Justicia

Justicia (1128)

 

El Código Procesal Penal Federal (CPPF) se encuentra vigente desde el 10/06/2019 para los casos iniciados desde esa fecha exclusivamente en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Así lo determinó la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal, en cumplimiento de una aplicación territorial progresiva como lo disponen los artículos 2, Ley Nº 27.150; 3 y 7, Ley Nº 27.063; y 3, Ley Nº 27.482.

Mediante la Resolución 2/2019 (Boletín Oficial, 19/11/2019), se decidió implementar determinados artículos para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del país. En el entendimiento de que son normas que no resultan incompatibles ni contradictorias con el sistema regulado por la Ley Nº 23.984, el denominado "Código Levene".

Además, con el objetivo de evitar que el sistema de aplicación territorial progresiva genere y consolide interpretaciones disímiles y contradictorias que provoquen situaciones de desigualdad ante la ley entre habitantes de distintas jurisdicciones provinciales.

Los institutos por aplicar se vinculan con tres ejes nucleares:

1) las medidas alternativas al castigo penal y los derechos de las personas víctimas en los conflictos en lo que hace a su intervención sobre la disposición de la acción penal;

2) la libertad procesal durante el proceso; y

3) el derecho a contar con una revisión judicial amplia, el denominado doble conforme. Desarrollare brevemente los tres pilares aludidos.

TRES PILARES

1. Principio de oportunidad y salidas alternativas. El art. 22 establece un criterio de actuación orgánico para que los jueces y el Ministerio Público Fiscal procuren resolver los conflictos con preferencia a las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social. Esto implica un verdadero cambio de paradigma, se abandona el del descubrimiento de la verdad como centro del proceso penal y se privilegia, en cambio, la resolución del conflicto, en aras de la paz social.

Desde dicha perspectiva se torna operativa la aplicación de los artículos 31 y 34, por tratarse de canales procesales para la procedencia de los criterios de oportunidad y de los métodos alternativos de resolución de conflictos, como son: I) la conciliación y II) la reparación integral del daño.

Entonces desde que las evocadas causales de extinción de la acción existentes en el Código Penal (artículo 59, incisos 5 y 6, la conciliación y la reparación integral del daño), deben regirse "de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes", la implementación de los artículos 31 y 34 permiten llenar la exigencia adjetiva.

2. Libertad personal durante el proceso. En materia de libertad personal, los artículos 221 y 222 regulan circunstancias fácticas precisas y determinadas que permitirán encauzar el análisis sobre la verificación de algún peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso, en consonancia con otras pautas orgánicas que incluye el nuevo modelo para la limitación de derechos fundamentales, como son los artículos 16 y 17.

El artículo 210 enumera un catálogo de medidas de coerción personal a las que se puede recurrir para el aseguramiento del proceso, siempre que se verifique alguno de los supuestos de peligros procesales (artículos 221 y 222).

La norma establece un grado de jerarquía entre las diversas medidas que agrupa a contemplar en forma progresiva por la jurisdicción en cada caso y situación que se someta a su decisión (El representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante podrán solicitar al juez, en cualquier estado del proceso y con el fin de asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, la imposición, individual o combinada, de:

A) La promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación;

B) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen;

C) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe;

D) La prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine;

E) La retención de documentos de viaje;

F) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones, de visitar ciertos lugares, de comunicarse o acercarse a determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;

G) El abandono inmediato del domicilio, si se tratara de hechos de violencia doméstica y la víctima conviviera con el imputado;

H) La prestación por sí o por un tercero de una caución real o personal adecuada, que podrá ser voluntariamente suplida por la contratación de un seguro de caución, a satisfacción del juez;

I) La vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física;

J) El arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga;

K) La prisión preventiva, en caso de que las medidas anteriores no fueren suficientes para asegurar los fines indicados).

En ese orden de ideas, la prisión preventiva (artículo 210, inciso k) se erige como una medida cautelar no punitiva de última ratio, en caso de que las medidas de los incisos anteriores no fueren suficientes para asegurar los fines indicados, esto es: asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación.

