Jueves, 10 Octubre 2019 00:00

Procesan, por primera vez, a líderes piqueteros K por retener parte del pago a beneficiarios de planes sociales

Escrito por  Clarín
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El juez federal de Catamarca procesó por estafa al estado a tres líderes de la agrupación kirchnerista “Martín Fierro” por quitar planes a quienes no asistían a las marchas.

 

El Juez federal de Catamarca. Miguel Contreras, procesó por el delito de estafa al estado nacional y administración fraudulenta a tres dirigentes de la agrupación kirchnerista catamarqueña “Martín Fierro” por obligar a los beneficiarios de planes sociales nacionales a pagarles un porcentaje del dinero que recibían y a marchar en las manifestaciones bajo la amenaza de quitarles el beneficio. La denuncia fue investigada por el fiscal federal de Catamarca Santos Reynoso.

Se trata de unos de los primeros procesados por una práctica casi extendida entre buena parte de los líderes piqueteros quienes retienen parte de los aportes para hacer política o su beneficio, aunque se paguen en una cuenta bancaria.

Los tres dirigentes, dos de los cuales son empleados del gobierno provincia de la gobernadora Lucía Corpacci, fueron procesados como autores de Estafa a la Administración Pública en la modalidad de Administración Fraudulenta, en concurso ideal, previsto y reprimido por el art. 174 inc. 5), en función del art. 173 inc. 7) del Código Penal, por aplicación de los arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación.

Se trata del líder de la agrupación “Martín Fierro”, Ricardo Rodríguez, y sus co militantes Orlando Paredes y Dora Cecilia Guerrero. Esta agrupación es aliada al gobierno del Frente para la Victoria que gobierna Catamarca. La denuncia fue presentada por el representante del ministerio de Trabajo de la Nación en la provincia, Mariano Manzi, a quien le hicieron varias marchas en su contra por esta presentación.

Paralelamente, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación recibió más de 200 denuncias de beneficiarios de planes sociales que acusan a integrantes de diversas agrupaciones de lo mismo que en Catamarca: extorsionarlos para que entreguen parte del dinero que reciben como una suerte de aporte, o les exigen que asistan a alguna marcha o corte de calle. Muchas de esas denuncias se radicaron en la Justicia Federal, y el fiscal Jorge Di Lello inició las investigaciones correspondientes. Se trata de enormes fondos públicos. Por ejemplo, Desarrollo Social entregó en 2018 más de $2 mil millones para alimentos y otros planes. El grueso fue a ONG ligadas a Juan Grabois y el Movimiento Evita. Lo mismo sucede este año.

En el caso de Catamarca, Rodríguez hacía política para el Frente para la Victoria porque quería postularse para concejal. Varios damnificados declararon ante el juez cómo le sacaban su dinero. “Iba mucha gente de los circuitos electorales y el que no iba lo amenazaba que le sacaría el plan. Yo cobré seis meses, lo mismo que mi mamá y mi tía. Como no iba a las reuniones, me sacó el plan”, contó una de las beneficiarias a la Justicia.

“Cuando cobrábamos, teníamos que ir a su casa (de Rodríguez) a pagarle lo que nos cobraba por tener el plan. Primero cuando cobrábamos $ 1500, había que dejarle $ 100 en su casa y cuando empezamos a cobrar $ 1800, teníamos que dejarle $ 200”, agregó otro de los damnificados.

“Los cuatro en mi familia cobramos tres meses únicamente y dejamos de percibir el plan por no participar de las reuniones o caminatas”, ejemplificó.

Rodríguez se negó a declarar en la causa pero dijo al diario El Ancasti en el 2017 que lo que él hacía con los beneficiarios de planes sociales “es un aporte partidario, como en la UCR y el PJ” En cambio, para el juez federal, los testimonios citados “se contraponen a lo dicho por los testigos de parte y adquieren valor por tratarse de personas que a la fecha no se encuentran relacionadas con los imputados, por tanto, sobre ellas, los mismos no tendrían ascendencia, cuando conjugamos esta circunstancia con el contenido de sus dichos”. “Observamos que sus declaraciones resultan claras, concretas, señalan el “modus operandi” de la concesión de los planes y las condiciones exigidas para mantenerlos, confirmándose, de esta manera la imputación hecha”, agregó.

Además, estas declaraciones “resultan concordantes con las tomadas por el Fiscal, vinculando con el grado de provisoriedad requerido en esta etapa del proceso, a los tres consortes de causa con el hecho imputado”, finalizó el magistrado.

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