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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo hoy que la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia será "pasajera" porque los mexicanos son "un pueblo trabajador", en una jornada en la que el coronavirus causó 13 nuevas muertes y 178 contagios, la cifra más alta desde que empezó la pandemia, y que llevó el total de fallecidos a 60.

"Se trata de una situación pasajera, si quisiéramos ser más profundos, diría una crisis transitoria de salud pública y económica", expresó el mandatario en rueda de prensa cuando el país cuenta con 1.688 contagios de Covid-19 y 60 muertes.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, precisó en una rueda de prensa en Ciudad de México que la tendencia en el aumento de infectados se ha mantenido de forma similar a lo largo de la semana en el país.

"El día de hoy se confirmaron 178 nuevos casos de Covid-19, elevando la estadística a 1.688, con 5.398 sospechosos e igualmente se elevó la cantidad de casos negativos a 8.602", explicó Alomía Zegarra.

A pesar de estos datos, más temprano, López Obrador estimó que la pandemia "es una crisis transitoria, esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle porque son mucho más las fortalezas que nuestras debilidades y flaquezas".

El mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sostuvo que lo "fundamental" para afrontar la crisis es que México es "un pueblo trabajador, bueno y solidario".

Asimismo, dijo que el gobierno está preparado "para tener las camas y los equipos que se requiere" en los hospitales, informó la agencia de noticias EFE.

López Obrador también prometió que no habrá despidos de trabajadores del Estado, sino que se bajarán los sueldos de los altos funcionarios y se profundizará el plan de austeridad de la administración pública.

"Vamos a salir muy fortalecidos de esto porque en momentos de crisis es cuando también se van fortaleciendo las convicciones", aseveró el presidente, quien recordó que el objetivo principal de su gobierno es acabar con "el régimen de injusticia y corrupción" que había en el país.

El Consejo General de Salubridad, la máxima autoridad sanitaria de México, decidió extender el lunes pasado hasta el 30 de abril la suspensión de las actividades públicas, privadas y sociales para mitigar la expansión del coronavirus.

Se mantienen como esenciales las actividades del sistema de salud, la seguridad pública y de protección ciudadana, las necesarias para mantener la infraestructura crítica del país, los programas sociales del gobierno y actividades comerciales de la industria.

López Obrador presentará el domingo un plan de apoyo económico para mitigar los efectos de la crisis sanitaria a la débil economía mexicana, que en 2019 decreció un 0,1%.


 

El primer ministro británico permanecía aislado en Downing Street tras dar positivo hace 10 días.

Boris Johnson, de 55 años, ha ingresado este domingo por la noche en un hospital no especificado de Londres para realizarle pruebas más precisas, después de 10 días de haber permanecido recluido en confinamiento domiciliario en Downing Street, desde que el primer ministro británico dio positivo por coronavirus.

“Continuaba presentando síntomas persistentes de la Covid-19”, ha explicado un portavoz del Gobierno, y se ha decidido su ingreso hospitalario como “medida de precaución”. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, presidirá este lunes la reunión diaria del gabinete de crisis que hace frente a la pandemia si el equipo del primer ministro decide que Johnson no está en condiciones de hacerlo.

El propósito inicial de Downing Street es que el primer ministro pase una sola noche hospitalizado, y sea sometido a una serie de “test rutinarios”, ha explicado la BBC. Una portavoz del Gobierno ha intentado transmitir sensación de calma al asegurar que "Johnson quería dar las gracias a todo el personal del Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés) y seguía insistiendo a la ciudadanía en que siguiera las recomendaciones emitidas”.

Fue el propio Johnson quien anunció el pasado 27 de marzo, a través de un vídeo difundido por las redes sociales, que había dado positivo en el test. En ese momento el Gobierno del Reino Unido ya había dado un notable giro a su primera respuesta ante la crisis y ordenado el confinamiento domiciliario de la población. El primer ministro, sin embargo, junto a los miembros más destacados de su Gobierno, seguía celebrando reuniones presenciales y acudía con normalidad al Parlamento.

Por consejo del director médico del Gobierno, Chris Whitty, se decidió la reclusión de Johnson en el apartamento del número 11 de Downing Street, adyacente a la sede de Gobierno. El político se mostraba en ese primer anuncio decidido a seguir dirigiendo desde su encierro todas las actividades de respuesta frente a la crisis. En unas pocas horas, se supo que su ministro de Sanidad, Matt Hancock, y el propio Whitty, habían resultado también infectados por el virus y se sometían también a aislamiento.

Durante los últimos días, según ha revelado este domingo el diario The Times, Johnson no mostraba señales de mejoría. Los síntomas de la enfermedad, una tos persistente y una fiebre elevada, no remitían, y el aspecto del primer ministro empeoraba a ojos de todos los que se comunicaban con él por videoconferencias. Johnson se dirigió a la nación en un vídeo grabado y publicado en su cuenta oficial de Twitter al menos en dos ocasiones más, y la evolución de su estado era evidente para toda la población. Sin americana ni corbata, el primer ministro intentaba transmitir ímpetu en sus ruegos a la ciudadanía para que siguieran las medidas de aislamiento, pero su rostro delataba el malestar que estaba experimentando.

