Justicia

Justicia (1249)

El juez Daniel Obligado decidió abrir el recurso que la fiscalía había solicitado hace un mes para oponerse a la morigeración de la detención

 

La excarcelación de presos de penales de la provincia de Buenos Aires comenzó tras el fallo de Casación bonaerense, firmado por el presidente de ese tribunal, Víctor Violini.

Legisladores K pidieron al juez Rafecas que solicite los registros de entradas y salidas de jueces y fiscales a la Casa Rosada y otras sedes oficiales entre el 2015 y el 2019. Denuncian que ese grupo de funcionarios “armaba” causas por corrupción.


La Suprema Corte de Justicia bonaerense declaró hoy admisible el recurso de queja presentado por el fiscal Carlos Altuve y suspendió provisionalmente las medidas dispuestas por el Tribunal de Casación Penal que habilitaban la prisión domiciliaria para presos que integran el grupo de riesgo de contraer coronavirus.

El máximo tribunal provincial informó hoy que aceptó tratar el recurso que presentó el fiscal de Casación bonaerense para que se revoque el hábeas corpus colectivo que habilita la prisión domiciliaria y ordenó la secuencia del trámite previo a la sentencia de fondo.

Por lo pronto, el tribunal ordenó que se suspendan los “efectos de la decisión cuestionada” para analizar estudiar el caso en detalle, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

En tanto, el máximo tribunal llevará adelante una ronda de reuniones para conocer las posiciones de los distintos sectores involucrados. Le pidió su opinión al Procurador General, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales; y al defensor ante Casación, Mario Corigliano, que representa a las 19 defensorías generales que pidieron el hábeas corpus al que hizo lugar el juez del Tribunal de Casación, Víctor Violini, en un fallo dictado el 9 de abril pasado que quedó en el ojo de la tormenta.

Los dictámenes de Conte Grand y Corigliano, más los antecedentes del expediente, servirán a los jueces de la Corte Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Eduardo de Lázzari y Sergio Torres para definir los lineamientos de su resolución.

Se espera que el fallo sirva para unificar un criterio claro para los jueces que tienen a su cargo personas detenidas y que piden morigeraciones o libertades en medio de la pandemia por el coronavirus. A pesar de que no se han fijado plazos para esa resolución, se espera que la Suprema Corte emita un dictamen en los próximos días, teniendo en cuenta el impacto social que generó el tema y la necesidad de esclarecer el escenario para los magistrados que deben resolver estos planteos.


 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, está impulsando una investigación sobre lo actuado por el juez de Bahía Blanca. También hay otros dos magistrados en la mira de San Isidro y Lomas de Zamora.

El juez Claudio Orlando Blum, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 del Departamento Judicial, quedó al borde del juicio político luego de que se abriera una investigación por la liberación de presos peligrosos en el marco de la pandemia por coronavirus.

La denuncia fue presentada formalmente por la abogada María Agustina Petersen ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Néstor Luis Ibars, condenado en 2015 por el abuso sexual agravado con acceso carnal de una menor con retraso madurativo.

El delincuente recibió una pena de prisión de 7 años y aún le restan para su cumplimiento 2 años y 7 meses.

Además, se lo investiga por la liberación de otros 12 presos con delitos graves que van desde el abuso sexual agravado, homicidio y robo agravado por uso de armas de fuego.

“Existe una clara violación de los deberes propios a su cargo, puesto que el Magistrado no ha realizado una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa. Tampoco valoró adecuadamente la prueba relevante incorporada al expediente”, indica el escrito.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto a otros legisladores como Ramiro Gutiérrez, Pablo Garate y Jorge D’Onofrio impulsaron esta semana el juicio político contra Claudio Blum y otros dos jueces con jurisdicción en Lomas de Zamora y San Isidro, todos de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor población carcelaria del país.

Además, recibieron el apoyo de la Oficina de Víctimas del Congreso que lidera Sandra Rossi y de la que participan entre otros Matías Bagnatto y Vivian Perrone, de Madres del Dolor.

“A mí me parece que las penas o las sanciones son para ser cumplidas, porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos", señaló Massa en medio de la polémica por las liberaciones que llevó a la reacción de buena parte de la población a través de un cacerolazo el pasado jueves.

“Estoy sacando una instrucción para que en los casos donde los jueces no cumplan con la Ley de la Víctima, y no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, le iniciamos un juicio político, porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir”, agregó Massa.


 

La institución se sumó al rechazo a la liberación masiva de presos de las cárceles con la excusa de la pandemia del coronavirus.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se sumó al rechazo a la liberación masiva de presos de las cárceles con la excusa de la pandemia del coronavirus y aseguró que esas decisiones judiciales “despiertan honda preocupación en el ámbito del Derecho y –muy especialmente– en la ciudadanía en general”.

