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El presidente dio instrucciones para enviar el proyecto a las sesiones extraordinarias del Congreso. La clave es fusionar a los doce jueces federales con los penales económicos y los de instrucción.

 

La nacional Tabacalera Sarandí presentó una querella en contra de un esquema impositivo que beneficia a la multinacional.

En lo que parece ser una guerra de tabacaleras, la empresa nacional Tabacalera Sarandí (TS), acusó al gigante mundial Philip Morris-Massalin Particulares, por supuestas maniobras junto a funcionarios de la administración del ex presidente Mauricio Macri, para aprobar la reforma impositiva al tabaco, una medida que redujo alícuotas para grandes corporaciones y perjudicó a las pequeñas y medianas empresas.

En una querella presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 por la causa Nro. 5076/2019, la compañía asegura que, Massalin Particulares -que tiene más del 70% del total del mercado-, y funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ministerio de Hacienda, y secretaría de Salud, utilizaron reportes e información desactualizada y falsa para impulsar este sistema impositivo, incluido en la reforma tributaria de la Ley 27.430.

"Es importante alertar que en estos procesos participaron importantes ministros, secretarios, y directores de AFIP, ligados al macrismo, tendientes a favorecer prácticas monopólicas", afirmaron desde la Tabacalera Sarandí.

"Obtienen voluntades de funcionarios que no defienden los intereses de un país, sino de empresas extranjeras acostumbradas a girar cientos de millones de dólares por año, durante muchas décadas. Son los verdaderos dueños de la economía y el esfuerzo de los argentinos", agregaron.

La compañía denunció irregularidades en el proceso al afirmar que los funcionarios del Estado Nacional "omitieron dar intervención a la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria (ley 27.260) para que se analizara y evaluara el proyecto de ley".

La reforma, dice el documento, fue "armada como traje a medida" para empresas multinacionales -en particular Massalin Particulares-, y "perjudicó directamente al sector Pyme de esta rama de la industria y desfinanció el sistema de salud".

"El mensaje del Poder Ejecutivo número MEN 2017-126 APN-PTE fue suscripto por Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda, Marcos Peña, ex jefe de Gabinete de Ministros y Mauricio Macri, expresidente de la Nación", finaliza la introducción del documento presentado por la compañía.

En lo que refiere al sector del tabaco, la reforma tributaria de la ley 27.430 modificó la tasa general de impuestos internos, disminuyéndola del 75% al 70%, y estableció un impuesto mínimo fijo de $ 28,00 -actualizable- para cada envase de veinte unidades.

Aplicada la tasa general del 70% del impuesto, que da como resultado $28 -equivalente al impuesto mínimo- el precio de venta resulta en $51,69. Todos los precios de venta que sean mayores a este valor liquidarían y pagarían con la alícuota del 70%, mientras que todos los precios de venta que sean inferiores tributarían el pago del impuesto mínimo.

Según plantea la tabacalera nacional, esta reducción benefició exclusivamente a las grandes empresas que son las que comercializan las marcas más caras, por ejemplo, Marlboro; Phillip Morris; Benson & Hedges; Parliament; Virginia; L&M, todas de la firma Massalin Particulares.

Tabacalera Sarandí afirma que los precios de las tres marcas de cigarrillos que comercializa, en diciembre de 2017, eran de $ 19,00, $ 24,00 y $ 25,00, respectivamente, y los impuestos contenidos y determinados a tasa general en esos precios eran de $ 9,56, $ 12,38 y $ 12,95, respectivamente.

Periódicamente las tabacaleras presentan informes a distintas dependencias de la Administración Pública (Secretaría de Agroindustria, Dirección General Impositiva), los cuales contienen los precios de venta por marca y la cantidad de paquetes vendidos.

La tabacalera interpreta, entonces, que el Ejecutivo sabía, al momento de presentar la reforma, que los precios de venta de las Pyme no superaban en ningún caso los $ 25,00 y que sólo las grandes corporaciones tenían precios superiores a $ 51,69, por lo que la decisión de la reforma de la ley fue propuesta conociendo que la reducción de la alícuota sólo beneficiaría a éstas últimas.

