Hugo Alconada Mon

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La jueza de la quiebra removió a los síndicos por entregarle el "legajo" a un abogado del empresario patagónico

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Disminuyeron sensiblemente los procesamientos y se resolvieron numerosas liberaciones; al mismo tiempo, se multiplicaron los casos contra el macrismo

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El procurador interino dijo que la prohibición de convocar a fiscales jubilados generará serias dificultades

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Tras meses de labor a paso cansino, la ex-Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) comenzó a darle un nuevo impulso a su investigación contra las principales constructoras de la Argentina por la cartelización de la obra pública en perjuicio del Estado nacional, confirmaron fuentes del organismo a LA NACION.

 

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas objetó la decisión de Marcó del Pont y será ahora el ministro de Economía el que defina la situación del exjefe de la AFIP

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El Gobierno busca alternativas para mejorar la selección de jueces, potenciar a los fiscales y evitar la influencia de la AFI

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El FBI continúa con las investigaciones contra exfuncionarios y posibles cómplices; observa los movimientos de jueces y fiscales en la Argentina tras el cambio de signo político

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El extitular del organismo recaudador pidió un puesto en la DGA, salarios y vacaciones no pagadas y la condecoración por 25 años de servicio

 

Cuando todo parecía encaminarse hacia los procesamientos de los involucrados en el entramado de facturas truchas y presunto lavado de activos que desde Bahía Blanca benefició a Lázaro Báez por cientos de millones de pesos, la pesquisa que lleva ya cinco años afrontará un nuevo y prolongado retraso, tras la irrupción en el expediente de un abogado: el ayudante de cátedra del presidente electo, Alberto Fernández.

Cuando todo parecía encaminarse hacia los procesamientos de los involucrados en el entramado de facturas truchas y presunto lavado de activos que desde Bahía Blanca benefició a Lázaro Báez por cientos de millones de pesos, la pesquisa que lleva ya cinco años afrontará un nuevo y prolongado retraso, tras la irrupción en el expediente de un abogado: el ayudante de cátedra del presidente electo, Alberto Fernández.

 

La provincia de Buenos Aires parece seguir una tradición. Las dos últimas cúpulas de Asuntos Internos de la policía bonaerense que intentaron ir a fondo contra la corrupción policial terminaron denunciadas; sus oficinas, allanadas, y sin el apoyo del poder político que hasta entonces los abrazó.

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Los más destacados académicos coinciden en que, más allá del resultado, lo más acuciante es la situación económica

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El tigrense se muestra interesado en controlarla, pero la candidata a vice pidió un informe a Galuccio; la sombra de Brito, Vila y Cinosi

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La Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento de Resnick Brenner, ex jefe de gabinete del funcionario kirchnerista en el ente recaudador

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió a la Justicia que cite a indagatoria al empresario Ángelo Calcaterra y otros responsables del consorcio que debía soterrar el ferrocarril Sarmiento por la presunta comisión del delito de evasión agravada, por medio de "maniobras defraudatorias" por casi 5 millones de dólares.

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Son los cinco fantásticos. O los sospechosos de siempre. O, para ser más precisos, los cinco "guardianes" de los secretos sobre las coimas por al menos US$35 millones que Odebrecht desembolsó por sus proyectos en la Argentina, según surge de siete fuentes argentinas y brasileñas y el análisis de 13.000 documentos del área de "Operaciones Estructuradas" a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que integran LA NACION y Perfil.

Son los cinco fantásticos. O los sospechosos de siempre. O, para ser más precisos, los cinco "guardianes" de los secretos sobre las coimas por al menos US$35 millones que Odebrecht desembolsó por sus proyectos en la Argentina, según surge de siete fuentes argentinas y brasileñas y el análisis de 13.000 documentos del área de "Operaciones Estructuradas" a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que integran LA NACION y Perfil.

