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La empresa alegó que se debe al "contexto macroeconómico actual" y al impacto relacionado con el Covid-19.

En medio de la cuarentena total, con locales cerrados, la zapatería Grimoldi e informó que no pagará un vencimiento de obligaciones negociables (deuda corporativa) y así entrará en default.

"Debido al contexto macroeconómico actual de la Argentina y del impacto producido en la industria del calzado y en particular en la sociedad por la cuarentena decretada relacionada con el Covid-19, la Sociedad ha notificado en el día de la fecha que no hará efectivo el pago de la cuota correspondiente al 11° vencimiento de los servicios de intereses de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase II", dice el texto enviado por la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo estatal que regula la actividad bursátil.

La empresa aclara que está "analizando las diferentes alternativas financieras existentes a efectos de poder hacer una propuesta viable" a los tenedores de esas ON "a la mayor brevedad posible".

El año pasado, la compañía comenzó un procedimiento preventivo de crisis para "reestructurar la compañía en forma ordenada". "Esto redundará en una mayor optimización de sus costos y, así, mitigar el impacto de los efectos de la crisis", explicó a LA NACION en ese momento el empresario Alberto Grimoldi, bisnieto del fundador de la cadena.

Grimoldi comenzó su actividad en 1895 como una fábrica de calzados. Durante el siglo XX desarrolló sus tiendas minoristas y llegó a expandirse hasta Uruguay. Desde la década del 80 comercializa marcas como Hush Puppies, Kickers, Aldo y Merrell.

La cadena de zapaterías no es la única compañía que incumplió el pago de su deuda corporativa esta cuarentena.

El pasado 26 de marzo, la centenaria empresa de venta de electrodomésticos Ribeiro anunció que no podría hacer frente a los intereses de dos obligaciones negociables (ON).

En el comunicado enviado a la CNV, la firma dijo que la implementación de la cuarentena obligatoria afectó sus ventas y, por lo tanto, los ingresos de la compañía.


 

En una de sus últimas resoluciones, el gobierno bonaerense formalizó el nombramiento del polémico y mediático abogado Miguel Ángel Pierri como asesor del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

 

Ante la designación, la que salió a disparar contra el letrado fue la legisladora de la Ciudad, Ofelia Fernández, quien criticó la decisión del Estado: "Me siento decepcionada y angustiada"; sentenció.

La legisladora porteña Ofelia Fernández realizó este martes 28/04 un intenso descargo en sus redes sociales para mostrar su descontento sobre la designación del abogado Miguel Ángel Pierri como asesor del ministerio de Seguridad bonaerense.

Recordemos que el polémico y mediático abogado fue designado el pasado 20 de abril como asesor del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en el ingresó como planta temporal y ganará 90 mil pesos aproximadamente.

"Voy a estar asesorando en el gabinete pero todavía no hablamos de las funciones específicas. El sueldo es lo que dice ahí - 2040 módulos- pero eso es lo que menos me importa. No estoy por la plata", dijo Pierri al ser consultado por su designación.

Sin embargo, su nombramiento no cayó bien en las filas del propio gobierno bonaerense y fue la legisladora Ofelia Fernández quien decidió criticar al Estado por el nombramiento de Pierri como funcionario gubernamental.

En un duro descargo en su perfil de Twitter, Ofelia escribió:

"Pierri, abogado de Mangieri (femicida de Ángeles rawson) y del padre Grassi, además de su defensor televisivo, fue designado en el min de seguridad de PBA ¿Cómo sentirse segura con un tipo que nos desprecia públicamente y defiende a los más perversos? Me decepciona y angustia", escribió la legisladora porteña en un primer tuit.

Pero su molestia no terminó allí, y redactó un segundo mensaje en el que disparó directamente contra la decisión del gobierno de Kicillof.

"Porque en última instancia su éxito como abogado encaja en el legítimo cumplimiento de las garantías de todos los derechos de quienes hayan cometido delitos. Pero su reconocimiento para la función pública es un aplauso a la misoginia, violencia y falta de perspectiva de género", sentenció.

De inmediato, quien le contestó su mensaje fue el líder sindical Juan Grabois, quien le respondió: "Ofelia te felicito por decir lo que pensás y sentís desde tus convicciones sin especular. Así vamos a construir el futuro. Sin caretas ni doble discurso".