El aumento de impuestos establecidos por la ley no sólo no es un aumento de carácter general, sino que afectó exclusivamente y en forma desproporcionada a los cigarrillos de menores precios, y a las marcas más caras les redujo su tributación al reducir la tasa general del 75% al 70%.

Los cigarrillos reconocidos como ultra baratos a partir del 1 de marzo de 2018 quedarían en precios similares a las primeras marcas de las grandes empresas e inclusive superarían los precios de sus segundas marcas. De esta manera, los condenarían a su desaparición afectando su supervivencia contrayendo centenares de pérdidas de empleo, así como reducción en la recaudación tributaria.

A modo de ejemplo, en marzo de 2018 para un precio de venta de $ 59,00 el impuesto interno determinado a la alícuota del 75% era de $ 34,74 y a la alícuota del 70% era de $ 32,13, esto es una diferencia de $ 2,61 por paquete. En ese mes las ventas del cuarto quartil (rango de precios entre $ 52,78 y $ 64,00) totalizó 105.974.603 paquetes de 20 unidades. Esto es, la reducción de la alícuota general representó una transferencia de recursos a favor de las Empresas en detrimento de la recaudación de por lo menos $ 276.674.343.

La empresa sostiene que a las pymes como Tabacalera Sarandí, que emplean a más de 300 familias argentinas, esto les genera una situación de quebranto porque, a diferencia de las grandes corporaciones, el impuesto interno absorbe completamente los ingresos obtenidos por las ventas.

La reducción al 70% de la alícuota también impacta, por ejemplo, en la recaudación para el Fondo Especial del Tabaco que, entre otras cuestiones, contribuye con el Sistema de Salud para tratar enfermedades producidas por el tabaquismo. Se calcula que esta inexplicable reducción impositiva concedida por el macrismo, sumaria 100 mil millones para 2020.

El impacto negativo de la medida llevó a Tabacalera Sarandí, y otras Pyme, a presentar una medida cautelar para no tributar el impuesto mínimo y, a principios del mes de diciembre, la jueza federal Cecilia Gilardi de Negre falló en favor de la compañía al considerar inconstitucional el cobro de este impuesto a las pequeñas y medianas empresas del sector.


 

La Corte Suprema de Justicia absolvió a dos mujeres que están presas desde hace 14 y 11 años como acusadas del crimen de una jubilada ocurrido en 2001 en la ciudad de Posadas, y sostuvo que la causa que las mantenía detenidas "resultó ser un ejemplo de un proceso indebido en el que se negó la vigencia del principio de inocencia", informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

El fallo benefició a Cecilia Rojas (37) y Cristina Vázquez (36), quienes están presas desde 2005 y 2008, respectivamente, pese a que siempre sostuvieron que eran inocentes y fueron defendidas por distintas organizaciones que reúnen a penalistas de todo el país.

"Un poco de justicia después de tantos años de lucha. Este fallo demuestra que el sistema judicial se puede equivocarse. Celebramos la libertad de Cristina y Cecilia", dijo Indiana Guereño, de la Asociación Pensamiento Penal (APP).­

El caso comenzó hace 15 años, el 27 de julio de 2001, cuando Ersélida Dávalos de Insaurralde (79), jubilada del Poder Judicial de Misiones, fue asesinada a golpes en la cabeza, presuntamente con un martillo, en su casa de Posadas.­

La mucama la encontró al día siguiente en el lavadero y se determinó que de la vivienda habían robado dinero y joyas, pero no se hallaron testigos para esclarecer el hecho. No obstante, en 2002 fueron presas ambas mujeres, luego liberadas y detenidas otra vez en 2008, enviadas a juicio oral y condenadas en 2010 a prisión perpetua por `homicidio calificado criminis causa'.­

El fallo fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, pero fue apelado a la Corte Suprema, que en 2016 ordenó revisarlo integralmente, lo cual no se hizo y por eso volvió al máximo tribunal.­

La defensa siempre planteó serias irregularidades: al momento del crimen, Vázquez se encontraba a ocho kilómetros de donde mataron a la anciana y ninguna prueba científica ni testimonial directa pudo comprobar su participación en el delito.­

Sólo se tomó en cuenta que el día anterior por la tarde Cristina había pasado por la puerta de la casa de la víctima con una amiga y testimonios contradictorios.


