Viernes, 29 Abril 2022 10:26

Un fiscal pide investigar si Cristina Kirchner y sus hijos se beneficiaron ilegalmente con los dividendos de sus empresas - Por Lucía Salinas

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Carlos Stornelli abrió una causa para establecer si cobraron dividendos y otras deudas violando una orden judicial. 

El fiscal Carlos Stornelli pidió investigar si Cristina, Máximo y Florencia Kirchner se beneficiaron económica con maniobras que involucran a sus empresas Los Sauces y Hotesur. Se denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de fondos como posible distribución de dividendos -algo que no pueden hacer por orden judicial-. La justicia quiere saber si, como sostiene una denuncia, "la familia Kirchner logró aumentar sus ingresos, cobrar cuantiosas deudas y poner en marcha nuevamente la máquina hotelera investigada por la justicia por presuntas maniobras de lavado de dinero". 

La vicepresidenta pidió el año pasado que la justicia le devuelva "de manera urgente" el manejo de sus sociedades y hoteles. Lo hizo a través de un pedido de su abogado, Carlos Beraldi, en el marco de los expedientes Los Sauces y Hotesur en los cuales reclamó, además, la finalización de las intervenciones judiciales de esas empresas y del condominio de Máximo y Florencia Kirchner.

Previo a firmar su sobreseimiento sin que se realizara el juicio oral, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg -con la disidencia de Adriana Palliotti-, hicieron lugar al planteo y restituyeron a la familia Kirchner el manejo de sus hoteles y propiedades nucleadas en las dos empresas sospechadas de operaciones de blanqueo por 80 millones de pesos entre 2008 y 2015.

Pese a la devolución de la administración de las compañías, la justicia prohibió a la familia Kirchner repartir los dividendos que generen las sociedades. Para dar cumplimiento a esta exigencia, se designaron dos veedores de la AFIP por un año, para “vigilar la conservación del patrimonio, resguardar que los bienes que lo componen no sufran deterioro, comprobar entradas y gastos de dinero, informar si se verifica por parte de los socios la extracción de dinero como crédito con la sociedad o adelantos o retiros de la caja chica”, e informar sobre toda irregularidad que adviertan en la administración.

Pero la abogada Silvina Martínez denunció ante la justicia federal que, a casi nueve meses de haber recuperado el manejo de sus empresas, la familia Kirchner "logró aumentar sus ingresos, cobrar cuantiosas deudas y poner en marcha nuevamente la máquina hotelera investigada por la justicia por presuntas maniobras de lavado de dinero".

La denunciante se refirió a un conjunto de irregularidades "que omitieron informar los veedores designados por la AFIP".

En primer lugar, se habló de la inmobiliaria Los Sauces, que tuvo como principales inquilinos a Cristóbal López y a Lázaro Báez. La empresa acordó un plan de pagos con el dueño del Grupo Indalo, por la deuda del alquiler de un departamento en Puerto Madero cuyo contrato se celebró a nombre de Alcalis de la Patagonia, integrante de su holding.

Se firmó un convenio para cobrar una deuda de 410.075 dólares por 47 meses de alquiler impagos, con los intereses calculados por los veedores judiciales.

Según ese arreglo, el pago se realizará en cuotas de 131.669 dólares cada una: "la primera se abonaba ese día de firma del acuerdo, la siguiente a los 15 días hábiles y la tercera a los 45 días hábiles". Cada cuota se pagaría al tipo de cambio minorista vendedor del día hábil anterior al pago, y se depositaría en la cuenta de la empresa en el Banco Nación, que es monitoreada por los veedores designados por la AFIP.

"Ahora bien, chequeando resúmenes de la cuenta bancaria de Los Sauces que los veedores aportaron a la causa judicial, el dinero nunca ingresó a las cuentas, y no hay una addenda al acuerdo que mencione que el dinero se cobraba en efectivo o en otra cuenta bancaria. Tampoco se aclara qué sucedió con los 395.000 dólares obtenidos por un acuerdo por el hotel Las Dunas. Cabe recordar que la justicia les prohibió repartir dividendos que generen las sociedades", indica la denuncia.

Por eso, el fiscal Stornelli consideró que se debe investigar "la posible existencia de actos tendientes a beneficiar a Cristina Fernández de Kirchner o a integrantes de su núcleo familiar, que ocurrieran con posterioridad a la finalización de las intervenciones judiciales dispuestas sobre las sociedades Los Sauces, Hotesur y un condominio que registrarían Máximo y Florencia Kirchner".

El impulso de la investigación responde a "la posibilidad de que se habrían suscitado irregularidades presuntamente omitidas de informar por los veedores designados de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y que habrían significado beneficios económicos para la nombrada y su entorno".

Respecto a la firma hotelera Hotesur, se denunció que comenzó a facturar por el alquiler del hotel a la empresa Idea, de Osvaldo Sanfelice. "Con el recupero del manejo del hotel a los Kirchner, Sanfelice comenzó a pagar religiosamente a los Kirchner el 10% de las ventas", dijo la abogada Martínez.

El diferencial es que durante el tiempo que estuvo intervenida Hotesur, Sanfelice sólo acumuló deudas con la empresa y los Kirchner "nunca tuvieron el interés de reclamar la actualización de un contrato subvaluado y cobrar esas deudas", según dice la denuncia. Ahora esa ecuación parece revertirse.

Se contabilizó un depósito de Idea a Hotesur de 2.608.194 pesos, por los últimos meses de 2021. Sin embargo, "el total que figura facturado es de 2.276.224 pesos".

Algo similar ocurrió con el hotel Las Dunas, sostiene la denuncia. "Los Kirchner lograron un acuerdo por 395.006 dólares, un nuevo contrato por 759.000 dólares, un reconocimiento de deuda de 128.877 dólares. Y en el medio del revoleo se quedaron con 395.006 dólares a pesar de la medida judicial que lo prohibía".

Ahora el fiscal busca determinar si estas acciones "no advertidas ni informadas por los dos veedores de la AFIP, se enmarcarían “dentro del plan de encubrimiento para lograr la impunidad de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y su entorno, que es investigado en la presente causa", Stornelli impulsó una serie de medidas y espera información de la AFIP.

Lucía Salinas

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