Lunes, 08 Junio 2020 00:00

Apunten a Mendoza, el plan Rafecas y una nueva batalla por las jubilaciones - Por Ignacio Zuleta

Escrito por 
Valora este artículo
(5 votos)

El Gobierno presiona a la UCR en una de las provincias que maneja. La discusión por el procurador y otra vez la movilidad previsional en la mira.

 

Estudia el Gobierno cómo discutir las jubilaciones en el Congreso

La urgencia de las agendas fuerza a un repaso todos los circuitos del poder. Uno de ellos es la relación con los gobernadores de la oposición, que Alberto Fernández puso en cuarentena, al bajarse –al menos en las palabras– de los compromisos que venía cumpliendo con Mendoza para la construcción de una mega obra, Portezuelo del Viento.

En el Congreso está a prueba la capacidad del oficialismo para mantener el nuevo sistema de aumentos a jubilados por decreto, o si necesitará un DNU. Tiene la chapería rayada en las dos cámaras, por una oposición que puede negarle el quórum en Diputados en un tema de esa delicadeza –los jubilados– y en el Senado, donde la oposición parecía estar jibarizada, ya se animó a negarles los 2/3 para temas tóxicos. Se le suma el informe que tiene que enviar a la SEC (Securities Exchange Commission) de EE.UU. antes del viernes, previo decreto, para lograr 10 días de prórroga en la tertulia sobre la deuda impaga.

El entripado movió al ministro de Economía, Martín Guzmán, a aparecer en la mañana de este domingo en Olivos. El manual del peronismo tercerista demuestra que es un pagador serial –nunca deja de ponerla, a veces de más, como en el pago de 2006 al FMI o los sobrepagos a Repsol en 2012 y al Club de París antes de 2015–. Pero esa vocación pagadora, tiene que ir con alguna vaselina discursiva. Es la necesidad que tiene siempre la política de montar un relato que amortigüe las sordideces del manejo del poder, y más todavía, cuando se maneja plata. Obama se cansó de repetir que gobernar es también un esfuerzo narrativo. Tejer esa narrativa es lo que demora un acuerdo que todos –en el Gobierno y en el mercado-– creen ya cerrado.

Portezuelo: por algo venían pagando

La necesidad de alguna vaselina discursiva aumenta cuando se pisan terrenos ajenos. La perla fue la expresión de Alberto en La Pampa sobre la obra de Portezuelo del Viento. “Puedo entender la preocupación de seguir financiando una obra que cuestionan cuatro de las cinco provincias donde pasa el río Atuel", dijo el Presidente en Santa Rosa el viernes. Se equivocó de río (es el Río Grande), pero es humano en un porteño de ley, que sale poco. No se equivocó en la dirección del dardo, porque habló, otra vez, de plata. "No es que no quisimos reperfilar ese bono, no está en el mercado, es un pagaré": se refería a los dos pagos que realizó su gobierno desde diciembre a Mendoza, según un compromiso acordado con la Nación por USD 1.023 millones.

Esa deuda se remonta al acuerdo entre Néstor Kirchner y Julio Cobos, para saldar reclamos de esa provincia contra los daños que pudo producirle el quedar fuera de la promoción industrial al Gran Cuyo (entraron San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca). Mauricio Macri firmó ese pagaré que lleva ya tres cuotas liquidadas sin protesta, dos de ellas obladas por Alberto. Guzmán, en abril pasado, exceptuó ese compromiso –bono, pagaré, lo que fuera– del reperfilamiento. Fue una señal de que se respetaba el acuerdo, el mismo que La Pampa reclama se vuelva a discutir. Guzmán, en plena renegociación de la deuda, destacó la importancia de no interrumpir los envíos de dinero a Mendoza. "Exceptúense –decía el DNU 346 del 6 de abril pasado– del diferimiento dispuesto en el artículo anterior a los siguientes instrumentos de deuda pública emitidos bajo ley de la REPÚBLICA ARGENTINA denominados en dólares estadounidenses (...) iii) Letras del Tesoro emitidas mediante la Resolución Conjunta N° 57/19 de la SECRETARÍA DE FINANZAS y la SECRETARÍA DE HACIENDA".

Uno preguntaba sobre esa excepción y la respuesta era: si no pagamos estamos adelantando el default. Esa plata, que se paga en cuotas por cada trimestre, alimenta un fideicomiso con el cual se financiará la obra de Portezuelo del Viento, en trámite de licitación (cierra en julio próximo).