 

Mientras la Justicia empieza a beneficiar a CFK en algunas causas, la de la obra pública es la que más le preocupa. Los magistrados tienen una larga trayectoria, intervinieron en casos por corrupción y delitos de lesa humanidad.

Memorándum con Irán: anulan la prisión preventiva a Cristina Kirchner Margarita Stolbizer declara en el juicio que tiene a Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados.

"Todo esto, el plan, fue ideado para una feroz, inédita persecución contra quien fuera presidenta de la República durante dos periodos consecutivos por el voto popular", anunció Cristina Fernández de Kirchner hace algunas semanas cuando declaró por casi 4 horas en Comodoro Py en la causa conocida como "Vialidad" donde se la investiga por supuestas irregularidades en la concesión de obra pública.

La expresidenta debía ser indagada pero no respondió ante los magistrados.

"¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo", dijo CFK a los jueces de la causa caratulada como "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/inf. art. 174 inc. 5º y 210 del Código Penal", donde se investiga si hubo fraude al Estado para favorecer al empresario Lázaro Báez.

"Este es un tribunal de lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mi me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia", acusó la nueva vicepresidenta ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. La causa "Vialidad" parece ser la que más preocupa a Cristina.

Especialmente, luego de que la Justicia ha mostrado en el último mes medidas que empiezan a favorecer a la vicepresidenta: el 19 de diciembre, a una semana de haber asumido, fue sobreseída por el juez Luis Rodríguez en la causa "Los Sauces" en la que se la investigaba por evitar embargos y cederle bienes a sus hijos; y el 23 de diciembre el Tribunal Superior N° 8 determinó el cese de la prisión preventiva por la causa "Memorandum con Irán".

En este informe, el Equipo de Investigación de Perfil Educación analiza quiénes son los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 que investiga a Cristina en la causa que más amenaza a la expresidenta.   Gorini, Giménez Uriburu y Basso fueron sorteados en esta causa.

Pero Cristina también cuestionó la administración de los sorteos en Comodoro Py, porque aseguró que a ella siempre le "tocan" los que seguramente la van a condenar.   "Este tribunal decidió en pleno que había que transmitir determinados juicios. ¿No les parece que tiene impacto que la vicepresidenta de la República esté sentada acá acusada de asociación ilícita, de ser 'la jefa de la banda'? ¿En serio me lo dicen?”, lanzó Cristina Kirchner señalando a los jueces.

Los acusaba porque finalmente no hicieron lugar al reiterado reclamo presentado por su letrado, Carlos Beraldi, para que la indagatoria fuera transmitida por el Centro de Información Judicial. Luego de la declaración, el también abogado de Cristina, Gregorio Dalbón, utilizó su cuenta de twitter para tildar de "cobardes y machirulos" a los jueces que "carecieron de carácter y quedaron en ridículo" y también dijo que "se comieron la parada de carro más grande de la historia de Comodoro Py".    Me pareció que los jueces carecieron de carácter y quedaron en ridiculo. Ni personalidad tuvieron. Saben que @CFKArgentina es inocente. Se comieron la parada de carro más grande de la historia de Comodoro Py. Cobardes y machirulos. ? https://t.co/l220xmordF — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) December 3, 2019  

Ante las reiteradas acusaciones que recibieron los jueces que investigan a Cristina, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó su solidaridad con los magistrados que "han resultado atacados por las diferentes publicaciones y que en el día de ayer (por el martes 2 de diciembre) han debido tolerar situaciones que desandan la cordialidad y respeto que, con reciprocidad, se deben jueces y partes".

