El programa Precios Cuidados modelo Axel Kicillof 2014 agoniza y va camino de desaparecer definitivamente. Hoy apenas el 2,67% de los 320 mil precios relevados por el INDEC están dentro de ese sistema, contra el 13% que había en octubre del año pasado. Es, además, el porcentaje más bajo en 25 meses. 

Así ha quedado reducido a la nada misma el modelo que, en origen, iba a servir de guía para los precios más sensibles y representativos de la economía. Ninguna guía sino todo lo contrario es lo que muestran algunos resultados de estos días, como una inflación al 88% anual, viva y coleando a unas alturas que no frecuentaba desde noviembre de 1991, o sea, hace 32 años.

Y aun cuando nadie en el gobierno anuncie formalmente el fin del ensayo, resulta inevitable asociar la historia del Precios Cuidados con el porvenir de su hermano menor, el Precios Justos. Vale, de seguido, plantear dudas sobre que el nuevo, no tan nuevo esquema de controles logre al menos contornear la inercia y la indexación que empujan el incontenible proceso inflacionario.

De la magnitud de la tarea por delante trata, justamente, la escalada que describen varios datos del actual ciclo kirchnerista y la velocidad a la que corren. Medida según los índices de los diez primeros meses de cada año, la cuenta arroja 26,9% en el inicial 2020; 41,8% en 2021 y 76,6% en 2022.

Hay allí un salto de casi 50 puntos porcentuales entre el punto de arranque y la tercera etapa del recorrido, y una diferencia que le pasa raspando al muy macrista 53,8% anual de 2019.

Otros números de la misma cosecha también ponen entre paréntesis el objetivo implícito del plan aguantar de Sergio Massa. Consiste en clavar rápidamente el índice en las cercanías del 4%, acoplándolo a los aumentos del 4% que regirán para los precios que queden afuera del congelamiento por 120 días.

La referencia es ahora una serie que va de febrero a octubre de este año. Ahí la estadística canta arriba del 4% mensual en toda la línea, nunca menos del 5% y, si se prefiere, sobre nueve meses anota cinco con registros mayores al 6 o al 7%.

Los datos tienen siempre el peso objetivo de los datos y, aunque fatiguen, suelen explicar las cosas mejor que las palabras y mucho mejor que unos cuantos relatos encima gastados por el uso.

Dicho esto, lo que sigue son obviamente datos y, a la vez, un par de muestras sobre el nivel al que ha descendido la situación socioeconómica de los sectores vulnerables y de las capas medias y medio bajas.

La primera de ellas plantea que en octubre, en un solo mes, el costo de la canasta básica alimentaria para una familia tipo aumentó 9,5% y acumuló nada menos que 100% desde octubre de 2021. Estamos hablando de bienes recontra esenciales y de personas que viven en la indigencia u orillan la indigencia.

El dato siguiente se refiere al encarecimiento de la llamada canasta básica total, o sea, de aquella que define la línea de pobreza y que además de alimentos incluye, entre otras cosas, al transporte, la educación y la salud. Sin nada que ni por error figure en la categoría de suntuario, el índice señala 9% para octubre y 93% anual, esto es, más de lo mismo y a gran escala.

Por si hace falta aclararlo, no hay ingreso en ese universo de consumidores que se haya duplicado o que pueda competir, ni siquiera mínimamente, contra semejantes sablazos al costo de vida. Al contrario, todos orbitan por fuera de las paritarias, son del tipo desprotegido e inestable y pierden por goleada frente a la inflación que sea.

El telón de fondo que cierra el capítulo marca 10,6 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, incluidas 2,6 millones en la indigencia. Los números reflejan el cuadro de situación del primer semestre en los grandes aglomerados urbanos y dan para deducir, luego, que en una versión ampliada y actualizada los pobres pueden llegar a los 17 millones que estiman algunos analistas.

Con la súper inflación dominando la escena y a la cabeza de cualquier encuesta de preocupaciones, queda claro que los datos le ponen un sello fuerte a las chances electorales del oficialismo. Esto es, al gobierno que hace casi tres años comandan Alberto Fernández y Cristina Kirchner y a quienes, como ellos mismos, tienen un altísimo grado de responsabilidad en lo que hay y en lo que viene.

De paso, un dato tomado de las planillas del INDEC revela que en los partidos del Gran Buenos Aires la pobreza alcanza al 42% de los habitantes, esto es, arriba de 5 millones de personas. Tercero en una lista de 32, es el lugar donde gobierna Kicillof y en el que Cristina concentra su capital político y juega gran parte de su porvenir político.

Hasta aquí, nada parecido a un mar calmo. Tampoco, a partir de aquí.

Un caso fuerte e insostenible es la enorme montaña de plata que se va en intereses de la deuda pública en pesos. Como el ajuste por inflación o por dólar oficial o por la mejor de ambas alternativas es la cláusula que manda en los bonos, la consecuencia es que un índice de precios del 100% remacha que un año la deuda se duplica. Sea del Tesoro Nacional o del Banco Central.

En números de especialistas, los vencimientos que caen durante 2023 y antes de las presidenciales de octubre promedian poco más de un billón de pesos por mes, es decir, alrededor de 10 billones en el año.

Todo, en un mercado donde el costo del financiamiento y los plazos de pago cada vez más cortos expresan incertidumbre y desconfianza juntas. Si se quiere, el temor a algún volantazo alimentado por antecedentes de todos los tipos.

Tenemos, para el mismo boletín, que en el programa Precios Justos flota una luz amarilla que puede hacer crujir los acuerdos antiinflacionarios y otras estanterías sostenidas con alambres. Se encendería en caso de que el Central no pueda cumplir con la garantía de venderles dólares para importaciones, al tipo de cambio oficial, a todas las empresas que entren al pacto. Regateo con las pymes habrá seguro, si no directamente descarte.

A propósito de expectativas alentadas desde despachos oficiales, está claro que el trajinado swap de China es un préstamo, un asiento contable en realidad, atado la compra de bienes provenientes de ese país y no un paquete de dólares contantes, sonantes y a tiro de otros compromisos. De hecho, en el activo del BCRA duerme una parva de yuanes equivalente a alrededor de US$ 19.600 millones, algunos o unos cuantos cajoneados desde cuando Martín Redrado presidía la entidad y se concretó la primera operación, durante la crisis financiera internacional de 2009.

Luce inevitable, entonces, manejarse con lo que hay mientras llegan las divisas que anuncia el ministro de Economía desde el exterior. Y lo que hay, según informan fuentes con acceso al Central, son reservas netas, digamos más o menos disponibles, que oscilan entre US$ 2.800 y US$ 3.200 millones, que es como decir unos quince días de importaciones.

Hay, también, una lista de pagos en dólares que vencen durante el verano y que puede pintar de rojo a los verdes del BCRA. Un horizonte además apretado por la sequía que le pegará a las exportaciones agropecuarias.

Es cierto que tres meses y medio representan poco tiempo para evaluar la performance de un ministro, sobre todo si recibe un verdadero desbarajuste económico. Pero Massa sabía qué le esperaba y, ambicioso y precavido como se lo considera, podría haberse armado al menos de algo parecido a un mini plan.

El caso es que no lo tuvo ni lo tiene y que va peleando con la realidad, a los apurones y encima perdiendo. Luego, el efecto Massa que entusiasmó a unos cuantos parece camino de agotarse y, en simultáneo, plantear la necesidad de apelar a algo más que abrazarse al FMI para levantar las expectativas.

Obviamente, la interna infinita y los intentos de desmarcarse que repiquetean en la cúpula del poder son lo más parecidos a un salvavidas de plomo.

Alcadio Oña