Su última intervención se interpretó como una orden concreta de que los miembros de su Gobierno pusieran fin de una vez al caos creado en torno a los test realizados al personal sanitario.

En ese momento, apenas 2.000 de los profesionales que batallaban en primera línea habían sido sometidos a las pruebas, y al menos 35.000 de ellos permanecían recluidos en sus hogares sin presentar síntomas. Se limitaban a seguir el mandato del Gobierno, más tarde corregido, que obligaba a todos aquellos que convivieran con alguien que presentara síntomas del coronavirus a quedarse en aislamiento durante 14 días.

Downing Street ha intentado restar importancia al estado del primer ministro durante los últimos días, a pesar de que ya había pasado la semana que el propio Johnson dijo que duraría su confinamiento.

“Se encuentra bien. Hablo con él cada día, varias veces, y permanece con mano firme en el timón. Es cierto que todavía tiene fiebre, pero sigue trabajando desde Downing Street y presenta buen ánimo”, decía este mismo domingo el ministro de Sanidad, Hancock, quien abandonó su confinamiento a los siete días, en SkyNews.

La pareja del primer ministro, Carrie Symonds, de 32 años y embarazada de más de seis meses, anunció este fin de semana que había pasado los últimos siete días recluida en su apartamento de Camberwell (Londres) con síntomas claros de la enfermedad, aunque no fue oficialmente diagnosticada como tal, y que se encontraba ya en fase de recuperación.

Rafa de Miguel

 

El ex presidente de Brasil dijo que "si la situación sale de control, tal vez Bolsonaro tenga que renunciar".

En una entrevista por video, el ex presidente e intelectual brasileño Fernando Henrique Cardoso, juzgó que este "no es el momento" para un impeachment contra Jair Bolsonaro. Pero también evaluó que, si la situación sale de control, tal vez Bolsonaro tenga que "renunciar".

En ese caso, su vicepresidente Hamilton Moura tendría que continuar su mandato que se extiende hasta diciembre de 2022.

El periodista Tales Faría, columnista del portal Uol, le dijo a Cardoso que "ya se comenzó a hablar de renuncia" en varios medios políticos y periodísticos. Y le preguntó qué pensaba de esa posibilidad. La respuesta textual fue la siguiente: Ya tuvimos dos impeachment y vimos que sus consecuencias son complicadas". Refería a la destitución vía Congreso de Fernando Collor de Melo en 1992 y de la ex presidenta Dilma Rousseff en 2016.

Según Cardoso, "las estructuras políticas quedan fragilizadas. Hay que ser muy cuidadoso para sacar a alguien que tuvo votos. El vice, que es el segundo, también tuvo votos. Pero el pueblo no lo sabe". Para él, por el momento "no hay un motivo claro. Tendría que buscarse una causa de violación de la Constitución. Ahora, la renuncia es un acto individual".

Admitió que no conoce a Bolsonaro: "No sé si escucha o no a las personas. Pero yo defiendo las instituciones y él es el presidente. Lo bueno para Brasil sería que el presidente entienda el papel que juega, y se calme un poco. Sus gestos bruscos dejan al país en suspenso".

Con todo, el ex presidente hizo una salvedad: "Ahora si Bolsonaro pierde las condiciones de gobernar, entonces tiene que venir el vicepresidente. Yo tengo simpatía por el vice Hamilton Mourao. Es una persona normal". Es más, Cardoso tuvo posibilidades de intercambiar con el general en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. "Lo conocí durante una conferencia. Pero no sé si llegó el momento para el reemplazo".

--¿Entonces usted cree que no es momento para la renuncia del presidente? Repreguntó el periodista.

--Eso va a complicar todavía más un cuadro problemático. Uno renuncia cuando ya no se tiene más condiciones de gobernar. Todavía no es el caso ni tampoco actúo en el sentido de promover esa situación. Pero yo soy realista y ese momento puede llegar. Y si no hay otra alternativa hay que seguir la Constitución. Pero no quiero ser parte de ningún arreglo conspirativo.

Al político, que fundó el Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB), el Coronavirus le infunde un temor: "Cuando llegue a las camadas populares, que tienen menos defensas, menos alimentación y menos asistencia médica, va a ser una hora de cohesión. Si se intenta sacar al presidente, eso no va a cohesionar sino dividir".

En San Pablo y en Brasilia muchos sectores pretenden desvestir al jefe de Estado. Cada vez más fuerzas políticas comparten esa posición. Y la pregunta que muchos se formulan es: "¿Mourao sería buen presidente?". Para FHC no hay dudas que "es un hombre sensato, educado y con experiencia. Y habla inglés razonablemente bien. De cualquier manera, no creo que vaya a ser presidente. Y si lo fuera habría que ver. Ser presidente no es fácil".

