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El congelamiento de los combustibles desempolvó las viejas tensiones por los costos de producción. ¿Pueden sobrevivir las petroleras con un precio interno de 43 dólares? Opinan Jorge Lapeña y José Luis Sureda.

Por Federico Aringoli

El congelamiento de los combustibles desempolvó un viejo misterio en la industria petrolera: ¿Cuánto cuesta producir un barril de crudo en el país? ¿Cuánto cuesta en Vaca Muerta? La medida del presidente de Mauricio Macri desató una suerte de quermés discursiva que puso al sol los trapitos del sector y que amenaza con profundizar una grieta que, disimulada con perfume francés, también divide a la industria.

¿Cuáles fueron los hechos objetivos? Los tres puntos DNU 566/19: 1) fijó un techo interno para el precio del barril en 59 dólares; 2) estableció un tipo de cambio paralelo para su compraventa de $45,16 y; 3) congeló los precios en los surtidores por 90 días. El resultado es que el barril de crudo en el país pasó a comercializarse, por la medida y las retenciones, a unos 43 dólares, 15 menos la referencia internacional, el Brent.

La medida parece una suerte de 125 del macrismo, incluso comparte la misma pluma técnica, el reconocido abogado Ignacio Pablo Cortez, hoy en funciones dentro del equipo legal de Hacienda. En 2008 el campo paralizó el país por la aplicación de retenciones móviles. El sector petrolero, que tiene una sofisticada capacidad de lobby, no consiguió el mismo respaldo, pero si sirvió para exponer rupturas como la del presidente de Vista Oil & Gas, Gastón Remy, y el presidente Macri, antes amigos.

Más allá de las imputaciones de populismo para Macri, por intervenir un mercado liberado y enviar una mala señal a los mercados, la pregunta que atravesó al sector fue: con un barril a 43 dólares ¿Conviene sacar petróleo en argentina? ¿Cuánto sale en otros países?

A modo de spoiler podemos adelantar que quizá el lector se sienta un poco defraudado con las conclusiones, pero no menos cierto es que el tema cierta complejidad.

Por más que a las petroleras las incomode hablar de “misterio” o “secreto” de los costos nadie declara públicamente sobre este tema. Los más audaces apenas señalan por encima el gran laberinto que representa la cuestión. Para graficar la sensibilidad que despierta alcanza con un comentario a pie de página: este medio contactó al menos a seis operadoras, funcionarios provinciales y nacionales, un exgobernador y un gobernador en ejercicio. La mayoría evadió la respuesta.

Paciencia porque hay números. Ahí vamos

Lo primero que debe señalarse es que el costo del barril depende de cada compañía y cada yacimiento. No es lo mismo Loma Campana para YPF que un campo maduro, de la misma compañía, por ejemplo, en Mendoza. Tampoco dentro de una cuenca es igual. Un bloque de Chevron en Rincón de los Sauces no puede compararse con los de Shell en la zona de El Chañar o, incluso, éstos últimos con los de Tecpetrol. El mito es que los no convencionales son más caros que los convencionales, pero eso tampoco es del todo cierto porque los viejos pozos requieren de costosas técnicas para dar muy pocos metros cúbicos.

Los desarrollos no convencionales entran en riesgo con precios internacionales bajos.

En los no convencionales se utiliza un término que es “costo de desarrollo”. Esto puede traducirse en una cuenta: la inversión en un pozo divida la cantidad de barriles que entregará la perforación en toda su vida. Ese número en los mejores campos de Vaca Muerta se mueve entre 9 y 20 dólares, en promedio. Pero es solo un dato analítico que pone de manifiesto dos cosas: la curvada de desarrollo alcanzada por una operadora y la productividad de la roca madre (Vaca Muerta).

Un número más terrenal es el que arroja el “lifting cost” que se traduce como los costos de traer un barril a superficie desde el subsuelo. En esta cuenta se suman distintas variables como los contratos de servicios, mano de obra y mantenimiento. El dato suma mayor precisión cuando se incorpora el costo de la operación que incluye las plantas de tratamiento, el transporte y sí la empresa contempla la reposición del barril que extrae (clave para no convertir el proyecto en un saqueo).

