Imprimir esta página
Miércoles, 15 Junio 2022 08:56

Cooperativas de Quilmes: investigan maniobras en casinos de uno de los imputados - Por Mariel Fitz Patrick

Escrito por

Un informe de la UIF revela cambios reiterados de premios y fichas en salas de juego por parte del empresario Alejandro Scozzari, acusado en la causa que involucra a Mayra Mendoza. Los préstamos con mutuales y entidades financieras, y préstamos cruzados entre los investigados 

El dato llamó la atención de los investigadores por ser una maniobra típica de posible lavado de dinero. Uno de los empresarios favorecidos por las adjudicaciones directas de la gestión de Mayra Mendoza en Quilmes, José Alejandro Scozzari, registró cambios de fichas y premios en casino, reiteradas veces, especialmente en los últimos dos años. 

Scozzari está imputado en las dos causas que se abrieron en la Justicia Federal de Quilmes y de la Capital Federal por las posibles irregularidades en los pagos por $671 millones a cooperativas y empresas vinculadas a funcionarios y ex funcionarios de ese Municipio. Scozzari es socio de dos de ellos - Sebastián Raspa y Martín Bordalejo - y su constructora The Wolf Building resultó también beneficiada con contratos del Municipio de Quilmes por $88.580.875, entre mayo del 2020 y abril de 2022, según identificó Infobae de los decretos publicados en el Boletín Oficial municipal.

En el entorno de Mayra Mendoza aseguraron, ante la consulta de Infobae, que “no tiene ninguna relación con Scozzari en absoluto”, y que este empresario “trabaja con el municipio como otros cientos de proveedores desde hace varias gestiones por estar inscripto y participar de los procedimientos de contratación previstos en la ley”.

La información del cambio de premios y fichas en casinos realizada por Scozzari surge de un informe reservado de la Unidad de Información Financiera (UIF) que llegó el viernes pasado a los Tribunales de Quilmes, y que ahora deberá ser corroborado oficialmente. Son 70 páginas que envió el organismo de inteligencia en respuesta a un oficio del juez federal Luis Armella, a pedido de la fiscal Silvia Cavallo que impulsó la investigación la última semana de abril.

La acusación judicial

El expediente en Quilmes, a diferencia del que se inició en los Tribunales de Comodoro Py por la denuncia de un abogado, se abrió a partir de una “autodenuncia” del propio Municipio. Ambas causas se basaron en lo publicado por el sitio El Disenso, el primero que reveló maniobras de presunto desvío de fondos del Municipio a tres cooperativas de trabajo vinculadas a funcionarios y allegados a Mayra Mendoza. Uno de los abogados de la intendencia de Quilmes se presentó ante la Justicia Federal del distrito y pidió que “se investigue la denuncia de un portal periodístico que pretende divulgar información falsa y maliciosa”.

Mayra Mendoza quedó imputada en esta causa – junto a Scozzari, Raspa y Bordalejo- por los posibles delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de dinero y administración fraudulenta.

Raspa es el ahora ex subsecretario de Hábitat de Quilmes, que debió renunciar el 27 de abril cuando se supo que estaba vinculado a cooperativas beneficiadas por el Municipio con fondos públicos. En paralelo a ese rol como funcionario, fue y es presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo, que agrupa a cooperativas de la zona. Es, además, el responsable y quien firma los cheques de una de las que integran esta Federación, Cooperativa de trabajo Barrio Unido, junto a Romina Cangelosi, su pareja, quien también es empleada del Municipio, en la Dirección General de Personas Mayores de Quilmes.

Raspa tiene a Bordalejo como socio en las empresas Canton Tower Gestiones Integrales y JD Vitruvio. En esta última constructora, el otro socio es justamente Scozzari. Las dos firmas comparten domicilio con la Federación de Cooperativas 1ro de mayo y varias de las que la integran, en Sudamérica 20. Cuando Infobae fue a esta dirección en Quilmes - un portón negro sin ningún tipo de identificación-, la mujer que atendió confirmó que esa era la sede de la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo y de varias otras, y que Raspa era su presidente, pero dijo no conocer ni haber visto a Scozzari en ese lugar. Infobae trató de ubicar a Scozzari por teléfono sin éxito.

Hasta mayo de 2020, Bordalejo fue jefe de la Dirección General de Relaciones Institucionales de Quilmes. Como responsable de la Cooperativa de Trabajo La Estrella, recibió contratos, entre marzo de 2021 y febrero de 2022, por $396.802.792, según detectó Infobae de documentos oficiales Los millonarios fondos fueron para realizar tareas que van desde mantenimiento de plazas y “embellecimiento de espacios públicos”, hasta adquisición de plantas ornamentales para distintas calles del distrito, y limpieza de basurales.

