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La falta de una estrategia para la región y las decisiones erráticas y guiadas por intereses partidistas marcan la gestión del presidente de Estados Unidos.

Llegó a la Casa Blanca prometiendo levantar un muro en la frontera para separarse de México. Tres años después, Donald Trump no ha levantado un solo metro nuevo de muro, y en cambio habla de su “tremenda relación” con México y se deshace en elogios al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Principalmente, desde que este le ha permitido exhibir en casa una bajada de la inmigración centroamericana al enviar a la frontera sur de su país a la Guardia Nacional, cuerpo creado para combatir el crimen organizado que, mientras tanto, se hace fuerte en México. Cuando ese crimen organizado le salpica, anuncia que incluirá a los carteles mexicanos en su lista de grupos terroristas. Pero una semana después, el viernes pasado, retira de repente la amenaza en un tuit vespertino.

El de México, país vecino hacia el que la errática política exterior de la Administración Trump parece seguir dictados electoralistas, no es un caso aislado.

En Centroamérica, tras cortar la ayuda humanitaria, agudizando los problemas que llevan a miles de sus ciudadanos a escapar hacia el norte, Washington decide que ahora Guatemala, Honduras y El Salvador, algunos entre los territorios más peligrosos del mundo, son “terceros países seguros” a los que devolver decenas de miles de solicitantes de asilo. En Venezuela, se le agotan las bazas para derrocar a Nicolás Maduro y acaba sumándose al multilateralismo del que públicamente abjura.

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, su gran aliado en la región, cuya política exterior se basa en presumir de su buena sintonía con Trump, recibía atónito la semana pasada el anuncio súbito vía Twitter de nuevos aranceles al acero y al aluminio. Igual que Argentina, inmersa en una profunda crisis económica, blanco del castigo arancelario de Trump a apenas una semana de que tome posesión el nuevo presidente Alberto Fernández. Solo con Cuba Trump ha mantenido una posición clara, de aumentar el cerco con la isla y romper drásticamente, eso sí, con la apertura iniciada por su antecesor.


Trump anuncia aranceles a las importaciones de metales de Brasil y Argentina

“No hay una estrategia para América Latina”, resume Richard Feinberg, que fue asistente especial del presidente Bill Clinton y director de asuntos interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional, y hoy es miembro de la Iniciativa Latinoamericana del instituto Brookings. “Hay que partir de que es un hemisferio muy diverso, y es difícil tener una estrategia coherente para la región. Pero solíamos tener una política basada en la democracia, los derechos humanos y la economía abierta.

Trump, al menos retóricamente, ha dicho que no le importan los dos primeros puntos. En cuanto al tercero, obviamente el presidente no es un abanderado del libre comercio. Así que los pilares tradicionales de la política estadounidense hacia Latinoamérica los ha tirado por la ventana. Pero es difícil delimitar la política exterior de Trump. ¿Hablamos de sus tuits? ¿De la política que realmente se implementa sobre el terreno?”.

Que la agenda electoral doméstica condicione la política exterior no es algo nuevo. Pero ahora esa visión electoralista, según los críticos, parece ser la única. Y se suma a la naturaleza impulsiva del presidente y a su desprecio por los procedimientos tradicionales. En un escenario internacional en profunda transformación y lleno de desafíos, como evidencian las protestas que recorren América Latina, el desconcierto y la preocupación se repiten en las conversaciones con experimentados diplomáticos.

“No hay una política bien pensada para la región”, incide Michael Matera, director del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, con 25 años de experiencia en el servicio exterior estadounidense.

“Parte de esto es por las peleas internas burocráticas, entre el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional. La misión del segundo es equilibrar las agendas de los diferentes departamentos. Pero eso no ha sucedido como debe suceder durante los últimos tres años. El proceso esencialmente se ha roto”.

Esa ruptura del equilibrio entre la diplomacia, encargada de la visión más a largo plazo, y la Casa Blanca es precisamente la que subyace en la trama ucrania que ha llevado a los demócratas a iniciar el impeachment o proceso de destitución del presidente Trump.

“Asistimos a una rebelión de la diplomacia de Estados Unidos contra el jefe del Ejecutivo que no tiene precedentes”, advierte Feinberg. “Una cosa son desacuerdos, ¿pero una rebelión abierta? ¡Hay diplomáticos testificando en el Congreso contra el presidente de cara a su destitución! Y el servicio exterior entero está aplaudiendo a esos representantes. Nunca se ha visto nada así”.

Para Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, uno de los más antiguos think tanks sobre América Latina en Washington, ese fenómeno que explotó en la trama ucrania se ve también en Latinoamérica. “Todo el mundo habla de Ucrania como ejemplo de anteponer el interés personal al interés nacional, pero no es una sorpresa”, defiende.

“México es un ejemplo clarísimo de eso. Las cosas que hace Trump, los términos que emplea, están dirigidos a responder a los temores de sus bases políticas y a fortalecer su causa. Ucrania no es un caso aislado. Trump utiliza a México claramente para sus objetivos políticos personales”.

Los desencuentros sobre América Latina también se han cobrado víctimas políticas. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, dimitió en agosto, dejando vacante la más alta oficina diplomática de relaciones con Latinoamérica. Breier, la última de una serie de bajas en el Departamento que dirige Mike Pompeo, alegó motivos personales. Pero muchos apuntaron a una serie de desencuentros coronados por un encontronazo con Stephen Miller, el radical asesor de la Casa Blanca en política migratoria, que la consideraba poco comprometida con el sorprendente acuerdo de asilo entre Estados Unidos y Guatemala.

Fernando Cutz, que estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional durante la propia Administración de Trump, hasta abril de 2018, y antes durante la de Obama, coincide en que los “asuntos subyacentes” que se han visto en las audiencias del impeachment se repiten “por todo el mundo”.

“Es constante esa batalla entre los dos canales, el oficial y el no oficial”, asegura. “Ambos canales a menudo no comparten los mismos objetivos y ni siquiera se comunican, lo cual nos debilita diplomáticamente. Muchas de las crisis en la región latinoamericana necesitan acercamientos multilaterales, y eso lo tiene que liderar el Departamento de Estado. Como resultado de ir sin aliados, por ejemplo, hemos tenido una política más débil en Venezuela”.

La imagen del liderazgo estadounidense sufrió globalmente con la llegada de Trump a la Casa Blanca, según un estudio de Gallup, pero en ninguna región fue tan evidente como en América Latina. La aprobación del liderazgo estadounidense bajó de un 49% en 2016 a un 24% en 2017.

En cuanto a la figura de Trump, los datos son aún peores. Solo un 16% de los latinoamericanos aprobaba el desempeño del presidente estadounidense durante el primer año de su presidencia. El país donde mejora se valoraba era Venezuela (37%) y el que peor, México (7%).

“Trump podría exhibir como una victoria política su relación con México, por ejemplo, porque aunque no ha levantado un muro, ha bajado la inmigración”, defiende Cutz. “Pero esos resultados tienen un coste. Estados Unidos ha perdido credibilidad, entre otras cosas por cómo ha tratado la inmigración”.

Hay un cierto grado de continuidad, advierte Michael Matera, de lo que han sido “años y años de considerar a la región de una importancia secundaria”. “Eso no es algo nuevo de la Administración Trump”, concluye el veterano diplomático.

“Pero en Administraciones anteriores ha habido un mayor reconocimiento de que, mientras que la Casa Blanca no tiene el ancho de banda suficiente para dedicar mucho tiempo a América latina, al menos los burócratas del Departamento de Estado, del de Comercio y del Tesoro han tenido más libertad para desarrollar una estrategia. En este punto, ahora, no hay nadie tratando de construir una estrategia integral”.

La Encrucijada Venezolana

El caso de Venezuela ilustra mejor que ninguno la errática política de Trump hacia América Latina. El Gobierno de Estados Unidos fue el primero en reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario interino y propició que más de 50 países hiciesen lo mismo. No obstante, casi un año después de aquello, la situación en Venezuela dista mucho de haber mejorado.

