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Un juez porteño determinó que la medida implica "una discriminación en razón de la edad". Larreta no apelará.

La Justicia porteña declaró inconstitucional la resolución del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que establece la restricción para circular en la vía pública a personas mayores de 70 años. El gobierno anunció que no apelará.

La medida fue dispuesta el lunes por la noche por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Lisandro Fastman, quien hizo lugar a un pedido de un particular que se vio afectado por la medida y declaró inconstitucionales la obligación de llamar al número 147 y la vigencia del permiso por dos días.

El magistrado sostuvo que la obligación de solicitar una autorización previa del gobierno para salir a la calle "resulta una exigencia más gravosa para este colectivo de personas que para el resto de la población".

En ese sentido, indicó que si bien hay "buenas intenciones" en la resolución del gobierno porteño, ello implica "una discriminación en razón de la edad, que vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al cual se encuentra destinada", ya que dispone "imponer una exigencia mayor y distintiva del resto de la población". Y agregó que se ve "disminuida la autonomía personal y la capacidad de decisión" de ese grupo de personas "solo en función de la edad".

La acción de amparo había sido interpuesta por un ciudadano del Gran Buenos Aires, pero que sostuvo que sintió afectados sus derechos para circular por la Ciudad. El pedido se efectuó solo horas antes del fallo judicial.

El demandante expuso que la resolución del GCBA es "discriminatoria" y le "cercena los derechos constitucionales a trabajar y ejercer toda industria lícita", con "arbitrariedad, incongruencia e irracionabilidad manifiesta".

En el gobierno porteño admiten que la medida es "antipática" pero buscan desalentar la circulación de gente, sobre todo de los grupos de riesgo. Es por eso que a pesar de las críticas Larreta la sostuvo, aunque ya el viernes pasado, el mismo día que se anunció, dio marcha atrás con las posibles sanciones que implicaban trabajo comunitario.

Ante este revés, Rodríguez Larreta informó que no va a apelar la decisión del juez, aunque avisó que mantendrán la línea 147 para que los adultos mayores conozcan las herramientas que tienen a disposición para evitar salir a la calle. El jefe de Gobierno aseguró que gracias a esta medida el lunes lograron que el 40 por ciento de los que llamó no saliera a la calle.

La medida está funcionando: ayer, 35 mil mayores de 70 nos llamaron antes de salir. El 40% aceptó alguna de las soluciones que les ofrecimos y se quedó en casa. Son miles de adultos mayores que evitaron salir a la calle y contagiarse.


Sergio Rodríguez, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, presentó una denuncia ante el juez federal de turno

La Cámara de Casación debe decidir si el ex Secretario de Transporte del kirchnerismo sigue o no detenido en la cárcel de Ezeiza. En el escrito, se afirma que la salud del ex funcionario "se encuentra en estado crítico y agravándose constantemente por sus condiciones de detención”

 

“Objetable”, “sin sentido”, “jugada política”, “carente de apoyo legal”, “ignorante de la competencia del alto tribunal”: algunas de las definiciones de los especialistas sobre una iniciativa que hasta el propio Zaffaroni cuestionó como atentatoria de la división de poderes.

Gran parte de los constitucionalistas y juristas cuestionaron el planteo de la vicepresidenta Cristina Kirchner tendiente a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dé garantías de validez, a través de una acción declarativa de certeza, a las sesiones legislativas que se harían por videoconferencia en medio de la pandemia. La ex presidenta busca así evitar futuras impugnaciones a leyes debatidas de esa forma, como la que intenta fijar un impuesto a la riqueza.

¿Puede la Corte Suprema expedirse sobre un tema que no se ha transformado en una causa judicial? ¿Debe ser el máximo tribunal el que lo analice, si no pasó previamente por otras instancias? ¿El Congreso no tiene, acaso, facultades internas para dictar su propio reglamento? ¿Corresponde que la Corte Suprema dé garantías sobre el funcionamiento legislativo y las leyes que allí se voten? ¿Podría interpretarse ello como una suerte de aval indirecto para esas normas?

Las opiniones están divididas pero, aunque algunos expertos entendieron que la cuestión amerita el análisis del máximo tribunal por la gravedad del escenario de pandemia y el no funcionamiento del Congreso, la mayoría de los constitucionalistas se inclina por rechazar el pedido de la vicepresidenta.

Incluso sorprendió la declaración del ex ministro de la Corte y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni, que le dijo a Página/12 que el pedido de Cristina Kirchner concierne a “una cuestión política no judiciable” en la que “ni la Corte ni ningún juez” debería entrometerse, porque se trata de “otro poder del Estado”.

Según aseguró, “ni el Legislativo puede decirle a la Corte que se reúna o no virtualmente o que los jueces hagan o no audiencias virtuales, ni la Corte ni ningún juez se lo puede decir al Legislativo” porque “son incumbencias propias de cada Poder del Estado, que cada uno resuelve como mejor entiende y el otro no puede dictarle reglas”.