Según el informe confidencial de la UIF, entre 2021 y 2022, Scozzari registró, al menos, 11 operaciones de cobro de fichas y premios en el Bingo Godel de Quilmes y el Casino de Buenos, en varios casos por montos fraccionados. Y si se suman las de años anteriores, totalizan 22 por más de $1.500.000 y USD 40.000.

“El cobro de premios y fichas en una sala de juegos está considerada una maniobra de posible lavado de dinero, porque, aunque el ‘apostador’ pierda plata en relación con el dinero jugado, le permite blanquear lo que ganó, ya que el cambiar los premios por caja, lo ingresa al sistema. Por debajo de determinado monto, el casino no le pide al jugador que se identifique lo que facilita la maniobra si se concreta mediante fraccionamientos”, le explicó un investigador a Infobae.

Ahora, desde el Juzgado de Armella buscarán corroborar y ampliar la información de la UIF - que no sirve como prueba en el expediente - con oficios al Instituto Provincial de Lotería y al Casino Buenos Aires, ubicado en un barco flotante en Puerto Madero.

Préstamos bajo sospecha

Del informe de inteligencia surgen otros datos llamativos: los préstamos tomados por Scozzari, Raspa y Bordalejo con la Mutual Fuerzas Armadas y otras entidades financieras, que la Justicia deberá determinar si estaban autorizadas a funcionar por el Banco Central.

También figuran en el reporte de la UIF créditos cruzados entre ellos y las cooperativas bajo su control. Esta operatoria ya figuraba en el informe enviado por la AFIP la semana anterior, en el que – tal como reveló Infobae -, Bordalejo declaró ante las autoridades fiscales haber recibido préstamos por $58.250.000 en el 2020. Entre sus acreedores figuran Raspa, quien le habría prestado $7.350.000 y la cooperativa en la que el hoy ex secretario de Hábitat es responsable, Barrio Unido Limitada, con un préstamo de $3.600.00. También le habría pedido plata a la empresa de su socio Scozzari, también beneficiada con fondos municipales, The Wolf Building, por un monto de $21.400.000.

Otro de sus acreedores, según informó a la AFIP, es Martín Leonel Borgio, proveedor del Municipio de Quilmes, que le prestó $19.500.000. Borgio fue adjudicado con contratos por $86.286.506, entre 2020 y 2021, según detectó Infobae, para la provisión de módulos alimentarios de emergencia para escuelas y jardines maternales.

“No se entiende para qué pidieron los préstamos, si las cooperativas reciben dinero del Municipio para funcionar – como podría ser la compra de máquinas de trabajo o materiales-, y a la vez los integrantes de las cooperativas cobran un plan del Ministerio de Desarrollo Social”, le dijo una fuente con acceso al expediente en Quilmes. Según los expertos, los préstamos por montos elevados sin justificación pueden constituir otra maniobra de lavado de dinero.

A esto se suma que muchas de las tareas para las que fueron contratadas las cooperativas bajo control de Raspa y Bordalejo, “son incomprobables”, según advirtieron fuentes judiciales. “Como corroborás hoy que realizaron el trabajo de desratización, poda o limpieza de un espacio verde cuando ya pasó un tiempo”, analizaron.

En el caso de Scozzari, su empresa The Wolf Building fue beneficiada con 13 adjudicaciones por más de $88 millones, plasmadas en decretos fueron por servicios variados: la refacción de escuelas y jardines de infantes del Municipio, la compra de hierros y aceros para el Programa Potenciar Trabajo, el alquiler de maquinarias para levantar basura en el distrito, y la adquisición de mobiliario para oficina.

Nexos con el ex marido de Mayra Mendoza

En la causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González en Comodoro Py, la diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade hizo una presentación en la que señaló que la ex pareja de Mayra Mendoza, Sebastián Daer, figura como apoderado de otra constructora de Scozzari, Sur II SRL. En esta firma, además de Daer (hoy funcionario de la AFIP), los otros apoderados son dos funcionarios del Municipio de Quilmes, Claudio Carbone, secretario Legal y Técnico de Quilmes; y Anabella Galván, directora de Defensa de Usuarios Consumidores y Lealtad Comercial del Municipio, y abogada del estudio jurídico de Daer.