La política hacia Venezuela ha evidenciado las peleas internas en el Gabinete de Trump. El exconsejero de Seguridad John Bolton apostó siempre por una línea más dura, acorde con el sector más radical de la oposición venezolana, e insinuó en más de una ocasión que la intervención militar era la única alternativa para sacar a Maduro del poder. Mientras, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, optaron por una opción multilateral en la que la diplomacia prevalecía.

Estados Unidos ha presionado con sanciones no solo a dirigentes chavistas, sino a los testaferros de los mismos. La asfixia económica, no obstante, no ha resultado definitiva tampoco.

En las últimas semanas, en varios medios estadounidenses ha permeado la idea de que Trump ya no confía en el impulso que supuso la aparición de Guaidó, lo que deja al líder de la oposición en una encrucijada, pues su principal baza siempre fue el respaldo de la gran potencia mundial.

Pablo Guimón


 

La formación morada afronta la muy probable entrada al Consejo de Ministros frente a las acusaciones de los abogados despedidos por "irregularidades".

Podemos vive en una auténtica paradoja: una fuerte debilidad orgánica como consecuencia de tensiones internas y a la vez una cómoda presencia institucional.

La formación morada sufre otra convulsión más en su estructura orgánica con la polémica por las denuncias contra la dirección de la antigua encargada de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona, que además advierte de "graves irregularidades" en cuanto a la financiación, material laboral y limpieza en primarias. El partido la expulsó a ella y al ex-Delegado de Protección de Datos de Podemos, José María Calvente, por investigar esta situación, según denunciaron los afectados.

Calvente ha rechazado las acusaciones de "acoso sexual" que se han utilizado como "excusa" y asegura que se trata de un "vil montaje" de la dirección para desacreditarle. Por su parte, Carmona explicaba en una carta interna publicada por LPO que los despidos se deben "exclusivamente a una torpe estrategia de represalia de la Gerencia y de la Secretaría de Organización Estatal por exigir el cumplimiento de la ley y por no aceptar la investigación honesta, discreta y profesional de las irregularidades detectadas".

Escándalo en Podemos: Pablo Iglesias despide a los abogados que investigaban la financiación de campaña

En el texto, explica que tanto su despido como el de Calvente y su cese "es un grave acto de represalia y posibles coacciones porque estábamos investigando graves irregularidades de Podemos en materia de Protección de Datos y de Cumplimiento Normativo Penal y en los que se verían envueltos varios cargos internos y que conllevaría graves perjuicios para el partido". A esta polémica surgida los últimos días, se suma la dimisión de once miembros de Podemos Baleares por la deriva "errática" del partido.

¿Partido de futuro?

A su vez, Pablo Iglesias está a punto de convertirse en el socio menor del que previsiblemente será el primer gobierno de coalición en España, mientras forma parte de distintos ejecutivos autonómicos de izquierdas, como es el caso de Aragón, las Islas Baleares o la Comunidad Valenciana.

Asimismo, ocupa cuatro sitios en la Mesa del Congreso gracias a un pacto con nacionalistas e independentistas, que sirvió para arrebatarle una silla a Vox. Llama la atención, porque su formación ha conseguido grandes cuotas de poder a la vez que sufre constantes desgajes internos.

Podemos también es muy resistente en las urnas, puesto que consigue mejores resultados que los que les otorgan los sondeos. De hecho, otra de las crisis más graves que ha sufrido la formación morada en su historia más reciente ha sido la escisión de todo el errejonismo hacia Más País a las puertas de la repetición electoral del 10-N. Incluso la dirección murciana anunció su dimisión y su inclusión en el partido que impulsaba Íñigo Errejón. A pesar de ello, el ex-miembro morado se estrelló con solo tres diputados y la irrelevancia en el grupo mixto, mientras Iglesias sobrevivió con 35 y se situó como cuarta fuerza parlamentaria.

 

 

Según cifras del Ministerio marroquí del Interior, Marruecos desmanteló 13 células yihadistas hasta finales de octubre de este año.

Las autoridades marroquíes anunciaron hoy el desmantelamiento conjunto con sus homólogos españoles de una célula terrorista leal al grupo yihadista Estado Islámico (conocido como Daesh por su acrónimo árabe) compuesta por cuatro miembros.

Según informó el Buró Central de Investigación Judicial (BCIJ, órgano antiterrorista marroquí) en un comunicado, el cabecilla de la célula fue arrestado en las afueras de Madrid, mientras que los otros tres miembros fueron detenidos en la región de Nador (noreste de Marruecos).

Los tres miembros de la red fueron arrestados concretamente en las localidades de Farjana y Beni Nsar, y uno de los detenidos es hermano de un yihadista activo en los combates en la región sirio-iraquí. Mientras que el cuarto arresto se produjo de forma simultánea por los efectivos españoles en las afueras de Madrid, explicó la nota.

Campaña de propaganda

Los arrestados promocionaban los “actos sangrientos del Daesh en represalia por la muerte del presunto jefe de la organización”

Los cuatro arrestados, de edades entre 24 y 39 años, “se habían sumado a las campañas de propaganda de los actos sanguinarios del Daesh en represalia por la muerte del presunto jefe de esta organización terrorista”.

Según las investigaciones preliminares, los integrantes de esta célula realizaban reuniones para hacer un seguimiento del desarrollo de la situación en la región sirio-iraquí y para planificar actos terroristas “en respuesta a los llamamientos repetidos de los líderes del Daesh para elegir como blanco diferentes países”.

Durante esta operación se han confiscado equipos electrónicos, teléfonos móviles, manuscritos extremistas y capuchas.

”Esta operación se inscribe en el marco de la cooperación entre los servicios de seguridad marroquíes y españolas”, subrayó el comunicado.

Las últimas operaciones conjuntas realizadas en ambos países se produjeron en mayo del año pasado cuando se desmanteló una célula integrada por cinco terroristas, y en septiembre de 2017, cuando cayó otra célula integrada por seis yihadistas.

España y Marruecos siempre han insistido en el carácter modélico en el mundo de la cooperación en materia de seguridad con los desmantelamientos sincronizados de redes terroristas y el intercambio continuo de datos entre los servicios de seguridad de ambos países.

Según cifras del Ministerio marroquí del Interior, este país desmanteló 13 células yihadistas hasta finales de octubre de este año.

 

Domingo, 08 Diciembre 2019 00:00

Macron mantendrá su resistida reforma previsional

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En el segundo día de la huelga que paralizó al país, el primer ministro Edouard Philippe insistió en que el gobierno avanzará con el proyecto, que elimina los sistemas especiales de retiro y será presentado el miércoles.

Sindicatos franceses extienden su huelga, y presionan a Macron El gobierno del presidente Emmanuel Macron advirtió que seguirá adelante con su reforma de las pensiones, que provocó una masiva huelga que ayer paralizó por segundo día consecutivo el transporte público del país y obligó a cancelar cientos de vuelos.

“El nuevo sistema garantizará a los franceses justicia y solidaridad”, dijo el primer ministro, Edouard Philippe, en un discurso solemne transmitido por televisión, al día siguiente de que al menos 800 mil personas salieran a las calles en más de setenta ciudades del país para rechazar la reforma.  Ferroviarios, policías, profesores, enfermeros, recolectores de basura, transportistas y chalecos amarillos también se sumaron al paro del jueves y amenazan con volver a salir a las calles el próximo martes.

Ayer continuaba la huelga de los transportes públicos, lo que provocó la cancelación del 90% de los trenes de larga distancia y el 70% de los regionales, mientras que el metro de París permanecerá cerrado todo el fin de semana y circulaban muy pocos autobuses.

