Argentina En el Mundo

Argentina En el Mundo (330)

 

En medio de la convulsión política en Venezuela, el gobierno de Alberto Fernández decidió quitarle las credenciales a Elisa Trotta, la representante del líder opositor Juan Guaidó en la Argentina, a través de una nota de la Cancillería.

 

El Gobierno argentino evitó sumarse al comunicado del bloque regional y se pronunció en soledad sobre la situación de Venezuela.

 

El gobierno de izquierda que acaba de asumir el cargo en Casa Rosada aumentó los impuestos en un 74%. Una suma que solo vale el 2% del PIB argentino.

La Argentina salió aparte de la experiencia de la política de Mauricio Macri, pero ahora podría eclipsar definitivamente debido a la receta transmitida por el nuevo gobierno de izquierda representada por el presidente Alberto Fernández y vice de Cristina Kirchner.

Como señala el periódico Libero, debido a demasiados impuestos, el Estado argentino retira el 39% de su producto interno bruto de los ciudadanos. Limitándose a considerar solo la economía formal, este porcentaje salta al 56%: una cantidad enorme. En otras palabras, y para comprender el aire que respira en Buenos Aires y sus alrededores, por cada 100 de resultados comerciales, el sector público absorbe 106.30.

El desastroso plan de la izquierda

Macri ha fallado, y no hay duda sobre esto. Pero el ejecutivo de izquierda que acaba de establecerse en Casa Rosada corre el riesgo de hacerlo aún peor. Sí, porque Fernández incluso aumentó los impuestos en un 74%; una suma que solo vale el 2% del PIB y que eleva el peso de los impuestos al 58%.

El plan económico de la izquierda está escrito en blanco y negro en 84 artículos que, entre otras cosas y en nombre de la " emergencia económica " sancionaron el incumplimiento virtual, introdujeron una cantidad de tipos de cambio diferenciados en el dólar, eliminaron el mecanismo de indexación de pensiones, imponen un impuesto del 30% sobre el uso de dólares y tarjetas de crédito y sobrecargan exportaciones agrícolas Ese es el principal sector en el que siempre se ha basado Argentina.

Un peso, dos medidas

Yendo aún más en detalle, en este país sudamericano solo 12 millones de argentinos trabajan para mantener a otros 19. Los empresarios locales han comenzado a hacer algunas preguntas legítimas sobre la conveniencia de producir en ese estado. Muchos han llegado a la conclusión de que quizás es mejor mudarse a otro lado.

Critica la situación de los jubilados, dado que sus cheques han estado "congelados" durante seis meses. Y considerando que en Argentina la pensión mínima es de 14 mil pesos, es decir 155 euros, está claro por qué la situación es dramática. El gobierno prometió un cupón adicional en enero y uno en febrero, por un total de 110 euros, pero la sensación es que los efectos de este consejo serán casi insignificantes.

Mientras tanto, la inflación anual superó el 55% y las pensiones de grandes piezas de potencia se consolidaron. En total, hay 4938 anualidades blindadas, por un monto promedio de 210,000 pesos por mes, o 2330 euros. Una suma que incluso se duplica para algunos privilegiados: de ex presidentes a vicepresidentes a miembros de la Corte Suprema.

Fuente: http://www.ilgiornale.it/news/mondo/argentina-governo-sinistra-ha-aumentato-tasse-74-1804707.html

 

El Gobierno de Alberto Fernández deroga protocolos macristas que daban más poder a la policía y estudia legalizar el consumo de marihuana.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad entre diciembre de 2015 y de 2019, fue una de las integrantes del Gabinete de Mauricio Macri que más visibilizó la grieta política existente en Argentina. Parte de la población aplaudió sus políticas de mano dura contra la delincuencia y su respaldo incondicional a las fuerzas de seguridad.

