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Justicia (1249)

 

Es en el marco del caso D'Alessio. El juez aclaró que no lo detiene sólo porque tiene fueros.

El fiscal federal Carlos Stornelli fue procesado hoy por el juez Alejo Ramos Padilla por el delito de asociación ilícita, en la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje y extorsión que habrían afectado a unas 60 personas, informaron fuentes judiciales.

Ramos Padilla, juez federal de Dolores, tramita el expediente que se inició por una denuncia de un empresario que dijo que quisieron sacarle dinero para evitar que quede implicado en la "causa de los cuadernos" de los supuestos sobornos por la obra pública, en la cual Stornelli intervino como acusador.

En su resolución, el magistrado aclaró que no dicta la prisión preventiva a Stornelli porque posee inmunidad en función de su condición de funcionario judicial. Sin embargo, Ramos Padilla reconoció que la libertad del fiscal conlleva "riesgos procesales", dado que estuvo siete meses "en rebeldía", sin presentarse a declarar en la causa, a pesar de que fue llamado en seis oportunidades.

"Próximo a que se resolviera su situación en el marco de los procesos disciplinarios que se le iniciaron en la Procuración General de la Nación, se puso a derecho en estas actuaciones y finalmente prestó declaración indagatoria el 29 de noviembre pasado, meses después de que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmara su rebeldía", aclaró el magistrado.

El juez describió que, de acuerdo con las pruebas recabadas, habría habido "más de 30 operaciones ilegales de inteligencia y más de 60 personas sobre las que se formularon distinta clase de operaciones o investigaciones ilegales".

La causa se inició a mediados de febrero pasado, cuando el empresario Pedro Etchebest denunció que el detenido Marcelo D'Alessio -de quien más tarde se supo que era un falso abogado y se presentaba como agente de la DEA- le pidió dinero a cambio de no ser involucrado en la "causa de los cuadernos" que instruía Stornelli.

La reunión entre Etchebest y D'Alessio se produjo en Pinamar y la denuncia se radicó en el juzgado federal de Dolores, con jurisdicción sobre esa ciudad. Poco después Ramos Padilla ordenó la detención del falso abogado, quien el reciente 9 de diciembre declaró como "arrepentido" en el expediente.

"A partir de la prueba recolectada y fundamentalmente a partir de los registros hallados en el domicilio de Marcelo D'Alessio, se pudo desentrañar el funcionamiento de una organización criminal clandestina, compuesta por numerosas personas, que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales", sostuvo el juez en su fallo.

Para Ramos Padilla, "esa organización actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior, para beneficio de sí misma, de sus integrantes y de terceros".

Además, aseguró que los integrantes de esta presunta asociación ilícita "para concretar sus fines delictivos" tuvieron "a su disposición relaciones estratégicas, entre otros, con un importante miembro del Ministerio Público Fiscal de la Nación, como el aquí imputado Carlos Stornelli".

Ramos Padilla armó además que "a lo largo de más diez meses de pesquisa, se ha vinculado al proceso a más de una decena de personas, entre los que se encuentran ex agentes de inteligencia, ex comisarios, un scal provincial, un periodista (Daniel Santoro del diario Clarín)" y otros imputados que participaron de diversa manera en los distintos hechos ilícitos que llevaba adelante la organización".

"Las pruebas recogidas durante este sumario, y en particular aquellas halladas en los teléfonos y computadoras de Marcelo D'Alessio, indicaron que estábamos frente a más de 30 operaciones ilegales de inteligencia y a más de 60 personas sobre las que se formularon distinta clase de operaciones o investigaciones ilegales", remarcó el escrito.

Ministros bonaerenses se reunieron con legisladores para avanzar con la emergencia En el fallo se armó que las operaciones detalladas en la causa "estuvieron vinculadas a la actividad del Poder Judicial o de los ministerios públicos fiscales".

Y recordó que a la fecha "son dos los fiscales que han sido convocados a prestar declaración indagatoria". Uno de ellos Stornelli, y el otro, el fiscal provincial de Mercedes Juan Ignacio Bidone, suspendido por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires cuando se inició la investigación.

En ese sentido, Ramos Padilla describió un mecanismo conocido como "bandeja de plata", término que se utiliza para describir "casos en los que la información que se genera o se reserva de manera ilegal por parte de agentes orgánicos o inorgánicos de inteligencia es traída al plano institucional mediante la complicidad de funcionarios".