En números

u$s 132

fue el precio que tuvo el crudo en julio de 2008. Fue el valor más alto de la última década. Tocó un piso de u$s 30 en 2016.

u$s 58

es la cotización actual del Brent, la referencia internacional para el barril de petróleo local.

En este punto cada compañía tiene bien guardada, y bajo siete llaves, su planilla de cálculos. Pero después la cuenta sigue porque se deben sumar los impuestos y las regalías.

Para resumirlo, en el sector se utiliza otra palabra en inglés: “break even”. Se traduce como la barrera de precio desde la cual hacia arriba un proyecto es rentable. En Neuquén hace no más de un año se habla de “break even” para los no convencionales por debajo de los 40 ó 35 dólares. Es decir que con un barril de 41 dólares se puede descorchar champagne en las oficinas.

Sin embargo, de inmediato todas las compañías recuerdan el principio rector plasmado en los párrafos precedentes: depende qué empresa, en qué yacimiento y con qué proyecto.

Esto se discutió mucho en Vaca Muerta durante 2016 cuando el precio internacional se hundió hasta los 30 dólares. En el mundo se decretó la muerte de los no convencionales hasta que en EE.UU. mostraron que aún en ese precio existía rentabilidad. En la Cuenca Neuquina mayoría buscó refugio en los proyectos de gas que además le hacían falta al país.

Para algunos la discusión de los costos de producción no suma ni resta a la industria petrolera porque al tratarse de un commoditie obliga a tener competitividad internacional. Fin de la discusión. Sin embargo, en el trasfondo está el carácter que se busca para el sector energético en el país. Es decir, si Argentina necesita o puede tener un libre mercado sin la regulación del Estado. Para los liberales esto espanta al capital internacional necesario para desarrollar, por ejemplo, Vaca Muerta. En la práctica eso no parece ser una amenaza para las compañías y, como quedó demostrado, es una garantía para los consumidores y la estabilidad de los gobiernos. La clave es traducirlo, con sinceridad, como una política de largo plazo.

Análisis: Los costos de los que nadie quiere hablar

En las postrimerías de su gobierno, y movido por la necesidad de asegurar gobernabilidad ante la debacle del peso y la caída de las acciones y títulos argentinos, el presidente Mauricio Macri tomó una de las decisiones más trascendentes de su gestión: el congelamiento de los precios de la nafta y el gasoil por el término de 90 días.

La medida se inscribió dentro de un conjunto de medidas económicas paliativas para amortiguar los efectos de la crisis cambiaria sobre los sectores más vulnerables.

Es muy interesante lo ocurrido con el congelamiento de las naftas y el gasoil, y del petróleo según lo establecido en el DNU 566/19, que mantienen los valores de precio y tipo de cambio vigentes al 9 de agosto.

La medida del Gobierno fue resistida por el empresariado reunido en IDEA, liderada en esta oportunidad por un empresario petrolero; también resistieron los Gobernadores de tres provincias petroleras y por varios intendentes de localidades cercanas a Vaca Muerta. En cambio contó con el apoyo del IAE Mosconi y del Sindicato de Petroleros Privados de Rio Negro Neuquén y la Pampa liderado por el Senador Guillermo Pereyra.

La decisión del presidente se judicializó con planteos ante la Corte por parte de los gobernadores y por parte de la empresa Vista Oil, en el fuero administrativo.

Más allá de estas acciones y declaraciones de los afectados, quedan para analizar en detalle varios temas de cara al futuro. El primero - y más importante- sobre la viabilidad del petróleo de Vaca Muerta ante circunstancias no previstas de baja de precios internacionales que duren más de 90 días como la decidida ahora; por ejemplo, ¿qué pasaría si el crudo se estabilizara en los precios medios de la década del 90, o, más cercano del periodo 2014-2015?