En los aeropuertos, la situación era también caótica. La compañía aérea nacional Air France canceló por segundo día consecutivo el 30% de sus vuelos domésticos y el 10% de sus vuelos de media distancia debido a una huelga entre los controladores aéreos. Convicción. Pese al temor de que el país quede bloqueado durante varias semanas, como ocurrió en 1995, cuando la ciudadanía torció el brazo del gobierno que quería reformar el sagrado sistema de pensiones, Macron no tiene intenciones de ceder.

“Estoy convencido de que con las organizaciones sindicales encontraremos un buen equilibrio sin renunciar a nuestra voluntad firme de crear un sistema universal” de pensiones, sostuvo Philippe, que aclaró que el gobierno “no busca la confrontación”.

La reforma, una promesa de campaña de Macron, tiene como objetivo eliminar los 42 regímenes especiales que existen actualmente y que permiten jubilaciones anticipadas y otros beneficios a ciertas categorías profesionales. Algunos de estos regímenes, como los que gozan los empleados de las empresas de ferrocarriles o los marinos, entre otros, fueron creados para compensar la naturaleza riesgosa o desgastante en ciertas profesiones.

En su lugar se instaurará un sistema único, por puntos, que se aplicará a todos los trabajadores. Para el gobierno, se trata de un sistema “más justo y simple”. Pero los sindicatos temen en cambio que el nuevo sistema atrase la jubilación, actualmente en 62 años, y disminuya el monto de las pensiones.

“Nuestros conciudadanos saben que progresivamente tendremos que trabajar un poco más de tiempo, pero es lo que sucede ya en otros países comparables con Francia”, dijo en su mensaje el primer ministro, sin dar más detalles. Philippe, que se ha marcado el objetivo de tener la reforma ya implementada en 2025, prometió llevarla a cabo de forma “progresiva” y “sin brutalidad”.

El proyecto completo, del que se conocen apenas algunas pistas, será presentado el miércoles, añadió el jefe del gobierno francés.   Puntos centrales del proyecto  Se busca unificar los 42 regímenes diferentes actualmente en vigor en Francia con la creación de un régimen universal por puntos, con reglas comunes en el cálculo de las pensiones en las que todos los trabajadores gozarían de los mismos derechos a la hora de jubilarse.  

Entre los regímenes especiales se destaca el de los trabajadores de la industria energética, que se jubilan a los 58 años, o los conductores y empleados del transporte público de París, que pueden hacerlo a partir de los 50 años.  Se mantendrán las “jubilaciones anticipadas” para militares, que recibirán puntos suplementarios, y para los funcionarios que cumplen tareas peligrosas, como los policías.  

Macron prometió que mantendrá la edad legal de jubilación en 62 años, que rige desde 2010 y que sigue siendo inferior a la de España (65 años), México (65 años) o Alemania (67 años). No obstante, el gobierno contempla extender esta edad posiblemente hasta los 64 años para la generación nacida en 1963, para recibir una pensión completa, tomando en cuenta el “aumento de la esperanza de vida”.


 

El pueblo dijo `No', se coreaba para recordar que Morales había violado la Constitución y desoído una consulta popular. Y entonces llegó un fraude escandaloso. ¿Cómo no iba a estallar una insurrección popular?

A Evo Morales, México le ha resultado mucho más grato para exiliarse que Cuba, Nicaragua o Venezuela. Ahora sopesa venir a la Argentina.

Como dijo certeramente Lula: el problema de Evo Morales consistió en encapricharse con su cuarta reelección. Fue exactamente así, pero no por casualidad, sino absolutamente por causalidad. De aquellos polvos vinieron estos lodos.

 

En el 2005, cuando comenzó el primer período electoral de Evo Morales, regía una Constitución que prohibía la reelección inmediata. Había que dejar pasar un período para poder volver a postularse a la Presidencia de Bolivia.

 

Por eso, el mandatario impulsó una Reforma Constitucional mediante la cual impuso varios cambios: La República de Bolivia pasó a llamarse la República Plurinacional de Bolivia, se reemplazó toda la Corte Suprema del país andino, y se estableció una sola reelección continuada para el caso del presidente y vicepresidente del país. En una palabra, quedaba facultado para un segundo período presidencial (Art. 168 de la Nueva Constitución boliviana) y nada más.

O sea, debía concluir su segundo mandato en 2014. Pero no ocurrió así: Evo Morales adujo que su primer mandato había transcurrido bajo la vieja Constitución y en un régimen anterior a la República Plurinacional de Bolivia. En una palaba, hizo caso omiso a su primer período presidencial y manifestó que, en 2010, allí recién había comenzado su primer mandato y que, en 2014, comenzaba su segundo período presidencial. (A todo esto, ya llevaba casi diez años en el poder).

 

Pero, en el 2016 fue por más y, en febrero de ese año, llamó a un plebiscito nacional para someter a consideración de la población boliviana la posibilidad de superar el límite de dos períodos presidenciales.

Sin duda, quería poder presentarse en los comicios de 2018 (una tercera reelección, contra el límite de dos mandatos que fijaba el art. 168 de su propia Constitución). Ante su total sorpresa, el pueblo votó que `no', por más del 51% de los votos totales. En una palabra, quería que Evo Morales dejara el poder el 20 de Enero de 2020, fecha en terminaba su segundo mandato con la Nueva Constitución, tercer mandato si se contaba exactamente el momento en que llegó a la primera magistratura, en 2005.

Pero, aquí Evo Morales decidió desconocer su propia Constitución y su propio referéndum, y logró que un Tribunal Electoral nombrado por él mismo, reconociera su derecho humano para gozar de reelecciones sine die. Es decir, sin límite de tiempo

HERVIDERO

A todo esto, el clima preelectoral boliviano para las elecciones nacionales del 20 de octubre último, ya era un tremendo hervidero. Un gran descontento y una gran frustración política y social no permitían avizorar ningún resultado favorable para las ambiciones de este político encaramado en el poder de Bolivia desde hacía casi catorce años. A partir de 2016, en todas partes, tanto en público, como en privado, se coreaba espontáneamente: `El pueblo dijo No', `El pueblo dijo No'.

No obstante, Evo Morales, seguro aparentemente de su triunfo, llamó a veedores internacionales de la OEA para fiscalizar imparcialmente las elecciones. Incluso se dispuso un sistema de diagnóstico temprano de resultados, para ir informando hora por hora los resultados generales preliminares de este controvertido comicio. A las 19.40 del domingo 20 de octubre se habían escrutado resultados preliminares de poco más del 80 % de los sufragios.

Para evitar la segunda vuelta que, por lo general, suele ser ruinosa para el oficialismo, porque el sistema del balotaje entre los dos candidatos más votados, termina agrupando a toda la oposición, Evo Morales debía superar por un 10% de los votos a su inmediato perseguidor, el candidato Carlos Mesa.

A eso de las 20.00 de ese domingo fatal, infortunadamente para Evo Morales, la diferencia entre ambos candidatos no superaba el 7%.

Y allí comenzó Cristo a padecer. En ese preciso momento, en que se venía la noche, se cortó la luz y no se restableció hasta casi 24 horas después. Esto fue completamente escandaloso, pues no hubo ninguna explicación técnica que justificara la interrupción del fluido eléctrico, y muchísimo menos, lo ocurrido después.

Cuando volvió la luz, resultó que Evo Morales había sacado una diferencia de más del 10% a Carlos Mesa. De esa manera, no era necesaria una segunda vuelta.

Pero no fue tan fácil: los observadores de la OEA se retiraron porque consideraba que no se habían respetado los protocoles de la elección nacional. Y uno de los tres miembros del Tribunal Nacional Electoral renunció, en desacuerdo con tan oscuros procedimientos y resultados.­

 

A todo esto, el resto del Tribunal convalidó tan peregrinos resultados electorales, imposibles de justificar técnicamente, lo cual disparó las iras de la inmensa mayoría de la población boliviana.­

INSURRECCION POPULAR

 

El pueblo salió a las calles, reunidos en Cabildos y Foros de Acción Cívica, a todo lo largo y lo ancho del país. Primero pedían que se hiciera el balotaje, a lo cual Evo se opuso decididamente, tipo pelito para la vieja.