A criterio del penalista, “si la Corte resolviese de esa manera [rechazando pronunciarse], quedaría claro que en el futuro no sería viable ninguna objeción a una ley en base a la forma en que el Congreso decidió sesionar” y "se resaltaría el respeto a un principio republicano fundamental desde Montesquieu en adelante”.

Por lo pronto, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, le pidió el viernes a la Procuración General, a cargo interinamente de Eduardo Casal, que dé su opinión sobre si el máximo tribunal es competente para estudiar el pedido de Fernández de Kirchner. No se trata de estudiar el fondo de la cuestión y, vale la pena aclarar, el dictamen del jefe de los fiscales tampoco es vinculante. Desde la Procuración deberían enviar su respuesta el martes, más allá de que la Corte no tenga plazos para expedirse.

Recordemos que Cristina Kirchner -en su carácter de titular de la Cámara de Senadores- se presentó el miércoles ante la Corte Suprema pidiendo una “acción declarativa de certeza” para que “de modo urgente y mediante un trámite sumarísimo” establezcan si es constitucional que el Senado sesione a través de “medios digitales”. Aunque en el mismo escrito hizo saber su convicción de que era “absolutamente válida” esa vía, la Vicepresidenta aclaró que buscaba el aval judicial frente a “maniobras de todo tipo -incluidas las judiciales- tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos”.

“Objetable y sin sentido”

Felix V. Lonigro: “Técnicamente el pedido del Senado a la Corte tiene por finalidad avalar la validez de sesiones virtuales. Se llama Acción Declarativa de Certeza. El problema es que la Corte no tiene competencia originaria para intervenir en asuntos en los que no son parte ni una provincia ni un embajador. La acción debería iniciarse en primera instancia de la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo.

Y, a lo sumo, si la sentencia fuera desfavorable, podría aplicar un ‘per saltum’ a la Corte. Otro problema es que la Corte no tiene por qué pronunciarse en la interpretación de un Reglamento de una Cámara, salvo que se sancione una ley en violación al mismo, lo cual ameritaría, si ello ocurriese, y solo si ello ocurriese (no antes), un planteo de inconstitucionalidad.

He escuchado que la Corte podría emitir una Acordada. Error. En un proceso judicial la Corte se pronuncia mediante sentencia. La presentación es objetable además porque el Senado, por sí solo, no tiene personería jurídica para iniciar una acción legal. Lo debería hacer el Congreso como órgano de gobierno.

La Corte podría rechazar la acción por falta de legitimación activa. La acción fue iniciada contra “los poderes del Estado” (según el escrito de inicio). Pues no tiene sentido. No hay que iniciarla contra nadie. Simplemente se inicia para que la Corte se pronuncie declarando la validez de una sesión virtual o fuera del recinto”.

“Daño institucional y jugada política”

Gregorio Badeni: “La presentación no es viable porque la Corte no puede intervenir en cuestiones políticas sino solamente en aquellos casos que importan controversias, en donde se discuten derechos.

Acá no existe ninguna controversia. Segundo, y la Corte lo ha dicho muchas veces tratándose de acciones meramente declarativas, porque los jueces no pueden emitir opiniones, tienen que resolver casos. Tercero, porque las atribuciones que tiene el Congreso deben ser resueltas por sus propias Cámaras. De modo que la Cámara de Diputados y la de Senadores tendrán que convocarse y definir cómo funcionan; y lo que diga una cámara no es obligatoria para la otra. Yo veo una gran ignorancia en Cristina Kirchner en materia de temas jurisdiccionales.

Acá se está haciendo un daño institucional y una jugada política. Tratar de que quedemos impresionados por su preocupación de hacer funcionar a la Cámara Alta. Lo que sí es cierto es que se está produciendo una gran irregularidad en este momento y es que el Congreso no sesiona.

Los integrantes del Congreso implícitamente han resuelto anular el funcionamiento del poder legislativo y eso rompe la doctrina de la división de poderes. Nunca pasó en la historia argentina. Hay que tener la suficiente habilitada para afrontar las situaciones difíciles dentro de los cauces democráticos y no al margen de ellos. Este es un procedimiento totalmente impertinente y si un alumno me dice esto en un examen, lo tengo que reprobar”.

“Totalmente improcedente”

Eduardo Menem: “La presentación ante la Corte es totalmente improcedente, porque el Congreso tiene facultades propias para tomar las decisiones que le atañen a su funcionamiento. No puede depender de otro poder ni debe pedir permiso a otro poder.

Es un principio fundamental es la división de poderes y la armonía entre ellos. Cada uno tiene atribuciones propias y debe resolver sin ninguna condición o pedido de autorización, ni a la Corte ni a una instancia inferior. Directamente el Congreso tiene que sesionar. Puede hacer una sesión presencial, para modificar los reglamentos, tomando todas las precauciones, con barbijo, distancia y el mínimo de empleados.

