Domingo, 10 Noviembre 2019 00:00

La batalla del petróleo reabre el Congreso - Por Ignacio Zuleta

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El oficialismo presentará un proyecto sobre explotación de hidrocarburos, buscando sacarle la iniciativa a la oposición en el tema energético. Políticos que cambiarán de empleo luego de la transición.

 

El oficialismo menguante intentará sacarle la iniciativa a la oposición en el tema energético, y presentará la semana que viene un proyecto para darle un amparo legal a la explotación de hidrocarburos, que reactiva las inversiones. La iniciativa la estudió este fin de semana el bloque Pro para que sea tratada en sesiones extraordinarias y recoge el anteproyecto de los sindicatos del área energética, que giran bajo el sello de la Catheda (Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustible, Derivados y Afines), integrada por los gremios de Sergio Sasia (ferroviarios), Hugo Moyano (camioneros), José Escoda (estaciones de servicio), Oscar Sánchez (personal superior de YPF), Ricardo Serafini (personal superior del gas), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Guillermo Mangone (gas natural), Guillermo Pereyra y Antonio Cassia (petroleros), José Luis Lingeri (obras sanitarias) y Fabián Hermoso (químicos y petroquímicos). Este grupo viene estudiando desde hace meses un documento, que es la base del proyecto que movió en el Senado Miguel Pichetto, antes de ser candidato a vicepresidente y mientras era titular del bloque del peronismo federal. La iniciativa la mueve el jefe de ese sello, el legendario Cassia, y la conocieron los candidatos de todos los partidos. En la reunión de esta semana, que ocurrió en la sede del gremio de Cassia, se aprobó un mensaje de felicitación a todos los partidos que participaron en las elecciones.

La idea de crear un paraguas de protección de las inversiones de Vaca Muerta es parte del proyecto del PRO, que avanza además en medidas para promover la explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales, no sólo en el área mágica de Vaca Muerta sino en todas las provincias. También pone el acento en la protección de la propiedad de los hidrocarburos por las provincias - según la manda constitucional - pero consiente una federalización de los recursos, para que derramen riqueza no sólo a las provincias petroleras. La base de este proyecto que presentarán los macristas del bloque de Álvaro González es el documento sobre Vaca Muerta como política de Estado de la mesa del Peronismo Federal que no pudo llegar a consolidarse como opción electoral. El oficialismo que se va quiere sacarle ventaja en el tiempo, de manera de adueñarse de la iniciativa: crear una protección para que los inversores puedan poner y sacar los dólares por fuera de las restricciones, promover un régimen laboral especial, como el que ya rige en contratos firmados por la actual administración.

Los otros proyectos que compiten entre sí en el equipo de Alberto Fernández agregan detalles singulares aún en estudio, y seguramente serán incorporados en el debate legislativo. A estos proyectos se suma uno que elaboran asesores de Sergio Massa y otro que estudia, desde enero pasado y por pedido de Cristina de Kirchner, el economista Guillermo Nielsen. Ninguno de estos dos se conoce en detalle.

El texto que ha recopilado el economista, y que ha puesto en conocimiento de expertos de la actividad privada, contiene una cláusula de confidencialidad para que no trascienda su contenido, sin que se sepan bien las razones. Tampoco el que elaboran los asesores de Massa lo quieren mostrar. Los dos contienen adaptaciones de la legislación que rige en Estados Unidos para promover las inversiones que necesitan mucho dinero, como ocurre con las no convencionales. Una de ellas es la llamada “amortización acelerada de las inversiones”, una cláusula creada durante los años 30 para promover inversiones de todo tipo en estados necesitados de obras como Oklahoma y Texas. Consiste en una autorización para amortizar una inversión a un ritmo mayor del que se haría ordinariamente, y reducir la carga impositiva de cada ejercicio.

Otra de las cláusulas que incluyen es el concepto del “fuelle fiscal”, un mecanismo para desenganchar el precio interno del internacional para promover la baja de precios dentro del país. Todos estos proyectos suponen que el precio y las tarifas deben estar dolarizados, porque quienes invierten lo hacen en dólares, para ganar dólares. El Estado puede aplicar reducciones de impuestos, a costa del Tesoro, para subsidiar los precios internos, sin obligar a que las empresas sean las que subsidien esas bajas. Habrá que ver qué dicen los gobernadores, que son celosos de que les toquen las regalías y los impuestos.

Quien invierte, mira todo

La intención del oficialismo es ponerse a la delantera de los proyectos del área, golpeados por las medidas de pesificación y de congelamiento que tomó Macri después de la PASO. El propio presidente les dijo a los empresarios que las tomaba por necesidad, pero que esperaba que las voltease la Justicia. Por cierto, que ningún juez ha querido hacerse cargo de un aumento por la vía judicial. Las medidas vencen esta semana, 13 de noviembre. Queda por saber si el nuevo gobierno, como ha prometido, prolongará el congelamiento cuando asuma y si insistirá en la pesificación. Estas dudas ponen en capilla los efectos de estos proyectos audaces de desenganchar a la industria del destino general de la economía.