 

A todo esto, ante el tremendo malestar social y político de la gran mayoría de los ciudadanos, la OEA ofreció una auditoría de los resultados, finalmente aceptada por el primer mandatario.­

Los miembros de todos los espontáneos comités, foros y cabildos cívicos ya hacía casi tres semanas que permanecían en las calles de casi todos los departamentos (provincias, para nosotros) de casi todas las ciudades, en un clima de beligerancia cada vez mayor.

Para peor, Evo Morales pretendió acallar las protestas populares con el envío de fuerzas de choque, parecidas a los colectivos venezolanos, o nicaragüenses, mandados a distintas ciudades, supuestamente con el apoyo de fuerzas policiales de Bolivia. Pero el destino ya estaba marcado y, cuando se conoció el lapidario informe de la OEA, confirmando un brutal fraude, el odio se hizo viral.

Lo primero que ocurrió fue que la policía se puso espontáneamente de parte de los manifestantes. Los grupos de choque, librados a su suerte, lo pasaron muy mal en las distintas regiones. Un caso emblemático fue el de la ciudad de Cochabamba, donde los matones fueron rendidos, perseguidos y humillados por las fuerzas de defensa civil. Finalmente escaparon por los cerros quienes no fueron capturados, incendiando pastizales para cubrir su huida.

 

En realidad, el fraude fue colosal y evidentemente, deslegitimó completamente a Evo Morales y a García Linera.

Entre la enorme cantidad de falsedades propaladas por los autores del relato, tendientes todas a entronizar la patraña de un "golpe de Estado", se dice que la población le pidió apoyo a las Fuerzas Armadas y que estas echaron del poder a Evo Morales. Nade más falso. Quien solicitó el apoyo del Ejército, Armada y Aviación fue Evo Morales.

Y la respuesta de los uniformados fue la piedra de toque para una mentira completamente funcional a cantidad de interpretaciones sesgadas, tendenciosas y básicamente, falsas de toda falsedad.

Los altos mandos enviaron una carta donde ``sugerían'' que el presidente Morales presentara su renuncia. La palabra ``sugerir'' es la máxima palabra que pueden utilizar uniformados para responder a un Capitán General, como lo era en ese momento el presidente constitucional Evo Morales.

Lo que no podían hacer, así lo hubiesen querido, eran salir a ametrallar un pueblo reunido desde hacía tres semanas en las calles para defender un gigantesco fraude electoral comprobado por 32 técnicos informáticos provenientes de 18 países. Mas las 900 pruebas de fraude reunidas por los abogados y técnicos bolivianos.

Las autoridades de la Central Obrera Boliviana, bastante antes de que se conociera la sugerencia castrense, también habían pedido la renuncia del primer mandatario. Los máximos capitostes lo dijeron claramente: ``Esta central es absolutamente marxista pero, en este caso, estamos del lado del pueblo boliviano, como siempre hemos estado". Lo mismo ocurrió con la Iglesia Católica, la cual también pidió la renuncia de Evo Morales para evitar un baño de sangre.

El gran reclamo de la población era, ni más ni menos: elecciones libres, transparentes y democráticas.

LA GRAN MENTIRA

Si hay un continente que tiene vastísima experiencia en golpes de Estado es América Latina. Por ejemplo, todos sabemos que no hay golpes de Estado sin jefes, ni Estado Mayor, unidades militares, armas y recursos económicos, más unas cuantas fuerzas civiles que también acompañan.

Lo primero que necesitan hacer los golpistas es copar lugares claves, sublevar regimientos, buques, aeronaves, para poder detentar el poder mediante la amenaza de las armas del mayor calibre posible.

Pero nada de esto ocurrió en Bolivia, los uniformados no salieron jamás de sus cuarteles mientras Evo Morales y García Linera renunciaban y posteriormente huían, después de haberse refugiado brevemente en El Chapare, epicentro de las 80 mil hectáreas dedicadas a la producción y exportación ilegal de cocaína desde donde Evo Morales construyó su poder político económico e internacional.

Es más, ningún contingente militar ni impidió en ningún momento el aterrizaje y posterior decolaje del avión de la Fuerza Aérea Mexicana enviado por López Obrador para rescatar a los dos ex mandatarios.

Tampoco se conoció ninguna orden de captura contra ellos, ni policial ni judicial, de ningún tipo. Escaparon porque habían llegado demasiado lejos y tenían muchísimo miedo a las imprevisibles consecuencias de sus actos.

De todos modos, dejaron una situación muy difícil de manejar con vistas a poder mantener al país dentro de los límites fijados por la actual Constitución. El mayor problema fue la acefalía causada por la renuncia, no solamente del presidente y vice, sino también de las autoridades que, precisamente, contempla la ley de acefalía boliviana.

Por ejemplo, la presidente del Senado, y el presidente de la Cámara de Diputados. Por eso, quienes hablan de golpe de Estado, no saben de lo que está hablando. ¿Quién podía calcular, de antemano, cuáles funcionarios iban a renunciar y cuáles no?

El estado de acefalía, profundo y grave, duró unas cincuenta horas de máxima tensión, durante las cuales ningún jefe político, sindical, religioso o militar se pronunció para ocupar el Poder Ejecutivo vacante.

 

En su fuero íntimo, es muy posible que Evo Morales hubiera soñado con algún pronunciamiento militar, absolutamente funcional a su pretensión de ser víctima de un golpe de Estado. Pero no hubo tal cosa, para nada.

En realidad, el horno no estaba para bollos. la indignación popular ante la evidencia del fraude explotó como una bomba neutrónica. Había sido una tentativa de falsear la voluntad popular absolutamente audaz y groseramente torpe. Los datos eran proporcionados por centros IP falsos desde el comienzo de los comicios. Incluso los datos de primera mano iban siendo falseados electrónicamente. ­

 

Las evidencias soliviantaron al país. Ni la poderosa Central Obrera Boliviana, gran aliada de Evo Morales en casi toda su gestión, quiso hacerse cargo de semejante felonía. Se trataba de una mentira demasiado flagrante y evidente.

En realidad, dado el modus operandi de esta segunda etapa del socialismo del siglo XXI, primero se alcanza el poder mediante elecciones y luego, cuando los votos ya no son suficientes, se suprimen las elecciones, o se hacen directamente elecciones fraudulentas, sin veedores imparciales de ningún tipo.

 

Partamos de la base de que, en Cuba, se mantiene el mismo grupo político en el poder desde hace sesenta años, sin que nunca se hayan celebrado elecciones libres, transparentes y democráticas.

En Venezuela, el chavismo está en el poder desde hace veinte años. Al principio, con grandes triunfos electorales y, cuando el pueblo se cansó, se optó por elegir una Asamblea Constituyente (una verdadera escribanía) supuestamente dueña de la Suma del Poder Público, cuyos 500 miembros fueron elegidos a dedo por los dirigentes chavistas. Y con esta Asamblea en la cima del poder, se efectuaron unas elecciones burdamente fraudulentas en las cuales Maduro ganó por paliza y donde nadie se podía acercar a menos de trescientos metros de los centros electorales.

Esto se justifica, para los líderes castrochavistas venezolanos, en el hecho de que están liderando una Revolución Socialista que va mucho más allá de un mero resultado eleccionario. Así le va, sin energía eléctrica, sin transporte urbano, sin alimentos, sin medicinas, con una pobreza extrema y cinco millones de desplazados fuera del país.

Lo mismo vale para Ortega en Nicaragua. Al principio ganó limpiamente las elecciones luego de la Revolución Sandinista contra Somoza e, incluso, aceptó su derrota luego frente a la dirigente liberal Violeta Chamorro y le entregó el bastón presidencial. Fue la última vez que lo hizo.

Una vez vuelto al poder en otras elecciones libres también libres y transparentes, estuvo muy atento al resultado de las encuestas y, cuando avizoró una notable pérdida de popularidad, instaló la práctica del fraude como la forma para ganar las elecciones. Así le va ahora, con cientos de muertos entre los ciudadanos que protestaban, un descrédito interno y externo demoledor y unas tensiones internas cada día más difíciles de esconder y de sofocar.