Pierri, abogado de Mangieri (femicida de Ángeles Rawson) y del padre Grassi, además de su defensor televisivo, fue designado en el min de seguridad de PBA ¿Cómo sentirse segura con un tipo que nos desprecia públicamente y defiende a los más perversos? Me decepciona y angustia.

— Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) April 28, 2020

 

Tengo 80 años y me acabo de despertar inquieto, quizás angustiado por primera vez, en esta madrugada del 27 de abril de una cuarentena de final incierto, no precisamente por lo biológico.

Había superado mi cuota de malas noticias que ahogaron y opacaron mi tradicional buen humor y la alegría de haberme comunicado y visto a mis seres queridos incluyendo hijos, nietos primos y amigos.

El wapp junto con internet y los medios de comunicación se habían convertido gradualmente de una fuente de solaz y enriquecimiento espiritual, complemento del vagabundeo de la mirada y el pensamiento por el jardín y los libros, en un doloroso desafío a mi comprensión y tolerancia.

Fue ese conflicto librado en la profundidad del inconsciente, el que cual volcán en erupción interrumpió mi sueño.

Ahora, taza de café mediante, contemplo la oscuridad de una noche sin luna ni estrellas que borronea el jardín. Siento la necesidad de hablar, de poder sacar afuera esa amalgama de dolor, razón y sinrazón.

Despierto, comienzo a pensar, a poner esto que siento, en esa línea de montaje del pensamiento y la palabra para que un hablar consciente se traduzca en una gran pregunta ¿por qué me está pasando esto a mí? la que luego corrijo y amplío a la humanidad y finalmente focalizo en los argentinos.

Nací en los albores de la segunda guerra mundial y vi el miedo en los ojos de mi madre y la preocupación en el rostro de mi padre.

Eso pasó. Estaba en el jardín de infantes del Normal Nº 1 el 17 de octubre. Eso pasó. Vino la peste bubónica y nuevamente los ojos de mi madre y la cara de mi padre y eso también pasó.

Vi a un tío que asustado trataba de borrar una cruz negra pintada en el frente de la casa de mi abuela materna, ominosa advertencia al militante radical que allí vivía.

Eso pasó. Vi la grieta en las discusiones de mi padre socialista tanto en la casa de la abuela materna, radicales, como en la paterna, peronistas.

La diferencia era el cariz que tomaban, en un caso podían agraviarlo y en el otro no. Eso pasó.

Vi la alegría del salario mensual, la seguridad laboral, y la libreta de ahorro.

Eso pasó. Vi una escuela primaria de calidad que sobrevivía en contados lugares y luego lo mismo en la secundaria con examen de ingreso y bachillerato especializado en el Nicolás Avellaneda de Palermo.

Eso pasó. Vi una segunda revolución con odios, venganzas, y una grieta que crecía. Vi mi facultad de Medicina, que retomaba el examen de ingreso y pegaba un respingo acorde con la época de oro de la UBA. El mérito era suficiente y por eso obtuve dos becas en Estados Unidos, recién recibido de médico.

Eso pasó. El nuevo hospital escuela, cuyo terreno baldío tenía un cartel que lo anunciaba y mamá a los siete u ocho años me lo señalaba cuando pasábamos con el tranvía, siendo ya médico aún no funcionaba.

Eso pasó. Viví mi segunda epidemia, la de la polio, cuando estaba en el secundario y recibí las primeras vacunas Salk y ya como estudiante de medicina me entristecía ver niños en el pulmotor y luego las secuelas en ALPI.

Eso también pasó. Finalmente vi una larga sucesión de gobiernos fracasados, la mayoría por ineptitud y desvaríos ideológicos. Otros, que fueron excepción, como los de Frondizi, Illia y Alfonsín que también fracasaron por intentar vanamente un proyecto superador buscando apartarse de la decadencia progresiva y generalizada que abarcaba y aún abarca todos los órdenes de nuestra sociedad.

Esto no parece terminar de pasar nunca. Me fui del país 2 veces y viví fuera de él 10 años, que retrospectivamente figuran entre los mejores. Ahora tengo 2 hijos y 2 nietos fuera de él.