 

El juez federal Sebastián Casanello dispuso hoy la elevación a juicio oral y público de la causa conocida como M&P en la que se investiga al detenido empresario Lázaro Báez y a dos de sus hijos por presuntas maniobras de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

En este expediente se investigan maniobras realizadas con empresas fantasma para inyectar dinero en la firma Austral Construcciones a través de M&P, otra firma de Báez, entre los años 2015 y 2016, con el fin de eludir los embargos que pesaban sobre empresas y miembros de la familia del empresario.

Casanello solicitó la elevación a juicio del expediente, que tiene 14 imputados, entre los que se encuentra Báez y sus hijos Luciana y Martín, en la causa por la cual el empresario contratista de obra pública sigue detenido con prisión preventiva.

“Hacia fines de 2015 y mediados de 2016, de sociedades de dudosa actividad comercial a través de las cuales, mediante la simulación de operaciones comerciales, se habría intentado justificar la inyección de dinero de procedencia ilícita a las empresas del grupo Báez, a nivel local”, sostuvo el juez en su auto de elevación a juicio.

En la resolución, el magistrado citó el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan en el que se indicaba que en la causa se investiga a los Báez y otras personas por “haber puesto en circulación en el mercado dinero negro proveniente de hechos ilícitos cuyo monto ascendería a una suma superior a los $127.624.184”.

Las maniobras se hicieron “mediante distintas transferencias bancarias y operaciones simuladas que habrían tenido lugar entre el mes de diciembre de 2015 hasta el mes de julio del año 2016, con el objeto de convertirlo e integrarlo al circuito económico formal bajo apariencia de legalidad y cortar todo lazo con los ilícitos que lo generaron”, había sostenido el fiscal.

“Consistieron en la canalización de ese dinero a través de distintas sociedades, dentro de las que se encuentran la firma Indigo SA, Recaudaciones Computarizadas SA, Proydesa SA, Karnix SA, Siembra y Comercialización de Granos SRL, Catahu SA y Xhoris SA.

Todas esas firmas realizaron diferentes transferencias bancarias a favor de “M&P SA” –cuyos accionistas y responsables son Martín Báez, César Andrés y Luciana Báez- y de “Austral Construcciones SA”, propiedad de Lázaro y Martín Báez, según se dictaminó.


 

El presidente de la nación Alberto Fernández anunció que Félix Crous, de Justicia Legitima, será el titular de la Oficina Anticorrupción. Su designación generó críticas y polémica, aunque el mandatario nacional aseguró en su anuncio que lo que busca es que el organismo sea "independiente de la presidencia".

A continuación un repaso sobre quién es el fiscal:

"He propuesto el cargo a Félix Crous, el fiscal, que aceptó. Vamos a hacer que la Oficina deje de depender de Presidencia y que opere con autarquía y autonomía, y que se sienta libre para hacer lo que tenga que hacer", con estas palabras el presidente de la nación Alberto Fernández anunció el nombramiento de la persona que remplazará a Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción.

De inmediato, las críticas y dudas empezaron a llover respecto al nombramiento, y tal como ocurría con Alonso, quien era constantemente juzgada y ponían en duda la autonomía de ese organismo (está procesada y embargada), ocurre ahora con Crous, que apenas asumió hace muy pocas horas.

Pero por qué llueven las críticas, ¿quién es el fiscal?

Félix Crous es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y con un posgrado en Especialización en Administración de Justicia.

Integra el sistema judicial desde hace 18 años.

Fue titular hasta 2017 de la Procuración para víctimas de la violencia institucional (Procuvin) que su jefa, la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, creó en 2013.

Posteriormente, fue separado del cargo tras participar en la causa por la muerte de Santiago Maldonado.

Hasta 2013, Crous impulsó los juicios contra represores por los crímenes cometidos durante la última dictadura como titular de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones de los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, dependencia que creó el ex procurador general de la Nación Esteban Righi, en 2004.

"Les cuento que ayer el procurador general Eduardo Casal me comunicó que me desplaza de la Procuraduría de Violencia Institucional. Esperaba una decisión así. No me sorprendió. Ofreció que eligiera otro destino; opté por Crímenes de Lesa Humanidad", informó en su cuenta de Twitter en esa oportunidad.

Entre 2001 y 2003 se destacó como fiscal de los Juicios por la Verdad en La Plata.