Por último, la asociación de magistrados también manifestó su "preocupación y rechazo" ante las diferentes publicaciones en redes sociales y medios de comunicación, que "persiguen desprestigiar a los jueces y fiscales" a cargo el juzgamiento de los posibles hechos de corrupción.   

Para enfrentar a la Justicia, los hijos de Lázaro Báez se dividen entre "leales" y "rebeldes Estos son los jueces que investigan a Cristina Kirchner:  

Jorge Gorini Nació el 30 de mayo de 1967, tiene 52 años y estudió abogacía en la Universidad del Salvador. Se recibió a sus 25 años, en 1992. Juró como juez en 2011, al igual que Giménez Uriburu.

Es el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 2 y llevó adelante el juicio por encubrimiento del atentado de la AMIA, que resultó en las condenas de Carlos Telleldín, Hugo Anzorreguy y el exjuez Juan José Galeano. En ese proceso el expresidente Carlos Menem fue absuelto.   

También, el TOF presidido por Gorini condenó al expresidente Carlos Saúl Menem y al economista Domingo Felipe Cavallo, por la venta irregular del predio de La Rural ya que se evitó que pase por el Congreso.

El Tribunal absolvió a los directivos de la Sociedad Rural y los tasadores. Menem terminó con una pena de tres años y nueve meses de prisión, y el ex ministro de Economía, de tres años y medio. 

Además, Gorini integró el Tribunal Nº 4 junto a los jueces María Cristina San Martino y Leopoldo Bruglia que en 2010 absolvió a los acusados de haber causado la tragedia aeronáutica de LAPA, que dejó 65 muertos y alrededor de 17 heridos. Para el TOF, el máximo responsable de la tragedia fue el piloto del avión, Gustavo Weigel, que falleció en el accidente.

El Tribunal absolvió al ex presidente de la empresa Líneas Aéreas Privadas Argentinas, Gustavo Deutsch y al ex vice Ronaldo Boyd, entre otros.  Gorini rechazó en dos oportunidades el pedido de CFK para transmitir en vivo su indagatoria.  Las causas que amenazan a Cristina, a Máximo y a Florencia Kirchner Andrés Basso  Nació el 10 de agosto de 1971 en la ciudad de La Plata. Se recibió a sus 24 años en la Universidad Nacional de La Plata.

Juró como juez en el año 2015. Es docente en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación y Escuela Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.  Fue secretario en los tribunales de Lomas de Zamora. Integra el Tribunal Oral Federal N°3, que lleva adelante el juicio contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray en la causa "Oil Combustibles". 

Por otro lado, Basso forma parte del Tribunal Oral Federal N° 3 junto a los jueces Javier Feliciano Ríos y Fernando Canero, que tiene a cargo el juicio oral a Carlos Telleldín acusado de  acondicionar y entregar la camioneta traffic que explotó en la sede de la mutual judía. El atentado, ocurrió el 18 de julio de 1994 y dejó 85 muertos y 151 heridos.  

Rodrigo Gómez Uriburu Nació en Bahía Blanca el 15 de marzo de 1971, tiene 48 años y estudió en la Universidad Católica Argentina. Se recibió en 1995, a sus 24 años.  

Condenó junto a Jorge Gorini y el fallecido Jorge Tassara a los represores Omar Rubens Graffigna, ex comandante de la Fuerza Aérea, y Jorge Monteverde, ex agente de inteligencia de esa fuerza por secuestros y torturas cometidos durante la última dictadura. 

Asimismo, Giménez Uriburu fue el único que votó a favor del pedido interpuesto por el abogado de CFK, Carlos Beraldi de transmitir en vivo la indagatoria.   

Adriana Palliotti Nació en Capital el 16 de julio de 1962, tiene 57 años y es egresada de la Universidad de Buenos Aires.

La jueza salió sorteada para ocupar el la vacante del tercer lugar del tribunal luego de la muerte de Jorge Tassara, pero Palliotti se excusó para no intervenir pero las razones que presentó "no fueron fundamento bastante para disponer su apartamiento".