Llevan varios años viviendo y desarrollando sus proyectos en paz. Una tercera hija que lo hizo y regresó, no parece estar contenta con esa decisión. Ahora mis nietas piensan seguir los pasos de sus padres.

Si fuera joven pensaría nuevamente en irme y no tengo argumentos sólidos para disuadir a nadie que lo quiera hacer. Ninguno de nosotros lo hicimos como exiliados ni perseguidos por otra cosa que no fuera el desprecio de nuestros dirigentes por la ética y el conocimiento.

Un segundo título universitario, la investigación, la extensión y la docencia, al igual que mi tarea asistencial siempre tuve que hacerlos con mucho esfuerzo, a pesar de las circunstancias y no favorecido por ellas. Cuando me di cuenta que todo se convertía en un aburrido, rutinario y degradado trabajo, en vez del libre, creativo y valioso ejercicio y desarrollo de una vocación, me jubilé.

Mis circunstancias y sus causas, que me han acompañado como a la mayoría de mis compatriotas, no terminan de pasar nunca y mi tercera epidemia, la del coronavirus, las pone de manifiesto en toda su magnitud.

Es un hecho biológico que se lo pretende hacer pasar por una guerra para eludir responsabilidades que hacen a su gravedad por haber ignorado sistemáticamente a la sociedad, sus necesidades y sus verdaderos derechos.

De pronto se hizo la luz y han quedado todos los causantes alumbrados, deambulando desorientados y a merced de la realidad, en ese gran escenario que limitadamente llamé Argentina.

Si se quiere seguir usando la metáfora bélica, recordar que en toda guerra el primer muerto es la verdad. Descubro en este momento porqué he despertado así.

Es que a los 80 años sigo queriendo disfrutar de las cosas buenas que se fueron dando en mi vida y que tuve cuidado en proteger.

El tiempo ahora tiene otro valor y me doy cuenta que se puede agotar en un fracaso que no depende de mí ni de la biología, sino de nuestros gobernantes y dirigentes.

No me preocupa mi fin biológico natural o en manos del Covid-19, solo me preocupa que dicho fin, tanto en mí como en los que amo o el de cualquier ser humano, dependa o sea provocado por la estupidez y la mezquindad acompañante.

NO quiero que mis seres queridos vean en mi la mirada temerosa de mi madre o la cara de preocupación de mi padre en épocas malas, épocas que insisten en repetirse aquí y ahora, porque los mismos actores repiten sus roles vanamente o tontamente, tratando de representar y peor aún crear una obra diferente con el mismo libreto aunque diferente maquillaje.

Preparo mi desayuno y veo amanecer, que no es poco, pero tampoco es suficiente.

Guillermo Javier Nogueira

Médico Neurocirujano/Psicólogo

Mar del Plata

 

La UIA y la CGT, con la intervención del Gobierno, llegaron hoy un acuerdo que obliga a las empresas a pagar el 75 por ciento del salario neto a los empleados que sean temporalmente suspendidos a causa de la inactividad derivada de la pandemia de coronavirus.

El acuerdo fue aceptado por la CGT a cambio del compromiso empresarial de no ordenar despidos e involucra a las compañías que se vieron forzadas a paralizar sus actividades a causa de las restricciones impuestas durante la pandemia, dijeron fuentes gremiales.

Las cláusulas del convenio tendrán validez por 60 días contados desde el 1 de abril.

"Es preciso el dictado de una norma instrumental que determine certidumbre para quienes no pueden prestar servicios habituales, situación que será considerada como una suspensión encuadrada en la Ley de Contrato de Trabajo y/o todo instituto equivalente dispuesto en estatutos o la norma de convenciones colectivas", señaló el acta firmada por las tres partes intervinientes.

De las discusiones participaron, por el gobierno, los ministros de Trabajo y de Desarrollo Productivo, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente; Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja, por la UIA, y Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló por la CGT.

Los representantes de los diversos sectores convinieron que el monto a abonar a los trabajadores como "prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen por compensación por suspensiones no podrá ser inferior al 75 por ciento" del haber neto.

Solo en esas condiciones o cuando se establezca un porcentaje mayor el gobierno homologará de forma automática esos acuerdos, en tanto la patronal podrá disponer "la aplicación de las suspensiones de forma simultánea, alternada, rotativa, total o parcial según sus respectivas realidades productivas", añadieron los informantes.