Tampoco es problema para los legisladores del interior: el Estado puede disponer de un vuelo especial que los traiga en vuelos para esa sesión en donde se modifique el reglamento. Incluso, hasta eso podría hacerse en una sesión virtual, con un quorum indispensable, con el resto de los legisladores participando y dando a publicidad la sesión”.

“Claramente procedente”

Domingo Rondina: “La acción planteada por la presidenta del Senado es claramente procedente. La jurisprudencia argentina viene evolucionando desde los tribunales inferiores y ha habido precedentes de Corte en el sentido, máxime cuando media una situación de gravedad institucional.

En este caso están reunidas las condiciones para que la Corte despeje una incertidumbre constitucional, en aras de evitar el desgaste que implica un proceso legislativo que luego pueda ser anulado por razones formales por la Corte. La conducta asumida por la misma Corte en la ‘causa Rizzo’ donde se anuló la reforma judicial, siguiendo un procedimiento de apelaciones muy veloz, demuestra la necesidad de encontrar mecanismos de acuerdo procedimental entre las cabezas de los poderes. Es un tema técnico, doctrinario, que venimos planteando hace tiempo y que se hace en otros países para evitar el desgaste del debate público y democrático respecto a un proyecto que por razones formales o sustanciales pueda ser anulado por el órgano jurisdiccional. Y la Corte Suprema tiene facultades para hacerlo. Además, no es la primera vez que la Corte Suprema toma un caso anticipadamente, al solo efecto de despejar inconstitucionalidad.

El más antiguo se llama ‘Rodríguez Aeropuertos’, donde se inventó el per saltum, y el más reciente es ‘Fonteveccia’ donde con solo un oficio la Corte tomó el tema y se pronunció. Muchos colegas dicen que no hay caso porque están mirando con un sistema del siglo XIX. No se puede seguir trabajando así porque los procesos de construcción normativa son complejos y ponen a la Corte en una posición de árbitro democrático contramayoritario”.

“Desconoce la competencia de la Corte”

Daniel Sabsay: "La acción que la vicepresidente de la Nación interpuso ante la Corte Suprema desconoce la competencia de ese alto tribunal. A la Corte se llega por apelación, cuando se viola algún derecho. La competencia originaria solo existe cuando hay un conflicto entre provincias o un tema en el que esté comprometido un país extranjero.

La acción debería ser rechazada in límine. Para que la Corte tome una cuestión tienen que darse las características de un caso, un tema en donde el que lo interpone pone de manifiesto que esta situación ha violado algún derecho del cual esa persona es titular. Un tema subjetivo. Acá se trata de una consulta de tipo doctrinario de un poder al otro, de manera abstracta, sin mostrar lesión. Por lo tanto, a mi entender la Corte debería rechazarlo. Se trata de un cuestión externa de un órgano que la propia Constitución le da la facultad de fijar sus reglamentos.

“Es dudoso”

Andrés Gil Domínguez: “Hay una duda sobre si el reglamento de ambas cámaras permite las sesiones digitales no presenciales. El reglamento no es claro. Y lo que se puede hacer es lo que expresamente dice el reglamento. Entonces hay una duda razonable.

¿Esto lo tendría que resolver el Congreso?. Sí, pero para definirlo se tendría que reunir presencialmente y eso es un problema porque hay una gran cantidad de legisladores que pertenece al grupo de riesgo y otros que viven muy lejos. ¿Cuál sería la mejor forma de garantizar la presencia? La vía digital. Pero es la cuadratura del círculo: tendría que hacerse una sesión especial para autorizarlo.

Para mí, tomando el artículo 75 de la Constitución Nacional que obliga al Congreso a proveer todas las medidas conducentes al desarrollo tecnológico, sí. Pero que hay duda, hay duda. ¿Se dan los presupuestos de la competencia originaria de la Corte? No, no se dan. ¿Pero la Corte no ha generado excepciones a esa competencia originaria? Si, lo ha hecho y ha generado excepciones. Si la Corte sigue con su jurisprudencia tradicional, dirá que no hay caso o lo mandará a otro fuero porque dirá que no es competencia originaria. También podría hacer lo que hizo la Cámara Electoral cuando se frenó la re-reelección de Carlos Menem, diciendo que no había ninguna situación de incertidumbre porque estaba claro que no estaba habilitado a postularse y así, por una vía negativa, pronunciarse.

Estamos ante una situación objetiva de excepcionalidad nunca vista. Muchos colegas dicen que la Corte nunca hace excepciones, pero las hace. Para los teóricos de los libros, puede ser, pero la realidad es otra cosa”.

“Carece de apoyo legal”

Felix Loñ: “La pretensión de Cristina Kirchner de acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia carece de apoyo legal pues ello solamente es posible en los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia sea parte. Así lo establece el artículo 177 de la Constitución Nacional. Lo que la vicepresidenta tendría que haber hecho es acudir al propio Senado y no que la Corte. Ningún otro poder puede meterse. Ni el judicial ni el ejecutivo.”