Otra parte la criticó por el mismo motivo, en especial cuando defendió actuaciones polémicas como la del policía Luis Chocobar, quien disparó por la espalda a un ladrón que huía de un robo en el que apuñalaron a un turista. Su sucesora, Sabina Frederic, se sitúa en las antípodas. En sus primeras dos semanas en el cargo ha derogado protocolos aprobados por Bullrich y ha anunciado que pedirá revisar varios casos, entre ellos la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Deroga la res. 956 que permitía disparar sin dar la voz de alto, contrariaba los principios de proporcionalidad, racionalidad, excepcionalidad y progresividad del uso de armas de fuego y el principio legal de legítima defensa que protege tanto a funcionarios como a la población.

Frederic, antropóloga e investigadora del Consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas (Conicet), dio marcha atrás con la autorización de la policía para disparar sin agresión previa ni haber dado la voz de alto. También prohibió el uso de pistolas eléctricas taser salvo para los cuerpos especiales y puso fin al pedido de documentación en las calles y estaciones de trenes.

La "medida criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados", justificó la resolución publicada el martes en el Boletín Oficial que deja sin vigor los reglamentos aprobados por Bullrich. "Se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación", agrega el texto oficial.

La ministra designada por Alberto Fernández ha marcado también distancias sobre la lucha contra el narcotráfico. El macrismo lo convirtió en una de sus banderas y durante su gestión se dispararon las incautaciones de drogas y el número de detenidos, con un récord de 43.194 este 2019. Sin embargo, para Frederic la política de su predecesora carece de resultados claros y sostiene que "la persecución ha sido principalmente sobre el narcomenudeo y consumidores".

Presentamos el balance de los 4 años de gestión. Cambiamos un paradigma: cuidamos a la víctima en vez de proteger al victimario. Bajamos los homicidios, el delito y los secuestros. Luchamos como nunca contra el narcotráfico.

Frederic ha anticipado que convocará a un debate para avanzar en la legalización del consumo y producción de cannabis, al igual que han hecho otros países como el vecino Uruguay. "El costo para el Estado de la persecución al tráfico de marihuana es altísimo también. Y muchos de nosotros sabemos que el daño que produce la marihuana es menor que el alcohol, entonces hay que tratar de ir en principio por ese camino", declaró la ministra a Radio Metro días atrás.

En su revisión de las políticas de Bullrich, Frederic, procedente del organismo de derechos humanos Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), ha criticado con especial dureza la actuación de la policía militar, la Gendarmería, en casos emblemáticos como las muertes del fiscal Alberto Nisman y del artesano Santiago Maldonado.

Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 durante el violento desalojo policial a mapuches en la Patagonia y su cuerpo no fue localizado hasta 78 días después. La autopsia determinó que no tenía signos de violencia y que murió ahogado en el río donde se lo encontró, pero Frederic denuncia que el operativo de desalojo "fue pésimamente realizado" y reunirá información para brindar a la Justicia.

Nisman fue hallado muerto en el baño de su casa de un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015. Cuatro días antes, había denunciado ante la Justicia a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los autores del atentado contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA), que causó 85 víctimas mortales el 18 de julio de 1994.

La Cámara Federal de Buenos Aires dictaminó tres años después que Nisman fue asesinado y se basó, entre otras evidencias, en la pericia realizada por Gendarmería. Frederic anunció que pedirá revisar ese medida de prueba una vez cambie la cúpula de las fuerzas de seguridad.

Bullrich no ha dudado en tildar de "aberración" las declaraciones de la ministra sobre el caso Nisman y ha instado a Gendarmería a desobedecer lo que considera "una orden ilegal" por proceder de una integrante del Ejecutivo y no de la Justicia.

Desde los tribunales han descartado también cualquier revisión, pero pese a la relevancia del caso, la investigación sobre Nisman no avanza. A pocas semanas de cumplirse cinco años de su muerte Nisman, no hay sospechosos ni culpables.

Mar Centenera

 

El malestar entre la población, por un ajuste que Mauricio Macri no se atrevió a soñar, era y es evidente.