Teniendo un país líder del socialismo del Siglo XXI como Cuba, con sesenta años sin elecciones, y Venezuela y Nicaragua con elecciones fraudulentas, no era tan raro pensar que Evo Morales siguiera por la misma senda.

Pero Bolivia es otro país, mucho más aguerrido y temible en la defensa de sus libertades.

Ahora el país sigue un camino estrictamente constitucional y ya ha lanzado su convocatoria a nuevas elecciones generales a partir del 20 de enero próximo, fecha en que caducará definitivamente el tercer mandato presidencial de Evo Morales. Evidentemente, México le ha resultado mucho más grato para exiliarse que Cuba, Nicaragua o Venezuela.

Rodolfo Enrique Gallo del Castillo

 

¿Qué implicaciones tendría a designación de los cárteles como organizaciones terroristas? LPO habló con el especialista en seguridad Richard Miles sobre el anuncio del presidente de EU.

El 4 de noviembre pasado nueve miembros de la familia mexicano-americana Lebarón -entre ellos seis niños- fueron asesinados en el estado de Sonora. Esta tragedia puso una vez más en el centro del debate la nueva estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero al ser las víctimas ciudadanos estadounidenses, complicó aún más la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

El presidente Donald Trump anunció que buscaría etiquetar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas en la lista del Departamento de Estado. Aunque el viernes anunció que detendría dicha designación, "por ahora". Para entender las implicaciones que tal definición tendría en ambas naciones, LPO consultó a Richard Miles, asociado senior del Programa para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Miles fue parte del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca de George W. Bush y miembro del equipo que desarrolló la Iniciativa Mérida. Su experiencia en asuntos de seguridad es extensa y abarca veinte años entre el Departamento de Estado y como oficial de inteligencia en el Ejército de los Estados Unidos.

¿Podría explicarnos qué es la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO)?

De acuerdo con la ley de los Estados Unidos, básicamente es un proceso del Departamento de Estado, junto con el Departamento de Justicia y el Tesoro. Designan a una organización como una organización terrorista sujeta a todo tipo de controles financieros.

¿Qué opina de la decisión del presidente Donald Trump de incluir a los cárteles mexicanos de la droga en esta lista?

El problema en este caso es que, según la definición de la ley estadounidense, una organización terrorista es un grupo que se involucra en violencia premeditada por motivos políticos. Los cárteles de la droga son diferentes. Ahora hay aproximadamente 60 o 70 organizaciones en la lista de la FTO y todas ellas son grupos fundamentalistas islámicos, o grupos marxistas, o incluso grupos comunistas como Sendero Luminoso.

Por lo que sé, ninguno de ellos son sólo grupos criminales. Algunas de esas FTO también se dedican al crimen, pero todas tienen algún tipo de ideología política. Esta sería la primera vez que una organización puramente criminal, sin ideología política, sería designada como una organización terrorista.

En cuanto a la estrategia para hacer frente a estas organizaciones delictivas, ¿qué significa esta designación?

La principal ventaja es financiera. Le da al gobierno mayor capacidad legal para perseguir las finanzas de los terroristas. Por ejemplo, cualquier banco en los Estados Unidos o cualquier banco sujeto a su jurisdicción, si se descubriera que tienen cuentas relacionadas con cualquiera de estos grupos, tendrían que reportarlo inmediatamente al Tesoro y ese dinero sería congelado.

La parte de la financiación sería mucho más fácil para las autoridades estadounidenses. La otra cosa es el apoyo material. Cualquier individuo u organización que dé dinero a los cárteles de cualquier forma o manera, esas personas también podrían ser acusadas de un delito en los Estados Unidos. Cualquiera que provea, digamos, una casa o un auto, podría ser procesado en los EU. Esas son las ventajas que esta designación da a las autoridades estadounidenses.

Trump dijo que "los cárteles han costado miles de vidas estadounidenses debido a la adicción a las drogas". Eso va a ser un problema porque la ley de Estados Unidos dice que debe ser violencia por motivos políticos. La drogadicción y el narcotráfico no cumplen con los estándares de la ley.

En México existe la preocupación de que esto pueda convertirse en una intervención militar. ¿Son estos temores justificables?

Bueno, el problema aquí es la forma en que el presidente Trump ha hablado de este asunto. No ha hablado de esto refiriéndose a la financiación. Dijo que "los cárteles han costado miles de vidas estadounidenses debido a la adicción a las drogas". Eso va a ser un problema porque la ley de los Estados Unidos dice que debe ser violencia por motivos políticos.

La drogadicción y el tráfico de drogas no cumplen con los estándares de la ley. Pero también ha dicho que le ofreció al presidente López Obrador "que vayamos a limpiar [México]". El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la oferta. Ciertamente suena como una acción militar que viene de la boca del propio Trump. Puedo entender por qué los mexicanos estarían preocupados por algún tipo de acción militar.

Personalmente no veo que eso suceda porque simplemente ya tenemos una buena cooperación con las autoridades de seguridad mexicanas, y ya estamos viendo una nueva forma de combatir a los cárteles bajo el mecanismo que tenemos con la Iniciativa Mérida. La forma en que Trump ha hablado de esto ciertamente crea la impresión de que habría algunas acciones militares, pero creo que la ventaja es principalmente financiera.

Si esta designación sigue adelante, ¿significaría que Trump no necesitaría la autorización del Congreso para lanzar una intervención militar en suelo mexicano?

Bueno, sí, ese es un buen punto. Si se designara a una organización como terrorista, la ley de Estados Unidos ya le da al presidente autoridad para llevar a cabo una redada y ese tipo de cosas. Eso está incrustado, creo, en la autorización de la fuerza militar de 2001. Una legislación que, una vez más, estaba dirigida a grupos como Al Qaeda.

Eso en teoría le daría al presidente la autoridad para perseguir a estos grupos unilateralmente, pero no creo que Estados Unidos lo haga porque ya tenemos muy buena cooperación con los mexicanos para hacer precisamente eso, para perseguir objetivos de alto valor [capos del narco].

Y las autoridades están reevaluando esa estrategia porque se dan cuenta de que realmente no funciona. Ambos lados, en México y Estados Unidos, esa estrategia no ha reducido la violencia y no resuelve realmente el problema subyacente. Pero tienes razón, en teoría, bajo esta designación el presidente puede decir "sabes qué, vamos a eliminar a ese líder con o sin el consentimiento de los mexicanos".

Podría, digamos, ordenar un ataque con drones en territorio mexicano.

Bueno, de nuevo, aquí es donde podría convertirse en un problema. El Congreso de los Estados Unidos no puede bloquear la designación de la FTO, pero los tribunales pueden revisarla. Alguien que actuara en nombre de los cárteles podría presentar una demanda ante un tribunal de los Estados Unidos para revertir la designación y los tribunales la revisarían.

Se reduciría a si -por ejemplo- el ataque a la familia Lebarón, fuera por motivos políticos, o si simplemente se interpusieron en el camino de los narcotraficantes. Ahí es donde ocurriría el debate. Creo que sería desastroso para nuestra cooperación actual con México, hacer algo así unilateralmente. Destruiría décadas de muy buena cooperación con México.

¿Cuál cree usted que es la posición del sistema de seguridad nacional de Estados Unidos sobre este tema?

La gente en el ejército y en Seguridad Nacional, gente que ha trabajado con las autoridades mexicanas, creo que aconsejarían muy fuertemente en contra de tomar acciones militares unilaterales. Porque han tenido una relación tan buena con los mexicanos. De nuevo, él es el presidente y podría ordenar algo así sin escuchar a sus asesores. Y no se ayuda a sí mismo con las declaraciones que sugieren una acción unilateral.

¿Qué opina de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador?