Chambonada con premeditación es un llamado a negociar

Hay chambonadas como equivocarse de río; no es el Atuel, por cuyas aguas reclama también La Pampa, sino el Río Grande, afluente del Colorado. En esos niveles nadie cree en chambonadas. Esos errores suelen esconder mensajes sobre propósitos inconfesables. Si fue una chambonada, fue con premeditación, porque antes de la visita a La Pampa, el ministro del Interior llamó al gobernador de Mendoza, y le avisó que el Presidente hablaría de Portezuelo en su visita a La Pampa del día siguiente. Rodolfo Suarez (gobernador mendocino) pidió alguna explicación. "Lo hablamos la semana que viene", respondió "Wado" de Pedro.

La forma tan personal de expresarse del ministro suele infundir respeto cuando pide cuarto intermedio. Más cuando la conversación es por teléfono. El mismo día del llamado de "Wado", en el Senado, la oposición le había negado al Gobierno, con 29 votos sobre 71, el tratamiento sobre tablas de un paquete de DNUs. Fue una señal de que la oposición puede bloquear decisiones polémicas, como esos decretos y otras quimeras, como la designación del nuevo procurador. La cuestión Rafecas no es ociosa, porque antes, en enero pasado, De Pedro le pidió a Suárez que hiciera un pronunciamiento público en favor de la designación del juez como nuevo procurador. Era la condición para que el peronismo de la Legislatura de Mendoza le aprobase un compromiso de endeudamiento, que también necesita por allá 2/3 de los votos. Suárez dijo que no, y el peronismo le retiró el apoyo.

El nuevo round, me dicen desde la cúpula, es en torno a este argumento: "Todo el avance que hizo unilateralmente Mendoza (que en términos de obras es ninguno) debe revisarse en la autoridad de cuenca, con el resto de las provincias que pueden ver afectado el recurso"; que se enteren los mendocinos, porque esa es la razón de la convocatoria de la COINCO (Comisión Interprovincial en donde se discute la obra) para el 26 de junio.

La reaparición de la patria contratista

Si no es Rafecas, ni tampoco una chambonada con premeditación y alevosía, se trata de una racionalidad más ramplona. Cuando cambió el gobierno, muchos empresarios no creían que Alberto pagaría el compromiso de Portezuelo, y se desinteresaron por participar del proyecto. Cuando vieron que la Nación seguía pagando, volvieron a plantear sus intereses, pero quizá tarde. Grupos de la “patria contratista”, algunos con socios extranjeros, pidieron al gobierno de Mendoza que postergase la licitación de la obra para ponerse en carrera. Esta racionalidad es también inconfesable, pero les consta a los funcionarios que están a cargo de la obra. Los mendocinos tiene experiencia en administrar un oasis.

El reclamo de esos empresarios hasta ahora ha rebotado. El Gobierno rehace sus relaciones con el mundo de los negocios, con el arreglo de la deuda y con las visitas de los empresarios a Olivos, como ocurrió esta semana. No sea que este palo en la rueda a Portezuelo sea una señal para que esos empresarios tengan una segunda oportunidad sobre la tierra, y sobre el agua. Con seis meses de postergación de la licitación les basta. Que Dios se lo pague.

Mendocinos malvinizados, incluso si son peronistas

El episodio es complejo de explicar en pocas palabras, y simples, como pide el género periodístico. Igual enardeció a los mendocinos de todos los partidos. A la administración radical, primero que nadie, pero también al peronismo que maneja la senadora Anabel Fernández Sagasti -longa manus de Cristina en el Senado- y también a José Luis Ramón, que conduce el bloque massista, una de las bisagras del quórum. Antes que oficialistas, son mendocinos, y se apiñaron junto a Suarez en todos los episodios de esta trama. Si alguien les toca Portezuelo, pierde, y no están dispuestos a arriesgar el cuerpo para atender un reclamo de los pampeanos, que siempre han discutido de aguas con los mendocinos.

Esta malvinización resiente posiciones del oficialismo en el Congreso. Hace dos semanas, la oposición tuvo 124 votos, gracias al silencio de la bancada de Ramón, apenas 5 menos que el necesario para el quórum en la sesión especial, que fracasó, para tumbar el DNU de superpoderes al jefe de Gabinete para gastar. En el Senado, los 25 de Juntos por el Cambio habían sumado cuatro votos del bloque de Juan Carlos Romero el jueves, para negarle los 2/3 a los DNU. La posición del peronismo ha quedado dañada en las dos cámaras por este gesto de Alberto.

El futuro procurador, de nuevo en el mostrador

Pero a todo hecho político, y más si es con aviso previo, hay que encontrarle su racionalidad. La primera es que es un llamado a la oposición a negociar. ¿Qué? Antes que nada, el nombre del nuevo procurador. La agenda política del Gobierno transita, de manera paralela a la peste y la deuda, por la construcción de una reforma judicial que desbarate al poder de los jueces. La designación del procurador es central, porque será la cabeza de un superpoder que tendrá el ministerio público en el nuevo formato acusatorio de la justicia, que les quita a los jueces la instrucción de las causas. Con Rafecas o sin él, es el centro de la estrategia del Gobierno, que ha encapsulado su futuro en una alambicada discusión sobre abogados y magistrados, que entienden sólo quienes frecuentan los barrios del centro porteño.