 

Según documentos procesados por el Consorcio Internacional de Periodistas, la firma pagó por tres grandes proyectos

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La venta de dos departamentos del exsecretario de Kirchner esconde una trama de sociedades sospechadas

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Once años después de radicada la primera denuncia, comenzó el juicio oral en la llamada "causa Vialidad", que registra como acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a su exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, a su exsecretario de Obras Públicas, José López, y a la plana mayor de la Dirección Nacional de Vialidad entre 2003 y 2015.

 

Jorge "Corcho" Rodríguez suma más problemas judiciales. La unidad antilavado uruguaya detectó nuevos indicios que lo ubican como el verdadero dueño de Sabrimol Trading, la sociedad pantalla que Odebrecht utilizó para canalizar millones de dólares en sobornos al entorno del exministro Julio de Vido, según surge de la copia de ese informe oficial que obtuvo LA NACION.

Jorge "Corcho" Rodríguez suma más problemas judiciales. La unidad antilavado uruguaya detectó nuevos indicios que lo ubican como el verdadero dueño de Sabrimol Trading, la sociedad pantalla que Odebrecht utilizó para canalizar millones de dólares en sobornos al entorno del exministro Julio de Vido, según surge de la copia de ese informe oficial que obtuvo LA NACION.

 

Abrió una investigación por "cleptocracia"; el detonante fueron los inmuebles de Daniel Muñoz, pero podría ampliarse a otros acusados en la causa; ya envió al país a un agente especializado para indagar

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) abrió una pesquisa preliminar destinada a confiscar activos en el territorio de los Estados Unidos derivados de la corrupción registrada en la Argentina durante los últimos años, período que encuadró como una "cleptocracia", según confirmaron a LA NACION cinco fuentes oficiales y privadas de ambos países al tanto del caso.

La investigación registra como disparador al fallecido ex secretario privado y presunto testaferro de la familia Kirchner Daniel Muñoz, quien invirtió decenas de millones de dólares, como mínimo, en Estados Unidos. Lo hizo mediante una operatoria de lavado que incluyó sociedades offshore de varios paraísos fiscales que se utilizaron para comprar inmuebles en Florida, que alcanzó luego a Nueva York y que pudo haberse extendido a otras ciudades.

La investigación quedó en manos de funcionarios del Departamento de Justicia y agentes del FBI que integran la llamada Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars, por sus siglas en inglés) y que empujan un "proyecto" de nombre singular: la llamada Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia.

Definida por la Real Academia Española (RAE) como el "sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos", el Departamento de Justicia incluyó en esa iniciativa contra la cleptocracia su pesquisa sobre Muñoz y, por derivación, sobre los Kirchner, aunque podría abarcar a otros acusados en la causa de los cuadernos.

Esa decisión implicó en la práctica el despliegue de investigadores en varios puntos de Estados Unidos durante los últimos meses, según reconstruyó LA NACION, como también en la Argentina, adonde al menos un agente del FBI viajó para obtener datos y reunirse con funcionarios del Poder Ejecutivo, a mediados del mes pasado.

Ese agente, Jared Randall, pasó por Buenos Aires, donde se reunió con funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de los ministerios nacionales de Justicia y de Seguridad, a los que preguntó sobre Muñoz y el entramado de personas y sociedades que comenzó a salir a la luz con la difusión de los Panama Papers, en abril de 2016.

Randall también requirió información precisa sobre otras derivaciones de los "cuadernos de la corrupción", sobre las empresas involucradas y los empresarios, exfuncionarios y financistas que se acogieron al régimen de "imputados colaboradores", es decir, como "arrepentidos".

Involucrado en investigaciones sobre el crimen organizado en Colombia, la mafia rusa y el escándalo conocido como "FIFAgate" -investigación de alcance global que él lideró-, Randall preguntó, entre otros, por Elizabeth Ortiz Municoy, la primera mujer que se convirtió en arrepentida.

