Jueves, 11 Junio 2020 00:00

La fundadora de Justicia Legítima será la nueva interventora del Servicio Penitenciario Federal

Escrito por  Clarín
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Se trata de la ex jueza de Casación, María Laura Garrigós de Rébori; que asumirá un cargo en el Ministerio de Justicia, con la misión de depurar al organismo que controla las cárceles federales.

 

La ex jueza de la Cámara de Casación Penal de la Ciudad y fundadora de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori; es la elegida por el presidente Alberto Fernández​ para intervenir el Servicio Penitenciario Federal, según indicaron a Clarín altas fuentes del Gobierno.

Garrigós de Rébori, de 66 años, es una jurista de prestigio y reconocida trayectoria. Fue una de las férreas defensoras de la "democratización de la Justicia" que impulsó Cristina en 2013 y se jubiló en febrero de 2018, en pleno apogeo del gobierno macrista, que cuestionaba sus fallos.

Ahora, asumirá un cargo en el Ministerio de Justicia, pero será la encargada desde ese lugar de iniciar la depuración del SPF que sectores más duros del kirchnerismo reclaman desde el recambio presidencial y en especial desde marzo, a partir del motín en el penal de Devoto.

La decisión del Presidente se aceleró, a partir de la causa por supuesto espionaje ilegal que investiga el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena; que roza al ex director del Departamento de Inteligencia del SPF, Cristian Suriano. En el marco de esta investigación por un hecho en el que habrían sido víctimas políticos, periodistas y ex funcionarios; el magistrado ordenó un allanamiento en la cárcel de Ezeiza.

En ese contexto, el Presidente se pronunció: "Vamos a designar a una persona al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y, al mismo tiempo, va a tener el rol de interventora del Servicio Penitenciario Federal", anunció bien temprano.

Si bien evitó dar el nombre, el propio mandatario contó en diálogo con Radio 10 que la persona elegida pasó este martes por su despacho: "Es alguien que conozco desde mis 20 años; una persona impoluta en la Justicia", destacó. Desde el Gobierno adelantaron que el anuncio se oficializará en las próximas horas.

Recibida de abogada en 1979, Garrigós de Rébori hizo toda la carrera judicial. Arrancó en enero de 1976 como empleada administrativa en la Justicia nacional y renunció en 2018, tras 42 años y como jueza de Casación Penal porteña. Tiene conocimiento sobre el submundo penitenciario y estrechos vínculos con dirigentes de todos los sectores.

Garrigós y Fernández se conocen desde hace mucho tiempo. Incluso, según confiaron desde el entorno presidencial, compartieron trabajo en un juzgado, cuando el mandatario recién empezaba en su carrera de abogado.

Sin ser íntimos amigos, Fernández la elogió públicamente en más de una oportunidad, incluso cuando todavía se mantenía alejado del kirchnerismo e impulsaba una corriente peronista que ofreciera una alternativa a Cristina.

Por caso, en 2016, cuando el macrismo apuntaba contra los jueces que integraban Justicia Legítima, Fernández aseguró que en la agrupación "hay jueces de primer orden y de una enorme calidad técnica, empezando por María Laura Garrigós de Rébori, que es una jueza extraordinaria".

"Si alguien piensa que el método es avanzar sobre los jueces de Justicia Legítima, van a cometer una gran injusticia. Justicia Legítima es un espacio repleto de jueces dignos, de jueces de bien, con una carrera judicial hecha, que simplemente piensan distinto a otros jueces que están en la Asociación de Magistrados o en otras asociaciones de jueces más conservadores. Tenemos que evaluar a los jueces no por cómo piensan sino por cómo fallan”, consideró en aquella oportunidad.

La elección de Garrigós de Rébori le permite a Alberto F. zanjar una puja interna que se había generado en el seno del Ministerio de Justicia, entre su amiga y ministra, Marcela Losardo​; y el vice, un incondicional cristinista, Juan Martín Mena.

Sucede que Mena objetó la continuidad del ex titular del SPF, Emiliano Blanco; a quien Losardo pretendió ascender ni bien asumió como subsecretario de Asuntos Penitenciarios, el cargo que asumiría

Mena cuestionó desde el primer momento la gestión de Blanco y no sólo frenó su designación en el Ministerio, sino que planteó serias discrepancias con su manejo de las cárceles, lo que quedó más en evidencia a partir del motín en el penal de Devoto.

La resolución de esa batalla, sin embargo, era una prueba de fuego para el Presidente: sucede que la continuidad de Blanco había recibido su visto bueno. De ahí que tres semanas después de que el director del SPF presentara su renuncia, todavía seguía sin ser aceptada.

Pero la causa por supuestas maniobras de espionaje ilegal definió la situación. Fernández decide con la elección de Garrigós de Rébori salir "por arriba". Por un lado, designa a una dirigente a la que le respeta su currículum, y que "puede trabajar muy bien con Losardo", según confiaron en el Gobierno. Pero, fundamentalmente, que cuenta con el aval del kirchnerismo duro.

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