Domingo, 15 Diciembre 2019 00:00

Más sombras que luces en el debut de Guzmán - Por Alcadio Oña

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La escasez de anuncios concretos, cuando todo el mundo los espera, marcó el arranque del ministro. Poco y de apuro sonó lo que dijo de la economía y la deuda.

 

Hacia fines de agosto, después de triunfar holgadamente en las PASO, Alberto Fernández empezó a instalar la definición “default virtual” para referirse a la deuda de la Nación. Como si fuese una consigna del alto mando, Axel Kicillof la repitió el miércoles pasado, a propósito de los US$ 11.768 millones que este año le tocan a Buenos Aires o de los 570 millones que vencen en enero. Y ese mismo miércoles insistió el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán​, en su primera, imprecisa conferencia de prensa.

Es visible que la idea detrás de la frase consiste en martillar sobre la crítica herencia que les dejó el macrismo y, a la vez, cargarle al macrismo los costos de los ajustes que el nuevo gobierno deba hacer.

Pero hay un problema y salta en el método: lo que fronteras afuera se va a retener de la situación económica de la Argentina no es la palabra virtual, sino la muy incómoda y bien concreta palabra default. Sola y sin añadidos por lo demás confusos.

Guzmán reiteró que no está en los planes del cristinismo pedirle al Fondo Monetario los US$ 11.700 millones pendientes del stand-by acordado con el macrismo, como si eso dependiese de una decisión propia. En realidad, la llave que puede activar el desembolso, mantenerlo en el freezer o dejarlo caer está en las manos del FMI.

Algo parecido sucede con la búsqueda de acelerar las negociaciones por la deuda, también anunciada por el jefe de Economía. Tiene que ser así, necesariamente.

El Banco Central dispone de reservas líquidas suficientes para afrontar los vencimientos en divisas del primer semestre de 2020. Esto es, alrededor de 19.000 millones incluido el superávit comercial del período, contra los 14.600 millones que debieran ir a la caja de los acreedores privados.

No se han computado ahí las obligaciones con organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial o el Banco de Desarrollo de América Latina, que en parte podrían ser cubiertas con el adelanto de nuevos créditos. Ni tampoco aquellas que figuran en cabeza de entes del Estado nacional y se refinancian automáticamente; para el caso, el enorme paquete que se le colocó a la ANSeS.

Tal cual puede advertirse, todo muy apretado. Y todo, sin contar la posibilidad de que haya que echar mano a las reservas para enfrentar alguna contingencia cambiaria. Se sabe: cuando los activos del BCRA bajan o comienzan a crujir, sube la inclinación a tomar posiciones en dólares.

De este cuadro surge nítida la necesidad de apurar la refinanciación de la deuda, pues el peligro de dejar caer un vencimiento se llama default real y no ya virtual.

En tren de agregar eslabones a la cadena, valdría anotar a los endiablados fondos buitre. Que han comprado y compran bonos devaluados, pensando justamente en un derrape semejante y con la evidente intención de pleitear contra la Argentina. Nada, al fin, que no conozcamos.

Se supone que Alberto F. buscará evitar un default y los costos de un default por todos los medios a su alcance. “Y si eso es definitivamente cierto, Guzmán debió ser mucho más contundente el miércoles y no dejar ninguna duda picando”, dice un especialista.

Palabras de otro especialista: “Se puede y se debe negociar con firmeza, sin aceptar condiciones inaceptables, pero manteniendo los pies en el plato porque sacarlos implicará cualquier cosa menos una salida gratuita”.

Entre los efectos de un default anota el corte del financiamiento, tanto para exportaciones como para importaciones, más el encarecimiento de los seguros de crédito que amparan ambas operaciones. Un desenlace así estaría pegándole duro a dos piezas clave de la estructura productiva.

A las exportaciones, porque además de sacudir a una fuente de divisas genuinas en épocas de escasez de divisas, trabará las ventas de los escasos bienes industriales que el país coloca en el exterior. Agregadas van las del sector agropecuario, las primarias de otros orígenes, las regionales y los servicios.