Cardoso insistió, sin embargo, que "en la hora que el pueblo se manifiesta en las calles, y los medios y el Congreso concuerdan, uno no puede mirar para otro lado. Esos son factores importantísimos. Antes eran las fuerzas armadas, pero ahora no: están en los cuarteles. Pero si el Congreso critica, los medios critican y el pueblo va a las calles, entonces no hay nada que hacer".

Para el ex jefe de Estado, que gobernó por dos períodos (entre 1995 y 2002), el titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, tercero en la sucesión presidencial, el legislador "es una verdadera revelación". "Él es la expresión del sentimiento del Congreso. Tal vez su manera de ser que no es muy popular. Pero cuando toma una posición, él habla por el Congreso. Es un pilar de la institución".

Juzgó, finalmente, que no ve riesgo de una "intervención militar".

Enfatizó: "No lo creo. El comandante de las Fuerzas Armadas tiene una idea concreta de su poder. Pero también tiene equilibrio. Es preciso contar con el conjunto de las instituciones para que se preserve lo esencial, que es un cierto orden para controlar la violencia, garantizar el empleo y respetar a la ley y la constitución".

A juicio del ex mandatario, "Brasil requiere hoy un liderazgo político, no militar". ¿Pero qué hacer si falta ese liderazgo político? "En ese caso, Mourao es el sucesor natural de Bolsonaro".


 

Es el almirante Craig Faller. La meta de una base para los marines en Baja California. El cálculo del segundo mandato.

A medida que avanza la pandemia en Estados Unidos, Donald Trump hace movimientos para sobrellevar el desastre económico, sanitario y aún así ser competitivo en la elección de noviembre.

El despliegue militar y armamentístico en América Latina para ir tras Nicolás Maduro y los carteles de la droga mexicanos se ubica sobre ese eje.

Es tal la impronta de esta avanzada que entre los altos oficiales mexicanos ya se da por descontado un escenario en caso de que Trump logre otros cuatro años en la Casa Blanca: el avance decisivo del muro fronterizo y, algo menos conocido, la instalación de una base militar estadounidense en Baja California.

El hombre al que señalan los militares mexicanos como arquitecto de este plan es el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur del Pentágono y de diálogo frecuente con jefes militares de toda la región. Faller en consonancia con el procurador William Barr y con el futuro subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Carlos Trujillo, está al frente de una narrativa muy funcional a Trump.

Faller tiene una carrera brillante en la Armada de EU, repleta de condecoraciones y en el momento de mayor densidad de la crsis venezolana, fue quien recomendó no invadir el país sudamericano contrario al consejero de Seguridad John Bolton que finalmente tuvo que dejar el cargo.

Con una economía que cae en picada, Trump encuentra una narración que le rinde frutos porque combina la avanzada de la maquinaria militar más poderosa del mundo con la persecución de los "enemigos" predilectos: el narcotráfico, Venezuela, el comunismo.

Según se calcula en el circuito militar mexicano, el almirante Faller es el ideólogo de un plan para el eventual segundo mandato de Trump que implica detonar por completo una guerra anti narco en México.

El fin definitivo de la política de Andrés Manuel López Obrador de no perseguir a capos del narco. Esta tesis viene a proponer que ya sin horizonte de volver a ser presidente, a Trump le importarán todavía menos las formas y la presión sobre López Obrador en materia de seguridad se incrementará a niveles asfixiantes.


 

Confusión y alboroto en el Gobierno, que fuerza al organismo #a desdecirse: el 13 de abril sigue siendo la fecha última válida.

En Italia se empieza a discutir una posible «fase dos» en la emergencia del coronavirus, es decir, cuándo se relajará la actual fase uno con restricciones en todas las actividades productivas, salvo las esenciales y estratégicas. Se trata de un gran debate sobre el eventual calendario escalonado que se debería seguir, con ciertas presiones desde algunos sectores empresariales hacia el Gobierno.

El Ejecutivo de Giuseppe Conte aprobó el pasado miércoles un decreto prorrogando el cierre de las actividades productivas y manteniendo el confinamiento en casa al menos hasta el 13 de abril.

El primer ministro Conte declaró, tras aprobar esta prórroga, que aún estamos en la fase uno y que después se iniciaría la fase dos en la que «aún deberemos seguir conviviendo con el coronavirus», aunque entonces se relajarían las medidas. Pero ayer se creó notable confusión y tensión en el Gobierno tras unas declaraciones del director de Protección Civil, Ángelo Borrelli.

Este consideró «plausible» que solo a partir del 16 de mayo comenzara la fase dos. En una entrevista a Radio Capital, Borrelli había asegurado que «tendremos que estar en casa durante muchas semanas», porque exige el «máximo rigor» para evitar que la cadena de contagios vaya fuera de control.

Al director de Protección Civil se le preguntó si el 1º de Mayo lo pasaremos también en casa. La respuesta de Ángelo Borrelli no parecía dejar lugar a dudas: «Creo que sí. Tendremos que estar en casa durante muchas semanas». Un estudio del Instituto de Economía y Finanzas (EIEF) ha marcado el 16 de mayo como fecha probable para el fin de las actuales medidas restrictivas.

