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En la quinta jornada de manifestaciones, el presidente pidió perdón por no haber previsto las demandas sociales.

En el quinto día de protestas en Chile, Sebastián Piñera pidió perdón por no haber tomado nota de las demandas sociales y anunció un paquete de medidas para tratar de aliviar la situación.

La agenda social anunciada por el presidente contempla reformar el sistema de pensiones, la salud y los medicamentos, los ingresos mínimos y las tarifas eléctricas. Además, anunció mayores impuestos a los sectores más pudientes, la creación de una Defensoría de las Víctimas y una reducción de las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la administración pública.

Piñera presentó estas medidas en una cadena nacional en las horas finales del quinto día de masivas protestas de la ciudadanía en demanda de más inclusión, y mientras gran parte del país se encuentra en estado de emergencia y bajo toque de queda con el Ejército a cargo de la seguridad.

Lejos de agitar fantasmas de conspiraciones internacionales, Piñera reconoció la "falta de visión" para detectar las demandas sociales y pidió disculpas. "Le pido perdón a mis compatriotas", subrayó. "Esta Agenda Social no solucionará todos los problemas que aquejan a los chilenos. Pero será un aporte necesario y significativo para mejorar su calidad de vida, y muy especialmente la de los sectores más vulnerables", agregó.

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La reforma de las jubilaciones anunciada por Piñera contempla incrementos en el llamado Pilar Solidario (por el que el Estado participa en el sistema de pensiones), con un incremento del 20 % de la Pensión Básica Solidaria y de otro 20 % en el Aporte Previsional Solidario, lo que, según dijo, beneficiará a 590.000 y 945.000 pensionados, respectivamente.

Además, anunció un aumento adicional de las pensiones básicas y los aportes previsionales solidarios durante los años 2021 y 2022 para los pensionados mayores de 75 años; aportes de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de la clase media y las mujeres que trabajan y cotizan; y aportes de recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores dependientes.

El sistema de pensiones es uno de los puntos que más rechazo concita en la sociedad chilena. Obliga a los trabajadores a depositar cada mes cerca del 12 % de su sueldo en cuentas individuales manejadas por entidades privadas que luego abonan en promedio pensiones de unos 220 dólares, poco más de la mitad del sueldo mínimo, que está en 422 dólares mensuales.

"Los chilenos no quieren cambiar el modelo económico, quieren ser parte de los beneficios".

Piñera anunció un tratamiento legislativo de "urgencia" de un proyecto de ley que ya había enviado al Congreso para crear el Seguro de Enfermedades Catastróficas, "de forma de asegurar un techo al gasto de salud de las familias". Dijo también que creará un seguro que cubra parte del gasto en medicamentos y una ampliación del convenio del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) con las farmacias para reducir el precio de los medicamentos.

Por otro lado, el mandatario anunció la creación de un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos (unos 482 dólares) que complementan el salario de los trabajadores a jornada completa cuando sea inferior a esa cantidad, beneficio que se aplicará de forma proporcional a los menores de 15 y mayores de 65 años.

Una de las medidas que tomará Piñera para solventar el paquete es un impuesto del 40 % a los sueldos superiores a 8 millones de pesos mensuales (unos 11.000 dólares). Además, una reducción de las dietas de los parlamentarios y altos sueldos de la administración pública (una medida que impulsaba la izquierda), además de una reducción de los legisladores y una limitación de las veces que pueden ser reelegidos.

El presidente de Chile prometió la creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, que permitirá anular la reciente alza del 9,2 % de la electricidad.

Finalmente, Piñera anunció un plan de reconstrucción dotado en 350 millones de dólares para la reconstrucción de los daños y destrucciones provocados por la violencia ocurrida en los últimos días en Chile.

 

Colas de coches en gasolineras. Largas filas para comprar en supermercados, que no se sabe a qué hora cierran, protegidos por policías antidisturbios. Estaciones de metro y autobuses quemados.

Escuelas cerradas. Restos de barricadas. Escenario de ayer y, probablemente, de hoy. En Chile no hay una guerra pero en Santiago y otras ciudades hay más de 10.000 soldados en las calles, rige el estado de emergencia y al atardecer se aplica el toque de queda que miles de manifestantes mayoritariamente pacíficos desoyen con sentadas masivas y cacerolazos.