“Es la política y los acuerdos políticos los que tiene que resolver esta cuestión”

Diego Armesto: “El Congreso puede sesionar sin consultar a la Corte Suprema porque en el reglamento existen distintas normas que le permiten a cada cámara sesionar fuera del ámbito del Congreso. Incluso podría haber un acuerdo político entre los presidentes de los bloques ad referendum del cuerpo. Ya lo hicieron Mendoza y Córdoba. Es la política y los acuerdos políticos los que tiene que resolver esta cuestión y no la Justicia. El poder legislativo no necesita que otro poder del Estado le diga qué hacer”.

“¿De qué inminencia estamos hablando?”

Jorge Alberto Diegues: "No hay competencia originaria de la Corte para recibir la demanda. No se puede dirigir a la Corte Suprema cualquier cosa en competencia originaria, porque se trata de un fuero de privilegio para determinados casos. Acá no hay ni provincia ni embajador actuando. A la Corte se llega por un recurso extraordinario, con requisitos formales porque no todo es de gravedad institucional.

Suponiendo que haya un milagro que pueda pasar la competencia originaria, no hay caso tampoco. La Constitución exige que para que se pueda hacer una demanda haya una controversia. Los tribunales no están para evacuar consultas. Y, además de tener caso, tiene que haber un interés concreto. Acá la acción declarativa se presenta porque se explica que se busca tratar leyes tributarias.

Esas leyes se debaten primero en Diputados. Si la Cámara de Diputados todavía no aprobó el proyecto, ¿de qué inminencia estamos hablando? Otro de los argumentos es el riesgo para los senadores. El viernes, cuando el presidente Alberto Fernández anunciaba la reestructuración de la deuda, ¿quién estaba a su lado y sin barbijo? ¿Ahí no se ponía en riesgo la vida? Los legisladores, por su función, están excluidos del aislamiento. Entonces, ¿no es lo mejor reunirse una vez para reformar el reglamento y así poder sesionar? ¿Qué da mayor seguridad jurídica, una demanda ante la Corte con todas estas dificultades o una única reunión al solo efecto de modificar el reglamento y así poder sesionar mientras dure esta pandemia?

“Razonable, pero es el Congreso el que debe encontrar el modo de sesionar”

José Miguel Onaindia: “En nuestro sistema judicial el control de constitucional es posterior. No es previo. Ni de la Corte Suprema ni ningún otro tribunal puede actuar ante un acto administrativo y menos una ley. La presentación que hizo la vicepresidenta no reúne las características que tiene el control constitucional.

Sin perjuicio de eso, opino que el Congreso debe estar sesionando y debe adecuar su forma de sesionar a las circunstancias actuales porque el Estado de derecho no se puede interrumpir por una circunstancia excepcional como es esta epidemia. En ese sentido, el planteo tiene razonabilidad. Pero es el Congreso el que debe encontrar los modos y seguir sesionando. La constitucionalidad de esos métodos los va a tener que controlar la justicia, no la Corte como primer tribunal”

“Absolutamente improcedente”

Ricardo Gil Lavedra: “La presentación es absolutamente improcedente. No es un caso de competencia originaria y no hay un caso o controversia. ¿Contra quién se dirige, quién tendría que resistir? Acá no hay caso. La Corte ha dicho en numerosos precedentes que no está dentro de sus funciones emitir opiniones consultivas. Es una atribución excluyente del Congreso.

La Constitución Nacional le da instrucciones al Congreso para que regule su funcionamiento interno sin intervención de otro poder. Por lo tanto, la posibilidad de regular sesiones no presenciales es una competencia exclusiva de cada Cámara. No veo inconveniente en que los senadores sesionen una vez en la sede de Cámara de Diputadas, que es muchísimo más grande.

La Corte Suprema también tiene remedios para agilizar el funcionamiento del Congreso, permitiendo una aprobación en general y el articulado de una ley en comisión. Por qué se hizo esta presentación a la Corte no lo sé, porque por lo que leo hay una unanimidad de pareceres y es un tema que está fuera de discusión”.


 

Se trata del viceministro de Justicia Juan Martín Mena, ex vicejefe de los espías de la AFI en 2015. El controlará al nuevo titular del Programa, Santiago Eguren.

El aislamiento es la premisa esencial para las personas que integran el Programa de Testigos e Imputados protegidos, y bajo esa condición rigen sus nuevos estilos de vidas y ahora también los recaudos sanitarios en medio de la pandemia del coronavirus.

Algunos integrantes de dicho régimen solicitaron al Ministerio de Justicia una ayuda financiera al ver sus economías domésticas dañadas por la cuarentena total. Pero además de esas novedades personales, hay otra noticia política: luego de haber recuperado el manejo del Programa y designado a su titular, el ministerio de Justicia resolvió que responderá a uno de los hombres más leales a Cristina Kirchner, el secretario de Justicia Juan Martín Mena.

Mena integró la Agencia Federal de Inteligencia durante la conducción de Oscar Parrilli, y es todo un "alfil" de la vicepresidenta. Nuevamente integrando el ministerio de Justicia, antes del inicio de la pandemia del COVID19 era uno de los responsables en trabajar en la reforma judicial que anunció el presidente Alberto Fernández.