Preguntado también el director de Protección Civil si esa fecha marcada por el estudio del Instituto de Economía y Finanzas es «plausible», Ángelo Borrelli explicó: «Si la tendencia no cambia, podría ser, aunque también podría ser antes o después. Depende de los datos.

Ahora la situación es estacionaria, tenemos que ver cuándo esta situación comienza a descender. No quisiera dar fechas -concluyó Borrelli- pero desde hoy hasta el 16 de mayo podría haber datos ulteriormente positivos que aconsejen reanudar las actividades y comenzar por tanto la fase dos».

Teniendo en cuenta que la política del Ejecutivo Conte es ir paso a paso, prorrogando escalonadamente el calendario de las restricciones, el mensaje del director de Protección Civil dejó estupefacto al Gobierno. Hablar del 16 de mayo como fecha plausible para levantar restricciones se consideró en el Ejecutivo que era un horizonte infinito. Todo un gran contraste con esa política gubernamental pausada, de paso a paso, para no crear pánico o frustración.

El Gobierno tiene la palabra

La de ayer fue una jornada frenética de llamadas telefónicas. Se decidió que no se produjera un desmentido inmediato del Gobierno, para no abrir un frente político en la polémica. En estos momentos, abrir esa tensión con uno de los comisarios de la emergencia como es el director de Protección Civil Borrelli podría haber sido devastador.

Por la tarde, en la habitual rueda de prensa a las 18.00 para ofrecer los datos sobre la evolución de la epidemia, Ángelo Borrelli se corrigió: «Algunas de mis palabras han sido equivocadas; solo hay una fecha fija, el 13 de abril; las medidas a adoptar dependerán de la evolución de los contagios». La palabra final la tendrá la política,

En definitiva, todo dependerá de la evolución de los datos sobre la epidemia, ofrecidos en la misma rueda de prensa por el propio director de Protección Civil. Registran una tendencia estable.

Desde el inicio de la epidemia, el 21 de febrero, las personas infectadas por el coronavirus son 119.827; los fallecidos, 14.681; de ellos, 766 son los muertos en un solo día (+4,5%), con un aumento de 6. Entre los muertos ayer cabe destacar 73 médicos.

Ángel Gómez Fuentes

 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han emitido una recomendación para que los estadounidenses utilicen algún tipo de protección.

La confusión sobre el uso o no de mascarillas o protectores para tapar la cara, que no pone de acuerdo a la comunidad científica, vive un nuevo episodio en EE.UU.

La autoridad médica de EE.UU., los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés) emitió este viernes una recomendación para que los estadounidenses utilicen algún tipo de protección textil en la cara ante las evidencias de que hay un porcentaje «significativo» de personas que tienen coronavirus y que no presentan síntomas o que pueden transmitir la enfermedad antes de desarrollar síntomas.

Donald Trump anunció la recomendación al país en su rueda de prensa diaria en la Casa Blanca, donde explicó que puede ser una protección casera, que su uso es «voluntario», que no elimina la obligación de distanciamiento social y que la recomendación no incluye a las mascarillas especializadas -como las N95 o las quirúrgicas-, que deben quedar para el personal sanitario.

En la misma comparecencia, el responsable de Salud Pública de la Casa Blanca, Jerome Adams, reconoció que había habido «confusión» sobre las directivas de si usar o no mascarilla, con el problema añadido de que es un producto que escasea para los sanitarios y que EE.UU., como muchos países, se pelea por importar o acelera su producción.

El mismo Adams exigió a los estadounidenses a finales de febrero que dejaran de comprar mascarillas porque no eran efectivas para el público general. Ahora, las autoridades tienen que cambiar el guión -decir que sí son beneficiosas-, pero sin que ahogue todavía más la capacidad de los hospitales y centros médicos de obtener las mascarillas de grado profesional que requieren para su trabajo.

En el cambio de mensaje no ayudó el propio Trump. Acto seguido, el presidente de EE.UU. reconoció que en esa recomendación él no sería ejemplar. «De alguna forma, sentarme en el Despacho Oval tras el bello Resolute Desk -el escritorio presidencial-, llevar una mascarilla mientras saludo a presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes, reinas… No sé», dijo. «De alguna manera, no lo veo para mí».

Cuando se le volvió a preguntar sobre el asunto, Trump se justificó en que esta misma semana se ha hecho un test de coronavirus y el resultado fue negativo. «Me siento bien», dijo como explicación, precisamente en contradicción de la recomendación de los CDC (no hace falta tener síntomas para transmitir).

Trump optó por no hacer caso ni a los CDC ni a su mujer, que pidió en un mensaje de Twitter «a todo el mundo» que se tome «en serio el distanciamiento social y el uso de una mascarilla o protección de la cara».

Otras autoridades de EE.UU. sí predicaron con el ejemplo. Jared Polis, el gobernador de Colorado, uno de los estados que se está convirtiendo en un punto caliente de la epidemia, compareció con la boca y la nariz tapada con una tela con el logo de su estado. Su homólogo en Pensilvania, John Fetterman, compartió una foto en redes sociales con una mascarilla casera improvisada.