Los incidentes violentos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, provocados por los jóvenes más indignados con la inequidad de este país tantas veces ejemplo de desarrollo macroeconómico en Latinoamérica, empiezan de día y se prolongan hasta la madrugada. Y en medio hace su agosto la delincuencia común y el lumpen que pervive en decenas de barrios con bolsones de pobreza que el sistema neoliberal heredado de Pinochet nunca generó herramientas sociales para desactivar.

“No hay guerra, es un profundo error usar ese lenguaje”, responde la oposición

Con un coste de la vida a precios europeos, salarios tercermundistas, leyes laborales draconianas y grandes empresarios que pagan impuestos ridículos, la clase media ha dicho basta a la clase política, desde la derecha gobernante de Sebastián Piñera hasta el centroizquierda opositor que repartieron el poder desde el fin de una dictadura donde el general dejó un sistema económico atado y bien atado.

El detonante de esta revuelta ciudadana han sido cuatro míseros céntimos de euro, los 30 pesos que hace una semana aumentó el billete del metro santiaguino, que pasó a costar el equivalente a 1,04 euros, lo mismo que en Barcelona con la tarjeta multiviaje pero con un salario mínimo de 378 euros al cambio y los apenas 700 euros de sueldo que cobran dos terceras partes de una población endeudada para pagar la comida, las medicinas, los servicios médicos o la educación.

La desigualdad en Chile

Piñera dio marcha atrás el sábado y suspendió la subida del metro, pero las protestas y los disturbios continuaron y se extendieron por el país. El domingo llegaron a Punta Arenas, la ciudad más austral, en el estrecho de Magallanes. La sede de El Mercurio de Valparaíso, el periódico más antiguo de Chile, fundado en 1827, fue incendiada. Desde el inicio de la revuelta, se contabilizan once muertos, la mayoría calcinados en incendios durante saqueos a supermercados, 110 en todo el país, según el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que ayer denunció que la violencia callejera está “organizada” y defendió a Piñera, que el día anterior había tildado de “guerra” a esta crisis, desatando el rechazo generalizado. “No podíamos tener la ingenuidad de pensar que no había una acción que pudiese estar vinculada, organizada en algunos de estos sectores de delincuentes, y resulta bastante evidente con lo que ha pasado los últimos días”, señaló Chadwick.

Contraste explosivo: Chile tiene un coste de la vida a precios europeos y salarios tercermundistas

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible”, había señalado Piñera, echando más leña al fuego. “Ellos están en guerra contra todos los chilenos que quieren vivir en democracia”, remarcó el mandatario, calificando de “criminales” y “delincuentes” a los violentos, aunque dijo respetar el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente.

Las palabras de Piñera aumentaron la indignación y fueron rápidamente respondidas por líderes opositores. “En Chile no hay ninguna guerra, es un profundo error usar ese lenguaje. Lo que hay son actos delictuales que no han tenido una respuesta eficaz, y un malestar ciudadano acumulado del cual todos tenemos que hacernos cargo”, tuiteó el presidente del Senado, el socialdemócrata Jaime Quintana.

La expresidenta socialista y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos emitió ayer un comunicado donde cuestiona la declaración de guerra de Piñera. “El uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación, y se corre el riesgo de generar miedo en la población”, afirmó Bachelet.

“Exhorto al gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación e intentar abordar los agravios de la población en interés de la nación”, añadió la exmandataria, que mostró su preocupación por las denuncias de manifestantes por el “uso excesivo de la fuerza por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad y del Ejército”. Bachelet exigió que “cualquier aplicación del estado de emergencia debe ser excepcional y en base a la ley”.

Rodrigo Garrido

 

Tras las protestas, la UE y la comunidad internacional ha pedido transparencia en el recuento de votos que determinará si hay o no una segunda vuelta.

Otra vez el asalto a las urnas. De nuevo los votos convertidos en cenizas, como sucedió en el referéndum que perdió para presentarse a esta tercera reelección. Evo Morales, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, durante los últimos trece años largos, transformó las elecciones del domingo y su escrutinio, en una farsa de la democracia.

Si la OEA y la comunidad internacional (la UE también ha pedido transparencia en los resultados) no lo remedian, el último sobreviviente, con Nicolás Maduro, del denominado «eje bolivariano», estaría a un paso de consumar el golpe en las urnas para perpetuarse en el poder. El instrumento elegido es el Tribunal Electoral Nacional, una instancia que es fiel, como la mayoría de los organismos e instituciones bolivianas, a sus deseos antes que a la ley y a la Constitución que él mismo promulgó.