El actual Secretario de Justicia, se encuentra procesado junto a Parrilli y a la vicepresidenta de la Nación -entre otros-, en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, expediente que ya se encuentra elevado a juicio oral. Es un hombre de trayectoria en el ministerio que conduce Marcela Losardo. Ya habían trabajado juntos cuando ella ocupaba el cargo que hoy ostenta el abogado.

El 19 de marzo, en el Boletín Oficial se publicó la designación del nuevo director del Programa, Santiago Eguren, abogado y uno de los apoderados del Frente de Todos. También fue funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante una parte del segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner.

Pero el dato es que, como director de este programa que brinda protección a más de 400 personas -incluyendo sus grupos familiares- reportará a la Secretaría de Justicia, es decir a Mena. "Regresa a su conformación original, porque así era antes que se cree la Agencia independiente durante la anterior gestión", explicaron fuentes oficiales a Clarín.

Cuando Mauricio Macri dejó la Casa Rosada, el Programa contaba con 236 personas, de las cuales solo quince eran en causas por corrupción. Pero todos ellos estaban vinculados a expedientes contra Cristina Kirchner y sus ex funcionarios. Ahora, en este último grupo sólo quedan doce, tras la salida de Víctor Manzanares (ex contador de Cristina Kirchner), Leonardo Fariña y Alejandro Vandenbroele. Todos ellos renunciaron justamente por temor a la influencia de la vicepresidenta en la "protección" de quienes la habían acusado.

Geolocalización, nueva identidad, restricciones en el uso de líneas celulares, trabajos en lugares como remiserías, pizzerías, confiterías, puestos de flores, son sólo algunas de las condiciones bajo las cuales viven los integrantes del Programa, la gran mayoría de los cuales llegó a él por causas de narcotráfico y trata de personas.

Entre los doce imputados en causas de corrupción, varios se convirtieron primero en arrepentidos, y luego pidieron ser parte del sistema de protección. En esas causas, casi todos apuntaron contra la vicepresidenta.  

Tal es el caso del ex chofer Oscar Centeno, que con sus ocho cuadernos desnudó el "sistema de recaudación de fondos ilegales (coimas) que pagaban los empresarios y cobraban los ex funcionarios". El expediente colocó a Cristina Kirchner como la principal responsable al punto de acusarla y enviarla a juicio oral bajo la calificación de jefa de esa asociación ilícita.

En esa misma causa, confesó e ingresó al programa el ex funcionario kirchnerista José López, quien sostuvo que Cristina Kirchner "tenía conocimiento de lo que sucedía" y que era quien "decidía a qué empresas se pagaba /certificaciones de obras primero, de un listado que se le entregaba todos los meses". Además, expresó que la propia ex Presidenta una vez le dijo "podés ser parte de la solución o del problema", pidiéndole explicaciones sobre ciertas anotaciones que habrían referido a los sobornos.

Dos años después de quedar detenido en una causa donde se lo acusó junto a la vicepresidenta por lavado de dinero, Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner, se acogió al régimen del imputado colaborador en el caso Cuadernos, y pidió ser parte del Programa de Protección.

Apuntó a cómo los ex presidentes construyeron su fortuna a través del rubro hotelero, señaló algunas inconsistencias en las declaraciones juradas y cómo Cristina estaba al tanto de esos movimientos. También sumó detalles sobre la estructura de blanqueo que montó con Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner.

Por otras causas sensibles para los Kirchner, también fueron parte del programa Leonardo Fariña y Alejandro Vandenbroele: el primero, en "la ruta del dinero K", develó las operaciones lavado encabezadas por Lázaro Báez, ex socio comercial de Cristina Kirchner, y habló de aquella relación y algunos negocios que los vincularon. El segundo, señalado testaferro de Amado Boudou, confesó en una causa conexa a Ciccone en la que se condenó al ex vice por cohecho.

Pero al igual que Manzanares, Fariña y Vandenbroele decidieron abandonar el régimen al que habían ingresado después de convertirse en imputados colaboradores en casos de corrupción. Coincidieron en plantear que el cambio de Gobierno no les brindaba seguridad en cuanto a su privacidad y resguardo, ya que habían denunciado a los K, que ahora tenían que vigilarlos.


 

Los tribunales y oficinas de violencia familiar están cerrados, buscan nuevos protocolos para proteger a las víctimas.

El confinamiento preventivo que dispuso el gobierno nacional como parte de la emergencia sanitaria disparó los casos de violencia de género. Las denuncias virtuales se multiplicaron, sin embargo en algunos las oficinas de denuncia aparecen como lugares clave, pero están cerradas.

Un caso es paradójico, en septiembre de 2008 la Corte Suprema decidió que la violencia de género era tan grave como para merecer una oficina propia. A instancias de Elena Highton de Nolasco se creó la Oficina de Violencia Doméstica.

