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La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pidió hoy su “sobreseimiento” en la causa en la que está acusada de haber encubierto al ex ministro de Energía Juan José Aranguren por presuntas “negociaciones incompatibles con la función pública” por su pasado como directivo de la multinacional petrolera Shell.

“Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA. Por el contrario, cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo, como se desprende del expediente sustanciado”, dijo por escrito Alonso.

Acompañada por su abogada Martha Nercellas, la titular de la OA se presentó sonriente pero esquiva con la prensa un cuarto de hora antes de las 11, el horario fijado para la indagatoria por parte del juez federal Luis Rodríguez.

Tras permanecer una media hora en el cuarto piso de Comodoro Py, Alonso se retiró sigilosamente por un ascensor lateral semioculto.

Por toda defensa presentó un escrito de 15 páginas en el que sentenció:

“No logro comprender por qué motivo -jurídico- fui citada a prestar declaración indagatoria. El Ministerio Público Fiscal no ha formulado ninguna imputación concreta a mi respecto, pese a lo cual fui convocada a sentarme en el banquillo de los acusados, sin que existan razones válidas para ello”.

“Surge nítidamente que cumplí con absolutamente todos los deberes a mi cargo; que no omití ninguna actuación a la que estuviera legalmente obligada; y que desempeñé mi función pública con total integridad, probidad y buena fe”.

Alonso recordó que inició una investigación administrativa sobre Aranguren a poco de que éste asumiera como ministro, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia.

Casi simultáneamente el diputado del Frente para la Victoria Martín Doñate presentó una denuncia ante la OA por el pasado del entonces ministro de Energía en Shell.

Alonso describió la investigación realizada y recordó que “a través de la resolución dictada con fecha 9 de septiembre de 2016 expresamente se estableció que en el caso bajo análisis no existió un conflicto de intereses, ni una incompatibilidad de Aranguren para ejercer el cargo, ni una violación del deber de abstención o excusación que recaía a su respecto”.

“Ante la primera noticia de que podía llegar a existir una posible incompatibilidad o conflicto de intereses en cabeza de Aranguren, la OA inmediatamente adoptó todas las medidas que normativamente correspondían, formando y sustanciando (en debido tiempo y forma) el expediente pertinente, tras lo cual concluyó que el nombrado no había incurrido en una infracción a la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública”.

Alonso explicó que el trámite interno de la OA “es el que se hubiera seguido aunque no se hubiese recibido la denuncia del Diputado Doñate. (…) La falta de iniciación de oficio del expediente no se produjo como consecuencia de una omisión, sino simplemente porque la denuncia fue recibida en forma casi simultánea a que comenzaran a estudiarse las declaraciones juradas de los nuevos funcionarios”, abundó.

La suerte de Alonso está atada a la de Aranguren. Si el juez Rodríguez considerara que no cometió delito, entonces Alonso no pudo haber encubierto algo que no existió. En cambio si procesara a Aranguren, el destino judicial de la titular de la OA podría complicarse.

Aranguren está acusado por “negociaciones incompatibles con la función pública. Esa figura no necesita que haya un perjuicio concreto contra el Estado. Alcanza con la sola superposición dolosa entre el rol del imputado en tanto asume el rol de funcionario y al mismo tiempo está interesado en una cuestión que lo vincula.

La administración pública incluso puede resultar beneficiada desde el punto de vista económico y el delito puede haberse cometido igual.

El juez Rodríguez tiene diez días hábiles para resolver la situación procesal de ambos, lo que sitúa la cuenta entre el 10 y el 11 de diciembre próximos.

 

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será indagada el próximo lunes en el juicio que se le sigue junto al detenido Lázaro Báez por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz, luego de que el empresario guardó silencio en la audiencia de hoy.

El Tribunal Oral Federal 2 citó formalmente a la actual senadora nacional y vicepresidenta electa por el Frente de Todos para el próximo lunes 2 de diciembre a las 9.30 en los tribunales de Retiro, para tomarle declaración indagatoria.

Cristina será la última de los 13 procesados en esta investigación por supuesta asociación ilícita en cumplir con el trámite y, según adelantaron fuentes de su defensa, aceptaría hablar ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Cristina volverá a Comodoro Py 2002 una semana antes de su jura como vicepresidenta de la Nación, para estar presente en el primer juicio oral y público que se le inició por delitos que se le atribuyen.

En esta etapa del juicio, el debate no es televisado y sólo puede presenciarse tras tramitar el ingreso a la sala de audiencias.

