Lunes, 11 Noviembre 2019 00:00

Seguridad social: ¿piedra en el zapato para el futuro presidente? - Por Ariel Barraud

Escrito por  Ariel Barraud
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El principal ahorro previsional para la gran masa de argentinos es la seguridad social estatal.

 

Este año, las cuentas fiscales nacionales cerrarían con un déficit primario cercano al uno por ciento del producto interno bruto (PIB), el más bajo de los últimos cinco años, y al que se llegará luego de una reducción conjunta, tanto de los ingresos como del gasto público.

En el primer caso, como resultado, en parte, de una baja de la carga tributaria en impuestos como Ganancias y contribuciones patronales, pero también de un aumento de la evasión y morosidad que tradicionalmente acompañan a la recesión económica, como la que vive nuestro país desde hace ocho trimestres.

En el segundo, el ajuste en el gasto público nacional no resultó homogéneo, sino que se concentró en forma nominal en rubros como los subsidios económicos y la obra pública, que perdieron protagonismo, sobre todo en los últimos dos años.

Pero hay un gasto clave para el sector público nacional: el de las prestaciones sociales. Este rubro suma las erogaciones en jubilaciones y pensiones, más las asignaciones familiares y Asignación Universal por Hijo (AUH).

Su importancia en la estructura del total del gasto nacional creció de manera sostenido, fruto de decisiones como el Programa Nacional de Reparación Histórica a jubilados y pensionados o la ampliación de la AUH al universo de los monotributistas, entre las principales.

Indexado

El gasto en prestaciones sociales se terminó por consolidar como la principal erogación del gobierno nacional, ya que en 2019 significará nada menos que la mitad del gasto primario. Y aquí, un detalle no menor: estos pagos se actualizan de manera periódica con una fórmula que ajusta 70 por ciento por inflación y 30 por ciento por evolución de salarios.

Si bien el gasto indexado por ley incrementó su participación en el total de erogaciones durante el actual gobierno (y en forma sostenida), ha mostrado una evolución menor a la de la inflación corriente en los últimos dos años.

Si se toma como referencia el valor más elevado del gasto ajustable por movilidad (alcanzado en septiembre de 2017), el mismo ha caído 31,2 por ciento en términos reales, por lo que, debido a su marcada importancia dentro del total del gasto, será uno de los principales responsables del ajuste real de las erogaciones primarias, para permitir, en buena medida, el logro de los objetivos fiscales.

¿Cómo se explica que un gasto indexado muestre una caída real? Para encontrar la respuesta se debe considerar la modificación de la fórmula de movilidad de diciembre de 2017, que indexa con un rezago de seis meses.

Como resultado de este mecanismo, cuando la inflación resulta creciente, como lo fue en los dos años de aplicación de la fórmula, el crecimiento del poder de compra de este gasto se acota, es decir, los beneficiarios del mismo pierden en términos reales frente a la inflación, lo que tiene como contrapartida un menor gasto real del gobierno, que facilita el logro de los objetivos de resultado fiscal.

Pero en realidad, lo que ocurre es que el desafío se traslada a los períodos de desaceleración de la inflación. Para tener una idea, si la inflación se desacelerara 20 puntos el próximo año, en un contexto de estancamiento económico, la aplicación de la fórmula legal generaría un aumento del gasto ajustable por movilidad de 0,6 por ciento del PIB, lo que comprometería el ordenamiento de las cuentas públicas.

Este desafío, que está inserto en la propia dinámica de la ley de movilidad vigente, deberá ser enfrentado por la nueva administración nacional, que encontrará así un dilema de política: por un lado, lograr frenar la inflación y, por el otro, contener el gasto.

Si “enfría” los precios, al tener indexado con rezago su principal gasto corriente, se le “escapará” el gasto real de jubilaciones y asignaciones. Claro que desde el punto de vista de los beneficiarios de estas transferencias, la previsión de recuperar parte del poder adquisitivo de sus ingresos, al fin y luego de más de dos años de caída, los pondría en pie de resistencia frente a una posible modificación oportunista de la regla vigente, cuya aprobación en su momento estuvo enmarcada por protestas y una lluvia de piedras en el Congreso que se midió en toneladas.

Relevancia

La situación coyuntural descripta se torna relevante a nivel macroeconómico y con implicancias de largo plazo. Nuestro país no tiene una tradición de ahorro, sino más bien lo contrario.

En la actualidad, extensas franjas de la población están endeudadas (tienen ahorro neto negativo). El principal ahorro previsional para la gran masa de argentinos es la seguridad social estatal, un pozo común colectivo que no sólo se encarga del pago de jubilaciones y pensiones, sino que fue ampliando su espectro de beneficiarios de transferencias y asistencia social.

No obstante, su pata previsional se basa en un régimen de reparto con una tendencia estructural al déficit (del sistema puro, esto es, sin financiamiento tributario), tanto por una transición demográfica natural como por cambios estructurales en el mercado laboral formal, que además no logra crecer en términos relativos.

La mayoría de los países que se decidieron a enfrentar el desafío de la seguridad social están migrando hacia sistemas previsionales mixtos, con coberturas públicas universales, complementadas con mayor participación de componentes privados.

Teniendo en cuenta que estamos hablando del principal gasto público federal, es la discusión que se viene en Argentina, si las piedras lo permiten.

Ariel Barraud
Economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Docente en la UNC
Ilustración de Eirc Zampieri

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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