En un comunicado, la entidad que preside Máximo Fonrouge destacó que “las detenciones preventivas durante el proceso son la excepción a la regla de la libertad, y se imponen en análisis individuales y pormenorizados en cada causa, sujetos a la intervención y contralor de todas las partes del proceso penal”.

“Lo mismo cabe decir respecto de quienes cumplen detención en calidad de condenados, en tanto las penas impuestas a ellos han sido el resultado de procesos con la debida intervención de las partes naturales y revisión de todos los estamentos judiciales. De ello se colige que sus legítimas detenciones son el resultado del ejercicio pleno de las garantías constitucionales del debido proceso penal y del juez natural”, detalló la misiva.

En ese sentido, en el Colegio de Abogados resaltaron que por ese motivo “estamos en desacuerdo con los cientos de excarcelaciones en masa que se están concediendo en estos días, muchas de ellas en el marco de procesos que han soslayado la legítima intervención del Juez natural, del Ministerio Público, de los informes carcelarios o médicos de rigor, y de las víctimas”.

“No se nos escapa la crítica situación sanitaria que vive el país y las precarias condiciones bajo las cuales están alojados los presos en sus respectivos centros de detención. Esta crisis debe servir para que las autoridades inicien finalmente el camino hacia la construcción de más y mejores cárceles, sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. No para vaciarlas artificialmente, dejando de lado la larga y encomiable labor de los actores propios del proceso penal en miles de causas judiciales”, destacó el comunicado.

En tanto, el directorio de la institución sostuvo que “las excarcelaciones pueden y deben evaluarse caso por caso, por parte de los jueces, fiscales y defensores propios de cada causa, sin condicionamientos de quienes llevan adelante motines carcelarios, ni de los estamentos superiores del Poder Judicial, y ciertamente que tampoco de parte de otros poderes del Estado. Al momento de ser reevaluadas, ha de tenerse en cuenta, por supuesto, la situación particular de cada preso.

En el contexto actual, podría ponderarse como un factor favorable a su otorgamiento si el condenado se encuentra dentro de los grupos de riesgo de contagio (por su edad o enfermedades preexistentes); si fue sentenciado por delitos no relacionados con actos violentos; si no registra antecedentes de evasión del proceso anteriores; si sufre prisión preventiva y especialmente si ella supera los dos años máximos de límite; si su detención domiciliaria podría realizarse en un lugar físico determinado, supervisable, alejado de sus víctimas, etc.”.

“Aún los países que más sufren los efectos de la pandemia como Italia, España o Estados Unidos, con millones de contagiados y decenas de miles de muertos, ninguno ha abierto la puerta de sus cárceles otorgando indiscriminadamente la libertad a miles de presos, incluyendo –como en nuestro caso– condenados por graves delitos como homicidios, robos con armas y abusos sexuales”, destacó la institución que preside Fonrouge.

En ese sentido, el comunicado resalta que “cualquiera fuere la teoría de la pena elegida, absolutas o relativas, retributivas o preventivas, las penas se sustentan en la ley y se legitiman en su naturaleza social, entrelazando a todos los ciudadanos en la libertad, garantizada por el Estado, o en privaciones de la libertad racional y legalmente impuestas.

En ello se constata la legitimidad y existencia del Estado de Derecho que las Naciones Unidas define como ‘un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal’”.

“Si se deja de lado a los actores propios del sistema judicial, si se soslayan las normas y se toman decisiones judiciales en función a situaciones e intereses ajenos al de cada caso en particular, la Argentina se convertiría en el ‘país al margen de la ley’ que –sin dudas– deseamos evitar.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresa que la República no está en cuarentena, las instituciones judiciales tampoco. No debe suspenderse la aplicación de las leyes en esta emergencia sanitaria por la que estamos atravesando. En estas situaciones excepcionales es cuando más las necesitamos”, concluyó la misiva.


 

Integrante de Casación, ordenó analizar los casos de condenados por delitos graves que pidieron salir.


A pesar de desempeñarse en el segundo tribunal en importancia en la provincia, hace poco más de un año dijo a viva voz: "Tengo muchas ganas de ser candidato a intendente de La Plata". Su aspiración quedó en el camino, ante la falta de apoyo político dentro del PJ platense.

La actual seora Cristina Kirchner destacó la figura de Violini, quien había declarado: "No queremos que la Justicia bonaerense se convierta en Comodoro Py. Nunca vi cosas como las actuales en 25 años dentro de la Justicia". La expresidenta replicó las declaraciones del juez, que hace un año había respaldado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo de Lázzari, en su enfrentamiento con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

Los caminos de Violini y De Lázzari volvieron a coincidir el 20 de marzo pasado. Dos días después, de que se decretara el aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia, el presidente de la Suprema Corte dispuso que las decisiones urgentes de los distintos tribunales provinciales "podrán ser adoptadas de manera unipersonal por su presidente o quien lo reemplace".