El primer cacerolazo contra el Gobierno de Alberto Fernández irrumpió cuando había oscurecido. En ese momento, Cristina Fernández, la otra cara de la moneda del poder, en la Argentina de hoy, debutaba en el Senado. Ambas Cámaras dieron luz verde, contra reloj, al mega proyecto, de múltiples emergencias, que taladra los bolsillos de la clase media, los jubilados y el sector agropecuario.

En los barrios porteños de Belgrano, Caballito y Recoleta la noche del viernes volvieron a retumbar las cacerolas. El diario «Perfil» colgaba en la Home los vídeos con el estruendo. El malestar entre la población, por un ajuste que Mauricio Macri no se atrevió a soñar, era y es evidente.

Un par de semanas bastaron para que el nuevo -y el viejo- peronismo impusiera su ley y el presidente se hiciera con una docena de competencias que pertenecen al Poder Legislativo, gracias a la «Ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva». Fernández aprovechó este tiempo para sacudir como una alfombra la estructura del Estado y ajustarlo a su medida.

En simultáneo, envió recado a los jueces para rescatar a los suyos o de «ella», según se mire (el exministro Julio de Vido fue excarcelado con el exsecretario de energía, Roberto Baratta). Fernández (el presidente), organizó su Consejo de Asesores con emblemas del pasado «K» como Ricardo Foster (de la disuelta Carta Abierta) o Cecilia Nicolini (coordinadora del Grupo de Puebla), ocupó portadas de la prensa que detesta –y de la fiel también- por su anuncio de un plan de lucha contra el hambre (lo mismo hizo Macri sin resultados) y sostuvo –y sostiene-, suavemente, el pulso con la mujer que comparte apellido y ansias de poder.

La tensión entre ellos se libra ahora en el órgano más sensible del Estado, la Agencia Federal de Inteligencia (Afi), la misma que la viuda de Néstor Kirchner reestructuró y hasta cambió el nombre para desterrar aquellas siglas de la SIDE donde Jaime Stiuso, el espía más famoso de Argentina, pasó de ser su aliado a su enemigo íntimo.

En especial, después de la muerte (asesinato según Gendarmería Nacional) del fiscal Alberto Nisman, tras acusarla de encubrir a los presuntos autores del atentado a la sede de la AMIA y la DAIA, principales instituciones política y económica, respectivamente, de Israel en Buenos Aires.

Alberto Fernández consensuó con su «número 2» los 21 ministros pero no parece que logre un acuerdo para designar al «señor 5», como se conoce al jefe de los servicios de Inteligencia en Argentina. En su discurso de investidura, como si su pasado fuera efímero, proclamó: «Nunca más al Estado secreto.

Nunca más a los sótanos de la democracia» y anunció la intervención del departamento, «algo inexplicable porque no puedes intervenir lo que es tuyo», resume uno de los hombres de dentro del edificio que está a un puñado de pasos de la Casa Rosada.

El presidente también anunció algo insólito, el fin –salvo excepción- de los fondos reservados, «una falsa promesa porque sabe que es imposible operar sin ellos», observa la misma fuente. El presupuesto de estas partidas, según un Fernández de euforia populista, se destinará a paliar el hambre.

Licencia exclusiva

La «intervención» de la AFI, está cargo de Cristina Caamaño, presidenta de Justicia Legítima, la asociación de juristas militantes del kirchnerismo que tiene a Baltasar Garzón como uno más. Camaño llevó las riendas del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (Dicom) en la gestión de Alejandra Gils Carbó, la exprocuradora general ultra K (equivalente a Fiscal General del Estado) que se atrincheró en su puesto hasta diciembre del 2017. Mauricio Macri la había descrito como una persona que «no tiene autoridad moral para ejercer el cargo».

Alberto Fernández, como exjefe de Gabinete de Néstor y de Cristina Kirchner sabe bien lo que significa tener el control absoluto de la vieja Side. Mientras gana tiempo para imponer a su titular el presidente de Argentina puso a trabajar en un proyecto de reestructuración y futuro modus operandi de la AFI, a Vilma Ibarra, su expareja, actual secretaria Legal y Técnica (puesto de máxima confianza) y a Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos. Éste último, ministro de Kirchner, salió despedido del cargo a los dos meses tras mostrar en cámara una fotografía de Jaime Stiuso, el espía.