Ortiz Municoy figuró junto a su entonces esposo, Sergio Todisco, como titular de las sociedades offshore que se utilizaron para sacar unos US$70 millones de la Argentina e invertirlos en inmuebles en Miami y Nueva York.

Y son esas inversiones en la isla de Manhattan las que dispararon la preocupación estadounidense, ya que no saltaron las alarmas antilavado previstas, según coincidieron dos interlocutores del FBI que dialogaron por separado con LA NACION.

El agente Randall se sumó así a otros dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que viajaron durante los últimos meses a la Argentina para indagar sobre las evidencias de corrupción argentina que pueden registrar consecuencias judiciales y administrativas en su país.

En noviembre pasado, un emisario de la Comisión de Valores (SEC, en inglés) y otro del Departamento de Justicia mantuvieron múltiples reuniones en Buenos Aires. Entre otras, con los investigadores a cargo de la pesquisa que comenzó con las anotaciones del exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno y con los fiscales locales que tramitan dos expedientes sobre Techint.

Esos emisarios aterrizaron en Ezeiza con un objetivo formal: participar en un evento sobre "soborno transnacional" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que incluyó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) local y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Pero en Buenos Aires pidieron reunirse con quienes investigan a empresas argentinas que cotizan en Wall Street con acciones conocidas como "ADR". En todos los casos, porque podrían quedar sujetas en Estados Unidos a la llamada "ley de prácticas corruptas en el extranjero" (FCPA, en inglés).

Cerro Dragón y FIFAgate

Durante su paso por Buenos Aires, el agente Randall sumó otros dos temas a su agenda de consultas. La primera, sobre la investigación local que instruyen el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Guillermo Marijuan sobre las presuntas coimas abonadas por el yacimiento petrolífero Cerro Dragón.

La segunda, sobre la situación procesal de dos empresarios argentinos, Hugo y Mariano Jinkis, cuya extradición reclama Estados Unidos, pero que fue rechazada por el juez federal Claudio Bonadio en 2016.

En el caso de Cerro Dragón, Randall sorprendió a varios interlocutores locales, entre otros motivos porque la SEC desarrolló su propia investigación, que tras varios años dio por concluida el 23 de mayo de 2017, sin recomendar acciones contra la empresa de los Bulgheroni, Panamerican Energy (PAE), según le notificó a la firma mediante una "carta de terminación".

La investigación local sobre Cerro Dragón tampoco registró avances, al punto de que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó a todos los acusados con la aquiescencia del fiscal federal Guillermo Marijuan.

Más previsible fue el interés de Randall por los Jinkis. Él inició y coordinó la investigación de alcance mundial conocida como "FIFAgate", que acumula 40 procesamientos, 20 condenas negociadas con los fiscales y activos confiscados por más de US$250 millones, según se ufana el propio agente en su página de Linkedin. Pero hurgó sobre un eje inesperado: sus hipotéticos vínculos con un exministro del kirchnerismo.

En esos y en cualquier otro caso que tomen entre sus manos, los agentes de la Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars) del FBI cuentan con una ventaja sustantiva para avanzar. Pueden actuar de manera preventiva y colocar bajo custodia los activos bajo sospecha en paralelo a las acciones judiciales que se tramiten para solicitar condenas penales y multas millonarias.


Jared Randall, agente del FBI

 

  • Viajó a Buenos Aires a mediados de marzo para reunirse con funcionarios de la UIF y de los ministerios de Justicia y Seguridad
  • Requirió información sobre los empresarios, exfuncionarios y financistas implicados en la causa de los cuadernos de las coimas

Hugo Alconada Mon

Abrió una investigación por "cleptocracia"; el detonante fueron los inmuebles de Daniel Muñoz, pero podría ampliarse a otros acusados en la causa; ya envió al país a un agente especializado para indagar

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) abrió una pesquisa preliminar destinada a confiscar activos en el territorio de los Estados Unidos derivados de la corrupción registrada en la Argentina durante los últimos años, período que encuadró como una "cleptocracia", según confirmaron a LA NACION cinco fuentes oficiales y privadas de ambos países al tanto del caso.

