Justicia

Justicia (1101)


Los acusados fallaron en su intento de voltear las confesiones, pero volverán a intentarlo. La justicia, en una encrucijada.

Cambio de clima. Tras las PASO, se aceleró la excarcelación de procesados en casos de corrupción. El caso de la Fiscal General Fabiana León, que debió pedir custodia.

Rechazó el pedido de aclaraciones del Estado en torno a las cautelares dictadas a principio de mes tras una denuncia de las provincias.

 

El detenido empresario Lázaro Báez se negó hoy a ser trasladado desde la cárcel para ser indagado en el juicio que se le sigue por presunto lavado de dinero y logró postergar el trámite hasta el miércoles próximo, en tanto el arrepentido Leonardo Fariña reiteró que siempre recibió órdenes del dueño de "Austral Construcciones".

Báez pidió declarar por primera vez desde el inicio del juicio que se le sigue junto a sus cuatro hijos y otros procesados, y el trámite estaba previsto para esta audiencia ante el Tribunal Oral Federal 4.

Pero finalmente el empresario se negó a ser trasladado desde la cárcel de Ezeiza a los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro, y al inicio de la audiencia su defensora, Elizabeth Gasaro, pidió una postergación, que fue concedida para el miércoles próximo.

Sin embargo, el presidente del Tribunal, Néstor Costabel, advirtió que la ausencia de Báez al juicio en la jornada "no estaba justificada", que la indagatoria estaba programada y que el hecho de que falte la declaración de tres testigos -dos de ellos por videoconferencia desde Suiza- no obstaculiza la indagatoria.

En el último tramo del debate oral previo al inicio de los alegatos, la defensa de uno de los hijos de Báez, Leandro, informó que el joven desistió de ampliar su indagatoria.

Luego fue el turno del imputado colaborador Fariña, quien ya prestó declaración indagatoria a lo largo del debate iniciado hace un año, y hoy ratificó que todas las órdenes para maniobras ilegales las recibió de Báez.

"Esperaba ansioso que declare hoy", dijo Fariña sobre el empresario. "Las órdenes las daba siempre Lázaro, nunca una decisión trascendió al señor Lázaro Báez".

Además, reiteró que para él hubo maniobras de lavado por 265 millones de dólares y que en persona intervino en la primera parte de la compra de una financiera, SGI -conocida como "la Rosadita" en Puerto Madero, por tres millones de euros, y también del campo Entrevero, en Uruguay, para Báez.

Fariña negó haber ido alguna vez al aeropuerto de San Fernando a buscar dinero ni haberlo trasladado a esa financiera, aunque sí dijo que retiró fondos de allí para esas operaciones.

Además, y al ser preguntado por la defensora de Báez, Gasaro, cuestionó los dichos del empresario.

"Su cliente, el señor Báez, dijo que me vio dos veces en su vida. Primero no coincide para nada con mis vuelos a Río Gallegos. Me dio una flota de I phones encriptados para laburar", dijo.


 

El año pasado, en un allanamiento a su casa de El Calafate, hallaron desgrabaciones de supuestas reuniones de Repsol. La justicia española ya comenzó a citar testigos.

 

 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió esta mañana el proyecto de ley que el Gobierno presentó en las últimas horas y que penaliza "a toda persona que sea parte de un proceso judicial, ya sea penal, civil o administrativo e incurra en una falsedad". La funcionaria consideró que se trata de un “avance y un cambio cultural muy grande” y rechazó que la medida pueda tener un tinte fascista.

“El delincuente tiene la opción de quedarse callado. Si va a hablar, que no mienta. Esto no es invasivo”, afirmó la ministra en diálogo con #Novaresio910, por Radio La Red AM910

“Es un avance penar a las personas que mientan en la indagatoria. Es un cambio cultural muy importante”, remarcó Bullrich, encargada presentar el proyecto este miércoles junto al ministro de Justicia, Germán Garavano. "No es un acto fascista", agregó.

Qué dice la ley

El proyecto propone la tipificación, en el artículo 275 del Código Penal, "de las conductas de abogados, testigos, intérpretes y peritos que aportan antecedentes falsos que obstaculizan el esclarecimiento de un hecho o la determinación de sus responsables, impidiendo con ello llegar a la verdad real, que es el cometido principal de la función judicial".

El articulado prevé para el caso en que el falso testimonio se cometiere en causa criminal, "se propone aumentar el mínimo de la pena de un (1) año de prisión a dos (2) años y mantener la pena máxima prevista actualmente de diez (10) años".

Con relación al artículo 276 del Código Penal, "se prevé la incorporación de agravantes, reformulando la norma prevista en el artículo vigente en la actualidad". 

 

Fuente: www.A24.com 

El juez federal de Catamarca procesó por estafa al estado a tres líderes de la agrupación kirchnerista “Martín Fierro” por quitar planes a quienes no asistían a las marchas.

 

El juicio oral y público por la desaparición del soldado riojano Alberto Agapito Ledo, que tiene como imputado al ex jefe del Ejército Cesar Milani, comenzará hoy en Tucumán y se estima que se extenderá al menos 45 días, ya que deberán comparecer más de 40 testigos, informaron fuentes judiciales.

En el debate oral y público también estará en el banquillo de los acusados el ex capitán Esteban Sanguinetti, quien tenía a cargo la Compañía de Ingenieros de Construcciones donde revistaba el conscripto.

Milani, quien fue jefe del Ejército de 2013 a 2015, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, está acusado de cometer los delitos de encubrimiento y de falsificación ideológica de instrumento público (sumario de deserción), mientras que Sanguinetti debe responder por los cargos de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad del soldado Ledo.