Respaldamos el trabajo de la Misión de Observación Electoral de @OEA_Oficial en Bolivia. El pueblo boliviano es el soberano y respetar su voluntad es imprescindible en democracia #OEAenBoliviahttps://t.co/5VykMfvbnD

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 22, 2019

El polvorín de los disturbios, protestas y revueltas en La Paz se propagó la madrugada anterior por una decena de ciudades con quema de centro de cómputos, manifestaciones e intervenciones de las fuerzas de seguridad. Por cierto, con mejor puntería al lanzar los gases lacrimógenos cuando tenían en la mira a los opositores que cuando los que vociferaban eran los militantes del MAS (Movimiento Al Socialismo) que ven en Evo Morales a un ídolo de carne y hueso aunque tenga un rostro más próximo al cemento armado.

Resultado amañado

El expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, no se resignó ni se resigna al pucherazo que se cocina en el Gobierno y llamo a «la resistencia democrática» porque «este resultado está totalmente tergiversado y amañado». Mesa, historiador y periodista, apuntó contra el Tribunal Supremo Electoral, «este fraude escandaloso se ha producido por la acción de este Tribunal que no merece el nombre de Tribunal porque es una vergüenza para el país».

Hago un llamado a la movilización democrática de @ComunidadCBo, Comités Cívicos, partidos políticos y del CONADE, para que estemos en todos los tribunales electorales departamentales y en el @TSEBolivia para impedir que se repita un #21F. pic.twitter.com/k2fR9l9a1U

— Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) October 21, 2019

La decepción se impuso tras la euforia de la noche del domingo, cuando el expresidente (2013-2015) celebraba, con el 83 por ciento del escrutinio, una segunda vuelta con el esperado cara a cara en las urnas entre él y Evo Morales, al no conseguir éste más del 40 por ciento con una diferencia de diez puntos sobre su seguidor ni superar el 50 por ciento de los votos. Con temple y pidiendo calma, Mesa evitó agitar o incitar a la violencia aunque el Gobierno le acusa, exactamente, de eso. «Las armas de la democracia –insistió– son las únicas posibles con las que tenemos que enfrentar esta situación inaceptable y vergonzosa».

Un vacío en el recuento

El origen del malestar en la población y en las filas que no responden al oficialismo viene de lejos pero la chispa que provocó el estallido se prendió el lunes, después de que el Tribunal Supremo Electoral ordenase la suspensión del sistema TREP (Transmisión de Resultados electorales Preliminares) cuando se había alcanza el 83 por ciento del escrutinio.

«Lo hizo sin explicación lógica», observa el diputado electo José Ormachea. 24 horas después se reinicio pero «arrancó a partir del 95 por ciento». El resultado original, que garantizaba una segunda vuelta, desapareció en ese lapso de tiempo y reorganizó a su antojo los guarismos que pueden permitir –si no se remedia antes del 100 por ciento del recuento– la proclamación de Evo Morales o su prórroga como caudillo de Bolivia, cinco años más.

Ormachea observa, «se suponía que el TREP iba a ser un instrumento confiable pero ya no lo es. Aquella interrupción lo ha desvirtuado todo. No se sabe qué paso en todas esas horas». Lo que sucedió es posible que no se aclare nunca si finalmente se ajustan los números en el recuento oficial para que haya un balotaje pero, en cualquier caso, quedan para la historia –o la Justicia verdadera– las denuncias presentadas. «Yo la cursé ante la OEA para que conste en su informe», aclara el diputado de Comunidad Ciudadana.

El tiempo corre en contra de la imagen de Bolivia y del Gobierno. Cuanto más tarden en proclamar los resultados más riesgo hay de que empiece el serial de violencia que, por fortuna., hasta ahora se ha saldado sin muertos.

«Legalmente –comenta Ormachea- tienen seis días para facilitar el recuento completo pero estimamos que antes de mañana (por este miércoles) podría estar todo». Este martes, el cómputo oficial al 84% del escrutinio, arrojaba un 44% de sufragios para Evo Morales, y un 40% para el opositor Carlos Mesa. De mantenerse, la segunda vuelta el 15 de diciembre sería un hecho.

Huelga general

Las escenas de la madrugada pasada no pasaron inadvertidas y encendieron las luces de alarma. La Paz, Oruro, Chuquisaca o Tarija fueron campos de batalla y escenarios de saqueos. En Potosí, paraíso de las minas de plata, la turba prendió fuego al Tribunal Electoral Departamental (TED). Dos personas se arrojaron al vacío, desde un segundo piso, para evitar las llamas. En Santa Cruz, la región «camba», donde la población blanca y de alta estatura rompe con el tópico de que los bolivianos son de baja estatura, se convocó una huelga general para mañana miércoles.