Javier Ansorena

 

Acaba de ser desplazado "informalmente" del gobierno de Brasil: sigue en funciones, pero pierde todo poder real. Lo reemplaza el general Walter Braga Neto, a quien ya mencionan como "Presidente Operativo".

No se puede calificar como un golpe de Estado, al menos no como los tradicionales, pero el presidente Jair Bolsonaro acaba de ser desplazado "informalmente" del gobierno de Brasil. Sigue en funciones, pero no cumplirá ninguna misión.

Quien lo reemplaza en el Poder Ejecutivo es su ministro jefe de la Casa Civil, el general Walter Braga Neto, quien entró al gobierno a mediados de febrero, cuando aún se desempeñaba como jefe del Estado Mayor del Ejército.

En un comunicado del 31 de marzo, firmado por el ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva y los comandantes del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, se anunció la nueva forma de gobierno: "En cuanto dure la situación de crisis (por el impacto del Coronavirus) el Presidente Operacional de Brasil será el general (Walter) Braga Neto".

Según el site DefesaNet, que difunde exclusivamente materiales referidos a las Fuerzas Armadas, el "cambio" se hizo visible el lunes 31 de marzo. Ese día, la conferencia de prensa diaria sobre el Coronavirus, en el Palacio del Planalto, tuvo como protagonista al "ministro-presidente" Braga, pasó a comandar una suerte de "Estado Mayor" en las sombras de la Presidencia de Brasil. Este medio afirma que la "designación de Braga no fue un simple nombramiento". Por el contrario, resultó "producto de un acuerdo por arriba, que involucró ministros y comandos militares, y hasta al propio Bolsonaro".

El desplazamiento de Bolsonaro de las decisiones, permitió que Braga pudiera conducir las políticas del Palacio del Planalto sobre el Coronavirus, en contradicción con las declaraciones presidenciales contrarias a la cuarentena. En los medios de Brasil ya se menciona a Braga Neto como "Presidente Operativo".

La explicación que corrió en la cúpula del gobierno sobre este desplazamiento de la autoridad electa, es que con este "mecanismo" se lograba reducir el grado de exposición del presidente brasileño, que había sido objeto de pesadas críticas tanto por parte del Congreso, como de todo el espectro partidario (de derecha a izquierda) y de la prensa. Le cuestionaban su manejo de la crisis del Coronavirus y su postura adversa a la cuarentena que habían apoyado los gobernadores de los 27 estados brasileños.

Esta "nueva forma de gobierno" permitió que Braga pudiera conducir las políticas del Palacio del Planalto sobre el Coronavirus, en contradicción flagrante con las declaraciones presidenciales contraria a esa medida. En los medios de Brasil ya se menciona a Braga Neto como "Presidente Operativo", como confirmó el columnista Ricardo Kotscho del sitio UOL, el más leído de país, bajo el sugerente título "¿Al final quien gobierna Brasil?.

El nuevo militarismo en la región

La toma directa del control del Estado por parte de militares mediante distintos atajos, parece ser una nueva tendencia en Latinoamérica alentada por la Casa Blanca y algunos senadores republicanos, que en noviembre del año pasado reveló en exclusiva LPO México. Esa tendencia fue incluso expuesta por el periodista Max Fisher en The New York Times en un editorial titulado "Un juego muy peligroso: en América Latina los líderes cuestionados se apoyan en generales", donde habla de "democracias militarizadas".

Braga Neto apareció este viernes en el centro de una conferencia sobre el Coronavirus en el Planalto, debutando en su rol de "presidente operativo".

La caída de Bolsonaro ocurre luego que las élites empresariales comenzaron a mencionar la existencia de un "desgobierno" y la falta de capacidad de conducción del Presidente. Así lo afirma DefesaNet, al señalar que pasados los primeros días de ganancias especulativas en la Bolsa de San Pablo, el mundo financiero empezó a temer que sobrevenga un quiebre de los grandes bancos brasileños.

En verdad, en los hechos fueron los propios militares los que preanunciaron el proceso de alejamiento "no formal" en el comunicado que firmaron el ministro de Defensa Azevedo y los tres comandantes militares. Allí se anunció: "Le toca al ministro jefe de la Casa Civil (Walter Braga), ahora incorporado como figura del Estado Mayor Nacional Político conducir la amarga realidad nacional", en un pronunciamiento que hace eco en aquel realizado por los militares de Bolivia, que empujó la salida de Evo Morales.

Un comunicado firmado por el ministro de Defensa y los tres comandantes militares anunció: "Le toca al ministro jefe de la Casa Civil (Walter Braga Neto), ahora incorporado como figura del Estado Mayor Nacional Político, conducir la amarga realidad nacional".

Más aún, en ese comunicado se subrayó: "Esa deliberación ya fue comunicada con los debidos cuidados, a los ministros y a las principales autoridades de los Tres Poderes (Ejecutivo, Justicia, Congreso)". Y se explica que este reemplazo "operacional" se mantendrá "mientras perdure la grave situación" generada por el Covid-19.