Por lo tanto se designó que Basso, quien ocupaba el cuarto lugar como sustituto quede en tercero y, Palliotti como suplente.  Palliotti es jueza del TOF N° 5 y dictó sentencia en el histórico juicio de lesa humanidad en el que se juzgaron los delitos cometidos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar. Con los jueces Leopoldo Bruglia y Daniel Obligado, impusieron condenas a perpetua a 29 acusados. 

Además, formó parte del Tribunal que juzgó el caso Ciccone e inclinó la balanza a favor de que el ex vicepresidente Amado Boudou recuperara la libertad hasta tanto la condena quedara firme.  

Asimismo, la jueza interviene también en el juicio contra Lázaro Báez y sus hijos por lavado de activos que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 4.     

Por otra parte, hace dos semanas, el Equipo de Investigación publicó un informe en el que se detallan todas las causas que amenazan a Cristina y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Además de Vialidad, Cristina Fernández es investigada en:

"Cartelización de la obra pública": es un desprendimiento de la información de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno que cobró valor a través de las declaraciones de los arrepentidos y se acusa a la vicepresidenta de cohecho pasivo.   

"Cuadernos de las Coimas": se acusa a Cristina de ser jefa de una asociación ilícita, que se desprende del hallazgo de los cuadernos redactados por el ex chofer Oscar Centeno y que el periodista Diego Cabot entregó a la Justicia. 

"Memorándum con Irán": se investiga un supuesto pacto de impunidad por la causa AMIA, la denuncia que realizó el exfiscal Alberto Nisman antes de morir. Recientemente, anuló la prisión preventiva a Cristina en esta causa.  

"Dólar Futuro": la vicepresidenta está procesada por administración infiel en perjuicio del Estado por haber autorizado operaciones de la divisa a un precio más bajo que el de mercado que generó pérdidas al país.   

"Hotesur": se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero mediante la contratación de los hoteles propiedad de Cristina Kirchner y se la acusa de formar parte de asociaciones ilícitas.   

"Subsidio a los trenes": se desprende de la causa de los cuadernos y la expresidenta está acusada por los delitos de asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta el supuesto pago de coimas por parte de empresas de trenes para obtener subsidios gubernamentales.  

"Uso de aviones": CFK está procesada por el delito de ‘peculado’ por utilizar aviones oficiales para trasladar muebles y objetos a sus hoteles, desde Buenos Aires a Río Gallegos y el Calafate.   

"Documentos históricos": CFK está procesada por ‘ocultamiento, destrucción o exportación ilegal’ por tener una carta de José de San Martín de 1835 y un prontuario del expresidente Hipólito Yrigoyen en su casa de El Calafate que la Policía encontró luego de un allanamiento en el marco de la causa de los cuadernos. 

El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación.

Antonella Pisetta

 

"Nuestras formas no implican hacer publicaciones o hacer querellas", aseguró el rabino Samuel Levin, líder político de AMIA.

El cambio de gobierno caló hondo en la comunidad judía y desde una de sus principales instituciones piden bajarse de la querella contra Cristina Kirchner por el Memorándum. "Nuestras formas no implican hacer publicaciones (en los medios) o hacer querellas", aseguró el rabino Samuel Levin, líder político del Bloque Unido Religioso (BUR), que preside la actual conducción de la AMIA.

Ayer el Tribunal Oral Federal 8 dejó sin efecto el pedido de prisión preventiva solicitado por Claudio Bonadio por la firma del memorándum con Irán, que nunca se llevó a cabo porque Cristina tenía fueros parlamentarios y el Senado no se los quitó.

En declaraciones a la Agencia Judía de Noticias Levin señaló que la AMIA tiene como política resolver sus diferencias con el gobierno en forma privada. "Nosotros no nos peleamos con el Gobierno. Si tenemos algo que señalar, vamos personalmente y expresamos nuestras inquietudes".

Los dichos del rabino son una sutil forma de poner el debate sobre la mesa. La discusión también deja en relieve la discusión que existe al interior de la DAIA por la causa del Memorándum.

