Domingo, 01 Septiembre 2019 00:00

El Gobierno intenta arrinconar al peronismo en el Congreso – Por Ignacio Zuleta

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Desfiladero. Ya opera la reprogramación de deuda de corto plazo. En la semana, será el turno del equipo económico en el Legislativo para hablar de los bonos. Los gobernadores suman enojos y alegrías por las medidas.

 

Cuando falta una semana para el comienzo de la campaña formal hacia las elecciones del 27 de octubre, las colonias políticas navegan distraídas, por la responsabilidad que tienen, en paralelo, de asegurar gobernabilidad. Imposible pedirles otra cosa. A unos y otros: sin pelea política no hay gobernabilidad, y esa es otra de las condiciones de frazada corta que brinda la política. En este lapso tienen que terminar de construir las trincheras para el choque final.

El oficialismo, costosamente, intenta retomar la iniciativa, con un paquete de medidas que hace caminar a la administración por una cornisa. La reprogramación de la deuda de corto y de largo plazo toqueteó la palabra maldita —“default”— que los políticos temen como al demonio. En el raid de abril en Nueva York, Miguel Pichetto dijo que el país nunca defaultearía. Juan Schiaretti clamó contra el default en el discurso de su victoria en mayo, cuando ganó la tercera reelección. La semántica oficial —“desperfilar” es un esfuerzo de creatividad— no impidió que una calificadora hablase de default selectivo. Igual festeja el Gobierno que con la reprogramación por DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) de la deuda de corto plazo, se saca de encima compromisos que superan los US$9.000 millones, aplicables ahora a sostener el dólar.

Para echarle un lazo a la oposición agregó el proyecto de ley que allana los vencimientos de bonos con legislación local, y que requieren de una autorización legislativa. Hernán Lacunza será la estrella de la semana cuando asista a la Comisión Bicameral de la Deuda para explicar los detalles que todos conocen.

Sabe que hay que dar el grito en el Congreso, pero que la perla del programa está en los DNU. “Cuídenme los DNU, que es lo importante del programa”, deslizó en las reuniones pedagógicas que mantuvo con los propios en la semana. Llevar la reprogramación a la legislatura tiene su picardía, además de que es necesaria por ley. Busca comprometer a la oposición en el debate de la economía, en el ring legislativo. Es una manera de acorralarlos en un coto cerrado y sacar de la calle el debate sobre la economía, que es donde hace más daño.

Buscará tentarlos con que la reprogramación que contiene esa ley les conviene a todos, cualquiera sea el ganador en las elecciones, porque le aliviará la gestión al nuevo presidente. ¿Cómo se van a oponer a esa panacea?, se ilusionan en el Gobierno. La oposición le abrió el jueves las puertas del Senado a Alberto Fernández, con el pretexto de organizar la campaña en Córdoba, en manos de dos delegados, el senador Carlos Caserio y el operador “Chino” Navarro, que es el virrey del Instituto Patria en esa provincia. El candidato presidencial y los anfitriones de esa tarde negaron haber hablado del proyecto de ley. No lo conocemos, insistían. Una mentirijilla, otra, de campaña. Temen los peronistas que el oficialismo recupere aire arrinconándolos con una zanahoria sobre cuyo estado nadie se anima apostar.

Tuneleros en acción

La cita de Caserio con Alberto fue una más de las que se sucedieron desde el miércoles, día de los anuncios, entre oficialistas y opositores. En el Senado, el jefe del interbloque de Cambiemos Luis Naidenhoff se encargó de tantear el terreno con el cristinista Marcelo Fuentes, presidente del bloque que integra la expresidente y candidata a vice (en un retroceso, diría Menem, de madre superiora a novicia rebelde).

En Diputados, Emilio Monzó y Mario Negri se encargaron de contarle las costillas a Agustín Rossi. Caserio, anfitrión de Alberto, escuchó los argumentos de Federico Pinedo. El Gobierno recogió mensajes de cautela del peronismo en todas esas mesas. Ninguno de los interlocutores cedió nada, pero tampoco nadie amenazó con echar nafta al fuego.

Es difícil rechazar el argumento de que una renegociación les conviene a todos. La duda es la de siempre en este tipo de negocios: si acepto lo que dice el Gobierno, le estoy haciendo un favor porque le doy aire de gobernabilidad pero lo estoy empoderando (diría un locutor) para la pelea electoral. Si rechazo el debate del proyecto, puedo aparecer como incendiario porque niego cualquier solución, al privilegiar el plan electoral. Este tipo de dilemas es inevitable en el foro legislativo.

El Congreso es el ring adonde quiere el Gobierno que se suba la oposición, para encapsular la pelea callejera por la economía, en una institución de alta formalidad. La oposición se ha hecho un festín desde la noche del 11 de agosto, porque el Gobierno explicó el resultado electoral con los argumentos de sus adversarios: “fue la economía, les pedimos mucho, no llegan a fin de mes, cómo no nos dimos cuenta”, etc. Aprovechó desde ese día las calles y los medios para enloquecer al Gobierno con avances y retrocesos, y el juego del duro y el blando.