En cuanto a Báez, fue trasladado por la mañana desde la cárcel a los tribunales federales de Retiro para presenciar la audiencia y declarar pero manifestó que no lo hará por el momento.

"He tenido la oportunidad de escuchar las imputaciones que se me han hecho, me reservo el derecho de declarar para una oportunidad más adelante", expresó el dueño de Austral Construcciones al sentarse en el banquillo de los acusados y responder a preguntas del juez Giménez Uriburu, quien presidió el debate.

El empresario dio sus datos personales, informó que nació en Corrientes y luego se negó a hablar.

Báez sólo dijo que busca informarse "de la totalidad" de la causa porque es un expediente "voluminoso".

"Con los ingenieros de las compañías estamos tratando de armar cada una de las respuestas a las imputaciones", explicó.

La semana pasada el dueño de Austral Construcciones sí habló en el otro juicio que se le sigue en la actualidad y que está en su etapa final por supuesto lavado de activos donde también están acusados sus cuatro hijos.

En esa oportunidad ante otro Tribunal, el Oral Federal 4, acusó al gobierno actual de buscar perjudicar con las acusaciones en su contra a Cristina Kirchner y al "proyecto de país" que tenía el fallecido Néstor Kirchner.

Apenas concluyó el trámite de Báez, fue el turno de otro de los acusados, el ex funcionario de Vialidad de la provincia de Santa Cruz José Santibáñez, quien sí aceptó prestar declaración pero no respondió preguntas.

Santibáñez negó haber integrado una asociación ilícita y sostuvo que él fue funcionario del ex gobernador Daniel Peralta, al recordar el enfrentamiento de este último con el kirchnerismo.

"No me nombró ni la doctora Fernández, ni el ingeniero De Vido, fui funcionario de Peralta, me puso Daniel Peralta", dijo.

"En Santa Cruz somos pocos y nos conocemos todos", dijo al Tribunal al recordar que es militante del Partido Justicialista desde 1982.

El ex funcionario sostuvo que "nunca" administró fondos nacionales.

"Se habla de que no cuidé los fondos de la Nación, la verdad nunca administré ningún fondo", dijo a los jueces.

La ex presidenta, los detenidos Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el secretario de Obra Pública José López, entre otros, son juzgados por el presunto direccionamiento a favor del empresario de las adjudicaciones en Santa Cruz durante el kirchnerismo.

Todos están acusados por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.

 

Es porque el fiscal Stornelli no había elevado una acusación contra los directivos de la compañía. Bonadio había pedido juzgarlos por coimas.

En un sugestivo fallo, Techint quedó otra vez muy cerca de quedar afuera de la causa de los cuadernos. La Sala I de la Cámara Federal porteña anuló la elevación a juicio oral de los directivos de la compañía acusados de pagar coimas.

El fallo beneficia a Luis Betnaza, director Institucional Corporativo del Grupo Techint y mano derecha de Paolo Rocca, y al exgerente de la compañía, Héctor Zabaleta.

Los camaristas se aferraron a que el fiscal Carlos Stornelli no había elevado una acusación contra ellos. El 20 de septiembre pasado, el juez Claudio Bonadio los había sobreseído por el delito de asociación ilícita, pero pidió investigarlos por cohecho, a pesar de que no existía acusación del fiscal Stornelli.

La Sala I entendió que debe completarse la producción de pruebas solicitadas por la fiscalía y la defensa de Betnaza vinculadas a la situación de "emergencia" que empleados del Grupo habrían atravesado en Venezuela y que habría sido utilizada por funcionarios kirchneristas para solicitarles coimas.

Los directivos de Techint admitieron esos pagos, pero dijeron que los hicieron presionados para que el gobierno de Venezuela permita la salida de unos 200 empleados de Sidor.

Sin embargo, la Unidad de Información Financiera había pedido incluirlos en la lista de los elevados a juicio oral, algo que aceptó Bonadio. La Cámara anuló esa medida y pidió continuar la investigación.

Techint ya había logrado en la causa de los cuadernos que Paolo Rocca sea "desprocesado" por la Cámara Federal, que sostuvo el argumento de que el máximo directivo de la empresa no estaba al tanto de los pagos ilegales que hicieron sus subalternos, a pesar de que incluso lo había admitido públicamente. Incluso, Rocca pudo eludir un pedido de prisión preventiva realizado por Stornelli.