¿Cuál será el futuro del Gas de Vaca Muerta cuando, muy pronto, finalicen los grandes subsidios a la oferta de la Res.46/17? ¿Qué sentido tenía decir que los valores de costo de producción del crudo tenían un “break even” de 35 U$S/b como varias petroleras y el segundo exsecretario de Energía del gobierno actual expusieron en seminarios –nacionales e internacionales- sobre el tema? ¿ autoengaño, o mentira lisa y llana?

¿Dónde va a quedar el optimismo de los economistas que estaban atemorizados por el inminente peligro de la “enfermedad holandesa” cuando vean a los petroleros asustados desafiar al Presidente, amenazar con paralizar inversiones en la Emergencia?

Finalmente tengo una gran pregunta: ¿cuál es la representatividad de IDEA para desafiar a un Gobierno que busca equilibrar el barco en medio de la tempestad política y en beneficio de 44 millones de personas? ¡Y no tengo respuesta!

Finalizo diciendo que quizás los ribetes tragicómicos de mucho de lo dicho y hecho en estas dos semanas en este tema lleven a un replanteo de fondo de este proyecto. La vida real es mucho más que un programa de televisión que nos diga y nos repita todas las semanas que Argentina tiene un gran futuro y que Vaca Muerta nos dará más dólares que el campo.

Desde la desregulación de la actividad petrolera, en no pocas oportunidades fue necesario adoptar medidas de emergencia. Y la industria y las autoridades siempre fueron capaces de arribar a un consenso para atender la situación.

El Decreto de Necesidad de Urgencia 566/19 es una reacción intempestiva, visceral, a una situación que se repitió tres veces en el último año.

Pero esta vez el gobierno prefirió apelar a una suerte de castigo, tanto a las provincias como a la actividad privada.

El DNU no solo es contrario al espíritu de la industria, que jamás negó la necesidad de actuar frente a la crisis. También es una afrenta a las provincias petroleras porque desafía el futuro de la actividad sin permitir el diálogo que debe primar en toda democracia y, aún más, en los momentos difíciles.

Tomando como ejemplo a Neuquén, la provincia ofreció alternativas superadoras a la prepotencia del DNU, sabedora del poder destructivo del mismo. Es que este ni siquiera plantea una salida para el día 91, en un momento político que hoy aparece como incierto. Y facilita acciones futuras del mismo tenor.

No es saludable que, para solucionar un problema, haya que poner en riesgo la continuidad del único proyecto transformador de su matriz económica y social que tiene hoy por hoy nuestro país.

El 12 de agosto Neuquén fue el escenario para el precoloquio IDEA Vaca Muerta. Fue una suerte de presentación ampliada para el mundo empresarial del principal proyecto económico del gobierno nacional. Tras el temblor de las PASO y el congelamiento de los combustibles, que puso un techo al barril de crudo, el cruce entre el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y Guillermo Nielsen, uno de los asesores de Alberto Fernández, mutó de anécdota a una condena verbal.

Lopetegui, en el panel del que también participó el petrolero Guillermo Pereyra, chicaneó a Nielsen preguntándole si algunas de sus propuestas podían aplicarse dentro del capitalismo. Esa intervención desató el segundo aplauso cerrado del auditorio.

El primero de los reconocimientos llegó cuando un asistente del público lo interrumpió para felicitarlo y compartir con el auditorio que su empresa, tras 45 años, había decidió invertir 5 millones de dólares (“todo lo que teníamos”, dijo) por las condiciones de mercado. Meses después el Estado intervino el mismo el sector y fijó los precios. Fue el mismo Nielsen quien se lo recordó a Lopetegui y devolvió los favores.

Por Jorge Lapeña, presidente del Instituto Mosconi

 

 

 

Los peronistas de Chaco, Córdoba y Entre Ríos no se sumaron a la presentación de otros 13 gobernadores. La pirueta de Weretilneck.

Rogelio Frigerio consiguió evitar la unanimidad de la presentación de los gobernadores opositores contra las medidas de alivio decretadas por Mauricio Macri luego de su derrota en las primarias.

