Viernes, 06 Marzo 2020 00:00

Deuda, conflicto y una guerra contra el tiempo - Por Jorge Raventos

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La apertura formal de un nuevo período legislativo, consumada el último domingo con la presentación del Presidente ante el Congreso, coincidió con un momento de cambio de las relaciones entre el oficialismo y el complejo de fuerzas que lo resisten.

 

En rigor, esa transición se viene desplegando paulatinamente y se ha acelerado en las últimas semanas, quizás a partir de que las usinas más intensas de la oposición comprobaron que el gobierno de Alberto Fernández podía no solo, en principio, poner algodón en las tensiones sociales, aquietar la inflación y atemperar la volatilidad de otras variables económicas, sino componer con eficacia apoyos legislativos y -más significativamente aún- construir una red de comprensión en el gran escenario internacional que incluyó desde el Papa a los principales líderes europeos, al primer ministro de Israel y hasta a figuras difíciles como los presidentes de Brasil y de Estados Unidos ("Dígale al presidente Fernández que cuenta conmigo", le dijo Donald Trump al embajador argentino Jorge Argüello cuando éste presentó sus credenciales). El Gobierno ha ido recalibrando con pragmatismo sus vínculos en el exterior.

Hoy, una conveniente renegociación de la sofocante deuda pública parece mucho más creíble que el 10 de diciembre pasado, cuando Fernández asumió la presidencia. El Fondo Monetario Internacional confirmó el diagnóstico del presidente argentino de que la deuda "es insostenible" y la directora del organismo les reclamó a los acreedores privados una "apreciable" quita.

Dos décadas atrás, otra directora del Fondo, Anne Krueger, enfrentó también a los bonistas privados. Pero, más allá de ese punto de convergencia, es interesante observar las diferencias. Krueger enarbolaba el argumento del "moral hazard" o "riesgo moral": los bonistas sabían a lo que se arriesgaban al prestar y cobraban altos intereses por hacerlo pero pretendían que fueran otros los que soportaran las consecuencias de los riesgos asumidos; pretendían que el FMI (es decir, sus socios y los contribuyentes de sus países) pagaran la factura. Georgieva introduce un argumento distinto: "¿Cuáles son las nuevas prioridades para la economía mundial? Permítanme responder brevemente (...) la primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos". Georgieva centra su foco en los deudores. El gobierno de Fernández, agradecido.

CAMBIO DE DIAGNOSTICO

Con esos datos a la vista los auténticos estrategas de la oposición corrigieron sus diagnósticos anteriores (centrados en un esperado hostigamiento del mundo al oficialismo, la posibilidad de un default y una agudización de conflictos internos del Gobierno) y comenzaron a temer que la Casa Rosada consiga consolidar su poder. Un intelectual del sector lo describió así: "Es un gobierno peronista clásico, en principio con una mayor impunidad a la hora de tomar medidas complejas, sobre todo por el apoyo de los sindicatos (...) En ese sentido, tiene un trayecto un poco más cómodo por delante y lo aprovecha para lo que hace este tipo de gobierno: tratar de consolidar el poder, tomar los principales lugares del Estado, generar espacios informales de financiamiento y pensar en cómo quedarse la mayor cantidad de años posible".

Esa ominosa prospectiva parece haber determinado un endurecimiento opositor, expresado en parte por sus vectores legislativos, pero más marcadamente por sus escuderos mediáticos y por organizaciones que componen su entramado social.

LINEAS DE CHOQUE

Las líneas que esa estrategia ataca son varias.

Una, constante, es la que insiste en que el Gobierno padece de bicefalía o -peor- es conducido desde fuera de la Casa Rosada ("por el Instituto Patria"). Esa línea persigue la devaluación de la figura presidencial y -si se quiere, en continuidad con la ya experimentada táctica de Jaime Durán Barba- subraya la centralidad de la figura de Cristina Kirchner para capitalizar la mala imagen de la actual vicepresidenta (un rubro en el que, según muchas encuestas, ahora ha sido superada por Mauricio Macri). En diciembre, después de que el Presidente consiguió aprobar en el Congreso la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, un columnista afamado como Joaquín Morales Solá sostenía: "No quedó ningún argumento para los que decían que Alberto Fernández sería un mero títere de la ex presidenta". Ahora, con buenos y malos motivos, se reiteran aquellas afirmaciones.

Subproducto de esa línea es, por ejemplo, la asignación de propósitos maléficos a medidas de otro modo difícilmente discutibles que alienta el Ejecutivo ("el discurso de las buenas razones -la solidaridad, la igualdad fiscal- oculta intenciones perversas que más temprano que tarde salen a la luz", escribe, por caso, un comentarista). Un caso ha sido la reciente discusión sobre las llamadas jubilaciones de privilegio de jueces y fiscales: la finalidad oculta residiría en cumplir "una voluntad de la señora de Kirchner de vaciar los tribunales para manipular la designación de futuros jueces y así "garantizar su impunidad y la de su familia en la decena de causas por corrupción que se le siguen". Este tipo de comentario reproduce muchas conversaciones de feria -o de shopping- que suman a la nube de negatividad y sospecha que aquella estrategia alienta.