3. Medios de impugnación y doble conforme. Se asegura de forma expresa el derecho a una revisión amplia de toda decisión judicial que imponga una sanción penal de cualquier índole (artículos 19 y 21), como un estándar más amplio, preciso y riguroso que el previsto en el ordenamiento de Código Levene.

Se consagra el derecho de toda persona a recurrir la sanción penal que se le haya impuesto ante otro juez o tribunal con facultades amplias para su revisión (artículo 21), receptando la normativa del corpus iuris internacional de derechos humanos y la mejor jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Podemos concluir que la decisión de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal ha tenido por norte alcanzar una mayor intensidad en el resguardo de las garantías constitucionales y que los ciudadanos de una provincia no se vean privados de derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás (artículo 8 de la Constitución Nacional).

Carlos Enrique Llera *

* Director del Centro de Estudios Procesales Universidad del Salvador


 

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó al el exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, en el marco de una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Se trata de una investigación iniciada el 26 de noviembre de 2018 por Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, quien previamente recibió una denuncia anónima que informaba sobre supuestos negocios millonarios que el exfuncionario estaba haciendo en Villa Nueva, en la provincia de Córdoba.

 

Según esa información, la maniobra se llevó adelante mediante un presunto testaferro y Zannini tuvo un crecimiento patrimonial injustificado.

La decisión del juez es a partir de un planteo de "excepción por falta de acción por inexistencia de delito" que hizo la defensa.

El juez Canicoba Corral evaluó que previo a investigar el caso ya había un análisis de la Oficina Anticorrupción en donde se encontró nada, a tal punto que se autorizó a la División Anticorrupción de la Policía Federal a realizar "discretas tareas de investigación encubierta y seguimiento sobre las personas" mencionadas en la denuncia.

Por ello, concluyó que "pese a la gran cantidad de documentación recolectada, no se logró hallar un solo documento o hecho que vincule" a Zannini con su supuesto testaferro y sobre el planteo de la defensa le dio la razón al cerrar la causa ya que de seguir abierta "sería incurrir en una excursión de pesca".

Zannini, quien es mencionado como uno de los integrantes del nuevo Gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre, quedó definitivamente sobreseído ya que el fallo no fue apelado.


El juez Adrián Grünberg, que integró Justicia Legítima, reemplazará a José Martínez Sobrino en el Tribunal Oral Federal 5

Se trata de Nelson Periotti, acusado de “administración fraudulenta agravada” en la construcción y mantenimiento de una obra en la ruta 81.

 

El presidente electo, Alberto Fernández, dijo hoy que la presentación que realizó ayer Cristina Kirchner ante el tribunal que la juzga por supuesto direccionamiento de la obra pública fue "un acto de defensa maravilloso, impecable".

"Hace cuatro años que advierto lo que hace la Justicia, lo que vi ayer fue un acto de defensa maravilloso, impecable. No era una mujer furibunda, sino una mujer que se defendía", señaló Fernández esta mañana en diálogo con radio Metro sobre la indagatoria de ayer de la vicepresidenta electa.

Ayer, la ex mandataria declaró durante poco más de tres horas en el marco de la causa conocida como “Vialidad”, en la que se la acusa de haber direccionado el otorgamiento de contratos de Obra Pública durante el gobierno kirchnerista en favor del empresario Lázaro Báez.

En su exposición, Cristina Kirchner aseguró que el juicio que la tiene como acusada se lleva adelante porque “había que condenar a un gobierno, al que desendeudó al país”, y sostuvo que no espera la absolución de la Justicia, por que ya la “absolvió la historia”.

Para Fernández, la causa "es un hecho vergonzoso" y "técnicamente es un disparate todo lo que han hecho con Cristina Kirchner".

Durante su declaración, la vicepresidenta electa ironizó ayer sobre el eventual llamado a declarar de Fernández: “El responsable de la ejecución del presupuesto es el jefe de Gabinete. Ustedes me lo imputan a mí, pero el que ejecuta es el jefe de Gabinete, y aquí no hay ningún jefe de Gabinete. Y no digo que deberían estar, porque no cometieron ningún delito. Pero si quieren llamarlos van a tener un problema porque van a tener que llamar al presidente de la Nación”.