Trece provincias se presentaron este lunes ante la Corte para dar vuelta la decisión del Gobierno de sacar el IVA a algunos productos de la canasta y subir del piso de Ganancias, dos medidas que repercutirán directamente en menos ingresos por coparticipación.

Si bien en la Corte aseguran que la mitad más uno de las provincias es un número muy importante para un reclamo ante el Máximo Tribunal, el ministro del Interior logró en las últimas horas bajar a 5 gobernadores opositores que parecían dispuestos a sumarse al reclamo.

Los mandatarios peronistas Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Juan Schiaretti, de Córdoba y Domingo Peppo, de Chacho, no se sumaron a la presentación de sus pares del PJ.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, que había ido a la Justicia contra el congelamiento de naftas que anunció Macri junto a la quita del IVA, admitió este lunes que se abrió un canal de diálogo con la Rosada que evitó que su provincia se adhiriera la reclamo.

Schiaretti no acompañó el reclamo de los gobernadores en la Corte

El caso más llamativo fue el de Alberto Weretilneck. El gobernador de Río Negro, la provincia de Miguel Pichetto, candidato a vice de Macri, se presentó en la Corte en la mañana de este lunes y retiró el reclamo después del mediodía, tras recibir llamados de la Rosada.

"Desde Nación confirmaron que a fines de este mes se realizará un análisis del impacto de las medidas económicas sobre la coparticipación de las provincias, y a partir de allí se buscarán alternativas para evitar la afectación de los fondos provinciales", tuiteó Weretilneck.

De ese modo, el gobernador de Río Negro dejó abierta la posibilidad de que el Ejecutivo haga modificaciones en la implementación de las medidas paliativas que anunció Macri en plena campaña.

 

El ex panelista ultra K había culpado a Hernán Lombardi por su falta de trabajo. “Nos volvimos más pobres”, se quejó en una carta. Bravo le respondió desde su programa radial.

El periodista Fernando Bravo salió al cruce de Carlos Barragán, luego de que el ex panelista de 678 publicara una carta cuestionando al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.

“El prestigio de los periodistas se hace construyendo un trabajo digno todos los días. Y 678 fue indigno”, señaló Bravo en su programa de Radio Continental que conduce de lunes a viernes de 13.00 a 17.00 hrs.

En ese sentido, ya apuntando contra Barragán, agregó: “Si se quedó sin dinero, estaría bueno que le toque la puerta a Diego Gvirtz, que también dejó un tendal de gente en la calle al cerrar la productora”.

Sobre Gvirtz, productor de ciclos como Duro de domar y Televisión registrada, dijo que “embolsó la guita que tenía que embolsar, más allá de la que ya había embolsado durante todos los años del kirchnerismo y dejó a todo el mundo en la calle”.

Al referirse a la “mala praxis económica de Barragán”, Bravo remarcó que “se la achaca a Lombardi, cuando a lo mejor dentro de su propio ámbito laboral y su grado de relación con Gvirtz podría haber encontrado efectivamente algún dinero que le podría haber posibilitado una buena remuneración”.

“Si después de eso recaló en aquellos oportunistas que vinieron a copar los medios, y cuando se quedaron sin guita, como Electroingeniería, por ejemplo, dejaron el tendal, lamento que no haya elegido bien”, cerró el periodista.

Fernando Bravo se refería a una carta que el ex 678 Barragán le dirigió a Hernán Lombardi, y en la que con un tono lanzado lo acusa de haberlo dejado sin trabajo.

"Habrás visto que cuando nos pusiste en la calle ahí nos quedamos (...) Y nos volvimos más pobres, cada uno en su medida". En el mismo tono, Barragán culpa al actual titular del Sistema de Medios Públicos de impedir que consiguiera un nuevo lugar en los medios: "Tanto nos ensuciaste que todavía hoy muchos repiten tu idea de que nuestra ausencia de los medios garantiza la libertad de expresión".