Alberto Fernández apunta a armar un Gobierno que le permita tener el control o la licencia exclusiva para mandar pero llega al poder bajo el ala de Cristina Kirchner y arrastrar deudas ajenas identificadas con la etiqueta de corrupción. Saldarlas puede ser su salvación o su perdición. Empezando por las sentencias que, previsiblemente, afectarán a su exjefa.

El primer indicio de por dónde irán los tiros de ese combate lo dio al designar al frente de la Oficina Anticorrupción al fiscal, también de Justicia Legítima y militante kirchnerista, Felix Crous.

El director de Poder Ciudadano (transparencia), Pablo Secchi, observó su nombramiento, «no solucionan el problema que criticaban, que no tiene que haber funcionarios militantes en este tipo de cargos».

Carmen de Carlos

 

La norma sube impuestos, congela las pensiones y pone nuevos límites al atesoramiento en dólares.

El Senado argentino aprobó la ley de emergencia económica. Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta y como tal presidenta del Senado, se estrenó en el cargo con una agitada sesión nocturna que concluyó minutos antes de las cuatro de la madrugada del sábado.

El paquete de medidas presentado por el gobierno de Alberto Fernández, con fuertes subidas de impuestos y congelación por seis meses de las pensiones, salvo las más bajas, obtuvo el respaldo de 41 senadores, con 23 votos en contra y una abstención.

Para sacar la ley adelante, el gobierno tuvo que comprometerse a realizar futuras modificaciones. Las pensiones privilegiadas bajo regímenes extraordinarios, como las que reciben jueces y diplomáticos, habían quedado exentas de la congelación tras el paso del proyecto por la Cámara de Diputados. Eso fue calificado de discriminatorio por la oposición y parte del peronismo.

La Casa Rosada anunció que en los próximos días prepararía un proyecto para suprimir esas pensiones privilegiadas y solicitó que de forma excepcional el Congreso trabajara en enero, mes de vacaciones, con el fin de homogeneizar el sistema de jubilaciones. Las pensiones de funcionarios y docentes también quedaron fuera de la congelación.

Había expectación por ver cómo se desempeñaba la ex presidenta de la República al frente de la cámara. Cristina Fernández de Kirchner se mostró cordial, saludó con amabilidad al vicepresidente del Senado, Martín Lousteau, que fue su ministro de Economía y con quien rompió relaciones (Lousteau se alinea ahora con la oposición), y reconvino en dos ocasiones al jefe de bloque de su propio partido, José Mayans, por llamarle “presidente”. “Presidenta, ta, ta, no sea machista”, le dijo.

La sesión debía haberse iniciado a las 14 horas, pero la necesidad gubernamental de introducir en el proyecto de ley las modificaciones pactadas en la Cámara retrasó el comienzo hasta las 19.30. Una de esas modificaciones consistió en establecer un Fondo Solidario en beneficio de las pequeñas explotaciones agrarias, para compensarlas parcialmente por la subida de las retenciones fiscales impuesta a todos los exportadores de productos agrícolas.

El jefe del bloque opositor Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, anunció el voto en contra de los suyos porque, dijo, el proyecto escondía “un brutal ajuste con dos componentes: los impuestos y, fundamentalmente, la liquidación del poder adquisitivo de los jubilados”.

El peronista Jorge Taiana acusó a la oposición de querer negar “la gravedad de la situación por la que atraviesa la República”, a causa de la profunda crisis económica legada por la administración de Mauricio Macri, dijo que lo que habían hecho al aumentar sustancialmente la deuda externa constituía “traición a la patria” y aseguró que las medidas de ajuste y los nuevos impuestos, entre ellos el que carga un 30% sobre la adquisición o uso de dólares, eran absolutamente necesarios.