Una semana antes de esta operación en las más altas esferas del país, el jefe del Ejército, Leal Pujol, había advertido: "Este es un momento de cuidado y prevención, pero también de mucha acción por parte del Ejército brasileño".

Pero la parte más reveladora de ese mensaje vino a continuación: "El Ejército está integrado al esfuerzo de toda la Nación bajo la coordinación del Ministerio de Defensa y junto a las otras Fuerzas hermanas". No mencionó al presidente Bolsonaro. Leal Pujol culminó su proclama con la frase distintiva del Ejército que alude al "brazo fuerte".

A todo esto, hubo una reacción del jefe de Estado Bolsonaro, expresada por uno de sus hijos, Carlos, a través de un tuit. Decía textualmente el 31 de marzo: "Es mucho más valioso conversar con un humilde soldado que con un general, que ni siquiera usa silbato".

Eleonora Gosman

 

Desplegados miles de soldados de infantería, marinos, y miembros del Marine Corps, la Fuerza Aérea y la Guarda Costera.

Pocas veces ha autorizado la Casa Blanca un despliegue militar de la magnitud del anunciado el miércoles por Donald Trump, algo todavía más relevante si se tiene en cuenta que la orden la recibió el Pentágono justo cuando el país se enfrenta a su peor crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Son miles de soldados estadounidenses los desplegados en el Caribe y el Pacífico, en una operación contra el narcotráfico en la que participan principalmente la Armada, la Fuerza Aérea y la Guarda Costera.

Detalles de la operación

Bajo la supervisión del Comando Sur, y el almirante responsable, Craig Faller, se encuentran ya soldados de infantería, marinos, y miembros del Marine Corps, la Fuerza Aérea y la Guarda Costera en un complejo dispositivo para interrumpir tres rutas de la droga: de Venezuela a las islas del Caribe y a Centroamérica, y de Colombia a Centroamérica. El objetivo es reducir la llegada de cocaína, las metanfetaminas, el fentanilo y otros estupefacientes a Estados Unidos. Para ello hay ya buques de guerra desplegados ante las costas de Venezuela y en el Pacífico, según un mapa exhibido por Trump al efectuar su anuncio.

Los recursos de las fuerzas armadas movilizados para esta misión son, según el presidente, destructores, buques de guerra, cazas y helicópteros de la Armada; diez buques tipo ‹cutter› de la Guarda Costera, y aviones de vigilancia de la Fuerza Aérea. La Armada ha movilizado sus Boeing P-8 Poseidon, preparados para guerra antisubmarina. Proceden de los comandos del Pacífico y Europa, y de la base naval de Norfolk, en Virginia.

Agencia Antidroga

En las labores de coordinación con el Comando Sur, cuya sede está en Florida, se encuentran la Agencia Antidroga (Dea, por sus siglas en inglés), y los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia. Algunas de esas rutas, sobre todo las que van por tierra, se vigilarán desde el aire, con avionetas de supervisión de la Fuerza Aérea.

Días de angustia para los capos de la droga pues @Southcom lleva a cabo una operación masiva anti-narcoticos frente a las costas de #Venezuela. pic.twitter.com/zyex8g8TpG

El objetivo del despliegue en el Caribe lo dejó claro el miércoles el secretario de Defensa Mark Esper: «Actores corruptos, como el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela, dependen de las ganancias derivadas de la venta de narcóticos para mantener su poder represor.

El pueblo venezolano continúa sufriendo enormemente debido al control criminal de Maduro sobre el país».

Respecto a plazos, la operación comenzó el 1 de abril, y, de forma extraordinaria, no tiene fecha límite. Según dijo el secretario Esper, jefe del Pentágono: «No voy a revelar cuánto tiempo durará.

Lo iremos evaluando, y haremos ajustes. Podemos aumentar fuerzas. Podemos disminuirlas. Podemos mantenerlas como están. Pero será una evaluación que haremos de forma interministerial. Le informaremos al presidente. Y tomaremos su orientación a partir de ahí».

David Alandete

 

La intervención se limitaría por ahora a préstamos en condiciones favorables, con más de 35.000 millones de euros potencialmente disponibles para España.

Los ministros de economía de la zona euro parecen dispuestos a desplegar finalmente una primera línea de defensa frente a la crisis económica desencadenada por la pandemia de la Covid-19. Los documentos elaborados para la cita virtual del martes, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, detallan la intervención en ciernes y amplían por primera vez el alcance de las medidas que se esperan de organismos como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede).

El plan se elevará a una cumbre europea, que podría celebrarse también la semana que viene, y se espera que sea el arranque de “una respuesta fuerte y coordinada (…) frente a unos desafíos económicos sin precedentes”, según la descripción recogida en los documentos que servirán de base al buscado acuerdo.