Sin embargo, esa dependencia se encuentra cerrada y no cuenta con instancia de teletrabajo. Curioso, las denuncias no son consideradas como algo esencial.

Sin actividad de los jueces, el confinamiento paraliza el Poder Judicial

Esa oficina apenas tiene activos sus canales electrónicos para recibir denuncias por violencia de género, denuncias que bajaron drásticamente desde que se dispuso el aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus.

A una semana de la cuarentena, la oficina de la Corte había recibió un total de 26 denuncias, cuando antes de la cuarentena el promedio era de 50 por día.

Es algo previsible: el no salir a la calle dificulta el acceso a una comisaría o una fiscalía. Las llamadas a la línea 144, por su parte, se dispararon un 60 por ciento.

Por esas complicaciones se están tomando medidas. Por ejemplo, el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación habilitó tres líneas de teléfonos por WhatsApp (11-2771-6463, 11-2775-9047 y 11-2775-9048) para que se puedan hacer denuncias por esa vía sin la necesidad de salir de sus casas o exponiéndose a una llamada que pueda ser escuchada por el agresor.

Según pudo saber LPO, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires generó desde que se activó el confinamiento obligatorio una serie de canales como mail, sitios web y números de WhatsApp para agilizar denuncias. Pero el problema ocurre en los sectores más humildes a quienes es difícil llegar con la difusión de esas vías para denunciar.

Desde la Fiscalía General de la ciudad de Buenos Aires se intensificaron los llamados telefónicos con las mujeres. "El contacto presencial está reducido a casos muy específicos. Pero tenemos 70 referentes de contacto que llaman por teléfono y seguimos cada caso.

Dependiendo de la conflictividad lo hacemos todos los días o todas las semanas", explicó Ana Barata Vallejo, Secretaria de Políticas de Asistencia Integral a la Persona Afectada por el Delito. "Hay que prestar más atención a la palabra, a la entonación, porque no es lo mismo que el cara a cara", agregó a Infobae.

Según un informe elaborado por Télam, las denuncias -entre correos y contactos telefónicos- superaron los 8.600 pedidos de ayuda desde que se inició la cuarentena.

En la provincia de Buenos Aires, una aplicación unificará la recepción de las denuncias por violencia de género y se complementará con una campaña comunicacional para difundir las vías de ayuda para víctimas de violencia de género.

Estas medidas se definieron luego que un relevamiento de la línea 144 en la provincia de Buenos Aires revelara un incremento de llamados de casi el 60 por ciento a partir de la cuarentena.


 

El juez federal Sebastián Casanello le otorgó el arresto domiciliario a Daniel Pérez Gadín, el ex contador del empresario Lázaro Báez, debido a que por su edad integra el grupo de riesgo ante la pandemia de coronavirus.

Pérez Gadín dejó así el penal de Ezeiza después de cuatro años detenido en la causa por presunto lavado de dinero a cargo de Casanello, quien definió que el ex contador continúe bajo arresto con tobillera y con una "consigna policial permanente" en su casa.

Entre los argumentos de su decisión, el juez sostuvo que Pérez Gadín tiene 67 años y esto constituye un "factor de riesgo" ante la pandemia, además del hecho de haber sido fumador y tener un antecedente de neumonía, entre otros puntos.

El mes pasado la defensa de Pérez Gadín había solicitado la excarcelación, pero el fiscal federal Guillermo Marijuan se opuso y el magistrado había definido que el acusado continuara en Ezeiza con prisión preventiva.

El martes pasado, el juez federal emitió un segundo fallo en el que dispuso que el arresto fuera domiciliario.

Pérez Gadín fue detenido por orden de Casanello en el marco de la causa conocida como "ruta del dinero K" el 5 de abril de 2016, el mismo día que ordenó la prisión preventiva de Báez y en diciembre de 2017 elevó a juicio a los dos bajo la acusación de haber lavado 60 millones de dólares.


 

Dos fallos de la Corte Suprema de 1929 y 1981 dejaron antecedentes. La reliquidación retroactiva es perjudicial para el contribuyente. La teoría del "efecto liberatorio del pago".

Todo ello conlleva en nuestro país a una baja abrupta en la recaudación impositiva a nivel nacional, de los estados provinciales y municipales. Lo descripto no es sólo aplicable para nuestro país sino que aplica para todo el mundo. En ello no estamos solos sino que una de las consecuencias de la globalización es que un virus originado en China llega en pocos días a los distintos confines del mundo.

Los controles en aeropuertos, puertos, rutas, accesos a ciudades, cuarentenas en hoteles, el SAME trabajando a full las 24 horas, hospitales a pleno, mayores gastos de salud, vacunaciones masivas, el auxilio alimenticio en barrios carenciados por el Ejército u otras fuerzas, desplazamientos, establecimientos de hospitales de campaña, son solventados por el Estado.

Cuando un pícaro o un violento incumple con la cuarentena y hay que obligarlo a hacerlo, hasta quizás con un móvil policial en la puerta: ¿Quién paga ello? ¿Quién paga la “fiesta”? El Estado no es una abstracción ontológica. Las cuentas del Estado las pagamos todos.