El lunes, de norte a sur del país, la población, con experiencia en revueltas, hizo acopio de víveres en supermercados y colas descomunales de automóviles aguardaban su turno en las estaciones de combustibles para llenar los depósitos. Hoy la escena era otra, después del aviso de la OEA y la reunión de los Embajadores convocada por Evo Morales, la calma volvía y las manifestaciones eran cosa del pasado (reciente).

Carmen de Carlos

 

La violencia y los choques entre opositores y oficialistas en Bolivia se extendió durante la pasada noche por la incertidumbre generada por la interrupción en la carga de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales que, sin embargo, muestran al actual mandatario y candidato a la reelección, Evo Morales, como ganador pero sin evitar una segunda vuelta.

Los incidentes se produjeron en La Paz, frente al hotel donde se realiza el recuento, en Sucre, capital del país, Cochabamba, Tarija, Oruro y otras ciudades.

La sede regional del tribunal electoral en Potosí fue incendiada, mientras que otras en varias regiones sufrieron ataques.

Los detractores de Morales se enfrentaron a la policía y a simpatizantes del partido del presidente, el Movimiento al Socialismo (MAS).

La lenta difusión por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de un resultado preliminar no oficial, que se interrumpió durante horas y que cuando se reactivó colocó al actual presidente como ganador en primera vuelta por apenas unas décimas, desató las protestas.

Al reiniciarse el conteo, Evo Morales contaba con el 46,85% de los votos frente al 36,74% de Carlos Mesa, con solo once décimas para proclamarlo vencedor sin necesidad de ir al balotaje.

Sin embargo, con el paso de las horas se reactivó la carga de resultados preliminares que cambiaron el escenario y pusieron a Morales en 46,4% de los votos y a Mesa con el 37,07% con el 95,63% de las actas verificadas, según los últimos datos difundidos oficialmente.

De esa manera, los números del Órgano Electoral Plurinacional, del cual depende el TSE, confirmó que habrá balotaje ya que la ley reconoce la victoria de un candidato en primera vuelta sólo si consigue más de 50% de los votos, o con más del 40% y diez puntos de ventaja sobre el segundo.

El ministro de Interior, Carlos Romero, acusó a Mesa de instigar las movilizaciones para llevar al país "a un estado de confrontación".

"El gobierno, con su decisión de burlar de nuevo la voluntad del pueblo, es el único responsable de la violencia que amenaza a Bolivia", respondió en Twitter el candidato opositor, con la advertencia de que "¡No nos rendiremos!", según informó la agencia de noticias EFE.

Fuentes de las Fuerzas Armadas informaron que recibieron un aviso para permanecer alerta ante la situación, sin que se tenga constancia de que haya sido necesaria su intervención.

 

La pérdida de apoyos de Evo Morales apunta a un desempate con Carlos Mesa, según los resultados provisionales con casi el 84% de los votos escrutados.

Bastó el anuncio de los resultados parciales de las elecciones para que anoche estallara la tensión en Bolivia. Los datos provisionales, que reflejan una significativa pérdida de apoyo de Evo Morales, apuntan a una segunda vuelta con su principal adversario, el exmandatario Carlos Mesa. El presidente, que gobierna el país desde 2006, logró el 45,7% frente a un 37,8% con casi el 84% del voto escrutado. El conteo ofrecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) quedó interrumpido al filo de las 20.00 (hora local), según esa instancia debido a un conflicto entre la transmisión de datos del órgano central y de los tribunales departamentales.

Mesa, que recibió como un hecho la celebración de una segunda vuelta el 15 de diciembre, denunció los retrasos. "Una vez más el Tribunal Supremo Electoral incumple su palabra. Su compromiso era darnos el 100% de los resultados del cómputo total de los votos del país a través del mecanismo llamado TREP [Transmisión de Resultados Electorales Preliminares]", mantuvo en un vídeo difundido en las redes sociales. "No vamos a permitir que se manipule un resultado que obviamente nos lleva a segunda vuelta", aseguró.

La misión de la Organización de los Estados Americanos que encabeza la observación internacional en estas elecciones también lamentó lo sucedido a través de Twitter. Consideró "fundamental" que la autoridad electoral "explique por qué se interrumpió la transmisión de resultados preliminares" y exigió "que el proceso de publicación de los datos del cómputo se desarrolle de manera fluida".