Diez días después, Violini, como único integrante de la Cámara de Casación, ordenó que se dispongan las prisiones domiciliarias de los acusados de delitos leves que formen parte de grupos de riesgo ante un eventual contagio de coronavirus y que en los casos de imputados o condenados por delitos graves los jueces revisen cada caso en particular.

Violini aceptó un planteo de los defensores de todos los departamentos judiciales bonaerenses. Dicha presentación fue apoyada por la Comisión Provincial de la Memoria.

En un mensaje de audio enviado a familiares de detenidos en situación de riesgo por la pandemia, el secretario del organismo, Roberto Cipriano García, explicó que todos los días se presentaban entre 100 y 150 pedidos en favor de detenidos. "Ante un Poder Judicial conservador, que no acepta resolver libertades, nos encontramos con la voluntad política del gobierno provincial de descomprimir el sistema penitenciario. Es un momento bastante singular e histórico", expresó García en el audio.

García manifestó que el mensaje fue sacado de contexto y que la frase sobre "momento histórico" se refería a la situación de pandemia.

Los dichos del funcionario provincial y el fallo de Violini fueron criticados por los familiares de víctimas de delitos.

Cuestionaron al juez no haber cumplido con la obligación legal de notificar a la víctima de un abuso cuando el agresor sexual salía de la cárcel, tal como ocurrió con un acusado de violación, de 67 años, beneficiado con prisión domiciliaria, que se instaló en su casa, cerca de la vivienda de la menor de la que había abusado.

Violini y García visitaron el martes el penal de José León Suárez y les explicaron a los presos el alcance de la resolución.

Los nombres de los presos que serían beneficiados con las prisiones domiciliarias figurarían en un listado cuya elaboración se encargó al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En principio, estaba integrado por 662 reclusos. Enrique "Quique" Petrullo no figuraba en ese listado de presos con grupo de riesgo. Sin embargo, Violini aceptó una acción de habeas corpus presentada por la defensa de Petrullo y le concedió la prisión domiciliaria.

Petrullo aparece procesado en dos causas penales. En uno de los expedientes fue imputado de integrar la denominada banda del juez, supuestamente comandada por el exmagistrado César Melazo. En el segundo sumario está acusado de ser el nexo entre el camarista Martín Ordoqui y el dueño de una inmobiliaria, que habría entregado dinero para ser beneficiado con prisión domiciliaria.

Hasta agosto pasado, Ordoqui, también acusado en la causa Melazo, integraba con Violini la Sala V de la Cámara de Casación. Pero Ordoqui fue suspendido y enfrenta un pedido de juicio político.

Gustavo Carabajal

Fernández se mostró comprensivo con las prisiones domiciliarias por la pandemia; Massa, en cambio, advirtió sobre sanciones a quienes liberen

 

Lo determinaron en una acordada firmada por Rosenkrantz, Highton y Maqueda, en línea con lo dispuesto por Nación.

La Corte Suprema prorrogó la feria judicial extraordinaria hasta el 10 de mayo próximo, en línea con lo dispuesto por el Gobierno nacional.

Mediante la acordada 13/2020, firmada por Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, se decidió extender el paréntesis en el funcionamiento de la Justicia y se designaron autoridades de feria para los asuntos impostergables.

El responsable de la feria será Rosenkrantz, secundado por Julio Navarro como secretario, y el horario de atención durante este receso extraordinario será de 9.30 a 13.30.

Los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, se consignó en la acordada, no suscribieron la decisión por encontrarse "fuera de la sede del tribunal", pero dieron su "conformidad" con los términos de la directiva.

Del mismo modo, los jueces del alto tribunal encomendaron a los distintos tribunales nacionales y federales que designen sus autoridades de feria, siguiendo el mecanismo que se establece en cada feria judicial ordinaria.

También reiteraron "la necesidad de habilitación del trabajo desde los lugares de aislamiento, para que los magistrados, funcionarios y empleados que presten servicios de manera presencial en los tribunales y dependencias, puedan seguir realizando tareas de forma remota".


Los cinco ministros del máximo tribunal rechazaron el pedido de avalar una sesión virtual del Senado en la parte resolutiva de sus votos. Pero Lorenzetti, Highton y Maqueda en la parte argumentativa señalaron que nada impide que sesione así.

Página 2 de 90

Fundado el 4 de agosto de 2003

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…