Pese a mi análisis económico entiendo que el bien a tutelar en primer término es la salud de la población. Si no hay vida no hay economía. Y si la salud no se protege adecuadamente habrán muchos casos de esta enfermedad u otras, y muertes. Y sin vida no tiene entidad hablar sobre déficit fiscal ni de impuestos. Instalar morgues en parques municipales o fosas comunes, como sucede en países “del primer mundo”, no luce como mejor alternativa.

La Argentina antes de la pandemia ya tenía problemas económicos estructurales: baja actividad económica, déficit fiscal, desempleo, deuda externa difícil de pagar con las escasas reservas del BCRA y también una alta presión tributaria.

El Estado nacional ha tomado importantes medidas para paliar o demorar los efectos de la pandemia. Estamos casi todos en cuarentena obligatoria. Esa afortunada decisión en materia de salud no hace más que lamentablemente acrecentar la recesión y el déficit fiscal. Es matemático e inevitable. No se puede todo en la vida.

No entrar en cuarentena podría haber sido mejor para la economía del país, pero pésimo para la salud de la población. Hay antecedentes internacionales que lo validan: España, Italia y Estados Unidos.

El llamado

El llamado "Impuesto Patria", que sería cobrado a aquellas personas con patrimonios desde los $10 millones o con "rentabilidad" de más de $50 millones, sería destinado a fortalecer los recursos frente a las consecuencias de la crisis producida por la cuarentena producto del coronavirus Covid-19.

Sin duda que el auxilio a empresas pequeñas, a los jubilados, a los monotributistas , de las AUH, IFE, etc. se hace con dinero emitido recientemente por el Banco Central que incrementa la base monetaria ( M1) lo que no hace más que incrementar el déficit fiscal y augurar una mayor inflación futura. Pero nuevamente: la emergencia lo amerita. No hay alternativa. Hay que cuidar la salud física y de sustento económico de la población.

También genera mayor déficit fiscal el auxilio a las pymes solventando el Estado parte de los sueldos de la nómina salarial de hasta 100 personas, reduciendo o postergando el pago de las contribuciones sociales, etc. Medidas que sin emergencia son malas pero en este escenario no hubo alternativa.

Y no obstante ello hay sectores que no han recibido ayuda del Estado (monotributistas a partir de la categoría “B”, otros trabajadores independientes, trabajadores informales, empresas medianas y grandes, etc.

El Estado nacional “protector” habrá de generar un mayor déficit fiscal inmediato. Y el impacto económico mediato de la pandemia es muy difícil de predecir en estos días.

El Ministerio de Economía ya anunció que no habrá pagos por capital e intereses de bonos soberanos emitidos bajo legislación argentina por lo que resta del año 2020 y se posterga su pago emitiendo un nuevo bono por tales vencimientos.

Otros países con idénticos efectos de la pandemia tienen menos problemas pues: cuentan con mayores reservas internacionales y cuentas equilibradas o bien son los emisores de dólares. Argentina no está en ese conjunto.

¿Qué hacer en materia de recaudación de impuestos?

Muchas entidades profesionales han solicitado con razón postergar por 180 días la presentación de declaraciones juradas y el pago de impuestos nacionales y estaduales y además los tributos de la seguridad social. Entre otros: el IVA por los meses de marzo a junio de 2020, el impuesto a las ganancias por el período 2019, ingresos brutos, Bienes Personales que tributan las personas humanas y jurídicas, etc.

Como es de conocimiento de la sociedad el impuesto sobre los Bienes Personales ha sido modificado por la ley 27.541 del 23 de diciembre de 2019, estableciendo una tasa de hasta el 2,25% por los bienes en el exterior. Ya existe el “impuesto a la riqueza” del cual se escuchan noticias. No hay margen para incrementar el tributo patrimonial. ¿Es posible incrementar la ya altísima presión fiscal? Mi respuesta nuevamente es negativa.

La sociedad tomó conocimiento de un proyecto de crear un impuesto adicional al blanqueo de capitales establecido por la ley 27.260 del 22 de julio de 2016, por el cual existió la posibilidad de “sacar a la luz” bienes ocultos, hasta el 31 de marzo de 2017. En aquella oportunidad los contribuyentes pagaron un impuesto de normalización del 5% para el caso de inmuebles y del 10% para el resto de los bienes sincerados del país o del exterior.

Entendemos que la aplicación de un impuesto adicional al sinceramiento fiscal de la ley 27.260 es inconstitucional. Similares blanqueos existieron en los años 2009 y 2013 por los que no se establecieron tributos adicionales.

Los nuevos impuestos a la riqueza son inconstitucionales

El contribuyente que se acogió a dicha normalización tributaria finiquitó la relación jurídica con el Estado presentando la declaración jurada requerida y solventado el pago del tributo exigido por la ley 27.260. No puede el fisco tres o cuatro años más tarde exigirle un impuesto adicional.