La investigación registra como disparador al fallecido ex secretario privado y presunto testaferro de la familia Kirchner Daniel Muñoz, quien invirtió decenas de millones de dólares, como mínimo, en Estados Unidos. Lo hizo mediante una operatoria de lavado que incluyó sociedades offshore de varios paraísos fiscales que se utilizaron para comprar inmuebles en Florida, que alcanzó luego a Nueva York y que pudo haberse extendido a otras ciudades.

La investigación quedó en manos de funcionarios del Departamento de Justicia y agentes del FBI que integran la llamada Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars, por sus siglas en inglés) y que empujan un "proyecto" de nombre singular: la llamada Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia.

Definida por la Real Academia Española (RAE) como el "sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos", el Departamento de Justicia incluyó en esa iniciativa contra la cleptocracia su pesquisa sobre Muñoz y, por derivación, sobre los Kirchner, aunque podría abarcar a otros acusados en la causa de los cuadernos.

Esa decisión implicó en la práctica el despliegue de investigadores en varios puntos de Estados Unidos durante los últimos meses, según reconstruyó LA NACION, como también en la Argentina, adonde al menos un agente del FBI viajó para obtener datos y reunirse con funcionarios del Poder Ejecutivo, a mediados del mes pasado.

Ese agente, Jared Randall, pasó por Buenos Aires, donde se reunió con funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de los ministerios nacionales de Justicia y de Seguridad, a los que preguntó sobre Muñoz y el entramado de personas y sociedades que comenzó a salir a la luz con la difusión de los Panama Papers, en abril de 2016.

Randall también requirió información precisa sobre otras derivaciones de los "cuadernos de la corrupción", sobre las empresas involucradas y los empresarios, exfuncionarios y financistas que se acogieron al régimen de "imputados colaboradores", es decir, como "arrepentidos".

Involucrado en investigaciones sobre el crimen organizado en Colombia, la mafia rusa y el escándalo conocido como "FIFAgate" -investigación de alcance global que él lideró-, Randall preguntó, entre otros, por Elizabeth Ortiz Municoy, la primera mujer que se convirtió en arrepentida.

Ortiz Municoy figuró junto a su entonces esposo, Sergio Todisco, como titular de las sociedades offshore que se utilizaron para sacar unos US$70 millones de la Argentina e invertirlos en inmuebles en Miami y Nueva York.

Y son esas inversiones en la isla de Manhattan las que dispararon la preocupación estadounidense, ya que no saltaron las alarmas antilavado previstas, según coincidieron dos interlocutores del FBI que dialogaron por separado con LA NACION.

El agente Randall se sumó así a otros dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que viajaron durante los últimos meses a la Argentina para indagar sobre las evidencias de corrupción argentina que pueden registrar consecuencias judiciales y administrativas en su país.

En noviembre pasado, un emisario de la Comisión de Valores (SEC, en inglés) y otro del Departamento de Justicia mantuvieron múltiples reuniones en Buenos Aires. Entre otras, con los investigadores a cargo de la pesquisa que comenzó con las anotaciones del exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno y con los fiscales locales que tramitan dos expedientes sobre Techint.

Esos emisarios aterrizaron en Ezeiza con un objetivo formal: participar en un evento sobre "soborno transnacional" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que incluyó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) local y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Pero en Buenos Aires pidieron reunirse con quienes investigan a empresas argentinas que cotizan en Wall Street con acciones conocidas como "ADR". En todos los casos, porque podrían quedar sujetas en Estados Unidos a la llamada "ley de prácticas corruptas en el extranjero" (FCPA, en inglés).

Cerro Dragón y FIFAgate

Durante su paso por Buenos Aires, el agente Randall sumó otros dos temas a su agenda de consultas. La primera, sobre la investigación local que instruyen el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Guillermo Marijuan sobre las presuntas coimas abonadas por el yacimiento petrolífero Cerro Dragón.