Alberto jugando de intransigente y Guillermo Nielsen haciendo ortodoxia, como en el reportaje del diario brasileño “Valor económico”. Allí dijo que, si F&F ganan las elecciones, tendrá una administración ajustadora con el mismo objetivo del superávit que la actual gestión. Si el Gobierno logra encapsular la discusión en el Congreso, empiezan a actuar los mecanismos tópicos de la actividad parlamentaria. Cada uno piensa distinto que los demás —bloques, legisladores individuales— pero nadie puede avanzar si no busca consenso. La vida legislativa es construir consensos.

El fantasma del 2001 y las “personas humanas” Avanzar con el proyecto en el Congreso no es lo principal para el Gobierno, que confía, para las elecciones, en los efectos de los DNU, que operarán en el corto plazo y liberan los fondos para el objetivo central que es sostener el valor del dólar. Esos DNU corren su suerte en la comisión que los analiza, que recién se reunirá dentro de diez días, cuando la campaña esté en marcha de manera formal.

Con esto gana tiempo el Gobierno para vigilar desbordes. Uno es el judicial, porque el principal temor es que algún afectado por el DNU, que reprograma los vencimientos de corto con legislación extranjera, se tiente a pedir un amparo para que le paguen como estaba establecido. En el ADN de los políticos está la memoria de 2001, que disparó corralitos y corralones que hicieron ricos a miles de abogados, que taparon los juzgados en lo contencioso administrativo con pedidos de cautelares. La cláusula que exceptúa a las “personas humanas” tenedoras de esos bonos, de manera directa o a través de fondos de inversión, es una fineza jurídica. Esta designa al bonista como “persona humana”, porque evoca ese planteo posmoderno de que también hay “personas no humanas”, como la orangutana Sandra, a quien una jueza porteña le concedió un hábeas corpus y su condición de persona de derecho.

Lo único que le falta a la Argentina es que aparezca un inversor “persona no humana” que pida un amparo. Para los aficionados a la prosa jurídica, hay otro detalle en el DNU 596 que dispone el reperfilamiento de la deuda. Entre las causas para la necesidad y la urgencia de la medida, la norma no menciona la verdadera causa, que es la incertidumbre que provoca en los inversores el pánico ante un eventual gobierno cristinista, que imponga una renegociación salvaje e imprudente, que de eso se trata, y no es de ahora, sino que ya se planteó antes de las elecciones de 2017.

El DNU menciona sólo dos de las causas de la crisis financiera que estalló el año pasado y que había reconocido el propio Mauricio Macri. El decreto habla de la sequía y de la salida de capitales de los países emergentes hacia Estados Unidos. Faltan las otra dos, que según Macri fueron 1) el caso Cuadernos, que fumigó el interés de los inversores en entrar en un país donde los choferes te anotan las coimas; eso no es capitalismo ni es nada; 2) la posibilidad de que Cristina de Kirchner ganase las elecciones.

La reprogramación afecta a varios gobernadores

​Llevar la reprogramación de la deuda al Congreso también pone en acción a otros protagonistas, como los gobernadores. La mayoría son peronistas, y prefirieron el trámite en cámara lenta que implica ir a la Corte, que tiene plazos de tratamiento que también exceden el cronograma electoral.

Rechazan los recortes a impuestos coparticipables, como la baja del IVA y de otros tributos, pero tampoco quieren darse un tiro en el pie si desestabilizan el futuro de un presidente de su partido. Esto ocurriría si la oposición avanzase en el recinto en el proyecto de derogación del DNU, que abolió el Fondo Sojero, que les devolvería $32.000 millones, pero que desfondaría la tesorería del próximo presidente.

Esto lo podrían lograr en el corto plazo, porque las tribus del peronismo, con poco esfuerzo, podrían precipitar una sesión en Diputados para darles un mandoble a las arcas de la Nación. Pero no lo hacen en defensa propia. En este round también los gobernadores tienen algo que decir, porque hay varias provincias que tienen bonos que entran en la reprogramación y que van a querer que les consideren alguna excepción, quizás con el mismo argumento de que los gobernadores son “personas humanas”.

La minuta que tiene el Gobierno con deuda en esos bonos por alrededor de US$1.000 millones suma a jurisdicciones como San Juan, CABA, Buenos Aires, Mendoza, o sea peronistas y de Cambiemos. La movida crea también la posibilidad de apalancar algún acuerdo de alivio de la situación, a cambio de apoyo legislativo para sacar la ley que tratará el Senado como cámara iniciadora.

El DNU tiene un artículo de forma que habilita al Ministerio de Hacienda a “dictar las normas aclaratorias y complementarias, necesarias a los fines de la mejor implementación de lo previsto en este decreto” (art. 4°). La tarea estará a cargo de Rogelio Frigerio, que en este round ha permanecido lejos de las decisiones financieras, como la mesa judicial y otros estamentos del Gobierno.

Toda la carga la llevó Lacunza y el presidente del BCRA Guido Sandleris, sin intervención de los cerebros jurídicos del Gobierno que, por ejemplo, atienden desde la Procuración del Tesoro los juicios residuales de la deuda vieja, que heredó el Gobierno en 2015. La emisión de la nueva deuda pos-default incluyó cláusulas para evitar que se formasen grupos de “holdouts”, como la CAC (Cláusula de Acción Colectiva) que obliga a que un arreglo con el 60% de los tenedores, fuerza al resto a aceptarlo.

Ignacio Zuleta

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