El paquete de medidas de urgencia fue aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado en solo 72 horas. Entrará en vigor el lunes.

Enric González

 

La ley podría aprobarse el viernes en el Senado argentino con algunos cambios en el texto inicial.

Alberto Fernández logró romper el bloqueo parlamentario. Los diputados federalistas del ex candidato presidencial Roberto Lavagna y de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, le permitieron alcanzar el necesario para iniciar un debate maratoniano en la Cámara sobre el programa de emergencia económica.

El nuevo presidente argentino dijo contar con los votos necesarios para aprobar el paquete de medidas, del que aceptó suprimir o moderar los apartados más polémicos.

El arranque de la gestión peronista en el Congreso no pudo ser más áspero. Los parlamentarios de la oposición macrista se negaron a ingresar en el hemiciclo, para que no hubiera quorum y no fuera posible ni tomar juramento a los nuevos diputados (los que sustituyen a los integrados en el Gobierno) ni iniciar el debate. La ayuda de Lavagna y Schiaretti al bloque peronista desbarató la maniobra opositora y finalmente se ocuparon los escaños.

También ayudó muchísimo al desarrollo de la sesión la retirada de un artículo que concedía a la Casa Rosada plenos poderes para reformar el Estado, inadmisible para los macristas, y el compromiso de negociar algunos puntos concretos en apartados como los referentes a las pensiones o la subida de retenciones fiscales para las exportaciones agrarias.

Quedaron inscritos 130 oradores, lo que hacía imposible una votación antes del viernes. Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio, tuvo la primera intervención opositora y denunció que, con la excusa de la situación económica, Fernández quería “cerrar el Congreso” y gobernar sin control parlamentario.

Tanto Laspina como otros parlamentarios protestaron contra la congelación por seis meses de las pensiones, muy erosionadas por la inflación, y contra la creación de un impuesto del 30% sobre la adquisición de dólares y el uso de tarjeta de crédito en el exterior. “Le están quitando la posibilidad de viajar a quien paga sus vacaciones en doce plazos”, dijo Laspina.

Luis Contigiani, diputado de Santa Fe, lamentó que la mayor presión fiscal sobre los exportadores agrarios fuera a perjudicar “a los pequeños y medianos productores”, “que no son ni oligarcas ni terratenientes”.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Darío Martínez, defendió ante el pleno el conjunto de medidas y afirmó que “la emergencia no está plasmada en una hoja o en un proyecto, sino en la mesa de cada argentino”.

Recordó que la deuda externa había aumentado un 76% en los últimos cuatro años, que la inflación era del 52%, que la producción industrial había caído un 11% y que el desempleo rondaba el 10%. Un tercio de la población argentina vive en situación de pobreza.

El gobierno se mostró dispuesto a negociar en la Cámara algunos de los puntos que más encrespaban a la oposición, con el fin de asegurarse una mayoría holgada en la votación final. Además de ofrecer dos pagas extraordinarias a los pensionistas con haberes más bajos, cosa ya incluida en el proyecto inicial, aceptó desvincular de la congelación las pensiones de los docentes y los científicos jubilados, y no descartaba otras concesiones.

También abrió la posibilidad de suavizar el aumento de la presión fiscal sobre algunos de los propietarios agrícolas. El aumento generalizado de los impuestos, salvo para las rentas más bajas, y las ayudas a las pequeñas empresas, constituyen dos los rasgos fundamentales del programa de emergencia.

El recargo del 30% sobre la compra y uso de dólares, con el fin de preservar reservas en divisas y poder hacer frente al pago de la deuda mientras se renegocia la misma, ha gustado tanto al Fondo Monetario Internacional, principal acreedor, como a los tenedores de bonos.

El mercado de deuda en bonos ha registrado alzas en los dos últimos días. El Frente de Izquierda, con dos diputados, se sumó al macrismo en su rechazo al programa de emergencia porque según el diputado Nicolás del Caño “supone aplicar un ajuste sobre los jubilados para pagar una deuda ilegítima”.