Crous tiene una postura pública más cercana al pensamiento kirchnerista, y por eso su designación generó tantas críticas. Por ejemplo, Crous sostiene que en la Argentina hay presos políticos, como por ejemplo Milagro Sala, y se pronunció en contra de lo que definió como "la utilización abusiva de las prisiones preventivas".

El fiscal también es de los funcionarios judiciales que proponen ampliar la Corte Suprema de Justicia y considera que el actual Consejo de la Magistratura "no sirve para nada".

Al fiscal también le gusta la televisión y el periodismo, incluso se define como "animador radial", incluso, actualmente comparte un programa de radio en AM 530 con el periodista y extitular de Télam durante el kirchnerismo, Martín Granovsky.

Hace casi 20 años, Félix Crous hizo un papel que nada tiene que ver con la Justicia, ya que fue uno de los tantos humoristas que pasaron por el histórico Videomatch de Marcelo Tinelli.

"Muchos se alarman porque aparezco en bermudas en un ciclo de humor, en vez de fijarse en la corrupción", dijo en 1997 cuando fue consultado sobre su rol en la justicia y su papel en el programa de Tinelli.

Su designación sorprendió y generó dudas ya que Crous pertenece a la agrupación kirchnerista del Poder Judicial, Justicia Legítima.

Además, fue miembro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (1998-2013) y director de Política Criminal de la Procuración General (2003–2007).

 

 

El Juez Federal es el postulado del Gobierno para ocupar el puesto en el que está Eduardo Casal como interino tras la salida de Alejandra Gils Carbó.

Se necesita mayoría especial para designarlo, o sea, dos tercios de los presentes. Por este motivo, el oficialismo deberá consensuar con la oposición. Rafecas y el presidente tienen una relación cordial y Fernández cree que es el indicado para la Procuración debido a que su mentor fue Esteban Righi.

El juez federal Daniel Rafecas es el candidato del presidente Alberto Fernández para ser el Procurador General de la Nación. El pliego con su postulación ingresará en estos días al Senado para que sea aprobado para el cargo.

Se necesita mayoría especial para designarlo, o sea, dos tercios de los presentes. Por este motivo, el oficialismo deberá consensuar con la oposición. El cargo estaba vacante desde octubre de 2017 tras la salida de Alejandra Gils Carbó, que renunció tras las presiones del gobierno de Mauricio Macri. Eduardo Casal está como procurador interino.

La trayectoria jurídica de Rafecas comenzó a sus 19 años, cuando empezó a trabajar como meritorio en un juzgado de sentencia, gracias a la gestión de un primo de su madre, el juez Eduardo Albano.

Comenzó la carrera de derecho en 1985, en la Universidad de Buenos Aires, y se recibió de abogado en 1990. En 2001 concluyó un posgrado de Especialización de Derecho Penal en la misma facultad, con 10 de promedio. Luego se doctoró en Ciencias Penales en 2009. Su tesis se tituló "Tortura y otras prácticas ilegales a detenidos. Su reflejo en el Código Penal Argentino" y recibió la calificación de sobresaliente.

En 1994 ingresó en la carrera docente de la Universidad de Buenos Aires. Es adjunto en "Teoría del Delito y Sistema de la Pena" de la cátedra Hendler y titular de las materias de posgrado en Derecho Penal "Teoría del Delito y Fundamentación de la pena" y "Teoría de la pena" (desde 2005). También dicta el seminario "Derecho penal y Holocausto".

Fue secretario de una fiscalía de juicio oral federal, estuvo a cargo de la Fiscalía de La Boca, y en 2003 llegó a Secretario Letrado de la Procuración General de la Nación, a cargo del procurador Esteban Righi, quien fue su mentor. Righi, recientemente fallecido, es un punto de conexión con Alberto Fernández. Es uno de los referentes del presidente, quien lo rindió homenaje en su primer discurso como mandatario.

Rafecas y Fernández se conocen desde hace tiempo, ambos compartieron el departamento de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, pero en distintas cátedras de teoría del delito. Tienen una relación cordial y el presidente cree que es el indicado para ser el próximo Procurador, debido a que proviene de la escuela de Righi.

El nombre de Rafecas comenzó a ser importante en 2004, cuando Néstor Kirchner lo designó como el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 en Comodoro Py. Algunos de los casos más recordados que tuvo como Juez Federal fueron los de delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar y quien envió a juicio oral por enriquecimiento ilícito a César Milani.