Al respecto, el mandatario electo señaló hoy que Cristina dijo "una obviedad: el que administra el Estado es el jefe de Gabinete", y agregó que la vicepresidenta electa "demostró la incoherencia del tribunal, no me involucró a mí".

Arremetió además contra el juez Julián Ercolini: "Cada sentencia de un juez es un acto de gobierno, y lo que hizo Ercolini es insólito", y acusó al magistrado de no leer la Constitución.

"Involucrarla a Cristina Kirchner es vergonzoso, es no tener idea cómo se ejecuta en el Estado, cómo se licitan las obras públicas", indicó, y concluyó que Cristina "es una mujer cansada de la persecución".

 

 

Días antes de su nuevo gobierno, Cristina declarará en el juicio por corrupción en la obra pública junto a su ex socio Báez. Y buscará una nueva épica.

No será como ella lo había imaginado y previsto: la primera declaración de Cristina Kirchner en uno de los cuantiosos juicios orales por corrupción en su gobierno no podrá convertirse en su debut mediático urbi et orbi para inaugurar formalmente su nuevo relato político.

El Tribunal Oral Federal 2, que la juzga por el direccionamiento de los millonarios contratos de obras viales en Santa Cruz hacia el emporio empresario de su ex socio Lázaro Báez, se negó al pedido de la ex presidenta e inminente vice para que su indagatoria sea transmitida en vivo.

El desaire -según su singular interpretación- la enfureció, tal como ayer quedó claro en su cuenta de Twitter: “El TOF 2… El mismo que ahora deniega la transmisión en vivo de mi declaración como acusada, que no es otra cosa que mi principal acto de defensa, cuando impulsó y votó la transmisión en vivo de otros juicios orales”, estalló.

Mientras que su eficiente abogado José Beraldi regó la causa de objeciones técnicas, pedidos de pruebas ajenas a la cuestión discutida en este caso y admoniciones sobre supuestas nulidades que harían caer todo el proceso, su defendida trabajó sobre un discurso paralelo: el de la supuesta persecución por parte de la justicia, los medios y el gobierno de Mauricio Macri.

Un detalle: la causa “obra pública” fue iniciada por el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel, que aportó los radiactivos expedientes de cada una de los 51 contratos adjudicados a Báez, atiborrados de irregularidades -más de la mitad inconclusos pero pagados sin chistar como a ningún otro proveedor, por ejemplo- y con números inexplicables.

Juicio causa

A contramano de la tradición judicial para estos casos, el juez Julián Ercolini avanzó con la investigación y cerró la instrucción en sólo dos años. Nota al pie: Ercolini llegó a su puesto en el gobierno de Néstor Kirchner, impulsado por su jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La vendetta por la infidelidad de ese angel caído está pendiente.

El TOF 2 recolectó más pruebas aún. Como el peritaje oficial sobre cinco de los contratos de Báez, que certificó sobreprecios de 170 millones de dólares.

Nada importa. En esta y las demás causas en la que se la acusa de gravísimos delitos, Cristina respondió por escrito que sólo la perseguían. A medida que los expedientes iban creciendo, involucró a otras víctimas de ese supuesto acoso, y convirtió la persecución en conspiración: como ella, Lula da Silva, Rafael Correa y otros líderes pagaban en los tribunales la osadía de haber hecho felices a sus pueblos. El prototipo argumental se perfeccionó con el uso de una supuesta teoría de la “guerra jurídica”, el Lawfare, que se acomoda con facilidad a aquellas necesidades particulares. Hasta el Papa hizo un guiño en ese sentido. Dios lo perdone.

Aunque las urnas son mudas en los tribunales, el triunfo electoral es el as de espadas con que Cristina imagina liquidar el asunto: Si me votaron, todo esto es mentira. Así lo dirá este lunes desde el banquillo de los acusados. Aunque sólo la escuchen los jueces en cuyas manos está su destino.

Claudio Savoia

 

La vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, prestará hoy declaración indagatoria en el juicio que la investiga por el supuesto direccionamiento de los contratos de obra pública vial en Santa Cruz durante su gobierno.

La cita está programada para las 9.30 ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, presidido por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, en los tribunales de Comodoro Py.