Enric González

 

El Gobierno renuncia a un artículo que le daba plenos poderes para reformar el Estado.

El Gobierno de Alberto Fernández libra su primera gran batalla parlamentaria. El programa para afrontar la dramática situación económica argentina contiene varios puntos que otorgan al poder Ejecutivo un poder casi total. Y la oposición no está dispuesta a transigir ante lo que considera rasgos de autoritarismo.

El peronismo ha cedido parcialmente, suprimiendo un polémico artículo que daba al presidente la libertad para reformar el Estado, pero las cosas no estarán claras hasta el jueves, cuando arranque el debate en el pleno de la Cámara de Diputados.

Dos rasgos esenciales del programa de emergencia van haciéndose perceptibles: implica un ajuste presupuestario muy duro, con cargas fiscales severas sobre casi todos los sectores menos los más desfavorecidos, y aspira a que el dólar deje de ser un factor decisivo en la economía argentina.

Esto último constituye una vieja ambición nunca satisfecha. La debilidad e imprevisibilidad del peso favorecen el ahorro en dólares, lo que a su vez fragiliza aún más el peso en un círculo vicioso que lleva décadas girando. El impuesto del 30% sobre la adquisición de dólares o cualquier forma de pago en esa divisa ya ha disparado la cotización del dólar blue o informal; en cierta forma, al margen de un cambio oficial ajeno al mercado, Fernández ha iniciado su mandato con una nueva devaluación.

“No estamos improvisando”, dijo el presidente durante una reunión con empresarios, a los que aseguró que el cuadro macroeconómico era aún más oscuro de lo que suponían. Desde el peronismo se intenta justificar la petición de plenos poderes para afrontar una situación crítica.

Pero el cierre de filas de la oposición ha obligado a retirar un artículo que decía lo siguiente: “Facultase al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.

Pese a la redacción abstrusa, la oposición entendió de inmediato que eso implicaba conceder a Fernández la facultad de hacer lo que se le antojara con más de 60 organismos Estatales, que incluían desde la vigilancia presupuestaria hasta el espionaje, sin ningún control de Congreso. Y Fernández envainó.

La oposición es variopinta (macristas, radicales, extrema izquierda) y carece de un líder visible. Eso no le ha impedido cerrar filas y amenazar con una guerra parlamentaria total. Sus portavoces aseguran que los escaños opositores se ausentarán de la Cámara de Diputados si el Gobierno no suaviza su megaproyecto; la ausencia supondría falta de quorum para la sustitución de los parlamentarios peronistas que han integrado el Gobierno, laminando la mayoría de Fernández, y falta de quorum también para debatir la ley.

Otro elemento del programa de emergencia que enfurece a la oposición es el referido a las pensiones. El Gobierno pide seis meses de moratoria en las actualizaciones de los pagos a los jubilados porque dice que el sistema implantado en 2017 por Mauricio Macri es inflacionario, y hace falta pensar otro. En la práctica, eso supone congelar las pensiones (menos las más bajas, para las que se establecen bonificaciones extraordinarias) durante medio año.

No cuesta deducir que tras la moratoria se oculta un intento de recortar el gasto público. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó el lunes la situación a la que se enfrenta: no tiene acceso a los mercados de crédito, al menos hasta que se renegocie la deuda, y no puede imprimir moneda porque la inflación pasaría de alta (55% anual) a altísima; por tanto, la única opción pasa por subir impuestos y reducir el gasto para lograr el equilibrio presupuestario.

La severidad del ajuste propuesto por Fernández ha sido mal acogida por la oposición, pero ha gustado a los acreedores. El riesgo país empieza a bajar y el mercado de bonos argentinos se ha animado y registra subidas. Los acreedores piensan que el plan de Fernández eleva las posibilidades de que Argentina pueda pagar sus deudas sin aplicar grandes recortes a los tenedores de bonos.