Como parte de la descripción de un gobierno interesado en arrasar con la apreciada independencia de la Justicia, se asigna a la Casa Rosada la autoría intelectual de proyectos presentados a título personal (o eventualmente, de pequeño grupo) por distintos legisladores oficialistas, como por caso, el de intervenir el Poder Judicial de Jujuy, o el de invalidar prisiones preventivas en casos en que publicaciones periodísticas "pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado".

AJUSTADORES FRUSTRADOS­ DENUNCIAN "BRUTAL AJUSTE"

Otra línea de choque de la estrategia opositora reside en describir la política económica que el Gobierno debe encarar, obligado por el peso de la deuda y la resistencia de los acreedores a renovar el financiamiento, como una política de ajuste, en definitiva, dictada por la necesidad de acordar con el FMI.

La anulación de la fórmula de actualización de las jubilaciones es pintada por los voceros opositores como un "brutal ajuste". Sin embargo, hasta en un medio que notoriamente no simpatiza con la presidencia de Fernández, como La Nación, su columnista Gabriel Sued informó que "para el 86,8 por ciento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones, unos 13.600.000 beneficios, el aumento será mayor al que hubieran recibido con la fórmula de movilidad suspendida por el Congreso en diciembre".

El Gobierno, como lo venía informando antes de aplicar la medida, se ha propuesto achatar la pirámide de las jubilaciones, mejorando sumultáneamente a los que están más atrasados (3 de cada 4). De algo más de 15 millones de beneficiarios, solo unos 2 millones tendrán incrementos menores al que preveía la fórmula anulada y más de 13 millones recibirán más. ¿Ajuste brutal? La reforma de los regímenes especiales está en línea con esta política. Y también la redistribución de las retenciones.

CONVOCANDO A LA ACCION

Pero además de las palabras y de la difusión del relato de la sospecha, además de las escenas legislativas, la oposición más confrontativa está añorando algo de acción callejera.

Un potencial escenario urbano es la bandera de la justicia: el cese de la detención preventiva de Julio De Vido puede ser fácilmente articulado, en el relato opositor, con las sospechas de manipulación esgrimidas para descalificar la reforma judicial. Ese relato encuentra mucha audiencia en el núcleo intenso del electorado que votó por Cambiemos, siempre preparado para golpear cacerolas. Una frase de Morales Solá reflejaba ayer esa atmósfera de vísperas: "No se puede esperar más nada. Después de lo que pasó con De Vido, con el personaje más emblemático de la corrupción kirchnerista libre, se ha perdido cualquier esperanza de que en este país haya Justicia".

La otra expectativa de acción está depositada en el campo. Las variantes previstas en el régimen de retenciones aparecían como un disparador posible, a la luz de algunas asambleas y de gestos de resistencia de sectores que las entidades de la Mesa de Enlace agropecuaria no parecían querer o poder controlar.

La Casa Rosada tiene plena conciencia de los riesgos que suscitaría un eventual cortocircuito con el sector más competitivo de la producción argentina, no solo (ni principalmente) a la luz de la experiencia de 2008, sino por la comprensión del aporte que el sector hace al comercio exterior del país. Por ese motivo impulsó un mecanismo redistributivo que, en los hechos, implicó una reducción de las retenciones para la gran mayoría de los productores y de los productos: sólo incrementó el gravamen al 26 por ciento de los productores de soja que producen más de 1.000 toneladas, todos los demás se ven beneficiados con compensaciones que reducen el gravamen entre 3 y 13 puntos, de acuerdo al tamaño del productor (a los más pequeños, más beneficio). Lejos del "ajuste fiscalista", de los 353 millones de dólares extra que se recaudarán con el aporte de quienes paguen los incrementos, 186 millones se dedicarán a compensar a los productores de soja más pequeños y 167, para compensar las rebajas de retenciones a economías regionales y otros granos.

El Gobierno aplica en el campo un criterio redistributivo análogo al que aplicó en el terreno jubilatorio. Dentro del conglomerado rural hay diferencias marcadas (de ubicación geográfica, de acceso a los puertos y mercados, de rubro productivo): cada situación requiere un tratamiento propio.

Aunque la primera reacción de las entidades agropecuarias fue reconocer la voluntad de diálogo del Gobierno, ayer las Confederaciones Rurales Argentinas anunciaban para el próximo lunes el inicio de un paro de cuatro días.

La estrategia de la confrontación que parece agravarse en estos días seguramente se prolongará hasta que haya definiciones sobre el tema deuda, la madre de todas las batallas.

Si el Gobierno puede alcanzar sus objetivos (reprogramar vencimientos, achicar intereses y/o monto) el horizonte se extenderá, se abrirá un período de estabilidad política y tanto en el oficialismo como en la oposición ganarán fuerza los sectores más propensos al diálogo y a las estrategias cooperativas. Los sectores duros (fuera y dentro del Gobierno) se debilitarían.

Por ahora estamos en plena pulseada. Es una carrera contra el tiempo.

Jorge Raventos

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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