No podrán ser incluidos en esa modalidad los trabajadores que hayan convenido con su empleador las condiciones de prestación de servicios desde el lugar de aislamiento y aquellos excluidos del deber de asistencia al lugar de labor por tratarse de personas con riesgo de salud (mayores o con patologías preexistentes).

Además, para el caso de que fuese aplicable en una empresa el pago complementario previsto en el decreto 376/20 "el monto de la asignación complementaria que abone la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será considerado parte de la prestación dineraria antes ordenada, de manera que el importe a cargo del patrón lo complementará hasta alcanzar el porcentaje establecido", que no podrá ser inferior al haber mínimo, vital y móvil.

El acuerdo no será aplicado a quienes hubiesen convenido o lo hagan a futuro otros criterios de suspensiones, y quienes apliquen el consenso de partes deberán mantener la dotación de personal sin alteraciones durante dos meses, se indicó, en referencia a los gremios que ya han pactado las modalidades de trabajo en la emergencia.

El encuentro tripartito, según el acta firmada por funcionarios y dirigentes, procuró consensuar medidas que tiendan a sostener el trabajo y la producción frente a la grave pandemia de coronavirus, y se rubricó para "despejar dudas respecto de las condiciones de los trabajadores que no prestan servicios", indicó el documento

Funcionarios, sindicalistas y empresarios analizaron una variada agenda de temas, como la situación derivada de la irrupción del virus en un contexto de "economía recesiva desde hace años y la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio y su impacto en una mayor retracción de la actividad", puntualizó.

Se analizaron "los serios problemas de sostenibilidad financiera de empleadores, en especial de aquellos relacionados con actividades no exceptuadas del aislamiento, muchas de las cuales son intensivas en trabajo, así como de quienes a pesar de ser esenciales registran actividad inferior al promedio de ventas".

"Otros aspectos estudiados fueron el gran número de trabajadores alcanzados por el aislamiento; la necesidad de tener herramientas acordes para atravesar la crisis sanitaria, social, productiva y económica para sostener el empleo y garantizar la sostenibilidad de empresas privadas, y decidir el salario del personal aislado e incrementar el haber complementario", puntualizaron las partes intervinientes.


 

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, decretó hoy la prohibición de las salidas recreativas en su provincia, luego de pedir a los jefes comunales que continúen con las medidas preventivas y trabajar en las propuestas para cada ciudad, considerando que el ingreso a la provincia de más de 1.000 personas generó nuevos casos de coronavirus.

La gobernadora firmó el decreto provincial 445/20 de adhesión al DNU 408/20 del Gobierno nacional, a excepción de lo previsto en el artículo 8 referido a las salidas recreativas autorizadas, que no será de aplicación en el ámbito de Santa Cruz.

Las salidas quedarán supeditadas "a la evaluación que efectúe posteriormente la autoridad sanitaria provincial", según la medida.

La mandataria firmó el decreto provincial tras una videoconferencia con los 15 intendentes y 5 comisionados y comisionadas de fomento de la provincia, a quienes les efectuó la petición de continuar con las medidas de prevención.

Kirchner evaluó que las más de 1.000 personas que ingresaron a la provincia en los últimos diez días "podrían ser portadores silenciosos del virus, por lo que debemos estar atentos a la evolución y en función de ello veremos con qué pautas nos tenemos que manejar".

Por eso resolvió que a partir de la publicación del nuevo DNU del Gobierno nacional, la herramienta normativa que establezca su aplicación en Santa Cruz, previa consulta a los intendentes y comisionados de fomento, tenga en cuenta las recomendaciones sanitarias para cada situación.

"Si nos cuidamos nosotros estamos cuidando a los demás. Los otros somos nosotros y es importante tenerlo en cuenta", dijo la gobernadora a los 20 jefes comunales

"Esta situación nos lleva a realizar un gran esfuerzo a todos y todas, entiendo las dificultades y quiero que sepan que estoy pensando en ustedes cada vez que analizamos una medida y tengo en consideración lo que aportan, sus ideas y siempre el eje está puesto en las familias y priorizando su salud", manifestó la mandataria.