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), que según los primeros datos pierde un 18% de votos con respecto a 2014, rebajó el revés recibido y en una comparecencia ante sus seguidores se limitó a celebrar el resultado. "Igual el pueblo boliviano se ha impuesto para continuar con el proceso de cambio", dijo antes de añadir que confía en una victoria en primera vuelta. "Vamos a esperar hasta el último escrutinio del voto nacional para seguir y continuar con nuestro proceso de cambio", enfatizó. Morales se presentó a estos comicios a pesar de haber perdido un referéndum sobre reelección indefinida en 2016 y tras haber sido habilitado como candidato por el TSE.

Las denuncias del expresidente se suman a las acusaciones lanzadas durante la campaña electoral. Los adversarios de Morales llevaban días agitando el fantasma del fraude. El propio Mesa, candidato de la plataforma Comunidad Ciudadana y dirigente del Frente Revolucionario de Izquierda, un movimiento que se ha alejado de sus orígenes ideológicos, lo reiteró a lo largo del día. El aspirante había asegurado a EL PAÍS en vísperas de los comicios estar preparado “para todos los escenarios electorales que se pueden producir", incluido, afirmó en contestación a un cuestionario escrito, "ganar en primera vuelta".

Ahora, si los resultados se confirman, se verá obligado a buscar alianzas con formaciones en las antípodas. Óscar Ortiz, aspirante de Santa Cruz con un proyecto de tintes neoliberales, fue el primero en confirmar su apoyo: "Los bolivianos han decidido que quien enfrente a Evo Morales en segunda vuelta sea Carlos Mesa y nosotros apoyaremos esa decisión sin reserva ni condiciones".

El ultraconservador Chi Hyung Chung, un pastor presbiteriano, también sugirió que respaldará a Mesa. Este político, que gobernó Bolivia entre 2003 y 2005, se enfrentaría al presidente en el primer desempate que se da en el país desde 2002, aunque entonces fue el voto del Parlamento el que inclinó la balanza.

Mesa se vio forzado a dimitir como presidente precisamente por una oleada de protestas alentada por los seguidores de Morales. El primer mandatario indígena del país, sin embargo, ha sufrido 14 años después el desapego de sus bases más fieles.

Este periódico visitó este domingo el colegio Vicente Tejada de El Alto, el municipio de Bolivia con la mayor concentración de votantes indígenas. En torno a las 10.30 (hora local) la votación se celebraba de forma casi festiva, entre puestos de comida que vendían golosinas, lechón o pollo al horno. Pero también allí, en un territorio donde predomina la fidelidad al MAS, había votantes que no ocultaron su hartazgo y optaron por Mesa.

 

España cerrará este jueves un capítulo de su historia impulsado por el presidente Pedro Sánchez hace un año y medio cuando asumió el poder, con el traslado sin honores de los restos del dictador Francisco Franco a un cementerio de Madrid, una medida con la que, aunque simbólica, el jefe del Estado pretende fijar una clara posición política.

Los restos del último dictador europeo serán exhumados de su mausoleo en el Valle de los Caídos y trasladados en helicóptero al cementerio madrileño de El Pardo-Mingorrubio a las 10.30 de la mañana (5.30 hora argentina), anunció hoy el gobierno español.

"Tanto la exhumación como la reinhumación se llevarán a cabo en la intimidad, en presencia de sus allegados. La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, estará presente durante la exhumación, el traslado y el entierro de Franco en su condición de notaria mayor del Reino", precisó el Ejecutivo en un comunicado.

El gobierno del socialista Pedro Sánchez cumplirá así con su iniciativa más simbólica, que tiene repercusión internacional, ya que Franco es el último dictador europeo cuyos restos siguen descansando en un monumento público, donde puede ser enaltecido.

El traslado del féretro tendrá lugar un día antes de que venza el plazo que se había dado el propio gobierno socialista español para cumplir con su promesa política.

Sánchez anunció la decisión de exhumar a Franco tras llegar a la presidencia del gobierno en junio de 2018 por medio de una moción de censura contra el entonces presidente conservador Mariano Rajoy.

Sin embargo, los nietos del dictador se opusieron con medidas judiciales, y además amenazaron con llevar los restos a la catedral de La Almudena, lo que hubiese tirado por tierra la emblemática iniciativa de los socialistas, ya que Franco hubiese pasado a estar en otro lugar público e incluso más accesible para los que pretenden reivindicar su figura.

La familia del dictador contó todo el tiempo con la ayuda de las autoridades de la Iglesia católica que controlan la Basílica del Valle de los Caídos, que se opone a permitir la exhumación.

