Lunes, 02 Mayo 2022 12:38

El poder de la caja: por qué Cristina Kirchner quiere echar a Martín Guzmán - Por Alcadio Oña

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Busca tomar el control de las decisiones económicas, lo cual es igual a manejar resortes clave que tocan intereses y a administrar recursos clave que avanzan sobre la política. La Provincia está en el centro del operativo 

Si la medida de las cosas pasa por los recursos del gobierno nacional que le tocan a Buenos Aires, ni Axel Kicillof ni Andrés Larroque tienen motivos para andar rezongando. Peso sobre peso, una montaña de pesos, la Provincia recibe más y bastante más que cualquier otra de las 23 jurisdicciones restantes, según datos de fuentes oficiales. 

Para empezar, la distribución presupuestaria nacional de 2022 le asigna un 20% del paquete total, esto es, $ 2,2 billones de los cuales Kicillof ya gastó $ 829.000 millones en menos de cuatro meses. Incomparable, se lo mire como se lo mire: los números de Córdoba anotan apenas 4% y $147.000 millones, respectivamente; y los de Santa Fe, 3,7% y $ 141.000 millones. O sea, no llegan ni a la quinta parte.

Ya en zona de Larroque, el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad y secretario general de La Cámpora se advierte la misma, desigual fórmula ahora en el reparto de los fondos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Los datos que pueden encontrarse en el sitio del Ministerio de Economía señalan 20% para Buenos Aires, contra 4% de Córdoba, 3,7% para Santa Fe y 2% a Tucumán.

Aquí estamos hablando, sobre todo, del Plan Potenciar Trabajo y de las políticas alimentarias que despliega el gobierno central. También, de una partida de $ 113.700 millones destinada a Buenos Aires que seguramente pronto será ampliada, pues el 62% de esa plata ya se usó. Sólo para seguir con la zaga, el cupo que corresponde a Córdoba dice $ 11.600 millones y $ 10.500 millones el de Santa Fe.

El programa Potenciar Trabajo beneficia ya a 1,3 millones de personas y la Tarjeta Alimentaria, a 2,5 millones. Obviamente, la enorme mayoría son habitantes del Conurbano bonaerense.

Último dato de la serie, los recursos nacionales que administra el Ministerio de Obras Públicas cuentan: Buenos Aires, 102.000 millones de pesos; CABA, 27.000 millones y Córdoba, 22.600 millones. Mandan en este capítulo y en el destino de la plata las rutas y caminos a cargo de Vialidad Nacional y emprendimientos vinculados a transporte y saneamiento.

Nada surge de las listas que discrimine a la Provincia, sino todo lo contrario. Ni que pueda aclarar, tampoco, a qué se refiere Larroque cuando afirma que “la verdadera política de desarrollo social se hace en el Ministerio de Economía”, aunque cae de maduro que alude al imparable deterioro del cuadro social.

Claro que si de eso se trata no son precisamente encomiables los indicadores que saltan a la vista en el área de influencia del dirigente de la Cámpora. En los partidos del GBA viven 5,3 millones de pobres y, entre ellos, 1,3 millones de indigentes. Puesto en números de todo el país, el 49 y el 55,6% respectivamente.

Resulta demasiado obvio a esta altura de la película que Larroque es Cristina Kirchner y es Máximo Kirchner y que el método, gastado por el uso, consiste acá en sacarse responsabilidades de encima y transferírselas a Martín Guzmán, primero, y a Alberto Fernández finalmente. Si se prefiere, en no hacerse cargo de nada y seguir adelante con su propio juego sin que importen las consecuencias ni quienes las paguen y gambeteando, además, que Guzmán desembarcó en Economía avalado por Cristina.

Llegado el punto, Larroque se esmera en su papel de vocero. Dice: “No puede pasar que el jefe de la coalición sea el ministro de Economía. No puede ser que la coalición sea rehén de alguien que no tiene representatividad”. ¿Habrá pensado alguna vez Guzmán que iba a ser todo esto? O sea, hasta el jefe del Frente de Todos: parece un chiste.