En Santa Cruz. durante los últimos 10 días ingresaron más de 1.000 personas, 431 por vía aérea y el resto vía terrestre, según registros del Sistema Sanitario en base a las declaraciones juradas vigentes, y en todos los casos permanecen en cuarentena bajo supervisión de las autoridades sanitarias.

De acuerdo al informe, alertó al Gobierno lo sucedido en Caleta Olivia, con el primer caso positivo de coronavirus confirmado el último viernes y otros cuatro confirmados ayer, todos por contactos estrechos con aquella persona que ingresó a la provincia durante ese período.

 

El ministro de Defensa expuso en el Senado y contó el diálogo con su colega de Estados Unidos. Y que creó un comité con Brasil, pese la distancia con Bolsonaro.

Agustín Rossi expuso ante la Comisión de Defensa del Senado y confirmó que Donald Trump envió a Argentina una donación de insumos médicos para combatir el coronavirus a través del Pentágono, en un claro intento por equilibrar la ayuda que reparte China.

El ministro de Defensa relató que recibió un llamado del secretario adjunto de asuntos de Latinoamérica del Pentágono, Sergio de la Peña, y encontró "el mismo espíritu con el que llamé al resto de los ministros de la región: intercambiar cómo están funcionando ellos. La situación es distinta, porque las políticas son distintas", se diferenció.

Pero cuando describió las ayudas recibidas destacó una "importante donación" del "Departamento de Defensa", que no especificó, pero sus voceros especificaron a LPO que se trató de "barbijos, camisolines, termómetros y material de protección personal para las fuerzas de operaciones".

Se trata de un material similar a los que China informó haber enviado a Argentina; y llegó en tres aviones de Aerolíneas con 13 toneladas cada uno y sin respiradores, según comunicó el ministro de Salud Ginés González García en Ezeiza. Pero aún después de despacharlos, dijo que la falta de insumos puede provocar una merma del recurso humano peligrosa y por lo tanto la ayuda de Trump fue bienvenida.

Sergio de la Peña, secretario adjunto de asuntos de Latinoamérica del Pentágono, llamó a Rossi y coordinó el envío de insumos médicos. Pese a la mala relación con Bolsonaro, el ministro armó una comisión con Brasil para intercambiar experiencias.

Otros aportantes de las fuerzas armadas para el mayor despliegue logístico más grandes desde el retorno de la democracia fueron la de Danone, que aportó bidones de agua; y la minera Barrick Gold, que contribuyó con contenedores y carpas.

Rossi contó que mantuvo un diálogo con sus colegas de la región para compartir experiencias y todas las fuerzas armadas están abocadas a asistir al Gobierno en el combate a la pandemia. "Hay coincidencias en el trabajo de las fuerzas armadas; en todos los lados participan en tareas de ayuda humanitaria y fortalecimiento", comentó.

Y en ese marco confirmó que, aun cuando Alberto Fernández no cruzó una palabra con Jair Bolsonaro desde que pisó la Casa Rosada, armó una comisión de "dos más dos" entre los jefes de los estados mayor conjunto de Argentina y Brasil, con el fin de compartir experiencias sobre el coronavirus.

El senador Oscar Parrilli, del Frente de Todos, quiso saber si además de los diálogos con los ministros existía alguna tarea de coordinación regional para trasladar residentes de otros países, pero el ministro lo desilusionó.

"Oscar, lamentablemente desde que se eliminó la Unión de Estados Sudamericanos (UNASUR) no hay un sistema de coordinación. Por eso tengo que tener bilaterales con todos los ministros", explicó. La única excepción es Bolivia, porque el Gobierno no reconoce a su presidenta a cargo, Jeremi Añez.

La Comisión de Defensa del Senado se conformó por teleconferencia y fue elegida presidenta Nancy González, una de las compañeras de Cristina Kirchner en el bloque minoritario que tuvo hasta diciembre. El vice será Ernesto Martínez, que integra el bloque del PRO y es cercano a Luis Juez.

Como en su exposición en Diputados, Rossi reiteró que las fuerzas armadas realizan una asistencia operativa y humanitaria dividida en 14 centros de coordinación operativa, sin armamento y, aclaró, cumpliendo con el requerimiento de cada dependencia del Estado. Fueron 2008 tareas por día con 22089 personal involucrado.

