Lunes, 19 Junio 2017 00:00

Odebrecht: la IGJ tras una empresa vinculada a Báez y Cristóbal López - Por Lucía Salinas

Escrito por  Lucía Salinas
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Se trata de la constructora Contrera Hermanos. Trabajó con la brasilera y se asoció con los empresarios K.

 

Nuevas pistas complican a Odebrecht y apuntan a la conexión local. La constructora Contreras Hermanos, con un capital 100% nacional, es investigada por la Inspección General de Justicia (IGJ). Es por la documentación presentada ante la entidad en la que “deniegan el acceso a la información completa relacionada con las operaciones con sociedades vinculadas”, como el gigante brasileño. Con balances adeudados, detectaron “mecanismos de fuga de utilidades” a través de subsidiarias radicadas en Brasil. Esta firma tuvo una UTE con Cristóbal López, con otras empresas investigadas en relación a Odebrecht e incluso con Lázaro Báez.

La firma Contreras Hermanos se dedica a la construcción de ductos, plantas compresoras, construcción de tanques de almacenamiento, de equipos de bombeo de petróleo y rutas, entre los principales rubros en los que compite. Opera habitualmente en nuestro país, pero también Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay.

La sociedad controlante del grupo es Contreras Hermanos SA y tiene otras firmas vinculadas como Contreras Emprendimientos e Constructores (CEC) y la firma subsidiaria de esta última es Contreras Comercio (CCS).

Con Odebrecht investigada en el Lava Jato por corrupción y lavado de dinero, tras admitir el pago de coimas por US$ 788 millones en doce países para ganar obra pública, Contreras Hermanos tiene en el país con la brasileña, la ampliación de la capacidad de transporte de gas (tramo 59), también el tramo 89 - San Lorenzo y la ampliación de capacidad de transporte tramo 74.

Además, constituyó UTE con José Cartellone, Supercemento, IECSA, Electroingeniería, todas investigadas en las causas judiciales sobre Odebrecht en el país. En la documentación ante la IGJ, mencionan a Esuco (también investigada junto a la firma brasileña), al igual que Rovella Carranza y Decavial, vinculada a Lázaro Báez.

Para las obras del gasoducto que es investigado por los presuntos sobreprecios, conformó UTE con CPC SA propiedad de Cristóbal López, Helport SA y Rovella Carranza.

“Los estados contables de algunas subsidiarias no fueron entregados, adeudando además rubros no informados en su totalidad en el balance”, señaló la IGJ a la empresa y colocaron la lupa sobre diversas operaciones vinculadas a Brasil y que enfrentó a los integrantes del directorio.

CEC presentó desde 2014 un estado financiera “que continuó deteriorándose” y ante la falta “de un financiamiento oportuno de sus operaciones” ingresó en su proceso de recuperación judicial algo similar al concurso preventivo de acreedores.

El abogado del condominio Contreras (que representa a 4 integrantes del directorio) es representado por Osvaldo Sabino que en la asamblea general de 2015 sostuvo que el síndico y el directorio de la sociedad continúan “proporcionando información parcial, incompleta y confusa, con varias inconsistencias e irregularidades”.

Las diferencias al interior del directorio aumentaron con el tiempo. En dicha asamblea, se sostuvo que había “fuga de capitales a través de subsidiarias haciendo desaparecer utilidades de la sociedad y se disipa el patrimonio social”, fue un planteo del abogado de tres de los Contreras.

El asesor letrado lo definió como “uno de los principales agujeros negros de la sociedad”, la otra parte del directorio lo desmiente. La IGJ cuestiona que desembolsen dinero hacia una empresa (CEC) “en quiebra mediante préstamos que en lo inmediato lo mandan a pérdida y desembolsos hacia ex empleados mediante indemnizaciones. En su totalidad la pérdida asciende a 70 millones de pesos, (8,7 millones de dólares al tipo de cambio de 2015)”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.

La IGJ pidió que expliquen los “desembolsos y contabilización de las pérdidas por $ 48 millones con CEC”. El síndico explicó que el grueso de los desembolsos se destinaron a un préstamo de $ 35 millones a la subsidiaria brasileña por estar en situación falencial y se pagaron indemnizaciones por $ 6 millones.

La subsidiaria brasileña fue un vehículo, según explicaron los accionistas, para “remitir fondos a toda la operación de Brasil para evitar que por la condición particular de CEC sean embargados los fondos”. Pero la IGJ consideró que no se evacuan las explicaciones requeridas “por no tener información al respecto en la Asamblea”. Y fueron intimados a explicar dichas maniobras.

Lucía Salinas

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