Domingo, 08 Marzo 2020 00:00

Es fundamental evitar más conflictos - Por Sergio Berensztein

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Con el paro del campo la grieta, más que cerrarse, está a punto de profundizarse una vez más.

 

Con la publicación del decreto 230/2020 en el Boletín Oficial, el último jueves, el gobierno formalizó la suba de 3 puntos en las retenciones para la exportación de soja y derivados, que ahora es del 33%. De este modo, alcanza el nivel máximo previsto por la ley 27541, denominada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que fue votada por el Congreso el 23 de diciembre pasado, a días de haber asumido el nuevo gobierno.

Cabe señalar que, de todas formas, este nuevo umbral de derechos de exportación continúa siendo dos puntos inferiores al porcentaje que regía hasta 2015, que era del 35%. Se trata del segundo incremento que aplica la administración del Frente de Todos, ya que a pocos días de iniciado su gobierno, las retenciones a la soja habían pasado del 24,5% al 30%. Al mismo tiempo, para aliviar las tensiones que se fueron agudizando desde la sanción de dicha ley, se dispuso mantener o incluso reducir marginalmente las retenciones al resto de los productos que exporta el campo. Es decir, toda la carga se centra una vez más en la soja, a pocas semanas de que se inicie la cosecha.

La respuesta del sector, que ya venía protagonizando desde diciembre un conjunto de protestas cada vez con mayor adhesión, no se hizo esperar: la misma tarde del jueves se realizó en “tractorazo” impulsado por productores autoconvocados y la filial de Federación Agraria de Río Tercero, de la provincia de Córdoba. Recordemos que la Federación Agraria Argentina (FAA) representa a los productores más chicos, que el gobierno siempre intentó seducir tratando de fragmentar a la Mesa de Enlace mediante medidas intervencionistas que apuntan a redistribuir ingresos de los sectores “más concentrados” para beneficiar a los más débiles.

Sin embargo, la unidad de la Mesa de Enlace fue una vez más puesta a prueba como consecuencia de la fuerte presión de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que, como nuclea a algunos de los grupos más radicalizados, había convocado a un paro de comercialización de granos y hacienda a realizarse entre el 9 y 12 de marzo. El conjunto de la Mesa de Enlace terminó acompañando esta medida de fuerza, aunque la FAA decidió dejar a sus miembros en libertad de acción. La reacción del gobierno ante esta medida fue la de no ceder, interrumpiendo el diálogo y profundizando el conflicto: "Ellos saben que tenemos razón, este tema está terminado", expresó el presidente Alberto Fernández.

De este modo la Argentina finaliza un período particular que comenzó a mitad de 2019, donde los conflictos sociales (al igual que las tarifas) estaban congelados, a contramano de lo que ocurría en el resto de la región y en buena parte del mundo. Esto fue un hecho particularmente curioso, pues en contextos electorales Argentina suele experimentar una agudización de los conflictos, puesto que los actores que los protagonizan buscan visibilidad pública y sobre todo mediática. Probablemente por una cuestión de expectativas hacia el cambio de gobierno, sobre todo por el eventual retorno del peronismo al poder, experimentamos una suerte desescalamiento de la típica conflictividad argentina, sobre todo a partir de las PASO de agosto pasado, con el contundente triunfo de la fórmula Fernández-Fernández.

A menos de un trimestre de comenzada la nueva gestión, la sociedad argentina recomienza su tradicional dinámica conflictiva. Esto se evidencia no sólo en las protestas de los productores agropecuarios, sino también en otras manifestaciones de insatisfacción ciudadana con decisiones de gobiernos (nacional, provinciales y municipales), fundamentalmente en materia de seguridad: son frecuentes las marchas y hasta cacerolazos en múltiples puntos del Gran Buenos Aires, aunque se trata de una preocupación que se está profundizando en muchos otros puntos del país, sobre todo en la ciudad de Rosario que sufre un agravamiento de la criminalidad ligada al narcotráfico. Se trata, al mismo tiempo, de la región del país más históricamente ligada a la producción agroindustrial, tanto por los puertos como para las actividades comerciales y de servicios.

