Martes, 16 Junio 2020 00:00

El kirchnerismo y la frustrada expropiación de una pesquera en Santa Cruz - Por Mariela Arias

Escrito por  Mariela Arias
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Se trata de la empresa Vieira, que fue expropiada por el gobierno provincial en 2012 y que a los dos años tuvo que ser devuelta a sus dueños; trabajaban allí más de 300 marineros

 

Con una bolsa de consorcio cargada de $2,5 millones llegaba cada mes el interventor a Puerto Deseado. Pagaba $20 mil a cada uno del centenar de marineros que recibía un subsidio y compensaba así la paralización de la actividad. Eran trabajadores de Vieira SA, la pesquera que expropió el gobierno de Santa Cruz en 2012 y que dos años después tuvo que devolver a sus dueños sin haber logrado pescar un solo langostino.

En un esquema similar al que propuso el gobierno de Alberto Fernández con la empresa cerealera Vicentin, la legislatura Santa Cruz consumó en septiembre de 2012, a favor del gobierno de Daniel Peralta, una veloz expropiación de las instalaciones, los bienes inmuebles y la flota de siete barcos de la empresa pesquera Vieira Argentina, filial de la española Grupo SA Eduardo Vieira. Sin embargo, la pesquera nunca se reactivó, los barcos pasaron tres temporadas sin salir del muelle y la expropiación tuvo que revertirse.

¿Por qué se avanzó con la expropiación? Para la diputada nacional Roxana Reyes (UCR), el método tiene que ver con el ADN del kirchnerismo y hoy esta historia del pasado tiene un reflejo en el presente. "El gobierno kirchnerista que nunca pudo volver a poner en marcha el andamiaje productivo de la empresa ni salvaguardar los puestos de empleo, quiere repetir el mismo fracaso rotundo con Vicentin", afirma Reyes. Y añade: "Tenemos la maqueta en Santa Cruz, y ese es el modelo que quieren trasladar al país. Antes de ir a Venezuela, miremos primero a Santa Cruz y no los dejemos que repitan la historia".

Según reconstruyó LA NACION a partir de protagonistas de esta historia, leyes y documentos de la época, la empresa atravesaba una crisis financiera vinculada a la situación en su casa matriz, pero la misma no era terminal, aunque tenían demorado el pago de tres quincenas a los 350 empleados. A la empresa se le había impedido la venta de activos para hacer frente la crisis y en agosto de 2012 había entrado en concurso de acreedores. En ese marco, para evitar el avance de la conflictividad social en la zona portuaria, la entonces diputada del FPV Celsa Hernández le acercó la idea al gobernador Peralta.

"El presidente de la compañía, Eduardo Vieira, aseguraba no haber recibido ninguna confirmación oficial de que la filial argentina hubiera sido intervenida pero sí reconocía que estaba siendo asfixiado por medidas de dudosa legalidad", recuerda hoy Reyes.

La propuesta, que contaba con el guiño del sindicato marinero y el histórico líder Omar "Caballo" Suárez cuajó en el gobierno de Peralta -por entonces alejado de la expresidenta Cristina Kirchner - la ley de expropiación no se demoró, y se aprobó con 20 de los 24 votos de la Legislatura, con la abstención de los dos legisladores de la UCR.

La ley 3287/12 declaró "de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio, sus instalaciones y bienes inmuebles" de la empresa como así "las maquinarias, mobiliarios e insumos existentes", con el objetivo de "propender a la continuidad económica, mantenimiento de las fuentes laborales y explotación en manos de los prestatarios de servicios y trabajadores, en pos de un desarrollo productivo, industrial y social de la provincia de Santa Cruz".

Sin embargo, en el articulado no incluyeron los permisos de pesca que otorga la autoridad nacional competente. Esta omisión llevó al fracaso la expropiación. "Un barco sin permiso no vale nada", recuerda hoy un exfuncionario nacional del área que reconstruye la zaga. La empresa contaba con 330 empleados en el momento de la intervención y posterior expropiación. El gobierno subsidió el pago de los que estaban radicados en Santa Cruz, número que se redujo a 120, pero nunca logró operar.

La fuerte tensión entre el gobierno de Peralta (PJ) en la provincia y Cristina Kirchner en la Nación abogó para que la empresa no salga a flote y quedaron trabados los permisos de pesca. Los siete barcos nunca zarparon, no hubo actividad en las plantas, ni en los frigoríficos, al punto que 100 toneladas de pescados almacenados se pudrieron ante la falta de manutención de los frigoríficos y el olor invadió las calles de la ciudad portuaria. Con camiones el municipio debió retirar la podredumbre y sacarlo de la ciudad.

La aparición de Guillermo Moreno

En 2014 y en plena vigencia del mecanismo implementado por el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno que obligaba a las empresas a tener que compensar cada dólar importado con uno de exportación, conocido como "1 a 1", Vieira SA logró diseñar un acuerdo de explotación y apoyo financiero con el Grupo Newsan, quien comercializaría al exterior lo producido por Vieira SA.

En pleno cepo cambiario, la necesidad de contar con divisas del estado nacional jugó a favor del acuerdo entre las empresas para lograr revertir la expropiación. Según reconstruyó LA NACION de fuentes que intervinieron en la operatoria, a través de su ministro de Economía, Axel Kicillof y el ministro de planificación, Julio De Vido, operaron en la legislatura santacruceña, con mayoría kirchnerista, para que devuelvan la empresa a sus dueños y de esa forma volver a inyectar al mercado los US$50 millones de dólares que la pesquera facturaba por año.

El dato más curioso, es que los mismos diputados que firmaron la expropiación, dos años después votaron la marcha atrás de la expropiación, dos años después. Después de tres temporadas sin operar, la empresa se reactivó y mantuvo el acuerdo con Newsan por tres años. Aún hoy, aunque achicada, sigue operando en Santa Cruz.

Mariela Arias
Foto: Horacio Córdoba

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