Bueno, no estoy seguro de que haya una estrategia. Claramente, como mencioné, hay mucha insatisfacción por parte de México y Estados Unidos en términos de lo que ha logrado la estrategia de capturar [líderes] de alto valor, y no ha sido impresionante en términos de la reducción de la violencia. Ya existe un consenso en cuanto a que necesitábamos pasar a otra cosa, y entre esas cosas estaba la cuestión de ir tras las finanzas de los cárteles.

Pero el gobierno mexicano no ha hecho eso.

No lo han hecho. Por lo tanto, el problema es que es uno de esos temas en los que no se puede retirar a los militares sin dejar otra cosa en su lugar. Al reducir el papel de los militares en México, pero sin reemplazarlo con otra herramienta, se envía una señal a los cárteles de que pueden ser mucho más agresivos y que habría muy poco retroceso.

Creo que eso es lo que vimos en Culiacán. Ellos sienten que hubo un vacío en términos de política en el lado mexicano, y me temo que vamos a ver más de eso si López Obrador no sale con una estrategia de reemplazo muy fuerte. Creo que van a ser más desafiados.

Ir tras el dinero es una estrategia bastante efectiva. Eso significa que, en lugar de enviar soldados a quemar campos de amapola, estarían enviando contadores e investigadores a los bancos y estrían escudriñando las cuentas bancarias relacionadas con eso. Los EU descubrieron que hacer eso con organizaciones terroristas y criminales es bastante efectivo.

¿Cómo sería esa estrategia? ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano para luchar contra los cárteles sin recurrir a la vieja estrategia de objetivos de alto valor? Sin capturar a los capos de la droga.

Ir tras el dinero es una estrategia bastante efectiva. Eso significa que, en lugar de enviar soldados a quemar campos de amapola, estarían enviando contadores e investigadores a los bancos y estrían escudriñando las cuentas bancarias relacionadas con eso. Los EU descubrieron que hacer eso con organizaciones terroristas y criminales es bastante efectivo.

Una vez que se quedan sin dinero es muy difícil hacer negocios. Mi entendimiento es que se puede hacer mucho en ese frente. Los EU podrían proporcionar una gran cantidad de asistencia técnica sobre cómo hacerlo legal y efectivamente. Eso podría dar algún fruto. Pero aún debes tener algún tipo de estrategia militar para no rendirte, o para poder defenderte cuando asedian ciudades enteras. Necesitas la capacidad de responder. Pero sólo ir por objetivos de alto valor [capos]... no funciona.

¿Por qué cree que la administración de López Obrador no ha ido tras el dinero?

Bueno.... No lo sé, para ser honesto. Desafortunadamente, muchas personas -públicamente poderosas- estarían implicadas. Tal vez AMLO no quiere profundizar demasiado en ese frente. La otra parte es, no sé cuál es su capacidad técnica, o el consejo que está recibiendo en su gobierno y si cree que sería demasiado difícil, o que se necesitaría demasiada cooperación con los Estados Unidos en materia de banca.... No lo sé. No lo sé.

¿Cómo cree que esto se va a desarrollar en la relación bilateral?

Creo que esto va a ser una verdadera prueba para la relación México-Estados Unidos. Con el presidente Trump, puede cambiar de un día para otro, pero nos esperan unas semanas difíciles, si no meses.

Si esta clasificación se aprueba y Estados Unidos comienza a considerar acciones unilaterales de seguridad, eso va a ser un desafío muy serio para las relaciones entre México y Estados Unidos. Porque esa es la única área en la que ha sido una buena historia en la relación bilateral, en contraposición al comercio. Así que, si eso explota, creo que tendremos un par de años difíciles, o al menos mientras el presidente Trump sea presidente.

Hernán Sarquís

 

Ha solicitado la redacción de las acusaciones concretas contra el presidente “con tristeza, pero también con confianza y humildad”

Luz verde a la siguiente fase del proceso de destitución abierto a Donald Trump. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ha encargado a la comisión judicial que comience la redacción de los artículos del ‘impeachment’, es decir, las acusaciones concretas contra el presidente que después deberá votar el pleno de la institución. Lo hace, ha dicho, “con tristeza pero también confianza y humildad, por lealtad a nuestros padres fundadores y nuestro corazón lleno de amor por América”, ha añadido.

“Los hechos son incuestionables”, ha enfatizado Pelosi en un breve y solemne mensaje a la nación desde el Capitolio. “Si permitimos que un presidente esté por encima de la ley, lo haremos a costa de nuestra república” porque los “abusos de poder” de Trump, ha dicho, van contra el corazón estadounidense. “No nos ha dejado más opción que actuar”, ha defendido Pelosi, que hasta que emergió el ‘Ucraniagate’ había frenado los intentos de algunos legisladores de iniciar el proceso de destitución del presidente. “Está en juego nuestra democracia”, ha enfatizo la líder demócrata.

‘Ucraniagate’: La presidenta de la Cámara asegura que “los hechos son incuestionables”

Durante la audiencia publicada celebrada ayer en la comisión judicial de la Cámara, tres expertos en Derecho Constitucional concluyeron que los actos de Trump encajan en la definición del ‘impeachment’ que consta en la Constitución estadounidense y recalcaron el temor que los padres fundadores tenían a que un presidente aceptara ayuda de un país extranjero para conseguir llegar o mantenerse en el poder. Un cuarto experto discrepó, alegando que no todos los hechos se han probado con la exhaustividad que exige un proceso de este tipo.

El presidente Trump estaba resignado a que el procedimiento llegara hasta esta fase y esta mañana ha pedido a los “enloquecidos demócratas” que “actúen rápido” para que pronto sea él quien les haga comparecer como testigos para exponer “lo corrupto que es realmente el sistema”. “¡Me eligieron para limpiar la ciénaga de Washington y es lo que estoy haciendo!”, ha dicho, sin más detalles sobre qué tiene entre manos. “¡Ganaremos!”, ha añadido en otro tuit después del anuncio de Pelosi en el que ha defendido que sus llamadas al presidente ucraniano Volodymyr Zelenski fueron “perfectas”.

Con la decisión de formalizar las acusaciones contra Trump, el proceso entra en la última fase en la cámara baja del Congreso. Los artículos del impeachment serán votados primero en la comisión judicial, probablemente a finales de la semana próxima, y después por el pleno de la Cámara, lo que debería ocurrir el 19 o 20 de diciembre, justo antes del receso vacacional. Los demócratas parecen ahora mismo tener votos suficientes para impugnar al presidente (como les ocurrió a Andrew Johnson y Bill Clinton) y recomendar al Senado que le destituya, algo que no ha ocurrido nunca.

Los republicanos tienen mayoría en la cámara alta y hasta la fecha no hay indicaciones de que los demócratas puedan reclutar suficientes senadores para su causa. Lo más probable es que salga absuelto del juicio político, como pasó también con Johnson y Clinton, de ahí la confianza de Trump en que “ganará”.

Mientras la Casa Blanca ha renunciado a participar en el proceso en la Cámara de Representantes, declinando por ejemplo la posibilidad de aportar sus propios juristas a la discusión legal de ayer, planea aprovechar el juicio del Senado para defender ante la opinión pública estadounidense su explicación de las gestiones de Trump con Ucrania (supuestamente, el interés genuino del presidente en combatir la corrupción en Ucrania, no sólo relativa a la empresa para la que trabajó el hijo de Joe Biden) y el supuesto juego sucio de los demócratas en las elecciones del 2016. Los efectos de este proceso en las elecciones presidenciales del 2020 son una absoluta incógnita.

Beatriz Navarro

Viernes, 06 Diciembre 2019 00:00

¿Quién incendió América Latina?

Escrito por

 

En plena espiral represiva, Bogotá, La Paz, Quito y Santiago denuncian en las protestas una mano negra bolivariana.

Entre los escombros del calcinado edificio de la Contraloría General en Quito, se esconde quizás las respuestas a dos preguntas sobre las teorías de conspiración que se repiten en toda la región latinoamericana en estos momentos de venganza política y violencia.