Como suele decir el experto Daniel Gerold, uno de los más consultados por los gobiernos y las empresas privadas, un régimen de promoción, por refinado que sea, necesita del contexto de un plan económico que cree condiciones generales de inversión. Quienes invierten en petróleo y gas, dice Gerold, son muchas veces los mismos que invierten en otros sectores de la economía. El secreteo que abunda en los cuarteles de transición del nuevo oficialismo no ayuda a poner claridad. Los empresarios mexicanos que cenaron con Alberto en la histórica Hacienda de los Morales, en el barrio de Polanco, se preguntaron por la presencia, junto al electo, del excandidato a presidente de Chile Marco Henríquez-Ominami que — reseña la crónica del periodista Milton Merlo de “La política on line” (edición mexicana)— “…generó varios comentarios entre los magnates. Se preguntaban por qué un político de la oposición chilena tiene acceso a información tan sensible de un país vecino. Acaso un nuevo choque cultural con la hiper-institucionalidad mexicana”. De paso, ¿dirá algo Alberto sobre el personaje de Condorito, ídolo de los chilenos, para distinguirlo del estafador Bugs Bunny? Esa misma incertidumbre hace correr historias increíbles, aunque verosímiles, como que uno que funge de asesor pidió unas monedas a cambio de una charla a banqueros (US$9 mil, en Suiza) pero que le dijeron que no porque se los impedían las normas de compliance de la firma — no porque no hubieran querido pagar por unos jirones de inside information. Ojo, que acechan los Centenos que registran todo.

Transiciones, viajes y cambios de empleo

En el rubro de las transiciones, se han detectado otros movimientos que van más allá de lo espacial, porque están cargados de significado político. Por ejemplo, el que compromete a Marcos Peña con un futuro académico en los Estados Unidos. Se dispone a hacer una pausa de por lo menos dos años de la política agonal para certificar estudios en una universidad de la Costa Este, Nueva York. Se cruzará con un adversario jurado en el espacio del oficialismo que se va, Nicolás Massot, quien regresa por adelantado de New Haven, Connecticut, en donde tuvo un descansadero también académico. Se reinstala en su oficina del tercer piso del Palacio del Congreso, desde la que condujo el bloque Pro. Reasumirá los días que le quedan en la banca hasta el 10 de diciembre y tendrá protagonismo en la travesía de su fuerza hacia el desierto de la oposición. Se ha desprendido del grupo al que perteneció y tiene entre sus planes abrir una consultora en temas políticos y económicos junto a Monzó. Antes de arrancar ya tienen anotados cuatro clientes que creen en la prosperidad de los tiempos que vienen. Los caminos que se cruzan los harán competir en esa actividad privada con su adversaria más cruel, la gobernadora saliente María Eugenia Vidal. También ella tiene un proyecto de dedicarse a la actividad de consultoría, negocio del que sabe porque su exmarido, Ramiro Tagliaferro, fue uno de los fundadores de la consultora Poliarquía.

Macri mueve fichas para preservar su liderazgo

También tiene sentido político el nuevo giro de Macri en busca del perfil con el cual se sentará en la mesa de conducción de Juntos por el Cambio, que integrarán los jefes del Pro, la UCR y la Coalición. Escuchó el llamado al ejercicio del liderazgo del 40% de los votos de las últimas elecciones, pero tendrá competidores. Mejor será, por ejemplo, que asuma la presidencia de la Fundación Pensar, u otra que le acerquen con menos aura, y desde allí vigilar al nuevo gobierno, asistido por un gabinete-sombra, a la británica usanza. Para eso desbarata mesas contradictorias con ese liderazgo, dentro de la propia familia Pro. Uno es el lanzamiento de Patricia Bullrich como presidente del Pro, silla que acarició en su momento Vidal y que otros pedían para Macri. Es un puesto de mucho trabajo, tampoco Macri tiene los skills de la conducción partidaria, que siempre delegó en otros estrategas — Peña, Monzó, los radicales de todos los colores, Pichetto, etc. — y Humberto Schiavoni hizo votar una cláusula de no reelección, para que le permitiesen dejar esa función.

Bullrich encabezó el ranking de imagen de los ministros de Macri, no reporta a la mesa de Larreta ni Vidal y es portadora sana de lilismo, por su relación y alianza de siempre con Elisa Carrió. Si este formato avanza, conmoverá la sísmica del Pro porque Bullrich reporta directamente a Macri y se salta las mesas políticas de Peña-Larreta-Vidal. Toda una novedad que adelanta un conflicto aún sin salida, que es la nominación de Cristian Ritondo como jefe del bloque Pro de los diputados. Los efectos rupturistas de esta decisión evocan historias conocidas, que terminaron en roturas profundas. Pocos días antes de dejar el gobierno, Cristina de Kirchner reunió a legisladores y gobernadores del peronismo derrotado en 2015 y repartió los cargos de la nueva oposición. Impuso a Héctor Recalde como jefe del bloque en lugar de José Luis Gioja (predilecto de los gobernadores) y a Ricardo Echegaray como presidente de la Auditoría General de la Nación, en lugar de Eduardo Fellner. Esa decisión redundó en la primera división del bloque en diputados, que le permitió al nuevo gobierno tener un sector del peronismo separado del cristinismo. La decisión actual de Macri de imponerlo a Ritondo quiebra una ley de la política, que es premiar a los ganadores y postergar a los perdedores. Ritondo irrita a los Pro rebeldes porque perdió las elecciones en Buenos Aires, cuando el ahora postergado Álvaro fue ganador en la Capital como socio de Rodríguez Larreta. ¿Por qué los castigan a los dos si ganaron su distrito?

Ignacio Zuleta

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