 

 

El Presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista, José Luis Gioja, recogió el guante y respondió con dureza los cuestionamientos de los dirigentes de Cambiemos.

El diputado nacional por San Juan y Presidente del consejo Nacional del Partido Justicialista, José Luis Gioja, se mostró muy duro este sábado con los dirigentes de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto y Elisa Carrió por sus críticas a los gobernadores.

Sin nombrarlos, el sanjuanino apuntó directamente contra el candidato a vicepresidente y la diputada de la Coalición Cívica y sostuvo: “nos quieren retrotraer a una etapa pre-constitucional".

"Las luchas entre el Poder Central de Buenos Aires y las provincias nos dejaron una sangría enorme que terminaron en 1853, cuando se dictó la Constitución Nacional", agregó Gioja, en el marco de la conmemoración por los 25 años de la sanción de la Reforma Constitucional.

Gioja señaló que "se entiende la posición de los dirigentes de Juntos por el Cambio porque están lejos de las necesidades reales de lo que pasa en el interior, ninguno de esos que critican a los gobernadores puede volver a sus provincias natales".

Además, continuó sobre las tareas de los gobernadores: "sólo defienden lo que les corresponde, ellos tienen la obligación prestar los servicios básicos de salud, educación, seguridad y obras públicas, que el Estado Nacional abandonó, además de mantener el equilibrio en sus provincias".

"Me parece correcto que los mandatarios provinciales acudan a la justicia para zanjar las controversias con la Nación. Macri actúa como un patrón de estancia que se cree el amo y señor. Acá no hay patrones de estancias ni señores feudales, existe un estado de derecho y Argentina es un país federal y ambas cosas deben ser respetadas, inclusive por Macri y sus socios políticos".

 

 

El nuevo paso ahorra casi una hora de viaje a los habitantes de la zona que debían dirigirse hasta Formosa o Misiones para cruzar la frontera.

El presidente Mauricio Macri inauguró el primer paso internacional entre la provincia de Corrientes con Paraguay que correrá por encima de la central hidroeléctrica binacional Yacyretá.

La nueva vía de comunicación forma parte de la RN 120 y se extiende a lo largo de 36 km desde la ciudad de Ituzaingó, norte de Corrientes, hasta Ayolas, sur de Paraguay. Se estima que será utilizado por más de 2.200 usuarios al día, es decir, alrededor del 30% del flujo vehicular del paso Posadas-Encarnación, el más importante de la región.

De esta manera, ahorrará casi una hora de viaje a los habitantes de la zona que hasta el momento debían realizar unos 50 km de viaje hasta Formosa o Misiones para cruzar la frontera.

En el gobierno aseguran que la obra dinamizará el intercambio comercial y potenciará el turismo en el norte de la provincia. "Ya no hay un impedimento geográfico para que las energías de los pueblos paraguayo y argentino se sumen para lograr objetivos comunes y mejorar la vida de cada uno de los habitantes de estas regiones", señaló Macri.

El acto realizado en la nave central de la represa hidroeléctrica, en la isla de Yacyretá, contó también con la participación del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, el canciller Jorge Faurie, los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich, y de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

En esta primera etapa, la circulación por el cruce internacional estará habilitada de 9 a 19 horas únicamente para vehículos livianos y combis de hasta 24 pasajeros, excluyendo al transporte de cargas.

En cambio, no está permitido cruzarlo a pie, en motocicleta, bicicleta y vehículos traccionados a sangre, a la vez que está prohibido frenar sobre el paso para la toma de fotografías o cualquier otra finalidad.

Para la habilitación del paso, fue necesaria la readecuación del playón de acceso y egreso del Centro de Frontera Ituzaingó-Ayolas, ubicado en el ingreso a Yacyretá. El mismo albergará las instalaciones y equipamientos de los organismos nacionales de control: Aduana, Migraciones y Gendarmería Nacional.

A su vez, se instalaron tres isletas con cabinas de control y oficinas especiales para trámites aduaneros. El mantenimiento del corredor estará a cargo del Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional.