¿Existe un plan urdido por Caracas y La Habana para desestabilizar a los gobiernos aliados con Washington? ¿O estos mismos gobiernos están utilizando los temores a un complot “comunista” para justificar atentados contra su propio Estado de derecho?

Cuando las protestas paralizaron la ciudad de Quito en octubre, el presidente Lenin Moreno denunció una conspiración urdida con la ayuda de Venezuela con el fin de abrir el camino a la vuelta del expresidente de izquierdas Rafael Correa, que está amenazado judicialmente en Ecuador y reside actualmente en Bruselas.

En una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Quito en octubre Moreno advirtió sobre la presencia en las protestas de “grupos armados infiltrados”. Los indígenas que encabezaron las manifestaciones contra el ajuste del FMI “fueron instrumentalizados por Correa”, dijo Moreno, que dejó entrever que el plan fue diseñado durante una visita del expresidente a Caracas unas semanas antes. El edificio de la Contraloría –la fiscalía general–, ocupado y quemado por un grupo de encapuchados, se cita en los medios oficiales como prueba de la conspiración.

Represalias: Tanto Colombia como Bolivia han expulsado a venezolanos y cubanos del país

Cuando el estallido social se trasladó a Santiago de Chile unas semanas después, el presidente Sebastián Piñera utilizó el mismo argumento al denunciar que subversivos extranjeros libraban una “guerra implacable” contra la democracia chilena. Tras la salida de más de un millón de chilenos a las calles, Piñera tuvo que retirar el discurso sobre los “infiltrados” extranjeros. Pero otros líderes conservadores y muchos medios de comunicación lo mantienen.

Mientras, en Bolivia, las acusaciones contra los agents provocateurs bolivarianos son el pan de cada día del discurso oficial. Cuando miles de indígenas leales a Evo Morales protestaron contra lo que consideran un golpe de Estado, el Gobierno interino de Jeanine Añez denunció a provocadores y expulsó a todos los diplomáticos venezolanos y cubanos, así como a decenas de médicos acusados de financiar las manifestaciones. “No podíamos quedarnos indiferentes ante la ostensible injerencia de Venezuela (...) en los actos desestabilizadores”, ha dicho la canciller Karen Longaric en una entrevista con la agencia France Presse.

Chile: Piñera ha dejado de hablar de “infiltrados” extranjeros, pero no quienes le apoyan

En Colombia, el Gobierno conservador de Iván Duque se apuntó a la teoría de que hay una mano negra bolivariana detrás de las protestas. La escala gigantesca de las últimas movilizaciones ha forzado un cambio del discurso como en Chile. Pero 59 venezolanos fueron expulsados de Colombia la semana pasada supuestamente por incitar las protestas.

Por si hiciera falta un respaldo de Washington, Luis Almagro, el polémico secretario general de la OEA, cuya denuncia de fraude electoral en Bolivia desencadenó la renuncia forzada de Morales, achacó “las actuales corrientes de desestabilización (…), violencia y criminalidad” en América Latina a “la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana”. En este regreso al lenguaje de la guerra fría, hasta se sugiere que la desestabilización se planificó en las conferencias progresistas de este año en el Foro de Sao Paulo (Brasil) y el Grupo de Puebla (México).

Sin embargo, hay motivos para pensar que el ataque contra el Estado de derecho en estos países no viene de Venezuela, sino de los propios gobiernos que la denuncian. Tanto en Quito como La Paz hay indicios de una caza de brujas contra los colaboradores de sus respectivos expresidentes, amenazados con acciones judiciales si regresan al país.

Acusados de rebelión: Políticos ecuatorianos de la oposición han sido detenidos por instigar a las protestas

Así mismo la violenta represión policial y militar –con 22 muertos en Chile, 32 en Bolivia y 8 en Ecuador– ha sido calificada como desproporcionado por grupos de defensa de derechos humanos. En Chile más de 2.000 manifestantes y policías han resultado heridos, con más de 100 lesiones oculares por el disparo a bocajarro de balas de goma y perdigones. En Ecuador, 1.340 manifestantes resultaron heridos, un “alto coste humano”, según la ONU. Casi 20.000 personas han sido detenidas en las protestas: unas 17.000 en Chile, 1.400 en Ecuador, 600 en Bolivia y 169 en Colombia.

En Bolivia, el nuevo Gobierno, sin tener ningún mandato electoral, eximió de responsabilidad penal a los policías y militares antidisturbios aunque luego retiró el decreto, ilegal según la ONU. Añez se ha negado abrir una investigación independiente sobre la muerte a tiros de campesinos partidarios de Evo Morales.

Casi todos los medios de comunicación tanto en Bolivia como Ecuador defienden las medidas contra Morales y Correa. “Todo lo que ves en la televisión es mentira”, afirmó el delegado indígena de Cotopaxi, a 100 kilómetros de Quito, una zona de invernaderos cuyos jornaleros acudieron masivamente a las protestas.

En Brasil, el Gobierno autoritario del presidente ultraconservador Jair Bolsonaro ha advertido que adoptará medidas draconianas si se producen protestas violentas. Eduardo Bolsonaro, su hijo, y el superministro de Economía, Paulo Guedes, amenazaron con reestablecer una medida utilizada por el régimen dictatorial en 1968 para reprimir las protestas. El hijo de Bolsonaro, ha dicho que “sería una ingenuidad pensar que (las protestas en América Latina) no san sido diseñadas”.

La crisis del Estado de derecho en Ecuador puede ser las más preocupantes. Desde las protestas de octubre se han detenido a decenas de cargos del partido de Correa acusados de rebelión. Una es Paola Pabón, la prefecta de la provincia de Pichincha (La Paz y alrededores), desde mediados de octubre en una cárcel de máxima seguridad.

Represión: El nuevo Gobierno boliviano se niega a investigar la muerte de manifestantes

Al igual que con Morales y su partido en Bolivia, el supuesto delito parece ser el mero hecho de apoyar las protestas. La ministra de Interior de Moreno citó como prueba contra Pabón un tuit en que escribió: “Debe salir todo el barrio al paro y pedir la destitución del presidente”. A cuatro otros opositores, entre ellos la exalcaldesa del municipio de Durán, les pasó lo mismo. Siete otros destacados opositores buscaron protección en la embajada mexicana en Quito tras ser avisados de su detención inminente.

Esto pese a que, según una encuesta de Click Report a mediados de octubre, el 68,5% de los ecuatorianos apoyaban las protestas, dato respaldado por las entrevistas realizadas por este diario en las calles de Quito. Con excepciones –normalmente propietarios de comercios–, la gente rechazaba la idea de que las protestas fueron instigadas por Correa o fuerzas extranjeras.

Ya existía antes de las protestas claras señales de la judicialización de la política en Ecuador, como en Brasil. El exvicepresidente Jorge Glas está en la cárcel acusado de aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Otros han sido juzgados por el simple hecho de haber estado en el gobierno anterior, un dato sorprendente puesto que el mismo Moreno fue vicepresidente de Correa y sólo ganó las elecciones del 2017 gracias a su aval.

“Es una persecución y es difícil afrontar los gastos de abogados”, se lamentó en una entrevista con La Vanguardia Fausto Herrera, ex ministro de Finanzas de Correa que ha sido acusado de un presunto delito de “endeudar al Estado”.

En cuanto a las ruinas de la incendiada Contraloría, otra teoría de la conspiración recorre Quito: lo hizo el propio Estado. “Tienes que preguntarte: ¿a quién benefició quemar este edificio? ¿A Correa o al Gobierno?”, planteó el ex ministro Herrera.

 

Andy Robinson

 

Es inevitable el encontronazo en noviembre del 2020, fecha electoral en EE.UU.

La Nación se trenza con percepciones subjetivas y estereotipos. La República, con leyes que responden a los cambios sociales. Eso hay que explicarlo.