Sin embargo, el pasado 30 de septiembre, el Tribunal Supremo español zanjó la discusión dando luz verde al gobierno para trasladar los restos.

"El gobierno ha defendido desde el principio del proceso que los restos del dictador no podían continuar en un mausoleo público que exaltara su figura, algo expresamente prohibido por la Ley de Memoria Histórica", recuerdan en La Moncloa.

El Ejecutivo también subraya que "la sentencia firme y unánime del Tribunal Supremo" puso fin al proceso contencioso administrativo interpuesto por la familia para impedir" el traslado, con lo que el aval legal está absoluto.

Desde su muerte en 1975, Franco yace en una tumba en la Basílica del Valle de los Caídos, un mausoleo situado a unos 50 kilómetros de Madrid -controlado por la comunidad benedictina- que él mismo hizo construir con el trabajo forzoso de presos republicanos para reivindicar el triunfo del bando nacional fascista en la Guerra Civil española (1936-1939).

En el lugar yacen los restos de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, el partido único franquista, junto con 33.000 cuerpos, en su mayoría víctimas republicanas cuyos restos fueron robados de fosas comunes en toda España.

Tras conocer el fallo del Supremo, Sánchez destacó que con la exhumación de Franco "se cerraba simbólicamente el círculo de la democracia española".

Sin embargo, la democracia española no salda completamente su deuda con las víctimas.

Más de cuarenta años después del final de la dictadura franquista (1939-1975), la mayoría de los restos de las víctimas que se encuentran enterradas en fosas comunes y en el propio Valle de los Caídos, siguen sin identificar.

Además, los familiares de quienes sufrieron las represalias del franquismo siguen exigiendo al Estado español dignidad y justicia, algo que se les negó durante todo este tiempo, y los llevó a recurrir a tribunales extranjeros, como es la causa que se mantiene abierta en la justicia argentina, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo.


 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó "estúpido" a su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno, quien lo hizo partícipe de las graves protestas que se registraron en días recientes en su país.

"Ahora me echan la culpa de todo a mí y a Venezuela", expresó anoche Maduro durante un acto con simpatizantes al recordar las últimas manifestaciones antigubernamentales en Ecuador.

"Se alzó el pueblo de Ecuador contra el Fondo Monetario Internacional y dice el estúpido de Lenín Moreno que fui el que envié a 200 hombres allá. Es una ofensa al movimiento indígena, es una ofensa al pueblo de Ecuador del estúpido de Lenín Moreno", insistió.

En ese sentido, el líder chavista aseguró que el modelo capitalista que, asegura impera en Ecuador, y también en Chile, y la desigualdad generada por medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional son los verdaderos detonantes de las protestas, citaron medios locales y la agencia de noticias EFE.

Con estas declaraciones, Maduro -en el poder desde 2013- salió al paso de la denuncia de Moreno, que lo acusó de estar, junto al ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, detrás de las protestas en ese país.

Ayer, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, había deslindado a su gobierno de las manifestaciones y trasladado la culpa al Fondo Monetario Internacional.

Asimismo, advirtió que países como Colombia, Chile, Ecuador, Brasil y Honduras "van a reventar" por una "sobredosis de neoliberalismo".

 

La del domingo fue la jornada más violenta del estallido, que el Gobierno considera un ataque organizado. Un jefe militar cruzó a Piñera.

"Estamos en guerra". El presidente de Chile, Sebastián Piñera, definió de manera dramática la situación que atraviesa el país por el estallido social que se ha cobrado ya diez muertos, en una situación de caos total a pesar del despliegue de las Fuerzas Armadas y el toque de queda ordenado por el Gobierno.

"Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible", afirmó Piñera junto a militares. "Ellos están en guerra contra todos los chilenos que quieren vivir en democracia", agregó.

Los dichos de Piñera para definir la situación que enfrenta su administración no cayeron en bien en la oposición, que los rechazó de manera casi unánime. Pero lo llamativo es que un alto militar a cargo del estado de emergencia en la Región Metropolitana (en la que se ubica Santiago) también se diferenció del presidente. "Mire, yo soy un hombre feliz y la verdad es que no estoy en guerra con nadie", afirmó el general del Ejército, Javier Iturriaga del Campo.

La del domingo fue la jornada más dramática en término de víctimas fatales. Hubo ocho muertos, que se sumaron a otros dos reportados en la noche del sábado. Los fallecidos se reportaron en distintos incendios en locales comerciales de Santiago y alrededores. Además, el Ministerio de Salud informó de que al menos 10 heridos se encuentran hospitalizados con riesgo vital.

