Una de las modificaciones es puramente semántica, pero no desprovista de sentido. De ahora en adelante, el tributo se llamará “impuesto a los ingresos”, como ocurre generalmente en el mundo (“income tax”, en los países angloparlantes, por ejemplo). Aunque menor, es una rectificación que ayuda a entender mejor el objeto del impuesto, al dejar sin base ese eslogan, tan repetido como carente de fundamento: “el sueldo no es ganancia”. Con esta frase se pretendía que ningún sueldo debía pagar ese tributo. Pero no es razonable que no lo pague una persona que está en relación de dependencia y cobra 150.000 pesos (un ejecutivo de una empresa, por ejemplo) y lo deba pagar alguien que gana 30.000 pesos solo porque no es un asalariado.

Ahora queda claro que son los ingresos los que se gravan. Todo tributo, para quien debe pagarlo, es antipático, pero no hay país importante que no cuente hoy con impuesto a los ingresos. De hecho, en los muy avanzados este tributo representa una proporción del total de los tributos mucho mayor que otros, ya que es de carácter progresivo y, por lo tanto, socialmente más justo. Pagan más quienes más ganan, mientras que en el IVA, por citar otro impuesto importante, paga lo mismo un millonario que un indigente.

La cuestión, por lo tanto, no es si se debe suprimir ese impuesto, sino cómo mejorarlo para que no lo paguen los de ingresos más bajos y para que los saltos de escalas no lleven al resultado paradójico que convenga no tener aumentos de sueldo para que no se los lleve el impuesto.

La ley sancionada no es la ideal. Era mejor el proyecto original del oficialismoa. Pero es mucho mejor que el proyecto acordado entre Massa y Kicillof. Así es la democracia. Un gobierno que no tiene mayorías en ninguna de las cámaras del Congreso está obligado a negociar. Lo haría de todas formas, porque es constitutiva de Cambiemos la vocación por el diálogo y la búsqueda de consensos, pero esa conformación parlamentaria torna inviable cualquier otro intento.

La ley que se sanciona es, entonces, una diagonal. No llega a la aspiración de máxima del Poder Ejecutivo ni cae en el populismo irresponsable de una parte de la oposición. Es el avance posible, aquí y ahora. Los que con cierta liviandad critican desde distintas posiciones esta manera de gobernar acaso añoren las dictaduras y los autoritarimos. Les tengo una mala noticia para ellos y excelente para el país: el imponente edificio de Entre Ríos y Rivadavia no es ni la CAL (Comisión de Asesoramiento Legislativo) que funcionó entre 1976 y 1983, ni una estafeta de correo, como ocurrió desde el 2003 hasta el 2015, sino el Congreso de la Nación.

Dr. Jorge R. Enríquez

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