Viernes, 20 Septiembre 2019 00:00

La angustia de la República

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Propongo discutir una dimensión a mi juicio relevante del gobierno de Cambiemos, la dimensión republicana. Cuando muy pocos se atreven a decir algo más que “¡qué catástrofe!” o “son liberales, pero sólo en lo económico”, entre otras reacciones de angustia que aturden, discutirlo me parece, no valentía, pero sí responsabilidad.

 

Cifro la república en cinco aspectos: división de poderes, gobierno de la ley, distinción entre lo público y lo privado y entre gobierno y estado, pluralismo y autonomía ciudadana. En estilo y contenido de las políticas públicas, el republicanismo estuvo presente, siquiera de modo trémulo. Los medios públicos no estuvieron a disposición del Gobierno: el Estado atendió la pluralidad y el Gobierno veló por ello. Imperó el criterio liberal republicano que distingue gobierno de Estado. Los noticieros dieron noticias. Se confirió prioridad a la excelencia profesional. Vale la humorada: “el mejor noticiero opositor es el de la TV pública”.

¿Se recobró la confianza de la gente en los medios públicos, realzando su autonomía frente al poder? Se dieron los primeros pasos. Mientras, los medios privados actuaron con libertad de acción y sin temor; el Gobierno no ejerció sobre ellos una arbitrariedad benevolente. Cumplió con su deber. El oportunismo no estuvo ausente, pero se esboza un modo de interacción menos marcado por él. La información y la estadística públicas afectan vínculos entre los ciudadanos, y entre estos y sus representantes.

El fair play del INDEC fue también separación de gobierno – que estableció el marco de garantías – y Estado – que proporcionó información como bien público. En materia económica, las desventuras de Cambiemos son bien conocidas. Pero en su gestión, entre la discrecionalidad y las reglas, el Gobierno se aproximó notoriamente a las reglas. Ello, además de enderezado a incrementar la confianza de los agentes económicos, integra la potestad impersonal de la ley, ideal inalcanzable y cara de la república que mira a la prosperidad capitalista.

Tanto como la seguridad jurídica; la alteración arbitraria de reglas erosiona la apropiabilidad de la inversión, socava una fuente de la libertad de raíces republicanas previas al liberalismo. Fuente potencialmente compatible con sistemas tributarios progresistas y con políticas públicas que propendan a las igualdades de oportunidades y resultados.

¿Hay, ya, consecuencias perceptibles en la conducta de los agentes económicos? El tiempo importa. En cuanto a una cultura pública de austeridad, la he percibido en multitud de funcionarios de todos los niveles. ¿No roban porque ya son ricos? Absurdo, un rico no está más lejos del delito que un pobre. Y muchos de los que llegaron al gobierno desde 2015, no eran ricos, y no lo son ahora. ¿Y la corrupción? Para el ciudadano común todo gobierno es corrupto, y si es “de los ricos” más aún. Pero Cambiemos no fusionó corrupción y política, no fue patrimonialista (aun considerando feos lunares, como el Correo Argentino). Observando cum grano salis, no es poco. En el federalismo fiscal se percibe el cumplimiento estricto de las pautas de transferencia de recursos, no condicionadas por negociaciones ad hoc.

Las transferencias dejaron de ser herramienta de manipulación gubernativa. ¿Y la relación entre poderes? Macri empleó DNU más que CFK y Alfonsín, pero menos que los restantes. Pero Cambiemos, gobierno en minoría parlamentaria, no optó por el decretismo sino por la negociación. En educación, la problemática era hasta 2015 pensada en relación a los intereses de los actores.

El énfasis en las evaluaciones, en contrario, puso el foco en los aprendizajes, en los niveles primario y secundario. Hay una promesa republicana entre ciudadanía y aprendizaje; si los chicos no aprenden lectoescritura y matemáticas, al cabo tienen que aprender a servir a sus amos (políticos, burócratas, capos, patrones), no a ser libres. El Poder Judicial, en general calamitoso, también tuvo avances republicanos (contrapesados por la supervivencia de “operadores”).

El nombramiento de 300 jueces federales mitigó la subrogancia, fuente de dependencia de los jueces con el poder político.

No hubo una justicia militante. Y se lanzó el código de procedimientos federal penal, de naturaleza adversarial oral, no inquisitiva. En acción social, se destacan la tendencia a la desintermediación de los beneficios y la elección libre de las opciones educativa y formativa, distantes de la administración de los pobres, y la política de regularización dominial.

En la política de seguridad, fuente de constantes polémicas, el Gobierno se ha desenvuelto más cerca del polo de envigorizamiento de la ley que del polo de “país al margen de la ley”. Carreras profesionales, poder de investigación criminal, apoyo público a las fuerzas ajustadas a la ley, fin de su manipulación política o de su estigmatización.

La política cultural no favoreció partidización alguna, y fue pluralista: designación por concursos públicos, no consideración de filiaciones políticas, jurados y directorios independientes.

Para muchos este artículo será un ditirambo; estrictamente, mi argumento es que el Gobierno ha cumplido con su obligación republicana, más allá de espacios descuidados (como la Oficina Anticorrupción) y más allá de su triste performance macroeconómica y de los indeseables e indeseados efectos sociales de sus ensayos de estabilización y reforma. No es poco, aunque no sea suficiente.

Vicente Palermo
Politólogo e investigador del CONICET
Miembro del Club Político Argentino

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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