La reforma judicial cumple con la táctica central de Cristina, que es desembarazarse de sus entuertos procesales, pero también destruir políticamente el prestigio del anterior gobierno con acusaciones de desmanejo de la justicia: denuncias a una “mesa judicial”, pinchaduras telefónicas a propios y extraños, presiones a jueces. La denuncia por "lawfare" -neologismo que esconde viejas prácticas que siempre se usaron para hacer política sucia- va como respuesta a las acusaciones sobre corrupción.

En la estrategia del peronismo, este tipo de descalificación política con música judicial es la respuesta a lo que creen que fue una persecución del anterior gobierno con acusaciones de presunta corrupción. Una cosa por la otra, y usando herramientas de extracción Sabsay –para designar a un emblema del institucionalismo criollo. El intento de destrucción del prestigio del anterior gobierno se proyecta sobre sectores de la clase media, que es la que alimenta el 40% del voto a Juntos por el Cambio de diciembre pasado. Esa oposición, ha quedado demostrado, sumó más votos que en 2015 y 2017, y sostiene posiciones legislativas firmes. Con algo hay que tirarle.

Funcionarios en terapia de vidas pasadas

Como es una trama de abogados, se entiende también el énfasis que le pone el Gobierno a los asuntos de este gremio. La Argentina tiene juicios millonarios por la expropiación de las acciones de Repsol en YPF, que arrinconan a funcionarios de esta administración por decisiones que se tomaron en el anterior gobierno. ¿Qué hará el Procurador Carlos Zannini? ¿Banca con plata del Estado un juicio que se le sigue al país, por una decisión de él mismo cuando era gobierno? ¿O se allana a la demanda y se rinde, lo que implicaría pagar por aquellos errores? Es disparatado este dilema, y carísimo para el contribuyente, que mira cómo le gastan la plata.

Controlar la Justicia se justifica para liberar a los ex funcionarios encuadernados y procesados, pero también para librarlos de reproches futuros. El pagaré, como llama Alberto al compromiso de Portezuelo del Viento, fue firmado por Macri con Alfredo Cornejo, pero cerró una historia que ya pasó por la Suprema Corte, por un acuerdo que había hecho, años antes, Néstor Kirchner y que el propio Alberto había rubricado como su jefe de Gabinete. Si este tema no se resuelve, volverá a la Corte en un episodio propio de la terapia de vidas pasadas, una mancia que se vende con avisos en modestos postes de luz.

Pista pesada para discutir jubilaciones

Hoy la agenda suma otro dilema que puede tener destino judicial. El Gobierno mandó al Congreso un proyecto de ley para postergar la vigencia de la fórmula de actualización de las jubilaciones. La ley de emergencia de diciembre había cancelado esa fórmula, aprobada durante el macrismo, por seis meses que se cumplen el 20 de junio, dentro de dos semanas. El proyecto de ley que llegó a Diputados pide se postergue hasta diciembre. La nueva fórmula la debe estudiar y aprobar una comisión bicameral, que se ha reunido apenas dos veces sin ningún avance, y el Gobierno la necesita para mantener el sistema de dar aumentos por decreto. Con las limitaciones del sistema virtual del Congreso para discutir temas complejos, en el Gobierno y en la oposición nadie da mucho por la posibilidad de que se reúna el número necesario para sesionar.

Juntos por el Cambio ya avisó que rechaza esa suspensión, y pide que se reponga la fórmula macrista, que hubiera dado ya un aumento de las jubilaciones de 24%, cuando lo que está aplicando en Gobierno llega al 17%. Hay diputados del bloque de "Bali" Bucca -que administra en realidad Graciela Camaño- que piensan lo mismo y rechazan la suspensión. Puede ocurrir que el Gobierno no tenga quórum para tratar esto antes del 20 de junio, y tendrá que echar mano de otro DNU. Es una invitación a la judicialización, porque la Corte ha reclamado que los aumentos se hagan por ley y no por decreto. Si el Gobierno echa mano de otro DNU, despertará la pelea en los tribunales. Y si hay un poder enojado con el Gobierno es la Justicia, a la que le reformaron el sistema de retiros y a la que el oficialismo le vaticina un futuro infernal de acusaciones y destratos. No es el mejor momento para pelearse con los jueces, y menos en materia previsional, que es donde siempre pierden los gobiernos, éste y los anteriores.


Ignacio Zuleta

Visto 991 veces

Fundado el 4 de agosto de 2003

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…