La nación nos dibuja la idea platónica de “los americanos”: son blancos, rubios, independientes y bravos, presumiblemente con ojos claros, idealistas, nacionalistas, emprendedores, adoran al dios de los cristianos, heterosexuales y se comunican en inglés. Naturalmente, no todos son así, pero para eso existen los estereotipos. El himno refleja esa mitología. La bandera ondea “sobre la tierra de los libres y el hogar de los valientes”.

La república, al menos en nuestros días, alega que “los americanos” son de diversos colores y mezclas, creyentes o no creyentes en cualquier dios, y están sujetos por reglas o por convenciones sociales que no toman en cuenta la sexualidad o el género.

Muchos han llegado huyendo de los desastres nacionales. Están unidos por la Constitución y la ley, no por la supuesta “identidad nacional”. Se acogen al patriotismo constitucional. A mediados del siglo XXI abundarán más los negros, hispanos y asiáticos que los “americanos blancos”.

Esta dicotomía volverá a presentarse en las elecciones del 2020 entre Donald Trump, quintaesencia de la nación, y quien resulte electo como candidato demócrata de la docena que aspiran a ser el inquilino de la Casa Blanca.

Los hay viejos, jóvenes y maduros; cristianos, judíos y agnósticos; blancos, negros, mestizos e hispanos; gays condecorados por su reiterada presencia en las guerras, hombres y mujeres “averages” al sur de la cintura; radicales y conservadores; socialistas y socialdemócratas; billonarios, millonarios y clases medias; personas extremadamente instruidas y seres menos estudiosos.

El último que ha entrado en la batalla ha sido Mike Bloomberg, un judío neoyorquino, filántropo, de 77 años, y con tres periodos de notable experiencia como alcalde en la administración de New York. Bloomberg es el noveno hombre más rico del planeta. Pero no heredó su fortuna, sino la hizo a golpes de suerte, talento y tecnología.

El antisemitismo de la nación, afortunadamente, le queda lejos. En el pasado, los electores, como parte de la identidad nacional, mayoritariamente blancos, fueron antisemitas, anticatólicos, antinegros, antihispanos, antifeministas, como se reflejaba en las populares correrías del KKK a principios del siglo XX, como se refleja en el film “El nacimiento de una nación” (Griffith 1915) y en los sinsabores de las sufragistas.

La ronda regional de consultas comienza por Iowa. Es probable que gane Pete Buttigieg, alcalde de South Bend, Indiana. Las encuestas así lo manifiestan. El extraño apellido proviene del padre, un profesor universitario procedente de la isla de Malta en el Mediterráneo. Es joven, enérgico, moderado, bien formado académicamente, graduado de Harvard y “Rhode Scholar”, blanco maltés, lo que significa una gran cantidad de mezclas. Sirvió un par de veces en las guerras del Medio Oriente y obtuvo por ello dos medallas meritorias.

Es abiertamente gay. Se casó en el 2018 con Chasten Glezman, un maestro que adoptó el apellido del político. Curiosamente, este rasgo de la personalidad de Pete acaso no le perjudique dentro de los demócratas que votan de acuerdo con los verdaderos valores republicanos. Si es legal, y si es el mejor candidato, ¿qué importa lo que sucede en la alcoba de dos adultos decididos a amarse que no eligieron su sexualidad sino la asumieron paladinamente?

Se trata de una variante del razonamiento que hizo presidente a Barack Obama. (Curiosamente, en EE.UU. los negros e hispanos son los grupos más cargados de prejuicios sexuales). ¿Qué importaba el color de la piel de Obama? Votar por Obama era demostrar que se podían orillar los prejuicios raciales. Votar por un gay es cancelar los prejuicios sobre el comportamiento íntimo de las personas.

A fin de cuentas, no sería el primer presidente gay de EE.UU., pero sí el primero que admite públicamente su condición de homosexual. Al soltero James Buchanan, el décimoquinto jefe de gobierno del país, le tocó ese rol, pero de una manera lateral. Mediado el siglo XIX no era la época adecuada para ese tipo de revelaciones. Sus adversarios le llamaban “Nancy”. En su monumental biografía, Carl Sandburg también lo insinuó de Abraham Lincoln, el décimosexto, aunque sin otra prueba que el hecho de que durante varios años compartiera el lecho con otro adulto llamado Joshua Fry Speed.

Naturalmente, ganar en Iowa no significa que Pete Buttigieg será el candidato demócrata, aunque le saque 10 puntos a Warren, Biden y Sanders en esta cita electoral. Es sólo el primer obstáculo. Tendrá que saltar o esquivar otros muy importantes antes de enfrentarse a Trump: New Hampshire, Nevada, South Carolina, más el definitivo “Super Tuesday”, todos con distintas mezclas raciales e ideológicas. Todos con diferentes intereses mayoritarios. De alguna manera, será el choque entre la vieja nación y la evolucionada república.

Carlos Alberto Montaner

Fuente: www.venezuelaunida.com

 

El documento apunta a actas quemadas, redirección de votos a servidores ocultos y nombres duplicados en los comicios que dieron como ganador a Evo Morales.

La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó este miércoles el informe final sobre la larga lista de “acciones deliberadas” irregulares en las elecciones de Bolivia del 20 de octubre, que “hacen imposible validar los resultados” que dieron como ganador al entonces presidente Evo Morales, ahora asilado político en México.

El informe de la auditoría comprueba que la “manipulación dolosa” se dio en dos escenarios: en la alteración de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas y en el conteo de los resultados. El flujo de los datos se redireccionó en un momento a dos servidores ocultos que no eran controlados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los mismos empleados del tribunal permitieron que esto sucediera, según el informe, “destruyendo toda confianza en el proceso electoral”.

El documento del organismo aclara que las “manipulaciones” e “irregularidades” cometidas durante los comicios impiden saber con certeza el margen entre Morales y el candidato opositor Carlos Masa. “Lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”.

Los auditores revisaron una muestra de 4.692 actas para analizar posibles alteraciones. En el ejercicio identificaron 226 actas en las que dos o más fueron completadas por la misma persona en un mismo centro de votación. También comprobaron que se quemaron actas (el número es incierto) y más de 13.100 listas de electores habilitados para votar. Además, se registraron decenas de actas de votos en el extranjero que no cuadraban con el número de sufragistas.

Según el informe, cuando el 83,76 % de las actas se habían divulgado, el tribunal electoral ocultó a la ciudadanía, de manera deliberada, un 5,58% de actas que ya se encontraban en el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), pero que no fueron publicadas.

El flujo de la información del TREP fue redireccionada a dos servidores ocultos; en uno de ellos existía una base de datos, algo "extremadamente grave y que merece una investigación especial en una ulterior judicialización", reza el informe. El análisis constata que se construyó una estructura informática oculta, “con capacidad de modificar resultados electorales, así como borrar cualquier rastro de esta actividad”.

El documento apunta que Morales ganó debido a “un aumento masivo e inexplicable” de los votos del Movimiento al Socialismo (MAS) en el 5% final del cómputo. El último 5% presentó una tendencia distinta del anterior 95% y también “una diferencia muy marcada” con el 5% de los votos que habían sido computados inmediatamente antes. “El análisis estadístico realizado revela que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable”. Sin ese aumento, aunque el MAS hubiera conseguido la mayoría de los votos, no habría obtenido la diferencia del 10% necesario para evitar la segunda vuelta.

El pasado 10 de noviembre la OEA publicó el informe preliminar de la auditoría en el que revelaba "graves irregularidades" en los comicios y recomendaban repetir las elecciones presidenciales.

El demoledor documento fue un punto de quiebre en medio de las protestas. Morales anunció que convocaría nuevas elecciones, pero el jefe del Ejército lo presionó para que abandonara el cargo. Horas después el líder indígena presentó su renuncia y cogió un avión hasta México, acusando haber sido víctima de un golpe de Estado. Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha sostenido que el único golpe de Estado lo cometió Morales el pasado 20 de octubre.

Antonia Laborde

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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