Viernes, 31 Enero 2020 00:00

La discusión sobre la deuda hoy pasa por definir qué es actuar de buena fe - Por Hernán de Goñi

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El gobierno argentino estará pendiente hoy de la información que reciba de la provincia de Buenos Aires, sobre el porcentaje de adhesión que logre su propuesta de postergar a mayo el pago de un vencimiento de u$s 250 millones.

 

Esta jugada no se trató de un paso aislado, sino de una decisión coordinada con el equipo que lidera Martín Guzmán, que entiende que una provincia no debería resolver sus problemas de endeudamiento antes que la Nación. La fecha fue consensuada con Axel Kicillof, porque permite evaluar la reacción de los bonistas a la visita que hizo el ministro a Nueva York, en donde habló ante inversores en el Council of Americas, y también con autoridades del FMI y del Departamento del Tesoro. Pero la pulseada no se cierra en las próximas horas: hay un margen legal hasta que se complete el plazo de gracia (por si el mensaje no prende), ya que el prospecto indica que no se catalogará como un episodio de default hasta que pasen diez días de la fecha original, o sea el 5 de febrero.

La expectativa oficial está marcada por la cautela. No hay gestiones visibles de persuasión, al estilo de las que podía encarar Luis Caputo, el ministro de Finanzas de Macri, que se jactaba de "hablar" con el mercado todas las veces que fuera necesario. Tanto los funcionarios provinciales como nacionales remarcan que se está actuando de buena fe, y que prorrogar un vencimiento aceptando pagar los intereses que corresponden al plazo adicional, es una fórmula sencilla y racional. Y, por lo tanto, el Gobierno entiende que si no se logra el consenso de 75% necesario, en ese caso serán los bonistas los que no estarán actuando de buena fe.

El razonamiento que defiende el equipo de Alberto Fernández es uno solo: no prometer nada que no sea sustentable. Hacer lo contrario implicaría repetir resultados ya vistos: renegociaciones de deuda que fracasan en el mediano plazo y someten al país a una nueva crisis con una nueva reestructuración de deuda.

El principal obstáculo que enfrenta Guzmán es que los acreedores ya han escuchado en reiteradas oportunidades, promesas de cambio de parte de funcionarios argentinos. Y aunque el ministro se proponga hacer las cosas de manera diferente, encarando un proceso ordenado que no busca ser ni agresivo ni amigable, sino sustentable, sus interlocutores tienen todo el derecho a desconfiar.

El Gobierno tiene poco tiempo para disolver esa incertidumbre. La historia de incumplimientos argentinos no lo ayuda. En el legajo también figura la escasa voluntad que mostró Cristina Kirchner para salir del default, básicamente por el nulo interés que tenía en amigarse con los mercados. Tampoco sobran los dólares. El plazo del 31 de marzo no es un capricho: lo marca la disponibilidad de reservas. Pero también la necesidad política de abrir este cerrojo que tiene la economía.


Hernán de Goñi
Director periodístico

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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