Martes, 19 Abril 2022 09:40

La obsesión de Cristina Kirchner por conseguir impunidad dislocó la Justicia – Por Nicolás Wiñazki

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Con sus leyes o presiones, la vicepresidenta empantanó el nombramiento de jueces y fiscales y retrasó decenas de causas. Su maximalismo impide el diálogo con la oposición sobre el tema. 

Hechos, no palabras. 

​Por primera vez desde el retorno de la democracia en 1983, los más relevantes organismos del Poder Judicial de la Nación no funcionan de acuerdo a lo que dicta la Constitución Nacional, o las normas que la misma Justicia implementó para regularlos.

La obsesión de la vicepresidenta Cristina Kirchner por rediseñar a la Justicia que la investiga y debe resolver si es condenada o sobreseída en varias causas de corrupción, logró rebajar al mínimo la potencia o la velocidad con la que podría acelerarse el trabajo de jueces y fiscales, atacados o criticados por el propio oficialismo por ser parte de una Justicia “lenta” y “corporativa”.

La vice pasó los primeros dos años de su gestión como titular del Senado impulsando leyes que intentaron dar vuelta o reformar por completo aquellos tribunales o fiscalías que la procesaron, lo mismo que sus dos hijos, en expedientes que investigaron posibles corruptelas en las que se recopiló documentación procesal relevante, o testimonios y documentación que comprometen al clan Kirchner.

La presión sobre el Poder Judicial en los últimos tiempos trastocó el funcionamiento normal, no siempre eficiente, de quienes imparten Justicia en la Argentina.

La vice sigue intentando embestir justo sobre el Poder del Estado que la preocupa, aunque eso produzca consecuencias en otros fueros donde la atención a los problemas judiciales de buena parte de la sociedad se vio aletargada: faltan magistrados y fiscales en aquellos lugares donde se pesquisan delitos como robos, asesinatos, conflictos económicos de familia, y también en los fueros donde se intentan solucionar los procesos laborales y los potenciales crímenes vinculados al contrabando o la evasión.

Lo mismo pasa con la notable falta de jueces que no son designados en tribunales de todo el país en los que nadie entonces puede trabajar para dilucidar delitos muy complejos como los del narcotráfico.

Los ejemplos de este escenario jurídico y judicial, nunca experimentado, son varios.

El Procurador General de la Nación, es decir, el jefe de todos los fiscales federales del país es un funcionario que ocupa ese puesto de forma interina. Se trata del técnico Eduardo Casal.

El postulado para ser su reemplazo, elegido como dicen las normas por el Presidente de la Nación, se resignó a que su pliego no sea siquiera abierto para la etapa de evaluación e impugnaciones que se le puedan hacer antes de que se vote su nombramiento en el Congreso.

El actual juez federal Daniel Rafecas se esperanzó con poder llegar a ser el Procurador General con estabilidad y legitimidad total del que la República hoy carece. Eso pasa porque la vicepresidenta Cristina Kirchner, como titular del Senado, frenó ese proceso debido a que le disgustó que sea Rafecas el elegido por el presidente Alberto Fernández. Rafecas trabajó en casos de corrupción contra ex funcionarios K.

La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación trabaja en la actualidad con un magistrado menos. Deben ser cinco sus integrantes. Renunciada Elena Highton de Nolasco, la Casa Rosada no envió nunca el nombre de la candidata para que ocupe el sillón que quedó vacío.

El máximo tribunal hoy no tiene a una mujer entre sus miembros por la pelea política que carcome al oficialismo, pero que genera consecuencias como las antes enumeradas.

Hay más.

Desde el año 2009 también está vacante el cargo con rango institucional de Defensor del Pueblo. Es el funcionario que tiene la obligación de cuidar que la ciudadanía no sea afectada por atropellos que incumplan con las garantías que protegen a la sociedad frente al avance de cualquiera de los tres poderes del Estado en materia de derechos humanos, u otras fallas en un sistema donde varios de sus referentes máximos dicen trabajar para “el pueblo”.

Sin embargo, y no es paradoja si no ineficacia, ni el oficialismo ni la oposición lograron consensuar durante doce años a quién debe ocupar un cargo de alta relevancia cuyo nombre lo dice todo: “Defensor del Pueblo”.

La Justicia nunca trabajó en democracia como lo hace desde hace pocos años.

La parálisis en la que podría entrar el Consejo de la Magistratura ahondaría aquello de lo que el oficialismo critica de la Justicia pero no resuelve.

El oficialismo critica de modo uniforme a la Corte Suprema por supuesta accionar lento y politizado, y más aún, los voceros K, la propia vice, se queja porque no logró sancionar la Ley conocida como “Reforma de la Justicia”, en rigor, un rediseño de los juzgados del fuero federal en lo criminal y correccional, donde se investigan las causas que preocupan a parte de la clase dirigente. Las vinculadas a delitos de corrupción, de crimen organizado como el narcotráfico o el lavado de dinero.