 

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, dijo hoy las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional “tienen total razonabilidad y no afectan el funcionamiento fiscal de las provincias”, en respuesta a los gobernadores peronistas y de partidos provinciales que ayer advirtieron con ir a la Justicia.

“Las medidas están dirigidas a los sectores populares y más carenciados. Tienen total razonabilidad y no afectan el funcionamiento fiscal de las provincias”, dijo esta mañana Pichetto al ser consultado por la prensa, al ingresar al museo Malba para asistir al seminario Democracia y Desarrollo, un ciclo de entrevistas del que participarán hoy Mauricio Macri y Alberto Fernández.

De esta manera, Pichetto respondió a los gobernadores peronistas y de partidos provinciales que consensuaron ayer un documento en el que solicitaron al gobierno nacional que retrotraiga las medidas económicas anunciadas la semana pasada vinculadas al congelamiento de los combustibles, el IVA y Ganancias, "en resguardo de las finanzas provinciales".

“Los gobernadores siempre tienen el camino del reclamo judicial ante la Corte Suprema si se consideran afectados. Pero ¿a quién van dirigidas estas medidas? A los sectores populares, del trabajo, para que la gente mejore su poder adquisitivo. No veo a los gobernadores haciendo una medida en contra de sus trabajadores”, opinó Pichetto.

Por último, ratificó que las “medidas fiscales no impactan fuertemente en las provincias que hoy están en una situación de recursos muy superior al 2015”.

La postura de los mandatarios provinciales fue fijada ayer en una reunión que mantuvieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) donde coincidieron en que las decisiones económicas anunciadas "no fueron consensuadas con los gobiernos provinciales" y amenazaron con "ir a la Justicia" en tanto sigan en pie.

 

Una medida cautelar había suspendido los vuelos nocturnos de las aerolíneas low cost por reclamo de los vecinos.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó hoy una evaluación de impacto ambiental sobre las operaciones aéreas en el aeropuerto de El Palomar, donde opera la mayoría de las aerolíneas low cost, y ratificó que la estación aérea se encuentra bajo las condiciones requeridas para operar durante las 24 horas, a pesar de una medida cautelar que suspendió los vuelos nocturnos.

Lo hizo mediante la publicación hoy en el Boletín Oficial de la resolución 369, en la que detalló que la cuestión ambiental en la actividad aeronáutica sigue las directrices de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El texto precisó que la ANAC aprobó su definición de la Política Ambiental en la Resolución N° 299/17, que promueve la adopción de medidas en coincidencia con los planes y programas gubernamentales nacionales e internacionales y la búsqueda de una mejor calidad de vida, comprometida con la responsabilidad social.

La juez Martina Forns, titular del juzgado federal en lo Civil y Comercial de San Martín, falló el 9 de agosto contra los vuelos nocturno en El Palomar, dando lugar a una medida cautelar de un grupo de vecinos de los partidos aledaños a la aerostación bonaerense. La magistrada dispuso prohibir los vuelos entre las 11 de la noche y las seis de la mañana, para que no afecten las horas de sueño.

ANAC apeló el fallo y ahora aprobó este informe que señala que el aeropuerto está en condiciones de operar las 24 horas. A través del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), se dictó la Resolución Nº 36/08, aprobatoria del "Reglamento para la autorización, fiscalización, habilitación y aprobación de obras", que contempla los aspectos y requisitos ambientales necesarios para llevar adelante un proyecto de obra.

El texto señaló que "el Aeropuerto 'El Palomar', creado en 1910, pertenece al Estado Nacional -en jurisdicción del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea-, y fue afectado conforme lo dispone la Resolución N° 721/68 del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea, al uso público para la aviación general y comercial" y en 2017 se integró al Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA).

En ese sentido, el texto de la ANAC dijo que se convocó a audiencia pública para considerar los proyectos de obras y de actividades aeronáuticas en el aeropuerto, proceso que culminó con el dictado de la Resolución 534/18 del Ministerio de Transporte, que aprobó el Informe final que dio respuestas a las preocupaciones de la ciudadanía.