Sobre el impacto en las importaciones habla un dato que es pura dependencia externa: por cada punto que el PBI crece las importaciones crecen entre 3 y 4 puntos. Ahí entran las compras de bienes intermedios esenciales en los procesos industriales y también las maquinarias, o sea, inversiones que aumentan la productividad y la calidad de la producción nacional.

Final de este combo: el default tirará para atrás el crecimiento económico. O chocará contra el objetivo de “frenar la caída y sentar las bases de un proyecto sostenible y con inclusión social”, que Fernández le puso a Guzmán según contó el propio Guzmán.

Falta añadir al listón nada menos que el efecto sobre el crédito orientado a desarrollar actividades que representan una apuesta al futuro en varios sentidos y que, por eso mismo, resultan cruciales. Para el caso, Vaca Muerta, el litio y la minería en general; cruciales, claro está, si se desarrollan cuidando el medio ambiente lo cual está por verse.

Podría decirse también que, aún si se evitara el default, el nuevo gobierno debiera desplegar planes que atiendan el paquete completo. Trabajo para Guzmán y compañía.

Algo de este tiempo y del tiempo por venir ancla en la política cambiaria. Desde que Alberto F. dijo que el dólar a 60 pesos “estaba bien”, la inflación trepó un 14% y enfila hacia el 18% en apenas cuatro meses. Está comiéndose la ganancia cambiaria y metiendo en un brete al equipo económico.

Guzmán ha sostenido que el Gobierno irá a la renegociación de la deuda con “un programa propio”, algo que, dicho sea de paso, otros ministros han sostenido antes que él. También afirmó que “el FMI será parte de eso”, porque “el problema es macroeconómico”.

Y si la cuestión pasa por la deuda, el Fondo puede ser un poco más que parte del operativo. Lleva el sello de acreedor privilegiado, por encima del resto de los acreedores, y además tiene en su haber vencimientos que entre 2022 y 2023 suman arriba de US$ 40.000 millones. Seguramente serán refinanciados, pero en principio son un paquete de plata.

Nada casual visto lo que se juega, el organismo plantea que, junto al estiramiento de los plazos de pago, la negociación con los bonistas incluya un recorte en las tasas de interés. Esto es, quita implícita por un lado y quita directa por el otro lado y ambas orientadas a fortalecer la capacidad del país para afrontar las obligaciones.

El ministro de Economía ya ha descartado un nuevo ajuste, aunque prometió, en simultáneo, avanzar pronto hacia el equilibrio fiscal. Este paso quizás ocurra en 2021.

En el camino al equilibrio aparecen dos variables que se cruzan. Es todavía una incógnita saber si todo el gasto público va a quedar fuera del ajuste y otra, dónde le tocará el ajuste si algo llega a tocarle. En cambio, viene cantado, casi tocando pito, un saque a los impuestos, empezando por la suba y la ampliación de las retenciones, pero sólo empezando.

Advertido por una consultora, aquí hay un detalle que representa bastante más que un detalle. Dice que, en el apuro por zafar de las retenciones, este año se liquidaron exportaciones que de otro modo habrían sido liquidadas en 2020. Y remata: “La movida significó medio punto del PBI y sirvió para incrementar los ingresos y mejorar las cuentas fiscales de 2019, pero ese medio punto lo perderá el nuevo gobierno”.

La cuestión gira en torno de unos 2.150 millones de dólares a favor o en contra, según el lugar que cada cual hubiese ocupado u ocupe. El flamante secretario de Hacienda, Raúl Rigo, ya puso el ojo ahí mientras recalcula el Presupuesto de 2020. Un histórico de muchas batallas, Rigo busca la fórmula que le permita recuperar esa pérdida: peligro de gol.

A esta altura del baile nadie niega que, así como está, la deuda es impagable. Guzmán habló de una relación “constructiva y amigable” con los acreedores, lo cual nunca viene mal. Solo que cuando se discute por plata y por plata grande, no todo lo que al comienzo luce amigable termina amigable.

Alcadio Oña

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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