Debido a diversos problemas internos, y ahora ya al laberinto al que puede entrar el Consejo de la Magistratura “guiado” por los Kirchner y sus leales, tres de los doce juzgados del fuero federal en los criminal y correccional están vacantes. Sin magistrados a cargo. Murió Claudio Bonadio, renunció Rodolfo Canicoba Corral y dejó su puesto Sergio Torres para pasar a ocupar una de las vocalías de la Suprema Corte Bonaerense. No tienen reemplazantes.

Lo mismo ocurre con dos vacancias que deben suplirse en la Cámara Federal de Apelaciones. Más otro puesto que continúa libre en una de las salas de la Cámara Federal de Casación Penal.

Y más, y más.

El Tribunal Oral Federal (TOF) número 1 está completamente vacío. Falta que se designen allí a tres magistrados.

En el TOF número 2 falta reemplazar a un magistrado, Tasara, fallecido.

En el TOF número 4 son dos los jueces que tienen que integrarlo para que funcione como se debe.

En el TOF número 5 hace falta otro nombramiento más. Uno de sus integrantes se jubiló.

El TOF número 6 está igual que el TOF 1: totalmente incompleto. Tres magistrados deberían ser designados allí. Tienen que ser designados.

El TOF número 7 tiene a sus tres miembros, pero como será el que juzgue a la megacausa de corrupción conocida como “Los Cuadernos de las Coimas” la vicepresidenta recusó a uno de sus miembros, Germán Castelli.

Uno de los principales investigadores judiciales de los últimos años, objetivo de los Kirchner en sus críticas e intentos por remover a quienes osaron auditar sus gestiones, se sinceró ante Clarín: “La actual Corte Suprema está cumpliendo un rol histórico. Si no fuera por estos jueces, el poder político no hubiera tenido límites y nos habría volteado a todos”.

Clarín consultó sobre esta novedad, que se profundiza cada día, a varias de las máximas autoridades de la Justicia, y todas las fuentes coincidieron.

Eso no le quita responsabilidad ni a los jueces ni fiscales que trabajan mal adrede, o la oposición, que también negoció con el poder cargos o permitió que se llegue adonde se llegó.

Incluso la dirigencia opositora de Juntos por el Cambio, cuando fue gobierno durante el 2015 y el 2019, tampoco logró nombrar a un Procurador General de la Nación. O ni siquiera se ocupó con ahínco de que se designe a un Defensor del Pueblo tal, como dice la Constitución.

Para otro de los más experimentados funcionarios de los tribunales orales federales, el actual panorama tiene una explicación. Es Cristina Kirchner. “Nunca tuvimos a una Presidenta primero, y después vicepresidenta, que esté tan complicada en un número muy elevado de causas y juicios orales por posible corrupción. Los Kirchner buscaron que la Justicia sea cada vez más débil”.

La diputada Graciela Camaño es miembro del Consejo de la Magistratura hace varios años. Tanto el oficialismo como la oposición la acusaron de hacer política con ese puesto en el organismo clave para la Justicia.

Ella rechaza cualquier crítica en ese sentido.

Y dio su opinión sobre el caos reinante en la Justicia: "Vivimos una crisis institucional se acrecienta más. El equilibrio que dio el voto de la ciudadanía, que provocó el fin de las mayorías antes establecidas en el Congreso, produjo un efecto contrario”, argumenta. Y profundiza: “Ante la paridad de los votos en el Congreso, quedó al descubierto la inmadurez política que tiene como consecuencia este triste espectáculo que vivimos y sufrimos todos: entre las dos fuerzas, el oficialismo y la oposición, no se dialoga, no se logran consenso, y crecen los liderazgos mesiánicos”.

Camaño se queja por las críticas al Consejo de la Magistratura.

Pasó los largos meses de la pandemia organizando en el predio de Tecnópolis los concursos para elegir las ternas de jueces para ocupar los juzgados vacantes”.

Mañana mismo, a primera hora, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, irá al Consejo de la Magistratura para ocupar la Presidencia del cuerpo, tal como indica el fallo del máximo tribunal que debía hacer si el Congreso no sancionaba una nueva ley para regular el funcionamiento de ese organismo.

Quien ocupaba el despacho del titular del plenario, Alberto Lugones, ya sacó sus elementos de trabajo de la oficina central para dejársela libre.

El poder K intentará igual que todo se frente debido a que buscará que no se designen a los representantes del Congreso que deben formar parte de ese ente que es el eje central que puede hacer trabajar mejor al Poder Judicial.

El objetivo K no da la sensación de buscar la transparencia.

No es un hecho. Son palabras.

El tiempo dirá si en realidad esas palabras eran hechos. No consumados.

Nicolás Wiñazki

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