La jornada estuvo marcada nuevamente por las barricadas, incendios y saqueos, además de los enfrentamientos de los manifestantes con las fuerzas de seguridad con epicentro en la céntrica Plaza Italia de Santiago. A pesar del toque de toque y el despliegue de miles de efectivos, nuevamente la situación estuvo fuera de control. La intendenta de la Región Metropolitana, Kala Rubilar, reconoció que las fuerzas del orden se vieron sobrepasadas.

El Gobierno ya declaró el estado de emergencia, totalmente o en algunas de sus comunas, en 10 de las 16 regiones de Chile: la Región Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Concepción, Bío Bío, O'Higgings, Magallanes y Los Ríos. Además, decretó el toque de queda en Santiago, La Serena, Coquimbo, Concepción y Valdivia.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, justificó estas medidas al hablar de un enfrentamiento contra fuerzas organizadas. "No nos engañemos, estamos enfrentando una verdadera escalada, que sin duda es organizada, para causar un grave daño a nuestro país y la vida de cada ciudadano", dijo.

En paralelo a los episodios de violencia, en distintos puntos de Santiago y otras ciudades se repitieron el domingo cacerolazos pacíficos contra la desigualdad, el verdadero motivo del estallido social que en un principio estuvo motivado por el ya suspendido aumento de las tarifas de subtes.

"En calma"

Durante las primeras horas del lunes el Gobierno evaluó la situación como "calma" en el inicio de la semana, con el comienzo de la actividad laboral, un momento para el que había mucha expectativa.

El Gobierno habilitó sólo una de las siete líneas del metro (que no operaba desde el viernes) y reforzó el servicio de autobuses y taxis colectivos para cubrir los recorridos que no operarán en los próximos días. Es por esto que se pidió a los empleadores "flexibilidad" ante las dificultades de los trabajadores para trasladarse.

Además, las escuelas de 43 de las 56 comunas de Santiago están cerradas. Lo mismo sucede en muchas entidades bancarias, que decidieron concentrar la actividad en las sucursales centrales. También las grandes cadenas comerciales no abrirán. El aeropuerto de Santiago colapsó el domingo por la noche por la cancelación y retraso de decenas de vuelos.

 

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, suspendió algunos derechos constitucionales en Santiago y sus alrededores y militarizó zonas de la capital tras violentas protestas contra un aumento del subte, que dejaron 308 detenidos y 167 heridos.

Además, 41 de las casi 140 estaciones del subte capitalinas y 16 colectivos fueron quemados o siniestrados, dijo el general del Ejército chileno al cual Piñera encargó el cumplimiento de un "estado de emergencia" decretado anoche para Santiago.

En el primer balance oficial tras los disturbios, el general Javier Iturriaga del Campo agregó ante periodistas que la ciudad ha amanecido tranquila y que desde las "2:00 o 3:00 de la madrugada" solo se produjeron algunos desmanes aislados.

"Tenemos mucha tarea por hacer. No estamos tranquilos. Tenemos que intentar que el lunes todo el mundo pueda volver al trabajo y hacer su vida normal", dijo Iturriaga.

El estado de emergencia implica una restricción la libertad de locomoción y reunión por 15 días.

La medida de excepción rige para la provincia de Santiago, la provincia Chacabuco y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, sectores todos pertenecientes a la llamada Región Metropolitana.

Turriaga detalló que ha desplegado a 500 militares para controlar 16 ejes principales de la ciudad y patrullar para evitar que se produzcan altercados.

Además, indicó que hay más efectivos acuartelados y preparados para sumarse a las tareas de control y contención si fuese necesario.

"El trabajo principal que hacemos es de trabajo preventivo, cuidar a la ciudadanía, que pueda ejercer sus derechos y cuando haya violentistas que lo impidan, ahí tenemos que actuar", comentó el general de división.

Por otro lado, equipos de limpieza de diversas municipalidades de Santiago realizan desde primera hora de la mañana labores de aseo de las calles, para retirar escombros y desperfectos causados por las manifestaciones violentas de este viernes.

Desde el pasado lunes, cientos de personas, en especial estudiantes de secundaria y universitarios, han llevado a cabo medidas de protesta por el alza de 30 pesos en el precio de los billetes del metro decretado hace dos semanas, hasta los 830 pesos actuales (unos 1,2 dólares) en hora punta.