La segunda, sobre la situación procesal de dos empresarios argentinos, Hugo y Mariano Jinkis, cuya extradición reclama Estados Unidos, pero que fue rechazada por el juez federal Claudio Bonadio en 2016.

En el caso de Cerro Dragón, Randall sorprendió a varios interlocutores locales, entre otros motivos porque la SEC desarrolló su propia investigación, que tras varios años dio por concluida el 23 de mayo de 2017, sin recomendar acciones contra la empresa de los Bulgheroni, Panamerican Energy (PAE), según le notificó a la firma mediante una "carta de terminación".

La investigación local sobre Cerro Dragón tampoco registró avances, al punto de que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó a todos los acusados con la aquiescencia del fiscal federal Guillermo Marijuan.

Más previsible fue el interés de Randall por los Jinkis. Él inició y coordinó la investigación de alcance mundial conocida como "FIFAgate", que acumula 40 procesamientos, 20 condenas negociadas con los fiscales y activos confiscados por más de US$250 millones, según se ufana el propio agente en su página de Linkedin. Pero hurgó sobre un eje inesperado: sus hipotéticos vínculos con un exministro del kirchnerismo.

En esos y en cualquier otro caso que tomen entre sus manos, los agentes de la Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars) del FBI cuentan con una ventaja sustantiva para avanzar. Pueden actuar de manera preventiva y colocar bajo custodia los activos bajo sospecha en paralelo a las acciones judiciales que se tramiten para solicitar condenas penales y multas millonarias.


Jared Randall, agente del FBI

 

  • Viajó a Buenos Aires a mediados de marzo para reunirse con funcionarios de la UIF y de los ministerios de Justicia y Seguridad
  • Requirió información sobre los empresarios, exfuncionarios y financistas implicados en la causa de los cuadernos de las coimas

Hugo Alconada Mon

Al menos dos "arrepentidos" las identificaron como los canales que utilizaron para la fuga de dinero negro

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La empresa Armoring Systems, vinculada al exsecretario de Kirchner en maniobras de lavado de dinero, proveyó a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza

 

El contador Víctor Manzanares parece dispuesto a dar otro paso, acaso el definitivo. Quiere contar cómo fue toda la operatoria hotelera de la familia Kirchner -en particular, la del Alto Calafate- mientras ocuparon la Casa Rosada, de 2003 a 2015.

A pedido de la Justicia argentina, el gobierno de Estados Unidos comenzó a investigar al exjefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general (RE) César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, por presuntos actos de corrupción cometidos con la connivencia de una empresa norteamericana, según surge de documentos judiciales de ese país a los que accedió LA NACION.

Pidió que se investigue a Eduardo Miragaya, un exfuncionario de la AFI, como instigador de la maniobra

Los principales afectados son: el exministro kirchnerista Julio De Vido, el exsubsecretario de coordinación Roberto Baratta, el empresario Carlos Wagner y el lobbista Jorge Rodríguez

La trama comenzó en octubre de 2017, cuando el empresario kirchnerista convocó al lobbista Jorge Rottemberg para que le encontrara comprador al grupo

Una sociedad suya transfirió US$230.000 al presidente de Odebrecht en Argentina como pago de los sobornos

El juez López da Silva también convocó a su hijo Martín por la causa de asociación ilícita fiscal; declarará por videoconferencia desde Ezeiza

El lobbista está sospechado de intermediar en las coimas que Odebrecht habría pagado al equipo de De Vido

El fallo del juez federal Claudio Bonadio sobreseyó a cuatro altos funcionarios, tras determinar que fueron víctimas de una denuncia falsa promovida desde el kirchnerismo

Lo acusan de liderar una presunta asociación ilícita montada dentro del organismo para proteger a las principales figuras y empresarios del kirchnerismo

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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