Y agregó que a partir de allí la justicia habilitó la operatoria aeronáutica sin límite alguno y las obras proyectadas, lo que luego objetó parcialmente la jueza Forns.

Además, destacó que tanto la ANAC como el ORSNA "han autorizado los referidos Estudios de Impacto Ambiental e Informes de Avances Mensuales en el ámbito de sus respectivas competencias, todos los cuales concluyeron que la actividad aeronáutica y aeroportuaria en torno al Aeropuerto El Palomar resulta compatible con el medio ambiente".

Tras los informes realizados durante 12 meses, la ANAC argumentó que "está en condiciones de aprobar los Informes de Avance Mensual, los Estudios de Impacto Ambiental e Informe Final de Niveles de Impacto Acústico y Calidad de Aire relativos a la nueva actividad que se desarrolla en el Aeropuerto El Palomar", sin perjuicio de continuar con las mediciones.

Luis Brandoni llamó a fiscalizar en octubre y convocó una marcha para este sábado

 

El documento circula en Twitter y reúne las firmas de numerosos nombres de la política, la cultura y los derechos humanos en Argentina. El ex presidente brasileño cumple condena desde abril de 2018.

El segundo nombre que aparece en el escrito es precisamente el de su compañera de fórmula y ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y en cola vienen el de decenas de nombres fuertes de la política, la cultura, la dirigencia sindical, la educación académica y la militancia de los derechos humanos en el país.

El documento comenzó a circular esta mañana de martes en las redes, de mano del Partido de los Trabajadores (PT), fracción que responde a Luiz Inácio Lula Da Silva, y que promueve su libertad por considerarlo un preso político en lo que se conoce como la Operación Lava Jato.

Lula permanece preso desde el 7 de abril de 2018 en la sede de la policía federal de Curitiba, cumpliendo una pena de 8 años y 10 meses de cárcel por corrupción. Su detención, entienden desde su sector, se efectivizó con el objetivo de que no participara de las elecciones del 2018, a las que iba como candidato a la presidencia y en las que triunfó Jair Bolsonaro.

"500 días de Injusticia. Lula Libre Ya", dice el texto del petitorio publicado en Twitter por el PT, y que también cuenta con las firmas del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof y Sergio Massa.

La adhesión de los referentes argentinos es mencionada por los compatriotas de Da Silva como "La ex presidenta Cristina Kirchner, El futuro presidente de Argentina Alberto Fernández, el futuro gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof...".

La condena a Lula es obra del juez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia de Bolsonaro, quien lo encontró culpable en la acusación de la fiscalía: desde allí señalaron que Da Silva recibió en forma oculta un departamento de la empresa OAS a cambio de favores en licitaciones de su gobierno.

Ahora, el Supremo Tribunal Federal tiene que resolver un habeas corpus para considerar a Moro sospechoso de parcialidad. Este giro surge de las revelaciones del sitio The Intercept sobre el accionar político y fuera de la ley del magistrado para condenar a Lula, de acuerdo a mensajes privados en la app Telegram que salieron a la luz.

En la vereda opuesta a su causa judicial, Pérez Esquivel lleva adelante una campaña para que Lula sea condecorado con el Premio Nobel de la Paz por su tarea gubernamental de reducir el hambre durante su mandato, entre 2003 y 2010.

 

El Gobierno ordenó reducir la fabricación de 2 aviones sobre 4 previstos en plan.

La devaluación impactó en el plan de producción del jet entrenador IA-63 Pampa III. El Ministerio de Defensa, Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción a cargo de Luis Riva en conjunto con la Secretaría de Gestión Presupuestaria y Control que dirige Graciela Villata, ordenó a la Fábrica Argentina de Aviones (FadeA) reducir a sólo 2 aviones sobre 4 previstos en el plan de fabricación además de la compra de insumos para un quinto aparato de backup.