Con la indagatoria de la ex presidenta se cerrará la ronda de declaraciones de los 13 procesados y comenzará la etapa de declaraciones de testigos, que se extenderá hasta mediados del 2020

El pasado viernes, el tribunal rechazó el pedido de la defensa de Fernández de Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, de transmitir en vivo la declaración con el criterio de que no se habían presentado argumentos "novedosos" como para revertir la decisión adoptada por el tribunal antes del inicio del juicio, que excluía la posibilidad de transmitir en vivo esta instancia.

"Entendemos que no existen ni se invocan razones novedosas que permitan conmover nuestra primigenia decisión, debiendo estarse en un todo a lo resuelto el pasado 9 de mayo, sin perjuicio de asegurarle a la parte una copia del registro audiovisual de lo acontecido en la jornada próxima, a los fines que estime pertinentes", sostuvieron los jueces Basso y Gorini.

Los magistrados que conformaron la mayoría recordaron que antes del inicio del juicio se había establecido que solo se permitiría la transmisión en vivo del inicio del juicio, la discusión final y la lectura de la sentencia en su parte dispositiva y fundamentos.

Por su parte, en minoría, Giménez Uriburu se pronunció a favor de aceptar la petición de la defensa dado que las limitaciones a la difusión establecidas antes del inicio del debate oral habrían sido superadas por la cobertura periodística que se hizo del mismo.

En el juicio se debaten supuestos delitos en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción.

Además de la ex presidenta y el empresario, también son juzgados los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios.


La Cámara Federal porteña convalidó el procesamiento del juez Claudio Bonadio por peculado.

 

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pidió hoy su “sobreseimiento” en la causa en la que está acusada de haber encubierto al ex ministro de Energía Juan José Aranguren por presuntas “negociaciones incompatibles con la función pública” por su pasado como directivo de la multinacional petrolera Shell.

“Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA. Por el contrario, cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo, como se desprende del expediente sustanciado”, dijo por escrito Alonso.

Acompañada por su abogada Martha Nercellas, la titular de la OA se presentó sonriente pero esquiva con la prensa un cuarto de hora antes de las 11, el horario fijado para la indagatoria por parte del juez federal Luis Rodríguez.

Tras permanecer una media hora en el cuarto piso de Comodoro Py, Alonso se retiró sigilosamente por un ascensor lateral semioculto.

Por toda defensa presentó un escrito de 15 páginas en el que sentenció:

“No logro comprender por qué motivo -jurídico- fui citada a prestar declaración indagatoria. El Ministerio Público Fiscal no ha formulado ninguna imputación concreta a mi respecto, pese a lo cual fui convocada a sentarme en el banquillo de los acusados, sin que existan razones válidas para ello”.

“Surge nítidamente que cumplí con absolutamente todos los deberes a mi cargo; que no omití ninguna actuación a la que estuviera legalmente obligada; y que desempeñé mi función pública con total integridad, probidad y buena fe”.

Alonso recordó que inició una investigación administrativa sobre Aranguren a poco de que éste asumiera como ministro, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia.

Casi simultáneamente el diputado del Frente para la Victoria Martín Doñate presentó una denuncia ante la OA por el pasado del entonces ministro de Energía en Shell.

Alonso describió la investigación realizada y recordó que “a través de la resolución dictada con fecha 9 de septiembre de 2016 expresamente se estableció que en el caso bajo análisis no existió un conflicto de intereses, ni una incompatibilidad de Aranguren para ejercer el cargo, ni una violación del deber de abstención o excusación que recaía a su respecto”.

“Ante la primera noticia de que podía llegar a existir una posible incompatibilidad o conflicto de intereses en cabeza de Aranguren, la OA inmediatamente adoptó todas las medidas que normativamente correspondían, formando y sustanciando (en debido tiempo y forma) el expediente pertinente, tras lo cual concluyó que el nombrado no había incurrido en una infracción a la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública”.

Alonso explicó que el trámite interno de la OA “es el que se hubiera seguido aunque no se hubiese recibido la denuncia del Diputado Doñate. (…) La falta de iniciación de oficio del expediente no se produjo como consecuencia de una omisión, sino simplemente porque la denuncia fue recibida en forma casi simultánea a que comenzaran a estudiarse las declaraciones juradas de los nuevos funcionarios”, abundó.