Hubo recorridas en helicóptero "para verificar el eficaz cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio" y "14 vuelos humanitarios en los que 1041 argentinos han vuelto al país en aviones Fokker F28 y Hércules C130. La cancillería nos indica a qué lugar ir, no lo decidimos nosotros. Los destinos han sido Lima, Arequipa, Guayaquil y San Pablo".

"El Ministerio de Desarrollo Social nos pide algo y si podemos lo hacemos. No lo decidimos nosotros", explicó. Fue así que a partir de solicitudes de la Cancillería para repatriar argentinos en el exterior enviaron aviones Hércules y Fokus a Arequipa y Guayaquil, porque no podían llegar vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Rossi informó que trabajan en la asistencia al combate del coronavirus los 17 hospitales militares y los 2 reubicables: el del ejército en Campo de Mayo y el de la fuerza aérea en el centro aeronáutico de Pompeya.

Se reparten 124 camas críticas, 632 intermedias con posibilidad de que se amplían a críticas y 364 generales. Hay 3628 personal sanitario, entre 1354 médicos militares y 2274 enfermeros militares. Sumará al hospital de Naciones Unidas que trabajó 11 años en Haití y otro en el apostadero naval de Tandanor.

Las fuerzas armadas tienen por ahora a 19 infectados, 18 de ellos en Tierra del Fuego, por una situación particular; 3 casos recuperados, 3 casos sospechosos y 1 fallecido, pero hubo además 9 casos de dengue.

El ministro anticipó que insistirá para sancionar la ley que crea un fondo para la industria militar, aprobada en Diputados por gestión suya antes de renunciar para asumir como ministro. "Todos los países industriales del mundo tienen una producción fuerte en las fuerzas armadas. Hace a la autoestima".

 

Un grupo de acreedores que asegura poseer el 40% de la deuda externa provincial comunicó que no apoyará la propuesta y criticó la postura del gobierno.

Los fondos de inversión también rechazan la oferta de canje de Kicillof.

Tal como hicieron con la oferta de canje de deuda de Martín Guzmán, los fondos de inversión salieron a marcarle la cancha al gobernador Axel Kicillof y aseguraron que rechazarán la propuesta de la provincia de Buenos Aires.

"Los términos de la oferta no reflejan la verdadera capacidad de pago de la Provincia y no dan lugar a una solución consensuada. Esta postura probablemente haga fracasar la reestructuración, llevando a una potencial cesación de pagos y un prolongado período de incertidumbre que inhibirá la inversión y la recuperación económica de la Provincia", informaron.

El comunicado está firmado por el Comité Directivo del grupo Ad Hoc de tenedores de bonos provinciales, que asegura poseer "más del 40 % de la deuda externa de la Provincia", por lo tanto, le daría capacidad de bloqueo.

"Lamentablemente, en lugar de entablar negociaciones con el Comité Directivo, la Provincia optó por lanzar una oferta de intercambio unilateral que no se basa en políticas creíbles que los acreedores pueden apoyar", subrayan y le piden al gobernador que "abandone su postura unilateral y se comprometa a negociar de buena fe".

Como explicó LPO, la propuesta de la provincia incluye un período de gracia de tres años, con quita de intereses en el orden del 55% y una quita de capital del 7%. A su vez, implica una extensión de la vida promedio de la deuda de 4,7 años actual a 13 años y una reducción de la carga total (tanto de intereses como de capital) en el período 2020-2030 de USD 5.000 millones.

En este sentido, la diferencia con la posición de los bonistas queda plasmada en números. De acuerdo al comunicado, los acreedores reconocen "las dificultades que atraviesa la Provincia y por ello ha presentado propuestas que abordan los desafíos de corto plazo, proporcionando más de 3.300 millones de dólares de alivio del servicio de la deuda externa en los próximos cuatro años".

En tanto, destacan que Kicillof no debería alinear su propuesta con la de Nación, ya que su situación financiera "es diferente de la del gobierno nacional". "Argentina tiene un amplio mercado para la deuda provincial, y su viabilidad y acceso de las provincias al crédito depende de criterios objetivos, cooperación y buena fe entre emisores e inversores", sostienen.

 

La CEEA emitió un comunicado en el que propone seguir apostando al comercio con el bloque regional y habla de una "menor apertura de la economía". Reclamó una reunión "urgente" con el ministro Felipe Solá.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) manifestó su preocupación ante la decisión de la Cancillería de retirarse de la negociación de acuerdos de libre comercio entre el Mercosur y otros países.