El cese de producción de las aeronaves será a partir de 2020. Los interrogantes financieros derivados del costo del dinero y el arrastre de deudas impagas en dólares a proveedores vuelven a poner en jaque al management de la planta que había recuperado la capacidad de producción del Pampa tras años de idas y vueltas. Antonio Beltramone, CEO de la fábrica estatal cordobesa asegura que los 4 aviones en línea de producción para este año estarán finalizados según el schedule chart de Federico Bima Kronemann, jefe del Programa Pampa.

Dos aeronaves irán para el cliente principal, la Fuerza Aérea Argentina que recibió un par a principios de año y fueron asignados a la VI Brigada Aérea de Tandil, la base donde se asentaban los cazabombarderos Mirage, desprogramados en 2015. Los dos Pampa III restantes del plan de 2019 corresponden a un cliente extranjero, la Fuerza Aérea de Guatemala.

La negociación de exportación por unos 28 millones de dólares quedó suspendida hasta tanto el gobierno de Guatemala ordene el proceso de adquisición conforme la legislación de aquel país. La operación entró en un impasse en medio de la lucha electoral por la presidencia de Guatemala.

El escenario cambió el 11 de agosto pasado. Alejandro Giammattei, candidato conservador del partido Vamos fue el vencedor en las elecciones celebradas en el país centroamericano. Se impuso en segunda vuelta con cerca del 59% de los votos a Sandra Torres, candidata de la formación UNE que había cuestionado la operación de los Pampa III.

La parte argentina, Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), cancillería y ministerio de Defensa, cumplió con el trámite formal de rigor para este tipo de negociación encuadrada bajo el formato G to G, gobierno a gobierno. Se hizo al amparo del Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre la República de Guatemala y la República de Argentina, suscrito en la ciudad de Buenos Aires el 27 de agosto de 1980 más un Acuerdo Complementario de Cooperación entre los dos ministerios de Defensa fechado el 31 de mayo de 2019 y un Convenio Específico de Cooperación Técnico Militar del 3 de junio de 2019. La planta cordobesa asignó la unidad de serie N°1031 y la 1032 al pedido guatemalteco, la primera está a un 90% de su fabricación.

El modelo de negocio y su viabilidad de crecimiento radica en la fabricación para la Fuerza Aérea Argentina y la exportación a mercados militares de la región y de otros países en vías de desarrollo que buscan un entrenador de avanzada con bajo costo de operación y mantenimiento. El Pampa III está por debajo de los 1.500 dólares la hora de vuelo. Puede satisfacer esas condiciones pero como en cualquier proceso productivo se necesita vender a escala para bajar costos. FAdeA debería apuntar a un modelo más integrado en su cadena de valor, con más contenido de conjuntos y componentes locales (hoy un modesto 13 por ciento) y procesos de agregado de valor, como vienen insistiendo los empresarios de las pymes especializadas de la industria aeroespacial.

La Secretaría de Gestión Presupuestaria y Control, se diría la dueña de la billetera del Ministerio de Defensa asignó recientemente cerca de 450 millones de pesos para la continuidad del Programa Pampa pero retaceó fondos de funcionamiento a la empresa (sueldos, servicios, etc.) “Usen parte del dinero de fabricación para atender los gastos de funcionamiento” es la respuesta, palabras más o menos que dio la secretaria Villata ante el reclamo del management de FAdeA. Manta corta, un proceso de fabricación necesita fondos a ritmo y no puede estar sujeto a vaivenes erráticos de un gestor.

La preocupación por el dólar pos PASO también recayó en oficinas de la administración estadounidense. Funcionarios del Foreign Military Sales, FMS (traducido del inglés, Ventas Militares al Exterior) un programa del Gobierno de los Estados Unidos (Departamento de Defensa) por el que Argentina compró 12 aviones Texan II T-6C, interrogaron a Villata sobre la capacidad de pago de una deuda de unos 8 millones de dólares ante el escenario de un cambio del gobierno nacional. La suma corresponde a un lote de repuestos para esos entrenadores vendidos vía FMS a la Fuerza Aérea.

Edgardo Aguilera

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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