El requerimiento de elevación a juicio también imputa a Sanguinetti la omisión de su deber de buscar al conscripto.

El tribunal que tendrá a su cargo este caso de lesa humanidad está integrado por los camaristas Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedahl (subrogante).

Casas y Jiménez Montilla fueron confirmados para actuar en este proceso, ya que un tribunal ad hoc rechazó el pedido de separación de los magistrados solicitada por abogados de la familia Ledo, por considerar que la impugnación fue extemporánea.

El juicio oral comenzará a las 9.30, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) con la lectura de la acusación, el planteo de cuestiones previas y la declaración de los imputados, además de la madre y de la hermana de la víctima.

La audiencia proseguirá mañana y el proceso se desarrollará todos los jueves y viernes hasta su conclusión.

El pasado 9 de agosto Milani fue absuelto en otro juicio, realizado por los secuestros y torturas sufridos por Pedro Olivera y su hijo Ramón en 1977, en La Rioja, donde cumplía funciones el militar.

Ledo, que era estudiante de Historia y al momento de su desaparición tenía 20 años, fue visto por última vez el 17 de junio de 1976 en el campamento de Monteros, ciudad ubicada a unos 55 kilómetros al sur de la capital tucumana.

La investigación determinó que el conscripto fue presentado como un desertor del servicio militar obligatorio, cuando en realidad, según estableció la justicia, fue víctima del terrorismo de Estado.

En la declaración realizada durante el proceso Milani negó haber falsificado y firmado el sumario de la deserción y el encubrimiento del crimen de Ledo.


El juez federal Claudio Bonadio aceptó hoy los seguros de caución para cubrir la fianza de 60 millones de pesos fijada a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, y ordenó su excarcelación.

 

En la mesa de Fiscales de Estado se sentaron enviados de 16 provincias. Cada una deberá elevar al máximo tribunal la liquidación que considere pertinente.

Con la presencia de Fiscales de Estado de 16 provincias, arrancó en la sede porteña de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) una primera cumbre destinada a consensuar la metodología para calcular el monto de la compensación que reclamarán al Gobierno nacional tras el reciente fallo de la Corte Suprema que ordenó a Mauricio Macri financiar el costo fiscal de sus medidas post PASO sin erosionar la coparticipación.

La jornada sumará luego, pasado el mediodía y también en la CFI, una reunión de ministros de Economía, para terminar de pulir los números de la estrategia.

El mandato de los gobernadores es claro: avanzar en el cobro sin demoras, frente a las primeras estrategias dilatorias que brotaron desde la Casa Rosada.

Para ello cada provincia deberá elevar al máximo tribunal la liquidación que considere pertinente. La letra chica de ese cálculo es lo que buscarán definir en la cumbre de hoy.

En la mesa de Fiscales de Estado se sentaron enviados de 16 provincias: Entre Ríos, San Luis, San Juan, La Pampa, Tucumán, Catamarca, Chubut, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, Formosa, Chaco, Mendoza, Santa Cruz y Río Negro.

De ese lote, las primeras 12 provincias (de un total de 16) accionaron a fines de agosto contra los dos decretos pro consumo del Presidente que mermaron las remesas automáticas a los gobernadores.

Pero el éxito de la estocada atrajo a más distritos: se sumaron al cónclave funcionarios del radical mendocino Alfredo Cornejo, del justicialista chaqueño Domingo Peppo y del rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

Ese segundo lote de distritos no fue hasta el momento a la Justicia y privilegió la apertura primero de negociaciones con la Casa Rosada, pero ahora esperan recibir también un derrame (político) de recursos, a partir de la puerta abierta por el fallo de la Corte. Aunque la presencia de los Fiscales parece augurar un camino judicial.

Los gobernadores están decididos a monetizar de inmediato la cautelar que les blinda la coparticipación y esquivar los intentos de la Casa Rosada de freezer los tiempos, en medio de la caliente campaña electoral hacia los comicios del 27 de octubre.

Según pudo saber Ámbito de fuentes provinciales, los mandatarios evalúan dos métodos de cálculo de compensación posible: usar el cálculo ensayado por el propio Gobierno nacional acerca del costo fiscal de las medidas (uno $ 34 mil millones, dicen, sobre lo que habría que aplicar los coeficientes de cada provincia según la ley de coparticipación); o hacer un ejercicio de simulación, sin los decretos de por medio, y “determinar el monto de acuerdo a cómo venía la recaudación” antes de las medidas de Macri.

Por de pronto, bajo el brazo los enviados de cada provincia llevaron un punteo de los montos de pérdidas de coparticipación estimados para su distrito.

Por caso, en lo que respecta a Entre Ríos, en el distrito que gobierna el peronista Gustavo Bordet estiman un costo fiscal de los decretos presidenciales 561 y 567 del orden de los $1.584 millones, mientras que consideran que el costo que debería asumir el Estado nacional para con la provincia, en lo que respecta a octubre, es de casi $27 millones.

La resolución de la Corte ordenó días atrás que el Gobierno nacional debe hacerse cargo de financiar el impacto de las medidas post-PASO (y pro consumo) de Macri, que erosionan las remesas coparticipables. El mix incluye la suba del piso de Ganancias y la eliminación del IVA en alimentos de la canasta básica, entre otros puntos.

Pero la definición del monto a compensar augura una dura pulseada con la Casa Rosada que, de hecho, pidió ya a la Corte una aclaración respecto de cómo hacer frente a la orden y solicitó la convocatoria a una audiencia entre las partes “por la necesidad de conciliar con las provincias la forma en que se dará cumplimiento a la medida, preservando el interés público comprometido en los decretos 561 y 567”.

Silvina Kristal

 

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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