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Domingo, 29 Septiembre 2019 00:00

Tensión en la Justicia: El kirchnerismo frena el nombramiento de casi 300 jueces y fiscales federales a la espera de cambiar candidatos - Por Daniel Santoro

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En el Senado hay 178 pliegos retenidos. Y en el Consejo de la Magistratura traban otros 102 concursos. Representan un tercio del total de los magistrados. Es un intento de influir en los juzgados que investigan la corrupción.

 

Los bloques de senadores peronistas retienen, desde las PASO, los pliegos de designación de 117 jueces y 61 fiscales federales que ganaron concursos y fueron elegidos por el Gobierno de una terna con los mejores promedios, lo que retrasa el avance de las causas por corrupción y narcotráfico, entre otros problemas para la administración de Justicia. Si a esa cifra se suman las 102 vacantes con concursos en trámite dentro del Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo frena las gestiones, se observa que el peronismo aglutinado en el Frente de Todos apuesta a dejar para después de una eventual victoria de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner la designación de casi un tercio de jueces federales y nacionales de todo el país, que en total son 977 cargos.

El diputado de Cambiemos y miembro de la Magistratura -el organismo que propone y destituye jueces-, Pablo Tonelli, denunció que existe “una actitud obstruccionista de senadores peronistas, quienes especulan con cambiar los candidatos si ganan las elecciones presidenciales”.

Tonelli subrayó que sería “contraproducente cambiar masivamente candidatos que fueron votados, en su mayoría, en forma unánime en la Magistratura”.

Cuando asumió Mauricio Macri, de “unos 30 pliegos solo retiró algunos y cambió muy pocas ternas”, recordó Tonelli. En el 2015 había 300 vacantes en el fuero federal y el gobierno de Cristina Kirchner prefería nombrar jueces subrogantes que, en su mayoría, eran militantes K.

Desde el punto de vista legal, si gana Alberto Fernández podrá retirar pliegos de candidatos del Senado pero elegir entre los tres que estaban en la terna que aprobó la Magistratura, luego de un duro proceso de selección.

Por su parte, la diputada lavagnista y también miembro de la Magistratura, Graciela Camaño, pidió que el Senado apruebe los pliegos que ya han sido elevados de jueces que pasaron todos los exámenes.

“Para que la Justicia mejore, necesitemos que no haya más subrogancias permanentes y que ningún pedido de juicio político contra un juez dure más de 3 años”, remarcó Camaño consultada por Clarín.

Para Camaño, el consenso que había para nombrar jueces entre el peronismo y Cambiemos se terminó cuando en noviembre de 2018 el senador por Salta, Rodolfo Urtubey, dejó la Magistratura. “Urtubey resumía en su figura los intereses de la política y la Justicia y cuando se fue se perdió ese consenso”, puntualizó. Voceros de Alberto Fernández no hicieron comentarios al respecto.

El Consejo de la Magistratura está integrado por Ricardo Recondo (en representación de los jueces), María Sánchez Herrero (abogados del interior), Graciela Camaño (diputada del Frente Renovador), Inés Brizuela y Doria de Cara (senadora radical), Juan Manuel Culotta (juez), Eduardo De Pedro (diputado K), Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini (senadora peronista), Alberto Lugones (juez), Juan Bautista Mahiques (representante del Gobierno nacional), Juan Pablo Mas Vélez (abogados de Capital), Diego Molea (en representación del ámbito académico), Mario País (senador peronista) y Pablo Tonelli (diputado de Cambiemos).

Si gana Alberto Fernández, el oficialismo peronista tendría mayoría, pero no los dos tercios para proponer o destituir jueces. En el caso de que Wado de Pedro pasara eventualmente a ser ministro de Justicia, la diputada K Vanesa Siley lo reemplazaría en la Magistratura.

El candidato presidencial K anunció que revisará “las barrabasadas” que según él varios jueces habrían escrito en los procesamientos de Cristina, pero solo la Magistratura puede hacerlo en un juicio político. Entonces, una de las claves para tratar de mejorar la situación procesal de Cristina es intentar la designación de la mayoría de este tercio de jueces federales que está en juego.

En los pliegos que están en el Senado o se debaten en la Magistratura, se juega la composición final, por ejemplo, del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) que sustancia el juicio por supuesta asociación ilícita que habría presidido Cristina Kirchner para direccionar 3 mil millones de dólares en contratos de obra pública en Santa Cruz al detenido empresario Lázaro Báez.

Este juicio se realiza con dos miembros titulares de ese Tribunal, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, y un subrogante, Andrés Basso. La vacante se originó a raíz del fallecimiento, este año, del tercer integrante, Jorge Tassara.

Por otra parte, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que juzga desde hace casi un año al detenido Báez y sus hijos y otros procesados en la ruta del dinero K por presunto lavado de activos, funciona con dos jueces subrogantes. Dos de los jueces que integraban ese tribunal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, fueron designados en la sala I de la Cámara Federal porteña, y sólo quedó Néstor Costabel como titular.

Costabel juzga ahora a los Báez junto a las magistradas subrogantes María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti, miembros de otros tribunales orales.

Ese mismo Tribunal está en la etapa final del juicio al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por presunta falsa denuncia al ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, con Costabel como juez titular y acompañado por López Iñiguez y Daniel Obligado como subrogantes.

Este último es juez titular del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que prepara los juicios contra la candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner, Máximo y Florencia por las causas Los Sauces y Hotesur, y tiene un lugar vacío. Se trata de la vacante que dejó la renuncia del juez Oscar Hergott y sería ocupada por un subrogante si no se nombra antes a un candidato que surja de un concurso.

De Pedro, quien pertenece a La Cámpora, pero se ganó la confianza de Alberto Fernández, también tiene a su cargo en la Magistratura la evaluación de impugnaciones para tres cargos en el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1), el mismo que condenó al ex secretario de Obras Públicas, José López, por enriquecimiento ilícito. Como hay ocho tribunales orales federales, la suerte de unos 100 ex funcionarios K procesados en causas por corrupción se definirá en ese nivel.

La Cámara Federal porteña tiene dos vacantes en su sala segunda, que actualmente cuenta con un solo juez titular, Martín Irurzun, uno de los magistrados que el kirchnerismo quiere desplazar o neutralizar por investigar casos de corrupción. Precisamente, De Pedro tiene frenada la evaluación de antecedentes de candidatos a esos dos puestos clave. Irurzun firma sus fallos con el subrogante Bruglia.

Esa cámara es la instancia primera de revisión de todas las resoluciones y fallos que firman los doce juzgados de primera instancia de Comodoro Py que llegan en apelación y que tienen a su cargo las casi 60 causas judiciales de corrupción abiertas contra más de 100 ex funcionarios K.

En cuanto a los doce juzgados federales, actualmente hay una vacante por cubrir, la dejada en el número 12 por Sergio Torres, nombrado en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y que seguramente será objeto de otra batalla política.

Daniel Santoro

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