Domingo, 08 Marzo 2020 00:00

Sobran problemas, falta una estrategia - Por Alcadio Oña

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Paro del campo, agujero fiscal, cortocircuitos con el FMI y los bonistas, recesión. El Gobierno acumula problemas.

 

Los últimos datos oficiales acaban de remachar una información que Clarín publicó el domingo pasado, cuando el aumento de las retenciones a las exportaciones de soja ya pedía pista.

Esos datos decían y dicen que la debilidad de la recaudación impositiva se ha convertido en una poderosa fuente de preocupaciones del Gobierno y también del Fondo Monetario, que mantiene la mira puesta en el desequilibrio de las cuentas públicas. La luz amarilla seguirá encendida hasta que la economía empiece a mostrar verdaderas señales de vida.

El propio Banco Central admite que todavía “no hay evidencias firmes de una salida de la fase recesiva”, lo cual, traslado a su gestión, implica reconocer la ineficacia de los recortes a las tasas de interés que ensaya sin parar. Obvio: existen otros factores que explican el parate económico.

De mal en peor, frente a una inflación anual que está en 52,9-52,6% los ingresos de la AFIP crecieron 44,5% en enero y 42,6% en febrero, esto es, una diferencia que ahora alcanza a 10 puntos porcentuales. Demasiado grande, para lo que exigen las urgencias fiscales.

Con el mismo telón de fondo y respecto de febrero de 2018, el mes pasado la recaudación del Impuesto al Cheque subió 42%; un 34% en Ganancias y Combustibles y 30% en el IVA-DGI. Ahora hablamos de brechas que trepan de 10 a 22 puntos porcentuales.

La suma de tres de esos gravámenes -IVA-DGI, Ganancias y Cheque- representa el 87% de los ingresos tributarios digamos puros, sin contar aportes previsionales. Y los cuatro van enganchados directamente a la actividad económica y al consumo.

Así de empinada es la cuesta que será necesario escalar, para arribar a un estadio que comience a calmar las preocupaciones del Gobierno y del FMI.

Notable, aunque al fin improductiva, la recaudación de Bienes Personales creció 337% en febrero. Es que pese al saque que le pegó el Gobierno, el impuesto ni siquiera aporta un 2% a los recursos del Estado.

Un caso de una especie similar aparece en el llamado Impuesto PAIS, que entre enero y febrero sólo rindió el equivalente a 167 millones de dólares. Mucho ruido y pocas nueces.

Ahora, dos fenómenos que funcionan como espejos. Si entre los empresarios la ruptura de la cadena de pagos ha pasado a ser un comentario corriente, viene cantado que algo semejante ocurre con los ingresos de la AFIP.

Por lo que toca al Fisco, el fenómeno se llama evasión o financiarse con el organismo recaudador. Un dato de especialistas dice que en el IVA el incumplimiento ronda el 20% y es bien probable, si no seguro, que la mancha se ha extendido a Ganancias y al Cheque.

Es una explicación, solo que insuficiente para entender por qué caen los ingresos reales de la Agencia Federal que dirige Mercedes Marcó del Pont, alguien que es tropa propiamente propia de Alberto Fernández.

Además, la plata que el Gobierno metió en los bolsillos de las capas consideradas vulnerables se va en compras a comercios chicos, generalmente del Conurbano. En el mejor de los supuestos, se trata de cuentapropistas y en casi todos los supuestos, si no en todos, de negocios informales. Los supermercados y las grandes cadenas, que podrían reportarle dinero contante y sonante a Marcó del Pont, siguen sin asomar la cabeza.

Nadie puede encomiar la evasión, pero cumplir religiosamente con el Fisco implica pagar tasas de interés que arrancan en el 40% y se estiran al 60%. Excesivas por donde se las mire, dado el estado de la economía y el trance que enfrenta la mayoría de las empresas. Según números sacados de las estadísticas del Banco Central, los préstamos llevan 21 meses consecutivos barranca abajo y acumulan una caída real del 40%.

Mezcla de necesidades propias y de salida para las pymes, la AFIP lanzó una moratoria con plazos de 10 años, más condonación de intereses, de multas, punitorios y sanciones.