A poco tiempo de asumir como juez, se hizo cargo de la instrucción de la causa sobre sobornos en el Congreso de la Nación y procesó a 9 imputados. Por la misma causa, también procesó en 2009 al expresidente Fernando de la Rúa, a quien lo consideró como "el máximo responsable del pago de sobornos".

También envió a juicio oral al exministro de Planificación, Julio De Vido, por favorecer a la empresa Odebrecht en la adjudicación de obras públicas y al exsecretario de Obras Públicas, José López, por el caso de los bolsos con 9 millones de dólares ubicados en un convento de General Rodríguez.

Por otra parte, Rafecas está especializado en los estudios del Holocausto.

Es consultor académico ad-honorem en la Fundación Memoria del Holocausto de Buenos Aires y ha dictado varias conferencias sobre temas relacionados con la Shoá en los Estados Unidos (Auschwitz Institute), Francia (UNESCO), España (Casa Sefarad e Israel (Yad Vashem), y también en países de Latinoamérica y universidades del interior de Argentina.

En 2005, decidió no condenar a tres adolescentes por el hostigamiento a un joven por ser judío, y en cambio los llevó a visitar el Museo del Holocausto, donde los acompañó personalmente y les dio una clase contra la discriminación.

Con toda esta trayectoria, Rafecas está esperando ser designado por el Congreso como Procurador General de la Nación.

El Procurador es el funcionario que dirige el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina y es el jefe de todos los fiscales que actúan ante tribunales nacionales. Al mismo tiempo, él es el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Artículo 120 de la Constitución Nacional establece: "El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones".

Según el Artículo 13 de la Ley 24.946, el Procurador General de la Nación goza de estabilidad en su cargo mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco (75) años de edad. Solo puede ser removido por juicio político.


 

Se trata de la magistrada a cargo del Juzgado Correccional de la capital provincial, Felicitas Maiztegui Marcó, quien acusó a Estela de Carlotto de representar "el dolor de violentos subversivos que usaban armas para matar a civiles para ocupar el poder".

La jueza correccional de Ushuaia, Dra. Felicitas Maiztegui Marcó, cruzó duramente en Twitter a la máxima representante de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

El episodio se desató cuando la magistrada de la capital provincial respondió una publicación de Radio Mitre, en la que Carlotto cuestionaba el accionar de Patricia Bullrich y la nueva "Doctrina Chocobar".

En su tweet, la jueza acusó directamente a la representante de Derechos Humanos de “representar el dolor de violentos subversivos que usaban armas para matar a civiles para ocupar el poder”.

Algunos minutos después de referirse a Estela de Carlotto, la jueza se mostró en contra de que la Corte Suprema de Justicia se negara a otorgar el famoso “2×1” a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. En ese caso, la funcionaria fueguina opinó: “Igualdad ante la ley”.

Según circuló, la jueza ya había también publicado opiniones polémicas sobre el movimiento feminista y sobre los inmigrantes que llegan al país. 


Fuente: www.infofueguina.com 

La decisión del Juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, fue por una protesta que se realizó sobre la ruta 9, a la altura de San Pedro. El fallo también alcanza a dirigentes de la oposición, como la ex diputada, Margarita Stolbizer. Desconcierto y preocupación en la actual dirigencia del campo

 

Reorganizar la Justicia, redistribuir el sistema federal, poner en marcha el sistema acusatorio, son las claves del paquete. La Ley del Arrepentido, usada de forma grotesca por fiscales y jueces federales, es otra cuestión central.

El equipo del Ministerio de Justicia, encabezado por Marcela Losardo, está trabajando los proyectos de ley que integrarán el paquete sobre reforma judicial , pero ese paquete no se enviará para ser tratado en las sesiones extraordinarias antes de fin de año. Lo más probable es que se envíen a comienzos de 2020, tal vez para ser tratadas en las extraordinarias anteriores a la apertura de marzo.

Como ya anticipó Página/12, uno de los ejes estará en poner en marcha el llamado sistema acusatorio, que le quita poder y protagonismo a los magistrados ya que la instrucción de los expedientes pasa centralmente a manos de los fiscales.

Sin embargo, lo sustancial estará en una reorganización de la justicia y en una redistribución de todo el sistema federal. La ministra Losardo adelantó que también están estudiando la forma en la que se viene implementando la ley del arrepentido, que consideró que "funciona mal".