 

Los militantes se movilizarán el próximo lunes a los tribunales para apoyar a César Arakaki y Daniel Ruiz, imputados por los violentos incidentes de 2017 en la primera audiencia del juicio. Batalla campal en el Congreso en diciembre de 2017.

El juicio por los violentos incidentes de diciembre de 2017 en la protesta contra la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri inicia este lunes 25 de noviembre. La primera audiencia estará rodeada de militantes del Partido Obrero y del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) que se movilizarán a los tribunales de Comodoro Py para apoyar a César Arakaki y Daniel Ruiz. El Frente de Izquierda-Unidad anunció que la movilización a las puertas de los tribunales se realizará a las 13.

En el acto hablarán Arakaki y Ruiz, además de dirigentes políticos y sociales, para cuestionar el juicio que consideran parte de una "persecución". Fotos | Una jornada de violentos incidentes con heridos y detenidos. Ese día se llevará a cabo la primera de las audiencias del juicio que tiene a Ruiz y Arakaki, militantes del Partido Obrero y el PSTU, como imputados por la fuerte protesta que se desarrolló frente al Congreso Nacional el 18 de diciembre de 2017, en contra del tratamiento de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.

La movilización se llevará a cabo bajo la consigna "Absolución de César Arakaki, Daniel Ruiz y todos los luchadores perseguidos por luchar contra la reforma previsional del 18 de diciembre de 2017".

Cambiemos lo hizo: es ley la reforma previsional A través de un comunicado, el Frente de Izquierda recordó que Arakaki y Ruiz participaron de aquella protesta entre "más de 100.000 personas" y subrayaron que esa movilización "fue brutalmente reprimida frente al Congreso Nacional".

"Los cargos que pesan contra Arakaki y Ruiz, que estuvieron en prisión preventiva 3 meses y un año respectivamente, no son otra cosa que una decisión política de criminalización que no tiene otro objetivo que amedrentar la protesta social", señaló el Frente de Izquierda. La protesta dejó decenas de heridos, 81 atendidos por el SAME y 48 de ellos policías de la Ciudad, y la detención de unas 64 personas.

Días después, después de 16 horas de una sesión marcada por chicanas dentro del recinto, incidentes alrededor del Congreso y una serie de cacerolazos en varios puntos del país, Cambiemos logró aprobar la reforma previsional con la que ANSES apunta a recaudar cerca de cien mil millones de pesos, que serían destinados a las provincias. La pantalla de la Cámara de Diputados registró 127 votos afirmativos, 117 negativos y 2 abstenciones.


El martes se publicará en el Boletín Oficial las reformas y los jueces deberán decidir, con esta reducción de argumentos, quiénes quedarán libres durante el proceso.

Alrededor de 40 personas fueron procesadas por el delito de contrabando.

 

La bicameral de implementación del código procesal penal solicitó implementar una serie de artículos en todo el país, entre ellos el que regula las detenciones en primera instancia.

El Congreso tuvo un miércoles de cambio de época, con la proclamación de Alberto Fernández y Cristina Kirchner como la fórmula electa, el triunfo del gobierno en el pronunciamiento sobre la crisis de Bolivia y, más silencioso, en una resolución que pude cambiar el destino de los ex funcionarios detenidos.

La bicameral de implementación del Código Procesal Penal se reunió después de mucho tiempo y firmó una resolución para solicitar que en todo el país se implementen 11 artículos que en algunas provincias no se estaban teniendo en cuenta.

El más relevante es el artículo 210, que en su inciso K establece que la prisión preventiva sólo será posible cuando otros nueve elementos no se hayan cumplido, como la promesa del candidato de someterse a un procedimiento y no obstaculizar la investigación, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen".

Antes de las detenciones deberá esperarse que se cumpla la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; la prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine; la retención de documentos de viaje, la de concurrir a determinadas reuniones, de visitar ciertos lugares y de comunicarse o acercarse a determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho de defensa.

También se solicitará el abandono inmediato del domicilio, si se tratara de hechos de violencia doméstica y la víctima conviviera con el imputado; la prestación por sí o por un tercero de una caución real o personal adecuada, que podrá ser voluntariamente suplida por la contratación de un seguro de caución, a satisfacción del juez y la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física.

También se contemplará el arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga; que establece claros límites a las prisiones preventivas, al recordar que la sentencia debe ser siempre definitiva, "absolviendo o condenando al imputado. Los jueces no podrán abstenerse de decidir so pretexto de oscuridad o ambigüedad de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión, ni utilizar los fundamentos de las decisiones para realizar declaraciones o afirmaciones que no incidan en la decisión".

