Lunes, 08 Junio 2020 00:00

El Gobierno se demora en enviar a la Justicia informes sobre irregularidades en las compras - Por Lucía Salinas

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Un fiscal pidió a datos a 40 organismos y solo 15 contestaron. Son adquisiciones sospechadas en el marco del coronavirus.

 

Desde la AFIP, pasando por el Ministerio de Salud, por las fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad, el INDEC, el Malbrán, el Ministerio de Educación, entre otros, son 40 los organismos del Estado bajo investigación por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) bajo la sospecha de que cometieron irregularidades en compras realizadas en el marco de la emergencia sanitaria. Como reveló Clarín, la investigación está a cargo del fiscal nacional Sergio Rodríguez quien cursó oficios a todos los estamentos del Gobierno, y por ahora sólo quince de ellos comenzaron a remitir información. Inicia una etapa ahora, de entrecruzamiento de datos con un común denominador: todos habrían incurrido en la “poca transparencia” en lo que respecta a la información pública, y poca claridad “en los procedimientos” de compra.

La emergencia sanitaria por el Covid19 expuso algunas irregularidades en los procesos administrativos para la realización de compras bienes, insumos y alimentos. La PIA con competencia en todo aquello que desde el Estado pueda afectar al erario público, buscó indagar en todas las compras efectuadas durante la pandemia.

La Unidad de Admisión y Detección Temprana (UADT) de la PIA, al intentar determinar cuáles fueron las compras directas efectuadas se encontró con varios obstáculos. Ante las “falencias en el acceso de la información” con las que se encontraron, la UADT sostuvo que, “de antemano debe expresarse la dificultad que ha significado el emprendimiento de esta tarea”. ¿Los motivos? “La desorganización reinante en cuanto a la poca transparencia, visibilidad e ineficiencia de gestión de la actividad estatal en materia de información pública”, fue uno de los primeros puntos planteados por el área.

Hubo más. Según la PIA en el rastrillaje de la información vinculada a las compras efectuadas por el Estado, “se aprecia en forma palmaria la inexistencia de criterios uniformes en la rendición de cuentas básica que impone la normativa vigente para las contrataciones estatales al amparo de la emergencia decretada”. Este es uno de los puntos centrales, el fiscal Rodríguez busca determinar si las compras que se hicieron eran justificadas y si se ajustaron a los procedimientos administrativos correspondientes, y sobre todo, si sus costos eran los adecuados.

Como contó Clarín, se pusieron algunos casos testigos. por ejemplo el Ministerio de Salud de la Nación, no informó compras en el Boletín Oficial, “pudiendo encontrarse al menos 8 compras (en estado de apertura, evaluación o adjudicadas), en la página Web de “COMPR.AR”. En el mismo sentido, el Malbrán informó 6 compras realizadas, sin embargo “del reporte efectuado a través de COMPR.AR., surge que entre el 1 de enero y el 8 de mayo, se adjudicaron 25 contrataciones directas”.

En consecuencia, se cursaron oficios a los 40 organismos investigados, pidiendo el detalle de las compras que hicieron, bajo qué parámetros de precios, con qué modalidad (si fue por adjudicación directa o no), y el estado de esos procedimientos. A la fecha, solo quince dependencias del Estado comenzaron a mandar la información requerida por la PIA.

El planteo que abrió la investigación sostiene que los datos que se publican resultan “tardíos, imprecisos e incompletos” y que esto “resulta en un caldo de cultivo extraordinario de oportunidades para la comisión de hechos de corrupción”. Con la poca información, a cuentagotas que va ingresando a la PIA se comenzará con el entrecruzamiento de datos “de acuerdo a distintos indicadores, y se analizarán las contrataciones para saber si se ajustaron a los parámetros que indica la ley”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

La investigación también se centra en otros planteos, “irregularidades detectadas en los procedimientos de compras analizados por esta Procuraduría de Investigaciones Administrativas y que motivaron” denuncias ya formuladas como la que recae sobre el ministerio de Desarrollo Social por administración fraudulenta al propiciar compras, que no terminaron de concretarse, con sobreprecios del 65%. En esta ocasión, además de las sospechas de procedimientos irregulares, se suma “la falta de transparencia en la determinación de los procesos de compras”.

La ventana fijada por la Procuraduría al momento de efectuar esta investigación se fijó desde el 8 de marzo hasta el 8 de mayo con los diversos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno anunciando y prorrogando la cuarentena por el Covid19.

Los organismos, ministerios, dependencias del Estado que deben entregar información a la PIA son la AFIP, el INCUCAI, el Malbrán, a la Universidad de San Martín, al ministerio de Turismo, al ministerio de Educación, al de Medio Ambiente, al Ministerio de Cultura, al ministerio de Salud, al del Interior. También, al Ejército, a la ANAC, las fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad (Gendarmería, PSA), al Garrahan, al INDEC, y la lista continúa.


Lucía Salinas

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