Las palabras de Levin son una continuidad de la posición de la mutual israelí, que a principios de año filtró una carta donde pedían correrse del juicio contra Cristina. En ese momento ya se especulaba con la posibilidad de que CFK fuera candidata.

La DAIA, presidida por Jorge Knoblovits, ejerce la representación política de la comunidad, mientras que la AMIA representa a las mutuales. Existe una rivalidad entre ambas instituciones y de hecho la posibilidad de que DAIA abandone el histórico edificio de la calle Pasteur sigue latente.

Levin recuerda siempre que la Torá dice "no se debe ir contra los reyes" y por eso reafirmó: "Nuestra política siempre fue no pelearnos con el Gobierno. No discutir con el Gobierno. Siempre buscar la forma de estar bien con el Gobierno. No tenemos que estar bajo el Gobierno, pero estamos bien con el Gobierno y vamos a estar bien con todos los gobiernos que hay en Argentina".

Juan Casas

 

El flamante funcionario se autodefinió como "un hombre de izquierda con orientación marxista" y reveló que votó a Alberto Fernández en las últimas elecciones.

"Nunca he tenido vicios como el 'gorilismo´", expresó en declaraciones a Radio La Red.

"Tendré total autonomía para hacer mi trabajo. Me tranquiliza que Alberto Fernández diga que yo no me enamoraría de él", afirmó, al tiempo que remarcó que "la Oficina Anticorrupción sigue vinculada a la autoridad del Presidente".

"Seguramente encontrare muchas cosas bien hechas y otras que serán reperfiladas para que quede claro que no haremos persecución. La persecución a opositores ha envilecido al Poder Judicial. La idea es hacer las denuncias que haya que hacer sin perseguir", subrayó.


 

El Tribunal Oral Federal 8 lo dejó sin efecto por considerar que no existe peligro de fuga y que pasaron dos años desde que lo pidiera el juez Bonadio.

El Tribunal Oral Federal 8 dejó sin efecto el pedido de prisión preventiva solicitado por el juez federal Claudio Bonadio a Cristina Kirchner por la firma del memorándum con Irán, que nunca se llevó a cabo porque tenía fueros parlamentarios y el Senado no se los quitó.

"El Tribunal resuelve dejar sin efecto la prisión preventiva dictada oportunamente respecto de Cristina Kirchner", dijo el fallo.

Los jueces consideraron que no existen elementos que permitan pensar en un posible entorpecimiento o fuga y recordaron que ya se cumplieron los dos años en los que puede estar vigente una prisión sin condena. Además, desde el 10 de diciembre es vicepresidenta y sólo puede ser destituida mediante un juicio político, que requiere mayorías especiales en ambas Cámaras.

Bonadio procesó en diciembre de 2017 a Cristina por los delitos de estorbo de un acto funcional y encubrimiento agravado y aún no hay fecha para un juicio oral. La acusa de haber protegido a los acusados del ataque que causó 85 muertos con el memorándum votado en el Congreso en febrero de 2013.

Por esta causa fue detenido y liberado Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnico de la Presidencia y actual Procurador del Tesoro.

Juan Casas

 

El Tribunal Oral Federal número 7 (TOF 7) concedió la excarcelación al ex secretario de Obras Públicas José López en la causa de “Los Cuadernos”, pero seguirá detenido en función de la condena que se le dictó por enriquecimiento ilícito, confirmaron fuentes judiciales.

“La hipotética y eventual pena en expectativa no puede construir por sí misma el riesgo procesal que este análisis impone comprobar. Agregó que tampoco el encierro cautelar puede ser determinado por el tipo de delito que se impute al individuo”, sostiene el fallo del Tribunal que integran los magistrados Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli.

En ese sentido, los jueces consideran que los riesgos procesales que existen en esta causa “no justifican la prisión preventiva o el arresto domiciliario” para López.

Además, consideran que al estar excarcelados otros imputados en la causa como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el subsecretario Roberto Baratta, no se le puede negar al ex funcionario el acceso al beneficio.

López está detenido desde hace tres años y medio, cuando fue encontrado en las cercanías de un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez con bolsos en los que había 9 millones de dólares.