A la cuarta podría ir la vencida. Tras tres reuniones fallidas del Eurogrupo y una cumbre europea que acabó en gran bronca entre el norte y el sur (con Alemania y Holanda, por un lado, y España e Italia, por el otro), la cuarta reunión de los ministros de Finanzas desde el comienzo de la epidemia espera cerrar el martes un principio de acuerdo sobre la respuesta económica europea. Las fuentes consultadas indican que aún no hay unanimidad para aprobar las nuevas medidas, con el gobierno holandés de Mark Rutte como el principal obstáculo. Pero la mayoría del Eurogrupo se muestra dispuesto a zanjar de una vez el debate y trasladar al Consejo Europeo un plan de intervención que ya está prácticamente cerrado.

El plan, como se esperaba, convierte al Mede en el principal cortafuegos frente a la crisis de liquidez más inmediata. Esa respuesta, sin embargo, no zanja las demandas de mutualización de la deuda planteadas por países como Francia, España o Italia, por lo que se espera que, incluso si se pacta esta primera línea de intervención, el debate sobre las medidas a medio y largo plazo todavía continuará.

80.000 millones de emergencia

El proyecto elaborado por los técnicos del Eurogrupo prevé, en primer lugar, la activación del Mede, el fondo de rescate creado en 2012 a raíz de la crisis de deuda soberana.

Las negociaciones iniciales apuntaban a que los países más golpeados por la Covid-19, entre los que destacan Italia y España, se acogieran una de las líneas de crédito previstas en ese mecanismo. Pero la trifulca de la cumbre europea del pasado 26 de marzo, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, exigieron una respuesta europea de mayor alcance, ha llevado a revisar y ampliar la oferta del fondo.

El plan actualizado tras la cumbre apunta a la creación de un nuevo instrumento de financiación, bautizado por ahora como Rapid Financing Instrument, y con “una capacidad de financiación de global de unos 80.000 millones de euros”. Esa línea de crédito estaría disponible hasta 12 meses, con una dotación para cada país proporcional a su participación en el capital del Mede o vinculada a factores como la gravedad de la pandemia o la envergadura del daño económico sufrido. En el caso de España, con una cuota en el Mede del 11,8%, la línea podría facilitar hasta 9.440 millones de euros.

La gran novedad de esa línea pendiente de creación es que está abierto a todos los Estados miembros (sin ninguna condición previa relacionada con su situación fiscal), así como el carácter benévolo de su condicionalidad, relajada hasta extremos sin precedentes. Aunque los aspirantes a su utilización deben respetar las normas del Pacto de Estabilidad y los compromisos asumidos en el marco del llamado Semestre europeo (sistema de vigilancia macroeconómica), esas obligaciones no quedarán recogidas en un pliego de condiciones específico sino en un “plan de respuesta económica” que será considerado como equivalente al Memorándum requerido por el Tratado del Mede y permitirá la liberación de los fondos.

Los créditos tendrían una duración de entre tres y cinco años. Según los documentos del Eurogrupo, en este plazo “daría tiempo suficiente para absorción del shock económico”. El coste de la financiación, según el proyecto, podría reducirse al mínimo posible para que el Estado receptor no pague más que las comisiones imprescindibles.

La participación del Mede en la lucha contra la crisis económica se completa con una “línea de crédito reforzada ligada a la pandemia”. En este caso, sí que se trata de una línea ya existente (nunca utilizada), a la que se añadirían ligeras modificaciones para adaptar y rebajar su condicionalidad.

El proyecto de acuerdo señala que los estados que se acojan a esta segunda línea de crédito deberán comprometerse a destinar los recursos a gastos relacionados con la crisis sanitaria, así como a respetar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (lo cual no quiere decir que el déficit esté por debajo del 3%) y el Semestre europeo. A diferencia de la primera línea, estos compromisos sí que quedarán recogidos en un Memorándum suscrito de manera individual por el Estado que desee acceder a los fondos del Mede.

Una vez activada, la línea podrá conceder créditos equivalentes al 2% del PIB de cada país, aunque se contempla posibilidad de ajustar esos límites “a la vista de las necesidades que surjan en cada Estado en función de la severidad de la pandemia y de su impacto económico”. Para España, los recursos disponibles podrían rozar los 25.000 millones de euros como mínimo.

La línea de la pandemia también abriría la posibilidad de que el Mede adquiriese deuda pública del Estado beneficiario en el momento mismo de su emisión (mercado primario). Ello podría ayudar, llegado el caso, a colocar las emisiones de los Tesoros en momentos de tensión en los mercados de deuda soberana. El BCE no puede ayudar en ese terreno porque, a diferencia del Mede, no puede actuar en el mercado primario.

La línea de crédito estaría disponible durante 12 meses, prorrogable por otros seis. Los préstamos serán reembolsables en un plazo de entre 5 y 10 años. El plan también prevé rebajar las comisiones del crédito, fijados ahora en 50 puntos básicos en la apertura de la línea y 35 puntos básicos de cuota anual.

Fondo de garantías

El tercer frente que quiere abrir el Eurogrupo es a través del Banco Europeo de Inversiones. El BEI y la Comisión Europea ya habían puesto en marcha un Plan de Apoyo que aspiraba a movilizar 40.000 millones de euros.