Enric González

 

Un tribunal de apelación anula la prisión preventiva que cumplían desde hace más de dos años

Julio de Vido, una de las figuras emblemáticas de la corrupción en los años del kirchnerismo, abandonó la prisión el sábado de madrugada y ya está en su casa, en régimen de arresto domiciliario. Solo cuatro días después de que el peronismo retornara al poder, la Cámara de Casación decidió que De Vido llevaba más de dos años en prisión preventiva y no estaba “fundamentado ni el peligro de fuga ni el peligro de entorpecimiento de una investigación”, por lo que le concedió una gracia que acababa de negarle el Tribunal Oral Federal número 7.

También se benefició de la misma decisión Roberto Baratta, antiguo taxista y mano derecha de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

De Vido fue un “superministro” durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Gran parte del presupuesto pasaba por sus manos. Ya fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por su responsabilidad indirecta en el accidente ferroviario de Once (2012), en el que murieron 51 personas. Se le culpa por el mal estado del tren, pero la sentencia aún no ha sido confirmada por la Cámara de Casación.

El exministro tiene muchas otras causas pendientes: por compra de material ferroviario en mal estado a empresas españolas y portuguesas, por supuestos sobreprecios y comisiones en la adquisición de material informático para los tribunales, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos procedentes de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, por supuestas irregularidades en la importación de gas licuado, por supuesta percepción de sobornos en la construcción de un gasoducto, y por presunto fraude en un plan de construcción de viviendas sociales en colaboración con la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

También está encausado en un sumario de presunta malversación en la concesión de obra pública vial, cuya principal acusada es Cristina Fernández de Kirchner. En 2017, la Cámara de Diputados decidió por mayoría retirar los fueros parlamentarios a De Vido, lo que permitió su encarcelamiento preventivo.

Su colaborador Roberto Baratta, antiguo número dos del ministerio, no deberá permanecer en su domicilio, pero sí llevar una tobillera electrónica. En 2003, Baratta era un taxista y vendedor de lotería que vio a Néstor Kirchner, entonces candidato a la presidencia, en una cafetería y se le acercó para pedirle trabajo. Kirchner le dijo que telefoneara a Julio de Vido.

En poco tiempo, De Vido y Baratta establecieron una estrecha relación personal y profesional. Durante el kirchnerismo, Baratta se ocupó de las relaciones con Venezuela y de la importación de energía. También fue uno de los protagonistas de la expropiación de las acciones de la sociedad española Repsol en la empresa argentina YPF.

 

Enric González

 

El teniente advierte de que los Ejércitos latinoamericanos, incluido el argentino, “siguen siendo muy reaccionarios” y están sometidos a la influencia de Estados Unidos.

El teniente general César Milani fue jefe del Estado Mayor del Ejército argentino entre 2013 y 2015, en el tramo final de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El 17 de febrero de 2017 fue detenido por una doble acusación de delito de lesa humanidad y pasó dos años y siete meses en prisión preventiva. Hace unas semanas fue absuelto en los dos casos.

Su historia sugiere que los tribunales se utilizan a veces como castigo político. Sugiere también que un alto oficial peronista es todavía una rareza. Milani advierte ahora de que los Ejércitos latinoamericanos, incluido el argentino, “siguen siendo muy reaccionarios” y están sometidos a una enorme influencia de Estados Unidos. “Las clases altas”, dice, “creen que las Fuerzas Armadas les pertenecen”.

César Milani nació en Cosquín, provincia de Córdoba, un 30 de noviembre de hace 65 años. Su abuelo era un inmigrante italiano. La familia pudo adquirir una vivienda social gracias a un programa peronista. Hoy, como teniente general retirado, Milani mantiene su admiración hacia Juan Domingo Perón. Y cree que los políticos argentinos “pecan de inocencia” por creer que el Ejército, después de 36 años de democracia, es una fuerza neutral. Asegura que los militares de alto rango no han dejado de ser conservadores o ultraderechistas.