Por ese hecho recibió una condena de seis años por parte del Tribunal Oral Federal 1, y por esa razón continuará detenido.

Fuentes judiciales no adelantaron si solicitará el beneficio de la excarcelación ante el Tribunal que lo sentenció, pero en el fallo que lo excarceló se indica que “en la hipótesis que recupere su libertad en el marco de dichos expedientes, su sujeción al proceso se encontraría, en algún punto, controlada por el Programa Nacional de Protección a Testigos e imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.

Es que López declaró como testigo protegido en la causa de Los Cuadernos que es instruida por el juez federal Claudio Bonadio.

Para el TOF 7 su incorporación al Programa de Protección de Testigos es una de las razones que justifican el beneficio de la excarcelación, ya que “no se advierte en esas circunstancias”, López pueda “entorpecer la efectiva realización del juicio, eludir la acción de la justicia o asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución”.


 

La Cámara de Apelaciones le sacó la causa a Tucumán y pidió que se trate con celeridad.

La justicia decidió hoy que la investigación contra el senador y ex gobernador de Tucumán José Alperovich por presunto abuso sexual a una sobrina que era empleada suya se tramite en la ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.

El juez Mariano González Palazzo, integrante de la sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, firmó hoy una resolución en la que indica que "siete son los hechos que denunció X contra su integridad sexual y por los cuales responsabilizó a José Jorge Alperovich; dos habrían ocurrido en esta Ciudad y los restantes en la provincia de San Miguel de Tucumán".

"De acuerdo a la hipótesis de cargo, aquellos se dieron en el marco del mismo contexto, cuya característica distintiva estaría dada por el posible abuso de una situación de poder o autoridad -el imputado es un importante político de larga trayectoria y fuerte imagen, que habría elegido y designado a la denunciante como su asistente personal; los separa una diferencia de edad de casi 40 años y; poseen una relación familiar por ser él primo de su padre", detalló el magistrado.

González Palazzo indicó en la resolución "la evidente comunidad probatoria en los procesos. Repárese al respecto que, por el tenor de la acusación, muy probablemente no existirá evidencia directa, específica y distinta para cada uno de los sucesos, en tanto se habrían desarrollado cuando los protagonistas se encontraban solos".

"Entonces los testigos de cargo y descargo que se propongan serán en principio los mismos que, eventualmente, podrán dar cuenta de un marco generalizado: su vínculo, estados de ánimo, momentos compartidos, viajes, formas de relacionarse u otras situaciones que percibieron con sus sentidos", agregó.

El juez resaltó que "la concentración en una única investigación asegurará la adecuada valoración de la prueba garantizando una eficaz administración de justicia ya que la visión global de la cuestión permitirá sortear el riesgo de incurrir en interpretaciones fragmentadas y, por tanto, erróneas o incluso contradictorias".

"Sólo así se extremarán los recaudos en pos de evitar la revictimización de la denunciante, pues mantener las causas separadas, la colocaría en la difícil situación de reiterar una y otra vez su testimonio y someterse a estudios periciales en distintas sedes", añadió.

González Palazzo aclaró que "la controversia, entonces, gira en torno al lugar donde debe tramitar la causa y previo a adelantar mi opinión, creo oportuno señalar que, pese a que de momento no existe una contienda negativa de competencia entre los Magistrados, ambos han rechazado su intervención".

En ese sentido, la resolución recordó que "el Código Procesal Penal de la Nación establece, a mi juicio con sobrada claridad, dos parámetros, para resolver la prioridad de juzgamiento cuando a una persona se le atribuye un delito de jurisdicción nacional y otro provincial, idénticos a los estipulados en la normativa de Tucumán".

"Así, la primera regla vinculada al lugar donde se cometió el delito de mayor gravedad, no es útil para definir la cuestión dado que uno de los hechos de esta ciudad merecería igual encuadre típico que los del ámbito provincial. Y si bien la defensa en la audiencia hizo alusión a una conducta que sería de menor entidad, ello no encuentra correlato en la precisa descripción que efectuó la víctima", sostuvo el juez.