La ministra confirmó los adelantos de este diario en diálogo con el programa La inmensa minoría de Radio con Vos, aunque dijo que el proceso podría ser más lento que lo adelantado por el presidente: "nuestro equipo está trabajando los proyectos que no son coyunturales sino de fondo y sobre los que buscaremos consensos". Sucede que las sesiones extraordinarias inmediatas estarán destinadas a las emergencias, básicamente la sanitaria, alimentaria y económica.

En realidad, desde el punto de vista legislativo, poner en marcha el sistema acusatorio no requiere de ley porque ya está aprobada, pero la instrumentación no es sencilla. Por ahora sólo se puso plenamente en marcha en Salta porque el macrismo nunca quiso esa transformación: la coalición judicial-política-mediática alineada con Cambiemos estaba a sus anchas con los jueces de Comodoro Py y de ninguna manera iba a activar un sistema que le quita poder a esos magistrados.

En el sistema acusatorio el que protagoniza la instrucción es el fiscal: pone en marcha las pruebas, toma los testimonios, ordena las pericias. Luego formula la acusación. El juez controla el proceso y decide sobre las cuestiones claves: los pedidos de allanamiento o las detenciones que pide el fiscal.

O sea que el fiscal acusa, el defensor defiende y el juez está en el medio controlando, proponiendo medidas cuando considera que el fiscal no las puso en marcha y resolviendo si procesa, si hay que seguir investigando sin procesar ni absolver o si absuelve.

Losardo afirmó que los magistrados no están tan en contra, pero cuando se puso en marcha el sistema en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hubo protestas públicas y en off the record de numerosos jueces. Es posible que, como dice la ministra, esta vez haya menos reacción porque el sistema está implementado en todas las justicias provinciales y rige en gran parte de los países. Es como un adelanto frente al cual hay pocos argumentos para resistirse.

También Losardo insistió en que no se debe mirar sólo a Comodoro Py: "tenemos varios fueros. El contencioso administrativo, el penal económico, el civil y comercial federal. No todo es Comodoro Py". Sin embargo, está claro que Alberto Fernández, en su discurso inaugural, fundó la necesidad de la reforma en las gravísimas maniobras e irregularidades que se produjeron en el edificio de Retiro, en connivencia con agentes de inteligencia y operadores judiciales.

Losardo también mencionó este miércoles la cuestión de la Ley del Arrepentido, otro instrumento usado de forma grotesca por los fiscales y jueces federales, según denunciaron algunos de los imputados a quienes le ofrecían la libertad si, por ejemplo, mencionaban a Cristina Fernández de Kirchner.

La jugarreta se completaba con la falta de grabación de las declaraciones, de manera que se ocultaron las negociaciones ilegales con el fiscal en el caso de las fotocopias de los cuadernos. "Todos sabemos que funcionó mal. Estamos estudiando también eso, aunque no lo tenemos como uno de los primeros temas", explicó la ministra.

La funcionaria reiteró lo dicho por el presidente respecto del abuso en las prisiones preventivas durante estos años. "Todos lo sabemos --dijo Losardo--. Está muy claro que si no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, no hay razón para imponerle la prisión preventiva a alguien. Se llama justamente prisión preventiva, prevenir la fuga y el entorpecimiento. No puede ser una condena anticipada".

Aunque no lo mencionó, parece cantado que en la reforma se incluirá el traspaso de la estructura de escuchas telefónicas. El macrismo se lo quitó a la Procuración porque quería sacárselas a Alejandra Gils Carbó, la procuradora que Mauricio Macri pretendía sacar de su cargo.

Mediante un decreto, la estructura pasó a la Corte Suprema, ésta la puso en manos de Martín Irurzun, camarista de Comodoro Py, y todo derivó en un festival de filtraciones y shows mediáticos, con la difusión de diálogos entre detenidos y sus abogados; entre maridos y esposas; padres e hijos y hasta la ex presidenta CFK con quien fuera secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.

Cristina Fernández lo sintetizó así: "Irurzun te escucha e Iruzun te detiene". En todo el proceso, por supuesto, se metió la mano de la Agencia Federal de Inteligencia, a la que se acusa de haber intervenido en el reparto de las escuchas en los medios más cercanos al oficialismo.

El lugar central de la reforma tendrá que ver con la reorganización del sistema federal. Se menciona que las causas ya no serán sorteadas sólo entre los jueces federales sino entre todos los jueces penales, lo que en la ciudad de Buenos Aires significa que entrarán en los sorteos de los expedientes sobre corrupción, no ya los 12 magistrados del edificio de Retiro, sino los 70 jueces penales de CABA.