La suerte de Alonso está atada a la de Aranguren. Si el juez Rodríguez considerara que no cometió delito, entonces Alonso no pudo haber encubierto algo que no existió. En cambio si procesara a Aranguren, el destino judicial de la titular de la OA podría complicarse.

Aranguren está acusado por “negociaciones incompatibles con la función pública. Esa figura no necesita que haya un perjuicio concreto contra el Estado. Alcanza con la sola superposición dolosa entre el rol del imputado en tanto asume el rol de funcionario y al mismo tiempo está interesado en una cuestión que lo vincula.

La administración pública incluso puede resultar beneficiada desde el punto de vista económico y el delito puede haberse cometido igual.

El juez Rodríguez tiene diez días hábiles para resolver la situación procesal de ambos, lo que sitúa la cuenta entre el 10 y el 11 de diciembre próximos.

 

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será indagada el próximo lunes en el juicio que se le sigue junto al detenido Lázaro Báez por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz, luego de que el empresario guardó silencio en la audiencia de hoy.

El Tribunal Oral Federal 2 citó formalmente a la actual senadora nacional y vicepresidenta electa por el Frente de Todos para el próximo lunes 2 de diciembre a las 9.30 en los tribunales de Retiro, para tomarle declaración indagatoria.

Cristina será la última de los 13 procesados en esta investigación por supuesta asociación ilícita en cumplir con el trámite y, según adelantaron fuentes de su defensa, aceptaría hablar ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Cristina volverá a Comodoro Py 2002 una semana antes de su jura como vicepresidenta de la Nación, para estar presente en el primer juicio oral y público que se le inició por delitos que se le atribuyen.

En esta etapa del juicio, el debate no es televisado y sólo puede presenciarse tras tramitar el ingreso a la sala de audiencias.

En cuanto a Báez, fue trasladado por la mañana desde la cárcel a los tribunales federales de Retiro para presenciar la audiencia y declarar pero manifestó que no lo hará por el momento.

"He tenido la oportunidad de escuchar las imputaciones que se me han hecho, me reservo el derecho de declarar para una oportunidad más adelante", expresó el dueño de Austral Construcciones al sentarse en el banquillo de los acusados y responder a preguntas del juez Giménez Uriburu, quien presidió el debate.

El empresario dio sus datos personales, informó que nació en Corrientes y luego se negó a hablar.

Báez sólo dijo que busca informarse "de la totalidad" de la causa porque es un expediente "voluminoso".

"Con los ingenieros de las compañías estamos tratando de armar cada una de las respuestas a las imputaciones", explicó.

La semana pasada el dueño de Austral Construcciones sí habló en el otro juicio que se le sigue en la actualidad y que está en su etapa final por supuesto lavado de activos donde también están acusados sus cuatro hijos.

En esa oportunidad ante otro Tribunal, el Oral Federal 4, acusó al gobierno actual de buscar perjudicar con las acusaciones en su contra a Cristina Kirchner y al "proyecto de país" que tenía el fallecido Néstor Kirchner.

Apenas concluyó el trámite de Báez, fue el turno de otro de los acusados, el ex funcionario de Vialidad de la provincia de Santa Cruz José Santibáñez, quien sí aceptó prestar declaración pero no respondió preguntas.

Santibáñez negó haber integrado una asociación ilícita y sostuvo que él fue funcionario del ex gobernador Daniel Peralta, al recordar el enfrentamiento de este último con el kirchnerismo.

"No me nombró ni la doctora Fernández, ni el ingeniero De Vido, fui funcionario de Peralta, me puso Daniel Peralta", dijo.

"En Santa Cruz somos pocos y nos conocemos todos", dijo al Tribunal al recordar que es militante del Partido Justicialista desde 1982.

El ex funcionario sostuvo que "nunca" administró fondos nacionales.

"Se habla de que no cuidé los fondos de la Nación, la verdad nunca administré ningún fondo", dijo a los jueces.

La ex presidenta, los detenidos Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el secretario de Obra Pública José López, entre otros, son juzgados por el presunto direccionamiento a favor del empresario de las adjudicaciones en Santa Cruz durante el kirchnerismo.

Todos están acusados por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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