¿Y cuál es el costo del plan? Un nada módico 3% mensual, alto hoy mismo contra una inflación del 2% y muy alto camino de los 10 años, si el índice de precios sigue declinando. Difícil que la medida prenda entre las ahogadas pequeñas y medianas empresas.

No por nada el Gobierno fue adelante con la suba de las retenciones a la soja. El cumplimiento de la promesa de reintegrarles recursos a los productores más pequeños se verá andando, para el caso de que con alguna excusa o sin ninguna excusa no sean pisados en alguna etapa del trámite. Mientras tanto, incrementado, el impuesto entrará a la caja del Estado nacional sin dilaciones.

¿Quién puede creer que la movida se hizo para que el saldo final fuese cero, cuando las necesidades fiscales mandan por todas partes? O “neutro”, según declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Basterra.

Manido, gastado por el uso intensivo y aplicado a los fines más diversos, fue el argumento que Basterra empleó para justificar la medida: habló de la herencia del macrismo y de una bomba de tiempo plantada por el macrismo, que se fue sin ajustar el impuesto y le dejó la tarea al cristinismo. Herencia 2019 versus herencia 2015.

Los hechos cuentan que, apenas asumió y por decreto, Alberto Fernández subió al 30% las retenciones a la soja. Y ahora, apoyándose en la Ley de Emergencia que él mismo promovió, levantó la alícuota al 33%. Está a la vista de quien quiera ver que ni el decreto ni la ley fueron obra de Mauricio Macri y que, sin rodeos, el Gobierno deberá afrontar el costo político y los coletazos de sus decisiones.

Previsible, hasta anunciado, las gambetas de Basterra no lograron pasar de la mitad de la cancha. Los productores de abajo, supuestos favorecidos por la devolución de la plata, presionaron y ante la amenaza de un cisma la Mesa de Enlace metió un paro de cuatro días con tractorazos incluidos.

Recuerdos inevitables: la 125 de Cristina Kirchner y un comentario de Fernández, en el sentido de que había aprendido de la revuelta del campo de 2008.

Con la recaudación pinchada y gastos que corren al 50% contra ingresos que van al 40%, también será trabajo del Gobierno rearmar la estantería fiscal que ha vuelto a caer en zona de déficit. ¿Hará falta algo más que apelar al incremento de impuestos? O sea, a un ajuste mayor al que desarticulará la indexación de jubilaciones y planes sociales.

El paquete completo sigue bajo un examen riguroso de los técnicos del FMI, pues de cómo se enderecen las cuentas públicas y de los recursos que se liberen depende el pago de las obligaciones que la Argentina tiene con el Fondo. Y lo que de ese baile empieza a asomar contradice el optimismo que acostumbra vender el Gobierno: de poco sirve agitar la herencia macrista, todo se juega, nuevamente, en el campo de la Casa Rosada y en el de quienes pesan dentro de la Casa Rosada.

Está claro que el Presidente no quiere beber la amarga medicina del default, pero tampoco la tiene fácil con los acreedores privados. Raro experimento el del ministro de Economía, Martín Guzmán, que busca arreglar con los bonistas sin decirles cómo y de qué manera les pagará lo que arregle.

Fernández también apuesta a que los capos del sindicalismo negocien salarios hacia adelante, “comiéndose” la caída acumulada: un 9,5% real sólo en 2019 y más, respecto de 2015. Suena a pedirles demasiado, por muy cercanos a él que algunos sean.

Es que, en el medio, muchos dirigentes gremiales arriesgan su propio futuro. Esto se llama descontento de los afiliados, avance de organizaciones que les diputan el control de los sindicatos y, al fin, poder y plata. De cosas semejantes y de cómo responderle al Gobierno se habló durante una cumbre de la CGT.

¿Nada del paquete que se venía trataron, bastante antes de ahora, en el mundo interior del Frente de Todos? ¿O las cada vez más visibles y variadas pujas lo impidieron?

El FMI, los bonistas, el campo, los salarios, el agujero fiscal, la recesión y etcétera. Demasiados problemas juntos para el Gobierno, sin que se sepa cuáles son, finalmente, su estrategia y su plan maestro. ¿Existen?

Alcadio Oña

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