Raúl Kollmann


Fuente: www.pagina12.com.ar 

 

Es por una causa que investiga la extorsión al empresario Traficante involucrado en "la mafia de los contenedores".

El periodista Daniel Santoro fue citado a indagatoria en el marco de una causa que investiga la extorsión a un empresario que supuestamente estaba involucrado en la "mafia de los contenedores". A pesar de que se trata de un caso diferente al que se investiga en Dolores, también involucra al falso abogado Marcelo D ´Alessio.

La causa está en manos del juez federal Luis Rodríguez y Santoro deberá comparecer en Comodoro Py el próximo 23 de diciembre. El empresario aduanero Gabriel Traficante acusó a D´Alessio de haberle pedido dinero para no involucrarlo en una causa.

Ambos eran vecinos del country Saint Thomas y el falso abogado le habría prometido a Traficante favorecerlo en la causa de la mafia de los contendores a cambio de dinero.

Por la misma causa ya están con un procesamiento confirmado por la Cámara Federal el suspendido fiscal Juan Ignacio Bidone y los espías Rolando Barreiro y Claudio Álvarez. El juez Rodríguez considera probado "que D'Alessio se contactó con Gabriel Traficante y, bajo la presión de que podría parar el desarrollo de una "investigación irregular" en su contra le exigió el pago de distintas sumas de dinero".

Traficante aseguró que fue amenazado con la publicación en el diario Clarín de artículos que podían "arruinar su reputación" y que posteriormente salieron vieron la luz y llevaron la firma de Santoro.

En julio del año pasado el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla había procesado a Santoro por presunta coacción y tentativa de extorsión en una causa que investiga actos de espionaje ilegal contra distintos empresarios.

"D'Alessio usó mi nombre sin mi consentimiento. Fue fuente mía para cuatro o cinco notas, pero soy totalmente ajeno a los delitos que le imputan", aseguró el periodista durante su indagatoria al tiempo que aseguró que era víctima de "una maniobra de ex funcionarios K y empresarios K".


 

El ex ministro nacional irá al gabinete de Kicillof y Mena quedaría como segundo de Losardo.

Cristina Kirchner se asegura tener incidencia en temas de Justicia de cara al próximo gobierno. Al igual que lo hizo en materia de seguridad, la vicepresidenta electa eligió a Julio Alak como ministro de Axel Kicillof en la Provincia y a Juan Martín Mena como número dos de la albertista Marcela Losardo, que encabezará la cartera nacional.

Como supo LPO a través de fuentes al tanto de las negociaciones, Cristina pidió que quien fuera su ministro nacional entre 2009 y 2015 desembarque ahora en el gabinete de Kicillof. También se aseguró de ubicar al ex número 2 de la AFI, de fluidos contactos con la Justicia Federal, como segundo de Losardo, una de las funcionarias de mayor confianza de Alberto Fernández.

Berni y otros ex funcionarios de Cristina mencionados para Seguridad

De estrechos vínculos con Alak, junto a quien trabajó en el ministerio nacional, Mena es hoy uno de los hombres de máxima confianza de Cristina en materia judicial y es clave para la ex Presidenta garantizarse el segundo puesto en ese ministerio.

Cristina tendrá una fuerte incidencia en temas judiciales y de seguridad, dos áreas que le interesan particularmente de cara a la próxima gestión.

Como anticipó LPO, en una jugada estratégica para garantizarse el manejo de la estructura de seguridad, decidió vetar a Diego Gorgal y le dio el visto bueno a la antropóloga Sabina Frederic, que finalmente quedó al frente del ministerio de Alberto. En tanto, pidió a Kicillof bajar la guardia y permitir que su ministerio lo encabece Sergio Berni, aunque hasta este martes era prácticamente la única duda sobre el gabinete bonaerense.


 

El Código Procesal Penal Federal (CPPF) se encuentra vigente desde el 10/06/2019 para los casos iniciados desde esa fecha exclusivamente en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Así lo determinó la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal, en cumplimiento de una aplicación territorial progresiva como lo disponen los artículos 2, Ley Nº 27.150; 3 y 7, Ley Nº 27.063; y 3, Ley Nº 27.482.

Mediante la Resolución 2/2019 (Boletín Oficial, 19/11/2019), se decidió implementar determinados artículos para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del país. En el entendimiento de que son normas que no resultan incompatibles ni contradictorias con el sistema regulado por la Ley Nº 23.984, el denominado "Código Levene".