“Sin embargo, dada la gravedad de los retos que encara la economía de la Unión Europea esa cantidad está lejos de ser suficiente”, reconoce el documento del Eurogrupo que diseña una intervención reforzada.

La intención del Eurogrupo es establecer “un Fondo paneuropeo de garantías en respuesta al Covid-19”, con el que inyectar hasta 200.000 millones de euros en las empresas europeas, desde las pequeñas y medianas hasta las grandes multinacionales.

El Fondo se diseñará “para financiar operaciones de alto riesgo”, un perfil alejado de la tradicional prudencia del BEI, siempre celoso de su elevada calificación crediticia.

Las empresas potencialmente beneficiarias serán todas aquellas cuyas dificultades económicas sean consecuencia clara y directa de la pandemia del Covid-19. El BEI gestionará el Fondo, pero no se verá salpicado por ningún riesgo potencial.

Las operaciones estarán avaladas “de manera conjunta” por los Estados miembros, que deberán ofrecer por adelantado unos avales por valor de 25.000 millones de euros. Las posibles pérdidas se repercutirán de manera proporcional a la aportación de cada país, que se espera que sea en base a su participación en el BEI.

Ayudas para el desempleo

La última gran pata del plan es el mecanismo de reaseguro de desempleo comunitario, cuya propuesta ha sido lanzada por la Comisión para financiar, de forma temporal, los esquemas que fomentan la suspensión temporal de empleo, como los ERTE españoles, y las ayudas a autónomos.

La propuesta se articulará mediante préstamos y es vista por los grupos de izquierda parlamentaria como un primer paso, pero no definitivo, para un fondo europeo de desempleo. Sin embargo, Bruselas teme las críticas que puedan llegarle de los halcones, por lo que defiende que su despliegue se hará bajo el artículo 122 del Tratado de Lisboa. Con 100.000 millones de euros, Bruselas espera que con ese instrumento se pueda evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo.

Bernardo De Miguel/Lluís Pellicer

 

España superó ayer los 100.000 contagiados por coronavirus y alcanzó un nuevo máximo diario de muertes, con 950 en las últimas 24 horas, en una jornada de cifras negras también en lo económico, con casi 900.000 desempleados en marzo. El total de fallecimientos alcanzó los 10.003, otro triste hito en los efectos de la pandemia.

El dato alentador, en todo caso, es que el confinamiento que sufre España desde hace casi tres semanas está provocando la ralentización de nuevos casos de coronavirus y las hospitalizaciones, de acuerdo a lo expresado ayer por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso.

"La curva se está estabilizando, estamos comenzando la fase de ralentización", recalcó Illa, aunque advirtió que las largas estancias en hospitales hacen que se acumulen los pacientes, por lo que auguró "semanas difíciles".

El total de contagios desde que comenzó la pandemia es de 110.238 casos, con un incremento diario del 7,9%, la menor cifra en varios días aunque con un ritmo de reducción más moderado.

Por otro lado, 4.096 pacientes se recuperaron en las últimas 24 horas y son 26.743 los enfermos dados de alta, según los datos de Sanidad.

La región más afectada sigue siendo la de Madrid, con 32.155 contagiados y 4.175 fallecidos, seguida de Cataluña, donde hay 21.804 casos y 2.093 muertos.

En total, 6.092 pacientes están ingresados en unidades de cuidados intensivos, 220 más que en la víspera. Esta es la mayor preocupación para las autoridades sanitarias, pues prevén que, aunque se reduzcan los casos, los pacientes que necesiten este servicio irán en aumento y puede haber un colapso de las instalaciones.

MAS RECURSOS

Además de la necesidad de camas para cuidados intensivos, la urgencia de material sanitario para proteger a los profesionales de la salud se va aminorando con la llegada de compras y donaciones externas e internas, muchas de ellas de particulares.

Entre los equipos más urgentes destacan los respiradores, cuyo suministro a nivel nacional está garantizado según informó ayer Illa, con la fabricación diaria de 400 equipos por parte de dos empresas, una de ellas el fabricante de automóviles Seat.

Además, en las próximas horas se repartirán un millón de test rápidos, de fiabilidad comprobada, que se destinarán al cribado rápido en hospitales y residencias de ancianos, avanzó el ministro de Sanidad.

Pero las novedades de ayer estuvieron protagonizadas también por las consecuencias económicas de la pandemia.

El impacto del coronavirus convirtió a marzo en el peor mes de la historia del empleo en España, con una caída de casi 840.000 afiliados a la Seguridad Social, cifra que no cuenta los cerca de 2,4 millones de trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) solicitados por cientos de miles de empresas.

"Son datos sin precedentes", reconoció ayer el ministro español de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien explicó que el empleo destruido en catorce días de marzo es prácticamente el mismo que se destruyó entre octubre de 2008 y febrero de 2009 (101 días) tras la quiebra de Lehman Brothers que precipitó una grave crisis financiera mundial.


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