La radicalización de las protestas derivó ayer en una jornada de graves desórdenes, con incendios en varios puntos de la ciudad, saqueos y actos vandálicos que sumieron a la capital en el caos.

Además del estado de emergencia, el gobierno del conservador Piñera invocó la ley de seguridad del Estado, una legislación que regula los delitos contra la seguridad interior del país y que endurece las penas.

El Metro de Santiago, una empresa privada en cuya propiedad participa el Estado chileno, cerró, en principio hasta este próximo lunes, toda las líneas del suburbano.

 

Es la primera vez en 37 años que la cámara británica convoca una sesión extraordinaria en sábado; lo hace para votar el acuerdo alcanzado con la Unión Europea por Johnson, que no cuenta con los apoyos necesarios.

El deal para el brexit pactado entre Boris Johnson y el presidente de la Comisión Europea se enfrenta este sábado a una prueba de fuego. El Parlamento británico celebra una sesión extraordinaria histórica, por una parte porque es la primera vez desde 1982 que la cámara se reúne en fin de semana; por otra, porque este sábado 19 de octubre acaba el plazo para un acuerdo de salida ordenado el 31 de octubre.

Sin embargo, Johnson no cuenta con los apoyos para refrendar el acuerdo, y el presidente del Parlamento, John Bercow, ha aceptado llevar una enmienda a votación que pide desarrollar y votar una legislación británica antes de culminar la salida de la UE. Una iniciativa que, de salir adelante, podría retrasar de nuevo el brexit y forzaría a Johnson a pedir una nueva prórroga a la UE o a una salida sin acuerdo. "Es imposible aceptar que el Reino Unido retrase la salida más allá del 31 de octubre", ha defendido Johnson, que se ha mostrado partidario de salir sin acuerdo antes que pedir una nueva prórroga a la UE.

La sesión de hoy en la Cámara de los Comunes ha sido bautizada como "super sábado" y su duración puede alargarse hasta última hora de la noche. El debate empezó a las 9.30 horas de la mañana y desde primera hora se está produciendo un debate bronco entre los diputados. De los 650 diputados que tiene la cámara, Johnson necesitaría 320 votos a favor, contando con que hay 7 diputados del Sinn Féin que no acuden a su escaño y que los cuatro miembros de la mesa no tienen derecho a voto.

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Lejos de la cifra necesaria para la aprobación del acuerdo, el primer ministro británico sólo contaría con el apoyo de 288 después de que expulsara a más de 20 diputados tories, conservadores, por oponerse a un brexit sin acuerdo. El acuerdo no tiene el apoyo de los norirlandeses, y tampoco de los escoceses y galeses.

En cualquier caso, la enmienda presentada por el diputado independiente Oliver Letwin para desarrollar primero la legislación británica puede frustrar el acuerdo del brexit incluso aunque se apruebe. La enmienda, que se votará por la tarde, está pensada como forma de que, aun si el pacto es aprobado hoy, el trámite parlamentario de la ley se demore más allá del 31 de octubre y el Reino Unido llegue a esa fecha sin tener completado ese trámite, lo que implicaría salir sin acuerdo.

Un acuerdo tras las dos prórrogas de May

Londres y Bruselas llegaron el jueves -día 17- a un acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) después de intensas negociaciones y en vísperas de la cumbre europea, que ha respaldado el documento sellado entre las partes. El primer ministro inicia un nuevo intento de acuerdo después del fracaso de Theresa May, su antecesora, que tuvo que pedir dos prórrogas ante el fracaso de sendos acuerdos en el Parlamento Británico.

Johnson llegó al acuerdo el texto con la UE con el fin de superar las diferencias sobre cómo evitar una frontera fija entre las dos Irlandas a fin de no perjudicar el proceso de paz norirlandés. Johnson, que llegó al poder el pasado julio, trabajó este viernes y este sábado para convencer a los diputados a que voten a favor de su acuerdo, pero el "premier" está ante una difícil situación dado que no tiene mayoría parlamentaria y sus socios norirlandeses del Partido Democrático Unionista (DUP) han adelantado que votarán en contra.

El nuevo pacto prevé controles aduaneros para las mercancías que crucen entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, algo inaceptable para los socios de Johnson en el Parlamento: los diez diputados del pro-británico norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP).

El anterior pacto negociado por la ex primera ministra Theresa May fue rechazado tres veces por la Cámara de los Comunes y el Reino Unido -que tenía la fecha original de salida de la UE para el pasado 29 de marzo- se vio obligado a solicitar dos prórrogas -hasta abril y después hasta finales de este octubre-.

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