La resolución solicita aplicar el artículo 21, que habilita a recurrir cualquier sanción penal, "que se le haya impuesto ante otro juez o tribunal con facultades amplias para su revisión", una opción que sólo tenían en Salta y Jujuy porque en el resto de los tribunales no se implementaba.

Además de las pautas para ordenar las prisiones preventivas, la resolución dispone que se implementen también otras previsiones novedosas del nuevo código, como la conciliación penal y el principio de oportunidad, que faculta a la fiscalía a no impulsar, por ejemplo, investigaciones por hechos insignificantes (en la Justicia Penal argentina se llegó a llevar adelante un largo proceso por el hurto de un pedazo de queso).

La conciliación permite que el imputado y la víctima lleguen a un acuerdo en casos de delitos "con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas" o de "delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte".

La resolución de ayer pone en vigor también nuevos derechos de las víctimas, como ser escuchadas "antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal", una opción que sólo era válida para Salta y Jujuy, motivo de planteos judiciales por todo el país. La resolución plantea además que el Código tendrá etapa de implementación plena en Mendoza y Rosario.

 

Una comisión bicameral que trabaja en la aplicación progresiva del nuevo Código Procesal Penal dispuso que se implementen los artículos vinculados a las detenciones de imputados sin condena firme

 

El fiscal federal Carlos Stornelli cambió de abogado defensor en la causa por “asociación ilícita” que tramita en Dolores: Roberto Ribas, quien lo asistió hasta hoy, presentó la renuncia y será reemplazado por Juan Martín Cerolini.

 

El presidente electo analiza cómo terminar con su hegemonía. La propuesta de Gustavo Beliz.

Alberto Fernández analiza cómo hacer para licuar el poder de Comodoro Py. Desde que se anunció su candidatura hasta que se consagró la victoria, nunca ocultó sus críticas a algunos jueces que tiene muy apuntados.

En su círculo íntimo, el presidente electo cuestiona a los 12 jueces que cree que condicionan la democracia argentina, yendo para un lado y para otro según indiquen los tiempos políticos. Lo cierto es que todavía no tomó una definición sobre cómo avanzar sobre esto.

Existen, en paralelo, dos discusiones. Por un lado se menciona una propuesta de Gustavo Beliz, que se convirtió en una de las caras de la "transición" elegida por el albertismo. El ex ministro ocupará un rol importante en el próximo gobierno, aunque es probable que no encabece ninguna cartera y Justicia quedaría en manos de Marcela Losardo.

Fuentes al tanto de las negociaciones confiaron a LPO que la propuesta de Beliz consiste en nacionalizar los 60 juzgados de instrucción nacional. El objetivo es sacarle la hegemonía a los tribunales de Py, que monopolizan las causas. Considera que la justicia nacional terminó siendo un híbrido concentrado en la Ciudad.

Como la Cámara de Casación Penal de la Ciudad tiene tres salas, estaría bajo análisis si se federalizan todas o solo una de ellas, para que también pueda haber una segunda instancia. Beliz arrastra este proyecto desde que era ministro e incluso algunos mencionan que fue una de las verdaderas causas por las que terminó apartado.

Un sector del albertismo considera que este proyecto de Beliz sería inviable y repiten que hay que cumplir con la ley que fija el sistema acusatorio. Por eso promueven otro proyecto, similar al sistema de la provincia de Buenos Aires, donde el juez es un magistrado de garantías que garantiza el debido proceso y los derechos de las partes, pero no instruye. Es decir, no avanza en la investigación.

Este modelo, que es similar al de la justicia estadounidense, le sacaría poder a los jueces y se lo otorgaría a los fiscales. El planteo ya abre algunas críticas, porque hay quienes plantean que lo que terminaría pasando es multiplicar a fiscales como Carlos Stornelli llenándolos de competencias. Sin embargo, los impulsores de esta idea plantean que los fiscales dependen del procurador, que será nombrado por el Presidente. Es decir, la Casa Rosada se garantizaría -de modo indirecto- una incidencia sobre la investigación.

Ante estas disyuntivas, el presidente electo podría terminar no avanzando con ninguna de las dos propuestas y que lo que finalmente suceda es que eche o amenace con echar a algunos jueces para "disciplinar" al sector. En el albertismo ya arrancaron la discusión, pero saben que cualquier medida podría quedar frenada porque aún falta la opinión de Cristina Kirchner, clave para avanzar en el tema.

 

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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