La Corte Suprema de Justicia ya se pronunció en 1929 en la causa “Sara Doncel de Cook c/ Provincia de San Juan”, sosteniendo que la retroactividad adquiere carácter constitucional cuando la aplicación de la nueva ley priva a un habitante de la Nación de algún derecho incorporado al patrimonio.

En la causa “Angel Moiso y Cia SRL” la CSJ se pronunció el 24 de noviembre de 1981 en contra de la reliquidación retroactiva, perjudicial para el contribuyente, del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. La Corte a partir de esa causa se postuló a favor de la teoría del “efecto liberatorio del pago”.

Si el contribuyente presentó la declaración jurada del tributo, en este caso la del sinceramiento fiscal dispuesto por la ley 27.260 y pagó el tributo resultante, no puede una ley posterior afectar esa relación jurídico-tributaria ya finiquitada.

Creo que en lugar de crear impuestos, por lo contrario, una vez se salga de la pandemia será la oportunidad de hacer crecer la economía y reducir la carga tributaria a los efectos de facilitar dicho proceso. Y con el crecimiento de la economía crecerá la recaudación.

En materia inflacionaria creo que acercar el productor al consumidor, en especial por los bienes de la canasta familiar, será más eficiente que un férreo control de precios.

Crear ferias municipales en todas las ciudades del país permitirá que el productor obtenga una mejor retribución por sus productos de la que hoy recibe de los intermediarios generándose bienestar en el oferente y el/la consumidor/a “Doña Rosa” pagará mucho menor precio al que actualmente paga.

Mario Volman

Martes, 07 Abril 2020 00:00

Le otorgaron la prisión domiciliaria a Boudou

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El ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por el caso Ciccone, fue beneficiado hoy con la prisión domiciliaria por el Tribunal Oral Federal 4 de esta capital, informaron fuentes judiciales.

La decisión la tomó el juez Daniel Obligado, desde el TOF 4, tras analizar la situación penal del ex vicepresidente.

 

“El actual contexto mundial de emergencia sanitaria a causa del Covid 19, ciertamente trastoca prácticamente todas las pautas de las relaciones interpersonales, afectando entonces la implementación de los objetivos conductuales asumidos por el plexo normativo de la ejecución de las penas (ley 24.660), que en definitiva logren con éxito la inserción social de quien resulte condenado, una vez recuperada su plena libertad”, escribió.

Según dijo, Boudou está casado y tiene dos pequeños hijos de ambos, mellizos de dos años.

“Siendo que el grupo familiar de la compañera del encausado reside en México, y tiene dificultades para viajar por la enfermedad de su padre, a lo cual, ahora, cabría adicionar la prácticamente mundial prohibición de viajar. Boudou, a su vez, tiene dos hermanos, pero uno reside en el interior y con el otro no mantiene vínculo (lo cual surge del informe socio ambiental). En estas condiciones, el único sostén económico y emocional para los niños de dos años, resulta ser su madre”.

En medio de la emergencia sanitaria, el Servicio Penitenciario Federal trasladó al ex vicepresidente a su departamento del barrio de Barracas para que siga cumpliendo la condena. Se lo mantendrá dentro del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica.


 

El líder de MILES, Luis D ´Elía, fue beneficiado con la prisión domiciliaria, ya que la Justicia entendió que representaba un riesgo para los demás detenidos del Penal de Ezeiza si reingresaba tras haber estado en una clínica en medio de la pandemia de coronavirus.

Fuentes judiciales informaron que la decisión fue tomada por la juez Sabrina Namer, del Tribunal Oral Federal número 8, luego de que el dirigente kirchnerista fuera trasladado desde la cárcel hasta la Clínica Anchorena por un cuadro de fiebre producto de unas anginas.

Al detectarse el estado febril, el ex funcionario nacional se había negado a ser atendido en el Hospital Penitenciario Central de la cárcel de Ezeiza.

La justificación judicial fue que al haber estado en la calle, particularmente en un centro médico, D´Elía representaba un riesgo para el resto de los detenidos y para el personal del Servicio Penitenciario Federal ante la posibilidad de que sea vector de coronavirus.

El referente kirchnerista se encuentra cumpliendo condenado a tres años y nueve meses de prisión por la toma de una comisaría de La Boca en 2004.

D´Elía se encuentra preso en el penal Ezeiza y hasta el momento le fueron rechazados todos los pedidos de libertad y arresto domiciliario.

Por problemas cardíacos y de hipertensión, sumado a su condición de diabético, el ex funcionario nacional forma parte del grupo de riesgo frente al coronavirus.

El beneficio de la prisión domiciliaria del líder de MILES se da escasas horas después de que convocara a través de redes sociales a un "tuitazo" para exigir la libertad de los "presos políticos".

En este marco, hay 1.280 presos en estado de riesgo, según el SPF, la Cámara de Casación Penal continúa pidiendo que los magistrados revisen la situación de cada detenido y que se proceda a morigerar las medidas de restricción en los casos en que sea posible.


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Fundado el 4 de agosto de 2003

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