acuerdo con grandeza, alzado, con renunciamientos de una y otra parte, que reconcilie en una hermandad a los argentinos y devuelva la paz a los espíritus exaltados por las pasiones y los intereses circunstanciales.
Tres semanas atrás, desde esta misma columna, quien la firma, adelantaba que el envío del paquete de la soja al Parlamento, no pasaba de un escapismo gatopardista, con apenas un toque cosmético que nada cambiaba el proyecto originario. Y así nomás fue. Las mutaciones son menores, lo que no cambia es la esencia del plan oficial.
Con mucha sensatez, el hoy vilipendiado vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, se inclina por un acuerdo maduro entre la corporación oficialista y la oposición y sus aliados, que contemple la conveniencia del campo y las necesidades de caja del gobierno, sin la soberbia de los vencedores, ni la humillación de los vencidos.
La relación entre Cristina y Cobos es cada día de mayor tensión. El vicepresidente dijo que no necesita pedir permiso a ella para cumplir sus funciones. No se hablan desde el 20 de junio, Día de la Bandera. Por ser cabeza de un poder del Estado, tengo tanta representatividad como ella, remató.
El gobierno está afligido porque sabe con total certeza que cuando el entuerto de la soja arribe a la Corte Suprema, ésta, más temprano que tarde, declarará la inconstitucionalidad de las retenciones móviles.
Esa versión se la habría dado a CFK el presidente del alto tribunal, según el diario La Nación. Días antes, la adelantó en su columna Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín. Y a ello obedecería el envío del proyecto al Parlamento. Si la noticia es cierta, como todo parece indicar, es gravísima por la confusión de roles entre poderes del Estado.
La jefe del PE guardó un silencio de radio, en tanto la Corte, 24 horas después de la publicación, sin desmentirla enfáticamente, terminó confirmándola, al utilizar un evasivo lenguaje diplomático para decir que "no se pronunciará sobre derechos de exportación o cualquier otra cuestión de tono político, sino a través su fallos”.
Y ratificó su escapismo por la tangente: “la función institucional es ocuparse de cuestiones del Estado y no de debates políticos, y en caso de controversias, sólo opina a través de sus sentencias”. Néstor Kirchner, desde una tribuna política, en La Matanza, cayó en una insólita imprudencia, al solicitar que el titular del Tribunal Superior, Ricardo Lorenzetti, desvirtuara la especie.
Que la soja haya aterrizado en el Congreso, tiene su explicación. Cristina y Néstor, por ser abogados, saben que las retenciones son impuestos y es atribución indeclinable del Parlamento determinarlos. La debilidad jurídica de la resolución 125 es su origen ministerial. Si el PE logra que las retenciones móviles tengan rango legislativo, habrá salvado ese escollo.
Queda pendiente un asunto no menor: establecerlas por arriba del 33% son confiscatorias. Por ese flanco jurídico serán atacadas ahora por el campo con posibilidades de éxito. ¿Cómo votará el alperovichismo en esta coyuntura histórica? Fieles al amo tucumano, quien les bajó línea, ningún diputado se animará desentonar a riesgo de perder las canonjías. Todos, sin excepción, levantarán la mano por Cristina, en cumplimiento de la obediencia debida, olvidándose del terruño que dicen representar, con excepción de García Hamilton (UCR). En el Senado, ¿cuál será el pronunciamiento de Julio Miranda?
Al cierre de esta edición, el plenario de Diputados ya había comenzado a deliberar. Se sucedían intensas negociaciones entre las distintas bancadas. La variopinta oposición procuraba abroquelarse en el “no” para hacer naufragar la iniciativa del kirchnerismo. Adictos al oficialismo habían copado los palcos y bandejas del palacio legislativo. Parlamentarios opositores se negaban a bajar al recinto por falta de seguridad.
En una interpretación insólita, el oficialismo sostiene que si la Cámara baja no ratifica la resolución 125, ésta lo mismo mantiene su vigencia. Es de preguntarse, entonces, ¿qué sentido tiene que el PE haya enviado el proyecto al Parlamento si después no va acatar su decisión?
¿Qué nos dejó el Mercosur, después de la XXXV Cumbre celebrada en esta ciudad? Si hubo algo no deseado por la Presidente CFK, fue que el tema de las retenciones a los granos, se colara en la agenda, de rondón.
Aunque nadie se lo planteó personalmente -estos asuntos se analizan y debaten en comisiones internas- seguramente no le cayó nada bien, al considerar que un conflicto de carácter doméstico, con inevitables repercusiones en los países vecinos, desbordara las fronteras en el encuentro cimero, notificándose los concurrentes de su real profundidad y dimensión.
El pleito con el campo, aún irresuelto, no se llega a descifrar y menos comprender desde afuera. Fue así que no se pudo aprobar el Código Aduanero del Mercosur de derechos de exportación e importación, de vital importancia para la región, por el cual se eliminaba todo obstáculo que pudiera trabar transacciones de tipo comercial entre los miembros del Cono Sur.
La Argentina es el único, entre todos, que incorporó ese sistema impositivo, inexplicable para los demás países. Uruguay, junto con Brasil -ambos con extensas plantaciones de soja y otros granos-, con una fuerte política exportadora, planteó con dureza sus reclamaciones, pero no hubo acuerdo ante la intransigente posición argentina.
Analista Político
Fuente: "el periódico"
Gentileza de Luz Garcia Hamilton para NOTIAR