Lunes, 18 Noviembre 2019 00:00

Pacto social: vigencia por todo el mandato con recomposición a gremios

Escrito por  Mariano Martín
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El acuerdo que buscará el nuevo presidente entre gremios y empresarios tendrá un capítulo de precios y salarios pero apunta a ser más ambicioso.

El Consejo Económico y Social que planifica Alberto Fernández se intentará desde el arranque de su gestión y, de obtener resultados, se extenderá a lo largo de todo su mandato.

Se trata de un eje fundante del programa que impulsará el presidente electo y sobre el que reposará una parte sustancial de los resultados de la primera etapa del mandato, en particular la posibilidad de establecer un sendero de precios y salarios como ancla inflacionaria.

El entendimiento, que ya comenzó a explorarse de manera sigilosa y por sectores, podrá incluir además una recomposición salarial para los sectores de la población más golpeados por el desfasaje que produjo en el último año la disparada en el valor de la canasta básica.

Las líneas directrices le fueron expuestas a este diario por los colaboradores de mayor confianza de Fernández, encargados de las tratativas preliminares entre los empresarios y sindicalistas que serán invitados a sentarse a la mesa. El acuerdo marco contendrá también un programa de viviendas sociales y de créditos blandos para la construcción y compra de inmuebles destinado a dinamizar todos los sectores económicos involucrados, por un lado, y a atender al menos una parte del déficit habitacional y de la demanda de la clase media en la actualidad imposibilitada de acceder a la casa propia.

En la mesa chica del mandatario electo reniegan del reduccionismo que identifica el acuerdo como un “pacto de precios y salarios”. En cambio mencionan la necesidad de dotar a la economía argentina de una “competitividad sistémica” a instancias de entendimientos sector por sector que deberán incluir, además de un mecanismo de contención y evolución programada de los valores de la canasta básica y de los sueldos, herramientas orientadas a generar mayor productividad en cada actividad económica, reglas impositivas comprensivas del deterioro de cada rubro y mejoras en la logística y el transporte.

Los futuros funcionarios aclaran, en tanto, que tal como les prometió Fernández a los líderes de la CGT no se avanzará hacia una reforma laboral en los términos en que lo intentó la gestión de Mauricio Macri ni de los antecedentes plasmados en los mandatos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

Pero sí se explorarán todas las alternativas de modernización de los convenios colectivos de trabajo a partir de acuerdos entre los gremios y los dueños de las empresas. Ya desde el triunfo del Frente de Todos en las primarias del 11 de agosto arrancó una silenciosa procesión de dirigentes sindicales a las oficinas del entonces candidato para exponerle alternativas de actualizaciones de sus respectivas reglas laborales.

Entre las muchas incertidumbres que todavía campean en los equipos de Fernández –algunas de ellas por el hermetismo del futuro jefe de Estado y otras, por la propia incertidumbre frente a la dimensión de los problemas que deberán afrontar- existen en el rubro laboral algunas certezas: una de ellas es que no se propiciará una doble indemnización ni ningún otro esquema de penalización de los despidos incausados como el que rigió desde 2002 inaugurado Eduardo Duhalde y continuado durante el primer tramo de la gestión de Néstor Kirchner.

En este campo, en donde parece estar definida la asunción de Claudio Moroni como ministro de Trabajo (para entonces sin la parte de Producción que le adosó Macri) también destacan la necesidad de avanzar en un blanqueo de la economía pero con un programa heterodoxo: “ni un blanqueo generoso a ultranza ni el punitivismo ciego contra el empleador no registrado”, advierten los más cercanos a Fernández.

La importancia asignada por el futuro mandatario al Consejo Económico y Social la exponen sus eventuales alcances. Los técnicos hablan de un órgano con autonomía respecto de las carteras del Gabinete y una suerte de “vida propia” con una dinámica de reuniones y acuerdos a ser refrendados luego en cada mesa sectorial.

Sus resoluciones, en principio, tendrían un carácter consultivo pero al ser el fruto de un consenso previo entre empresarios y sindicalistas de cada rubro en los hechos tendrá un sesgo vinculante. Lo explican, sus impulsores, como una suerte de paritaria más amplia que la habitual negociación salarial mediante una deliberación soberana entre las partes.

Uno de los ejes que promete animar la participación del sindicalismo peronista será la alternativa de apuntalar los ingresos de los trabajadores más castigados por la pérdida producto de la inflación. Será, en ese caso, una concesión a los comprometidos socios de la cúpula de la CGT que le plantearon al mandatario la necesidad de reparar situaciones de inequidad salarial entre los gremios que este año lograron empardar los sueldos al costo de vida sin pérdida de poder adquisitivo y los que perdieron entre 10 y 30 puntos porcentuales contra la inflación.

En el primer pelotón en la central obrera mencionan ocho sindicatos (entre ellos, los albañiles de Uocra y la Asociación Bancaria) que lograron paritarias ajustadas a la inflación frente a una gran mayoría que perdió poder adquisitivo. Para los perjudicados el nuevo Gobierno propiciará reapertura de negociaciones salariales para acortar distancias y se tomarán en cuenta las necesidades también de los sectores empresarios mediante una activa participación estatal en esas conversaciones.

Mariano Martín

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