Desde el entorno de Mayra Mendoza, afirmaron que “Daer ejercía la profesión desde que se recibió y hasta ingresar a la AFIP, momento en que cerró el estudio. Tuvo como clientes a muchas personas de Quilmes”. Y agregaron: “Los Scozzari son una familia tradicional de zona sur. Históricamente se dedicaron a la venta de materiales, la construcción y la obra pública en Quilmes y la PBA. El estudio de Daer entre 2016 y 2017 estuvo autorizado para constituir dos sociedades ante Personas Jurídicas de PBA (gestoría). Sólo eso, luego no tuvieron relación. De hecho en las modificaciones estatutarias posteriores que se mencionan en las notas, ya no fueron realizadas por su estudio”.

En efecto, Scozzari es conocido en Quilmes, ya que su padre fue el fundador de Totos Cerámicos, cuya casa central está en ese distrito, y sus dos hijos continuaron como empresarios. Según fuentes de la oposición política local, Alejandro Scozzari habría aportado fondos para la campaña de Mayra Mendoza a la intendencia.

Cruce de información

En el Juzgado de Armella y la Fiscalía de Cavallo buscarán a partir de esta semana cruzar los datos aportados por la UIF con el informe de la AFIP que llegó la semana pasada en un pendrive por su volumen, ya que consta de 1.700 páginas y, según fuentes judiciales, aún no terminaron de procesar por su extensión. Una vez concretada esa etapa, es muy factible que encarguen un análisis financiero y patrimonial más profundo a peritos contadores.

En el Juzgado de Armella aún esperan la respuesta de Aysa y del INAES, que aún no llegaron. El que sí respondió fue el Min de Desarrollo Social de la Nación. A cargo de Juan Zabaleta, informó el giro de dinero al Municipio por dos convenios por obras en 2020 y 2021. El motivo fue “refuncionalización de espacios comunitarios”.

En tanto, la respuesta del Ministerio al juez Lijo, que lleva la otra investigación en los Tribunales de Comodoro Py, llegará esta semana que comienza, según le dijeron fuentes oficiales a Infobae.

Versiones distintas: 23 empleados vs 2.010

En un video difundido hace tres semanas, la intendenta de Quilmes e integrante de la mesa de La Cámpora aseguró que las publicaciones eran una “operación mediática que busca generar odio y violencia contra el kirchnerismo” y desmintió nuevamente la acusación “de fugar plata a Miami y hacer pagos a cooperativas que no trabajan”.

Dijo que las contrataciones con cooperativas para tareas de mantenimiento del municipio se hicieron porque, cuando llegó, había solo 23 personas para esas tareas y decidió mantenerlas. “Se hicieron respetando los procedimientos administrativos”, aseguró. Y agregó que esas cooperativas trabajaban en el Municipio desde 2009.

Sin embargo, fuentes de la anterior gestión encabezada por Martiniano Molina, del PRO, precisaron a Infobae que Raspa no fue funcionario durante su mandato, y que “se hablaba de que era una persona complicada en cuanto a sus manejos con el tema de las cooperativas de la zona”.

También aclararon que las tareas de limpieza de espacios públicos y de mantenimiento urbano eran realizadas mayormente por los empleados del Municipio, unos 2.000, y no por cooperativas contratadas bajo su intendencia. Y dieron precisiones sobre la dotación de cada una: Higiene Urbana, 210 empleados municipales; Recolección de Residuos, 900; y Servicios Públicos, otros 900, incluido el personal de 7 delegaciones, Parques y paseos, alumbrado, agua y saneamiento. “Nos manejamos los recursos que maneja ahora la gestión de Mayra Mendoza. Las cooperativas tuvieron durante nuestro mandato proyectos muy puntuales y casi no teníamos manejo sobre ellas”, se despegaron cerca de Molina.

Respaldo político

Mendoza vienen recibiendo un fuerte respaldo de La Cámpora, agrupación a la que pertenece desde sus inicios, y de funcionarios que responden a Cristina Kirchner, como el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, y el gobernador de esa provincia, Axel Kicillof. El kirchnerismo, como la propia Mayra Mendoza, atribuye las denuncias a una persecución política por su afiliación a La Cámpora, y a su condición de mujer, y defienden su gestión a nivel local, a la que contraponen con la de su antecesor del PRO.

En esa línea, en declaraciones realizadas por Máximo Kirchner el viernes pasado en Hurlingham, el diputado nacional del Frente de Todos defendió a la intendenta de Quilmes, así como a las funcionarias nacionales de La Cámpora Luana Volnovich, titular del PAMI, y Fernanda Raverta, jefa de la ANSES. “Se transformaron también en un objeto de deseo de los varoncitos de oro de la derecha”, afirmó.

Mariel Fitz Patrick

Latest from Mariel Fitz Patrick

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…