En un comunicado titulado "El campo quiere seguir apostando al Mercosur", Federación Agraria, Coninagro, CRA y Sociedad Rural, que componen la Mesa de Enlace, lamentaron la ruptura del "espíritu societario de los países y la Unión Aduanera, por la que Argentina tanto abogó desde la creación del bloque".

"Esta decisión unilateral del gobierno nacional parece indicar una tendencia hacia una menor apertura de nuestra economía, con un alto impacto potencial en materia de inversiones, desarrollo de negocios y comercio exterior, perdiendo proyección e inserción en el comercio internacional, tan necesario hoy para la generación de divisas que nuestra economía necesita", aseguraron.

Con esta decisión, desde la Mesa de Enlace consideraron que "Argentina perderá los beneficios de futuras negociaciones en terceros países, tanto de acceso a mercado, como en flujo de inversiones, así como la condición de reserva de mercado a nivel regional, pasando a competir abiertamente con los nuevos socios del Mercosur".

"Nuestro país produce alimentos en cantidades ampliamente superiores a las que demanda el consumo interno, por lo que la exportación y la apertura de nuevos mercados para su comercialización representan una oportunidad insustituible de generar empleo, actividad económica y divisas para beneficio de todos los argentinos", agregaron.

En virtud de ello, los componentes de la Mesa de Enlace anunciaron su decisión de solicitar una reunión urgente con el canciller Felipe Solá para expresarle su preocupación y conocer acerca de las implicancias de la medida adoptada por el país.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que "la incertidumbre internacional y la propia situación de nuestra economía aconsejan detener la marcha" en las negociaciones de acuerdos de libre comercio entre el Mercosur y Corea del Sur, Singapur, Líbano, Canadá y la India, entre otros.

 

El titular de la Coalición Cívica (CC) a nivel nacional, el diputado Maximiliano Ferraro, afirmó que "ninguna pandemia o estado de excepción puede suspender la República", pidió "poner la mirada en la clase media" en el marco de las restricciones impuestas por el aislamiento y contó que mantiene reuniones virtuales con referentes de todo el país en medio de la cuarentena por el coronavirus para llevar las inquietudes que recibe al seno del Congreso.

El diputado dijo, además, que mantiene un "diálogo muy fluido" con la líder del espacio, Elisa Carrió -que cumple su cuarentena en su casa de Exaltación de la Cruz tras su jubilación-, y se preguntó "si vamos hacia un nuevo orden mundial o a un nuevo gran desorden mundial" tras la pandemia.

En los últimos días, el partido mantuvo vía online una reunión de Junta Ejecutiva Nacional, el órgano de conducción partidaria, y otra del plenario federal, donde participan, además de las autoridades nacionales, los presidentes de la CC en cada provincia, legisladores nacionales y provinciales.

"Recibimos un informe distrito por distrito sobre el tema sanitario, y aspectos económicos y sociales por la pandemia, pero, además, la preocupación de muchos de ellos por el dengue", contó Ferraro.

En ese marco, agregó que la idea es "no dejar de atender y acompañar a los dirigentes de cada provincia en esta situación sanitaria, económica y social, pero también aprovechar las herramientas virtuales para seguir fortaleciendo el partido con la acción política y la estrategia a mediano y largo plazo".

Ferraro contó que, en el plenario federal que se realizó la semana pasada, llegaron a ser 70 dirigentes conectados y abundaron las propuestas orientadas al sector productivo, las Pymes y sus empleados, trabajadores autónomos y monotributistas, y el tema de créditos tasa cero y créditos UVA.

Consultado sobre si esas propuestas no quedaron contempladas en las disposiciones que el Gobierno nacional difundió esta semana, Ferraro sostuvo que una parte quedó contemplada y otra no: "Necesitamos dar una respuesta a los créditos UVA, que se aceleren los créditos, porque van bastante lento", detalló.

También, pidió conocer más "los lineamientos" de las medidas lanzadas por el Gobierno "para ver a qué empresas se les van a dar beneficios" y consideró "fundamental que los beneficios no queden solo en anuncios y se empiecen a concretar".

