Martes, 05 Mayo 2020 00:00

Pesos y presos: los errores del gobierno agudizan los fracasos del Estado - Por Sergio Berensztein

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El problema del país con los pesos es una pandemia perenne que indudablemente se está complicando. Algo parecido ocurre con la justicia y el sistema penitenciario.

 

El peso comenzó a dejar de servir como reserva de valor por lo menos desde comienzos de la década de 1970, como consecuencia de los abultados déficits fiscales que desde entonces se volvieron problemas estructurales y que aún no podemos resolver. Pero fueron las hiperinflaciones de 1989 y 1990 y sobre todo el colapso del 2001/2002 lo que terminó de convencer a todos los argentinos con alguna capacidad de ahorro de que no había apuesta más insensata y suicida que confiar en él.

Mal que nos pese, la dolarización tanto de las carteras de inversión como sobre todo de nuestras mentalidades se convirtió en una realidad dolorosa pero ineludible. Hubo varios intentos de “pesificar” la economía, complicar el ahorro en divisas, entorpecer la fuga de capitales. Todos, por supuesto, fueron infructuosos: ningún voluntarismo, mucho menos la ideología, podrá jamás compensar la falta absoluta de credibilidad que tiene nuestro país para la enorme mayoría de los agentes económicos, dentro y fuera de nuestro territorio.

Por eso, hasta que la Argentina no logre un marco mínimo de estabilidad macroeconómica, con reglas fiscales y monetarias diseñadas para derrotar a la inflación, incentivar la inversión y promover con instrumentos complementarios un salto de competitividad en el conjunto del ecosistema productivo, lamentablemente seremos incapaces de recuperar nuestra moneda.

Esto ya era un enorme problema no sólo antes de la pandemia sino incluso de que Alberto Fernández asumiera la presidencia. Pero su gobierno, por acción y por omisión, es ciertamente responsable de haber agravado la situación. Tanto la falta de un plan integral y “sustentable” (como le gusta decir al ministro Guzmán), que moldeara positivamente las expectativas de los actores económicos, como la de una coordinación efectiva entre los diferentes componentes de su fragmentado gabinete, conspiraban contra la posibilidad de desplegar un programa que comenzara a ordenar la profusa crisis que había heredado. Todo está evidentemente peor a partir de mediados de marzo. Y el presidente es plenamente consciente de que todo empeorará aún más en el corto y el mediano plazo, aún si el próximo viernes 8 la mayoría de los acreedores no rechazasen la agresiva oferta presentada por la Argentina.

En este contexto, el desplazamiento de Alejandro Vanoli de la ANSES constituye un perfecto ejemplo del disfuncionamiento de la política en la Argentina. Si apenas a menos de cinco meses de estar en gestión tuvo que ser reemplazado, quiere decir que el error fue haberlo designado, al margen de la acumulación de notables desaciertos que caracterizó su efímero mandato. ¿Tenía acaso credenciales para conducir lo que en efecto constituye la principal agencia del Estado, a menos en términos del volumen de recursos que maneja? ¿Venía acompañado por un equipo de expertos en asuntos previsionales o al menos en gestión de organizaciones públicas complejas? Por el contrario, su nombramiento se debió a cuestiones estrictamente políticas.

Pues bien: se trata del mismo criterio utilizado para seleccionar su reemplazo, Fernanda Raverta. Es cierto que estuvo varios años a cargo de la oficina de la ANSES en Mar del Plata, distrito en el que perdió las elecciones para intendente en manos de Guillermo Montenegro, pero eso de ningún modo la habilita para asumir ahora semejante responsabilidad. Si el Estado es capturado por grupos políticos para desplegar proyectos de poder con los recursos de los contribuyentes, profundiza su decadencia y perpetúa el disfuncionamiento tanto de su aparato burocrático como del sistema político en su conjunto.

El problema del país con los pesos (su emisión, recaudación y sobre todo su gasto) es histórico, una pandemia perenne que indudablemente se está complicando porque dada la infinita demanda de recursos y la caída estrepitosa de la recaudación, solo se trata de emitir. Y algo parecido ocurre con la justicia y el sistema penitenciario.

La polémica decisión de otorgar a los presos prisión domiciliaria a causa del Covid-19 rompió la armonía política que se mantenía con relativa artificialidad, lejos de las verdaderas “costumbres argentinas”: confrontación y disensos profundos en temas fundamentales. Puso en evidencia la ausencia de una política criminal consensuada y lógica, que apunte al cumplimiento estricto de la ley, que establezca condenas razonables y, particularmente, que puedan hacerse efectivas en sitios que no parezcan una mala copia del infierno. Las cárceles, con sus condiciones deplorables y los limbos judiciales que dilatan infinitamente las causas hasta las sentencias, parecen más un espacio para hacer un posgrado en criminalidad que un sitio para la recuperación social de los reclusos.

Al mismo tiempo, se desnudaron las diferencias dentro del heterogéneo Frente de Todos en temas tan importantes como el antipunitivismo: teorías muy de moda en círculos académicos o intelectuales que aquí se aplican a políticas públicas generando un enorme rechazo en los ámbitos judiciales y en buena parte de la sociedad, que reaccionó con alarma y temor ante la posibilidad de que un enorme número de convictos comunes vuelva a la calle. Así, el cacerolazo del jueves pasado fue una alarma que sonó fuerte en el conjunto del sistema político. Incluso votantes del FdT expresaron su rechazo ante lo que perciben como un exceso de impunidad. Para muchos votantes independientes, resulta totalmente inentendible que funcionarios de un gobierno democrático tengan tanta contemplación y empatía con el crimen organizado y la marginalidad

Si los presos agitaron la grieta, otro tanto hicieron los pesos: la destrucción de la moneda es una materia en la que la Argentina puede dar cátedra. En apenas unas décadas, conocimos el peso moneda nacional, el peso ley, el peso argentino, el austral, el peso convertible… La divisa perdió más de una docena de ceros en el camino y continúa deteriorándose sin pausa.

Estamos en la orilla de un potencial nuevo default, el noveno de nuestra historia. Si los datos macroeconómicos de marzo son aterradores y reflejan apenas diez días de la cuarentena, el panorama para abril es mucho peor y traerá aparejado otra síntesis de cómo sufre la economía del encierro: el déficit fiscal aumentará exponencialmente dado que el gasto se expande y la recaudación literalmente se derrumba. Es cierto que se espera que el Estado, como proveedor de bienes públicos, aparezca en situaciones de emergencia para llevar a la población un horizonte mínimo de previsibilidad en medio del desastre. Pero con este escenario, ¿cómo puede un Estado que ve diluirse a su moneda y que se hunde en su propio fracaso ayudar empresas o establecer mecanismos de rescate de fuentes laborales genuinas, por más voluntad que tenga?

Con tantos presos y tantos pesos en la calle, el Estado corre riesgo de provocar una crisis de legitimidad. Y muchos funcionarios, de confundir el voluntarismo con metas lógicas en medio de una crisis cuya dinámica más intensa aún está por llegar.

Sergio Berensztein

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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