Paralelamente, la gestión de Alberto Fernández se encuentra obsesionada por la cuestión de la deuda (ayer viernes el riesgo país alcanzó niveles récords), mientras pone de manifiesto una alarmante falta de innovación en materia de discursos, instrumentos, ideas y recetas de política pública que han fracasado sistemáticamente en el pasado, incluyendo claro está el aumento de impuestos y los mecanismos redistributivos definidos por burócratas para “compensar” los supuestos desequilibrios del mercado (diferencias de tamaño, sofisticación tecnológica, etcétera). Como resultado, se están desdibujando (en algunos sectores de decisión, incluso diluyendo) las expectativas positivas que había generado la nueva administración, sobre todo por la convocatoria al consenso y a superar "la grieta". Más aún, el conflicto con el campo del 2008 disparado por la resolución 125 fue justamente el comienzo de la grieta K-anti K. Con esta nueva escalada con el sector agroindustrial, lejos de aplacar o contener las diferencias, el gobierno está haciendo exactamente lo contrario.

Retornamos así a la tradicional dinámica de alta conflictividad que, junto con un sistema institucional sumamente frágil, partidos políticos que son sólo oscuras maquinarias electorales y liderazgos públicos muy cuestionados, caracterizan al país. Como consecuencia de todo esto, la lógica del conflicto lleva muchas veces a escenarios impredecibles y a situaciones muy críticas, donde los actores más “duros” tienden a determinar el resultado de las negociaciones, en detrimento de los segmentos más propensos al diálogo y la negociación, como pasa una vez más con este nuevo conflicto con “el campo”.

A pocos días de cumplirse justamente el 12° aniversario del anuncio de la famosa Resolución 125, que establecía un mecanismo retenciones móviles al sector agropecuario, corremos el severo riesgo de vivir otra revuelta fiscal, en una insólita reedición de la gran crisis de 2008 provocada precisamente por dicha resolución. En aquel entonces, una disputa que comenzó siendo meramente de un sector, el “campo” y con características materiales, como el aumento de la carga tributaria, fue transmutando su naturaleza hasta convertirse en un conflicto complejo y lleno de sorpresas. Por 129 días y numerosos cortes de rutas, actos y multitudinarias movilizaciones, se enfrentaron el gobierno kirchnerista y un sorprendentemente unificado sector rural, convirtiéndose en una gran batalla que revolucionó al conjunto de la política nacional. Que, a partir de este conflicto, experimentó un punto de inflexión que derivó en una radicalización muy acentuada de parte del kirchnerismo, con una dinámica "amigo-enemigo" que pervive hasta nuestros días, como pone de manifestó las insólitas declaraciones del senador Oscar Parrilli y del líder de la CTEP, Juan Grabois.

Uno de los atributos de aquel conflicto es que “el campo” como actor económico, político y social y la “ruralidad” como forma de vida pasaron a ocupar un lugar radicalmente nuevo, que también está en juego en esta innecesaria escalada que observamos estos días. No se trata de un conflicto meramente económico, sino que están en juego valores, una cultura de producción y trabajo: hay toda una dimensión simbólica y hasta ideológica que impregna la visión, la conducta y a veces los prejuicios de los actores involucrados. El campo se siente víctima de una presión tributaria récord y de la incomprensión de élites urbanas que desconocen la naturaleza de la actividad. Y los sectores más duros del kirchnerismo ven en el campo a una oligarquía rentista egoísta, caprichosa y renuente al compromiso, que solo busca su beneficio personal.

Así, el proceso político comenzó a funcionar según la lógica amigo-enemigo del “todo o nada” en función de una retórica comunicacional cada vez más maniquea y extrema: “ellos” o “nosotros”. La grieta, más que cerrarse, está a punto de profundizarse una vez más, con riesgos extraordinarios incluso en términos de la paz social.

Esto pone al gobierno argentino ante una disyuntiva insólita, porque Alberto Fernández conoce mejor que nadie lo que fue el conflicto con el campo ya que fue protagonista (y víctima) cuando se desempañaba como jefe de Gabinete de CFK. Cuando más dólares necesitamos, cuando más deberíamos incentivar la producción exportable (incluyendo al campo, la energía, la minería, el turismo, el conocimiento y la pesca), estamos a punto de cometer el mismo error como sociedad: generar un conflicto con el sector más productivo, dinámico, competitivo, tecnológico, organizado y mejor inserto en el mercado mundial.

Estamos aún a tiempo de evitar un nuevo descalabro, pero es imprescindible que el Presidente convoque una vez más al diálogo y frene esta escalada que puede terminar muy mal. Y así como Raúl Alfonsín fue personalmente a negociar con los líderes de la revuelta de Semana Santa en 1987, Alberto Fernández podría visitar esta semana ExpoAgro, charlar con la gente de campo, entender de primera mano sus problemas y evitar que el país derrape hacia un terreno de confrontación del cual, cualquiera sea el resultado final, todos saldremos afectados como sociedad.


Sergio Berensztein

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