El titular de la CC añadió que hubo una reclamo casi unánime en los dirigentes de la CC sobre "poner la mirada en la clase media" y los problemas que enfrenta.

"Podemos canalizar todas sus inquietudes a través de proyectos, posicionamientos y pronunciamientos", adelantó Ferraro, cuyo bloque presentó esta semana un proyecto de ley que propone agravar las penas de los delitos contra la administración pública cuando quienes lo cometan se aprovechen de situaciones excepcionales como la actual.

El titular del bloque de la CC agregó que su partido "seguirá prestando mucha atención a las cuestiones que hacen al cuidado de los argentinos, en lo sanitario y en lo económico", pero subrayó, no obstante, que "ninguna pandemia, ninguna emergencia ni estado de excepción puede suspender la República" .

"Si hay tentaciones en todo el mundo, cómo no va a haberlas en la Argentina", reflexionó y añadió: "Hoy vemos terreno fértil para regímenes autoritarios, nacionalismos cada vez más cerrados y economicismos inhumanos; no sabemos si vamos a un nuevo orden mundial o a un nuevo gran desorden mundial".

En ese marco, explicó que dialoga dos o tres veces por semana sobre estos temas con Elisa Carrió, la fundadora del espacio, que "se corrió del día a día" de la gestión partidaria tras su jubilación como diputada.

"Ella está preocupada porque crezcan regímenes autoritarios y de qué manera llevar adelante una acción política con un claro sentido humanista", contó Ferraro, quien detalló que la ex diputada está enfocada en "un análisis global estratégico y geopolítico".

"Esta pandemia nos afecta globalmente, pasa en el mundo y la Argentina no está exenta", advirtió Ferraro, quien indicó que, si bien "hay que evaluar día a día" la evolución de la pandemia, también "es importante parar la pelota y pensar sobre los dilemas que vamos a enfrentar: utilitarismo o deber social; economía o salud pública, cierres de fronteras o libre circulación; ecumenismo y humanismo o miedo al diferente", enumeró.


 

El proyecto lo presentó el senador peronista Durañona para los sectores de mayores recursos. También propone una suba del inmobiliario.

Un sector del peronismo en la provincia de Buenos Aires busca avanzar con un proyecto de ley que impone un aumento del 30% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos para altos contribuyentes.

El texto, al que LPO pudo tener acceso, es un proyecto del senador del Frente de Todos, Francisco ‘Paco' Durañona, quien dijo que su propuesta surgió en un trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación bonaerense, lo que fue desmentido por el organismo recaudador.

Durañona sostiene que en este complejo escenario se vio con mayor evidencia que la distribución de los costos "es desigual" entre los distintos actores económicos y aclara que la situación es "más angustiante" para los trabajadores informales, los cuentapropistas y quienes tienen menores ingresos.

El senador Durañona dijo que su propuesta surgió en un trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), lo que fue desmentido por el organismo recaudador.

"Es el Estado quien debe asumir un rol activo frente al mercado. Por eso proponemos redistribuir el peso de la carga tributaria", dijo el senador.

El proyecto propone en concreto un cambio en la ley fiscal impositiva incluyendo una suba del 30% en el impuesto sobre Ingresos Brutos para los contribuyentes con mayor capacidad de aportar. Y la desgravación a los sectores con márgenes acotados para sostener la contribución.

La iniciativa destaca que estas subas serán "transitorias" y regirán a partir de junio de 2020 hasta enero de 2021.

Además, impulsa una suba del impuesto Inmobiliario para los inmuebles con mayor valuación fiscal en las plantas urbana y rural. La idea -dice el texto- es buscar una mayor progresividad en la imposición patrimonial. También se desgravaría el impuesto de Sellos a los resúmenes de tarjetas de crédito o compras inferiores a $50.000 mensuales para lo que queda de 2020.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por LPO aseguran que el gobierno de Axel Kicillof "no tiene relación con ese proyecto" y agregan que el equipo de Durañona solicitó información respecto de las alícuotas vigentes al Ejecutivo y se le suministró la información técnica.

A priori, el proyecto surge como la primera propuesta concreta para que los costos de la pandemia recaigan sobre los sectores con mayores recursos, una iniciativa que en el Congreso impulsó Máximo Kirchner a través del impuesto a los ricos.


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Fundado el 4 de agosto de 2003

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