Además, con el objetivo de evitar que el sistema de aplicación territorial progresiva genere y consolide interpretaciones disímiles y contradictorias que provoquen situaciones de desigualdad ante la ley entre habitantes de distintas jurisdicciones provinciales.

Los institutos por aplicar se vinculan con tres ejes nucleares:

1) las medidas alternativas al castigo penal y los derechos de las personas víctimas en los conflictos en lo que hace a su intervención sobre la disposición de la acción penal;

2) la libertad procesal durante el proceso; y

3) el derecho a contar con una revisión judicial amplia, el denominado doble conforme. Desarrollare brevemente los tres pilares aludidos.

TRES PILARES

1. Principio de oportunidad y salidas alternativas. El art. 22 establece un criterio de actuación orgánico para que los jueces y el Ministerio Público Fiscal procuren resolver los conflictos con preferencia a las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social. Esto implica un verdadero cambio de paradigma, se abandona el del descubrimiento de la verdad como centro del proceso penal y se privilegia, en cambio, la resolución del conflicto, en aras de la paz social.

Desde dicha perspectiva se torna operativa la aplicación de los artículos 31 y 34, por tratarse de canales procesales para la procedencia de los criterios de oportunidad y de los métodos alternativos de resolución de conflictos, como son: I) la conciliación y II) la reparación integral del daño.

Entonces desde que las evocadas causales de extinción de la acción existentes en el Código Penal (artículo 59, incisos 5 y 6, la conciliación y la reparación integral del daño), deben regirse "de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes", la implementación de los artículos 31 y 34 permiten llenar la exigencia adjetiva.

2. Libertad personal durante el proceso. En materia de libertad personal, los artículos 221 y 222 regulan circunstancias fácticas precisas y determinadas que permitirán encauzar el análisis sobre la verificación de algún peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso, en consonancia con otras pautas orgánicas que incluye el nuevo modelo para la limitación de derechos fundamentales, como son los artículos 16 y 17.

El artículo 210 enumera un catálogo de medidas de coerción personal a las que se puede recurrir para el aseguramiento del proceso, siempre que se verifique alguno de los supuestos de peligros procesales (artículos 221 y 222).

La norma establece un grado de jerarquía entre las diversas medidas que agrupa a contemplar en forma progresiva por la jurisdicción en cada caso y situación que se someta a su decisión (El representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante podrán solicitar al juez, en cualquier estado del proceso y con el fin de asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, la imposición, individual o combinada, de:

A) La promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación;

B) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen;

C) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe;

D) La prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine;

E) La retención de documentos de viaje;

F) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones, de visitar ciertos lugares, de comunicarse o acercarse a determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;

G) El abandono inmediato del domicilio, si se tratara de hechos de violencia doméstica y la víctima conviviera con el imputado;

H) La prestación por sí o por un tercero de una caución real o personal adecuada, que podrá ser voluntariamente suplida por la contratación de un seguro de caución, a satisfacción del juez;

I) La vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física;

J) El arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga;

K) La prisión preventiva, en caso de que las medidas anteriores no fueren suficientes para asegurar los fines indicados).

En ese orden de ideas, la prisión preventiva (artículo 210, inciso k) se erige como una medida cautelar no punitiva de última ratio, en caso de que las medidas de los incisos anteriores no fueren suficientes para asegurar los fines indicados, esto es: asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación.

3. Medios de impugnación y doble conforme. Se asegura de forma expresa el derecho a una revisión amplia de toda decisión judicial que imponga una sanción penal de cualquier índole (artículos 19 y 21), como un estándar más amplio, preciso y riguroso que el previsto en el ordenamiento de Código Levene.

Se consagra el derecho de toda persona a recurrir la sanción penal que se le haya impuesto ante otro juez o tribunal con facultades amplias para su revisión (artículo 21), receptando la normativa del corpus iuris internacional de derechos humanos y la mejor jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Podemos concluir que la decisión de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal ha tenido por norte alcanzar una mayor intensidad en el resguardo de las garantías constitucionales y que los ciudadanos de una provincia no se vean privados de derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás (artículo 8 de la Constitución Nacional).

Carlos Enrique Llera *

* Director del Centro de Estudios Procesales Universidad del Salvador


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Fundado el 4 de agosto de 2003

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