"La otra pauta, a la que debe acudirse cuando los delitos son de igual amenaza punitiva, otorga preeminencia al ocurrido primero en el tiempo -prior in tempore, potior in iure-. Ello ya marca, por sí, la intervención de la jurisdicción nacional, en tanto los dos primeros sucesos ocurrieron en esta ciudad", remarcó la resolución. 

Juan Casas

 

La reforma judicial que planea el gobierno de Alberto Fernández, que ni siquiera fue anunciada oficialmente (más allá del discurso de apertura en el Congreso), ya genera reacciones encontradas en el Poder Judicial. Algunas de ellas son tan antagónicas que parecen preanunciar posturas irreconciliables que sólo se zanjarán con aplicación de la jerarquía y la autoridad.

En la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, la idea de la “federalización” de todos los fueros penales de la Capital Federal es resistida. Ni hablar del “sistema acusatorio”, que le da facultades y poder de investigación a los fiscales en desmedro de los jueces, que sólo fungirán como controladores de las garantías constitucionales.

Sobre la extensión de las competencias de los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py a todos los magistrados de instrucción penal ordinarios y a los penales económicos, hay integrantes de la Casación que directamente opinan que es inconstitucional.

Citan, para ello, un fallo de la Corte Suprema que, en otro contexto y a través de una exégesis interpretativa, parece apuntar en ese sentido.

Esa ala, más que conservadora, parece dispuesta a resistir una reforma judicial con esos alcances. Otra, un poco más moderada (y también más política, a pesar de cierto tinte endogámico) desliza que está dispuesta a aceptar una extensión parcial de las competencias federales.

El límite son los jueces de primera instancia en lo Penal Económico. En ese marco, a los 12 jueces federales de Comodoro Py se les sumarían para investigar, por ejemplo, causas de corrupción de funcionarios públicos, 11 penales económicos.

Pero son reacios a que también se les sumen los 63 jueces penales de instrucción. “Los del Palacio de Versailles”, como algunos los llaman, con indisimulado desprecio.

Como la “federalización” del fuero penal alcanza a todas las instancias, las resistencias se repiten también en la Cámara de Apelaciones y en la Casación.

Los jueces casatorios del edificio de Retiro conforman poco menos que una elite; los del fuero ordinario porteño, en cambio, están desbordados y con atrasos descomunales generados por la aplicación de la ley de flagrancia.

El jueves pasado, una jueza de Talcahuano sobreseyó por aplicación del principio de insignificancia a un indigente que había intentado hurtar de un minimercado cuatro paquetes de fiambre envasado. Los jueces de la Casación Federal no se ven (ni quieren verse) a sí mismos interviniendo en una instancia de apelación de un caso como ese.

La receptación de la iniciativa del gobierno parece distinta en la Corte Suprema. La buena relación que mantienen la mayoría de los jueces con una suerte de troika judicial compuesta por los funcionarios Marcela Losardo, Eduardo “Wado” De Pedro y Gustavo Béliz aceita el diálogo y le da fluidez a los cambios.

En la Corte hay no sólo aceptación sino impulso al sistema acusatorio. El traslado de las facultades de investigación de los jueces a los fiscales cuenta con aprobación en lo empírico; sólo existen dudas sobre la capacidad de algunos fiscales para ponerse al hombro causas de algo impacto social y mediático.

Hay menos dudas sobre la capacidad de esos fiscales que sobre el ancho de sus espaldas.

Algunos jueces de lo que podría llamarse el “ala progresista” de la Corte saludan la federalización de todos los fueros penales porque ven allí una herramienta para terminar con lo que –están convencidos- es el cáncer que carcome a la Justicia Federal y generó la pésima imagen que hoy tiene en la sociedad: los servicios de inteligencia.

Las reformas que planea el gobierno, más la política que comienza a aplicar en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), más la causa que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, aparecen como la quimioterapia esperanzadora para eliminar ese cáncer.

Néstor Espósito

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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