Asumió la jefatura del Ejército el 3 de julio de 2013 y pronunció un discurso en el que expresaba su “aspiración de que las Fuerzas Armadas apoyaran un proyecto nacional”. “Ahí empezó mi condena”, afirma. Al día siguiente fue denunciado como presunto participante en la “desaparición” en Tucumán, en junio de 1976, del recluta Alberto Ledo, soldado en la compañía de la que Milani era subteniente. Se acusó al entonces joven oficial subalterno de 21 años, recién regresado del Colegio Militar, de participar en el aparato represivo de la dictadura. Ese era solo el principio.

Pocos días después le visitó un general retirado, antiguo agregado en la Embajada argentina en Washington, para hacerle notar que en Estados Unidos se le veía como “un germen de chavismo” y que suscitaba preocupación. Luego “se presentó un directivo del diario Clarín para ofrecerme tranquilidad judicial, mediática y política a cambio de que me portara bien, y le respondí que yo era leal a la presidenta”. En los meses y años siguientes, Clarín, el diario más influyente de Argentina, dedicó 25 portadas a los supuestos delitos de Milani.

Las denuncias y acusaciones fueron acumulándose. Ramón Olivera, hijo de un torturado por la dictadura en la provincia de La Rioja, le acusó de haber detenido ilegalmente a su padre y de haberle “hostigado verbalmente”. Se le abrió una causa por “enriquecimiento ilícito” —aún no juzgada— por la compra de su vivienda y otra a raíz de una denuncia anónima sobre una adquisición de puentes militares para emergencias civiles. La prensa le acusó de utilizar el espionaje militar para favorecer a Cristina Fernández de Kirchner. Incluso se le quiso involucrar en la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman.

En cuanto dejó la jefatura del Ejército, el mundo se le vino encima. Fue detenido en 2017 y trasladado de prisión en prisión, siempre aislado, porque los presos comunes le amenazaban de muerte y sus supuestos compañeros de delito, los auténticos criminales de la dictadura militar, le consideraban “un traidor” por ser peronista (algo insólito entre los generales) y por haberse fotografiado con Hebe de Bonafini, una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo.

Meses antes de que los tribunales de Tucumán y La Rioja absolvieran al general César Milani y cuando éste permanecía aún en prisión preventiva, el abogado penalista Gustavo Feldman publicó un libro titulado Castigo sin crimen. Las pruebas de la inocencia de César Milani. Su lectura produce escalofríos.

En las primeras páginas, Feldman escribe: “Este libro demuestra que Milani está preso por una acusación infundada, que es un verdadero rehén de la pacatería, la cobardía y el camaleonismo de la peor corporación de la República: el Poder Judicial de la Nación, con la ayuda incalculable de los operadores y depredadores mediáticos disfrazados de periodistas”. Conviene recordar que el Estado argentino, presidido por Mauricio Macri, tomó la inusual decisión de personarse como querellante en la causa de Tucumán.

Ahora, vestido con traje y corbata, absuelto tras más de 30 meses de prisión preventiva, Milani se declara preocupado por la evolución de los Ejércitos en Latinoamérica y considera sintomáticos los hechos que condujeron a la renuncia de Evo Morales en Bolivia, tras recibir un “consejo” en ese sentido del jefe de las Fuerzas Armadas.

“Estados Unidos, a través del Comando Sur, vuelve a sus viejas mañas; no para fomentar golpes militares, pero sí para preservar su control sobre el continente y para mantener los Ejércitos como fuerzas de exclusión, no de inclusión”, explica.

“Los Gobiernos civiles se sostienen gracias al respaldo militar, como se ve en Chile [donde el presidente Sebastián Piñera lo tiene] o en Bolivia [donde Morales no lo tuvo], y supongo que aquí el Ejército planteará resistencia al nuevo Gobierno de Alberto Fernández”, comenta. Milani, admirador del presidente ruso Vladímir Putin “por su nacionalismo”, agrega que “el Ejército necesita líderes militares fuertes, que puedan apoyar proyectos de inclusión y sepan resistir las injerencias sobre los mandos”, en referencia a las presiones de las élites dominantes y de Estados Unidos.

Enric González

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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