Más de lo mismo, solo que bien concreta y con cierto sabor a final abierto es la disputa por las tarifas del gas y la electricidad. La libran desde hace meses el cristinismo duro, que activa en despachos del sector energético y rechaza cualquier aumento, y el propio Guzmán, que comprometió una baja de los subsidios en el acuerdo con el Fondo Monetario.

¿Existe alguna posibilidad de que la suba sea trabada en la Justicia, como agitan los también militantes de La Cámpora?, es una duda que flota en el ambiente.

A propósito: entre enero y marzo, el costo fiscal de los subsidios energéticos escaló a $ 305.000 millones, un 90% real, descontada la inflación, por encima del mismo período del año pasado. Equivalen a US$ 2.655 millones al dólar oficial.

Es un congelamiento o cuasi congelamiento que el neo kirchnerismo aplica sin pausa como si fuese un instrumento anti inflacionario, aunque beneficia a los sectores de mayores ingresos, sale carísimo y no frena nada. Eso sí, levantarlo equivale a tocar las tarifas de Buenos Aires y a un impacto digamos político proporcional a la cantidad de usuarios que hay en la Provincia.

Pregunta a un economista que conoce el paño de sobra: ¿Por qué Cristina está empeñada en echar a Guzmán? ¿Sólo porque le parece un neoliberal o porque no acierta ni una o por la trama de cuestiones que orbitan alrededor de Guzmán?

Respuesta: “Algo de eso hay, pero hay muchísimo más que eso. Quiere tomar el control de las decisiones económicas y el manejo de la caja del Estado. Esto es, operar sobre intereses concretos y sobre ese combo que se llama plata igual a poder, o sea, un instrumento clave que ella aprendió a explotar gracias a Néstor, que lo explotó como nadie desde los tiempos de Santa Cruz”.

Sigue: “Manejar la caja, así sea una caja enflaquecida o sobre todo tratándose de una caja enflaquecida, significa intervenir en el reparto de recursos escasos. Por ejemplo, a quienes más y a quienes menos o directamente nada. Es como dividir a gremios, partidos políticos, gobernadores, intendentes y organizaciones sociales entre aliados, enemigos o ni fu ni fa. Y con todo puesto arriba de la mesa, definir estrategias electorales”.

Este sistema de premios y castigos vale más, si se quiere, cuando los recursos fiscales son auditados por el FMI y dando por hecho, claro está, que no se va a romper con el Fondo ni, de seguido, a cargar con los costos políticos del default. El voto K contra el acuerdo en el Congreso sonó a jueguito para la tribuna, y encima gratuito.

¿Y quién sería el reemplazante de Guzmán que elegiría Cristina Kirchner?, pregunta Clarín.

Respuesta: “Notoriamente, no le sobran candidatos ni gente inclinada a meterse en semejante lío. Pero está a tiro Kicillof o alguien cercano a Kicillof o compañeros de ruta de Kicillof”. Podría incluirse también a Sergio Massa, siempre bien dispuesto y siempre a cambio de dosis de poder considerables y funcionales a los emprendimientos más diversos.

En cualquier hipótesis, dentro del cristinismo luce remachada la decisión de montar un aparato político fuerte y grande en Buenos Aires, consolidarse en la Provincia y sacarle rédito político a un territorio que define elecciones y concentra el grueso del electorado de la vicepresidenta. Mucho mejor, óptimo, si la plata del Estado acompaña el operativo.

De eso trata, justamente, una cuenta a la que llegan especialistas acostumbrados a husmear en el mundo de la Secretaria de Hacienda. Su denominación de entrecasa ya anticipa de qué va: son las llamadas transferencias discrecionales, esto es, fondos que el poder central administra tal cual indica su nombre y que surgen de subestimar los ingresos del Estado.

En números redondos, el filón representó el año pasado $ 440.000 millones, de los cuales $ 170.000 millones o el 38% terminaron en la caja de la Provincia. Allí aparece una buena explicación para la ofensiva de Cristina sobre los dominios de Fernández y de su ministro de Economía.

Igual de fuerte, otra explicación brota del acuerdo con el FMI. Está en el compromiso de apretar al mango las transferencias discrecionales a provincias y a empresas públicas y en quien debe ejecutarlo: naturalmente, Martín Guzmán.

Alcadio Oña

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