Jorge Enríquez

 

 

Desde hace un tiempo el oficialismo viene meneando la suspensión de las PASO. La pandemia, que le sirve al gobierno nacional para justificar cualquier cosa, es la excusa ideal. Se argumenta el riesgo sanitario de aglomerar personas y también el costo económico. Este último motivo fue expuesto recientemente por Sergio Massa, quien planteó una supuesta dicotomía entre boletas y vacunas. A mayor impresión de boletas, habría menos recursos para adquirir vacunas.

 

El retorno a la presencialidad debe estar acompañado por un estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios

 

 

Al igual que en la economía, la respuesta del gobierno nacional a los desafíos de la pandemia en el ámbito educativo fue la más simple y brutal: cerrar completamente las escuelas. Ahora, el tibio e impreciso anuncio del ministro de Educación de un eventual retorno a la presencialidad recibió el contundente rechazo de los gremios docentes.

 

 

El 9 de diciembre pasado, la señora de Kirchner publicó una nueva epístola, cuyo propósito principal fue vituperar a los jueces de la Corte Suprema. La repercusión que tuvo tal vez fuera exagerada, ya que no es la primera vez que la vicepresidente de la Nación se expide contra la independencia del Poder Judicial, que de eso se trata este texto, aunque no termine de decirlo de forma explícita.

 

 

El Dondagate se podría considerar un episodio de poca monta si se lo compara con los grandes hechos de corrupción del kirchnerismo, fuerza política a la que Victoria Donda antes se oponía con el mismo ímpetu con que ahora lo defiende. Pero, pese a la diferencia de escala, que debe mirar con olímpico desprecio un Julio De Vido, resulta sintomático de una forma de concebir el poder, el Estado, la función pública y el imperio de la ley.

 

 


Ese rol secundario del Presidente, tan dañino para la institucionalidad, ya no es un secreto para nadie. Cristina no tiene reparos en fijar la agenda económica y en insistir en sus diatribas contra la independencia judicial.

 

 

El gobierno nacional ha lanzado una campaña publicitaria, que se difunde con agobiadora frecuencia en todos los medios, en la que se presenta como el adalid de la reconstrucción argentina. Si un turista desavisado llega a nuestro país y escucha esa narración que realiza con su voz fatigada el presidente Alberto Fernández, puede pensar que en la Argentina se está produciendo uno de esos milagros de renacimiento desde las cenizas que la historia a veces registra, como los de Alemania, Japón e Italia luego de la Segunda Guerra Mundial.

 

 

 

La decisión de Alberto Fernández primero, y de la mayoría kirchnerista en el Congreso después, de quitarle fondos de la coparticipación a la Ciudad es inconstitucional

 

 

Hace algunos días la agrupación oficialista Agenda Argentina organizó un pseudo debate (ya que no hay verdadero debate entre quienes piensan lo mismo) sobre “los discursos del odio”, en el que participaron diversos funcionarios públicos e intelectuales de ese sector ideológico.


 

Mediante el Decreto 735/2020, el Presidente le sustrajo de manera inconstitucional recursos a la Ciudad de Buenos Aires para solucionar un conflicto policial de la provincia de Buenos Aires. Así planteado, parece una broma, pero es la más pura verdad.

 

 

 

El diputado nacional Jorge Enríquez (Juntos por el Cambio) repudió la sorpresiva convocatoria del bloque oficialista a una sesión especial este lunes –último día de sesiones ordinarias– para debatir el proyecto que busca recortarle más fondos a la ciudad de Buenos Aires

 


Los kirchneristas, que son nuevos ricos, detestan la riqueza de los otros. Por eso, el heredero Máximo y el banquero sensible Carlos Heller presentaron un proyecto de creación de un impuesto a la riqueza. 

 

Hace aproximadamente un mes que los argentinos estamos esperando un fallo de la Corte sobre la cuestión de los traslados de tres jueces, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

 

 

 

Los argentinos estamos viviendo un tiempo de zozobra, de angustia, de hondo pesimismo. Son cada vez más los compatriotas que no vislumbran ningún horizonte en nuestro país y barajan la perspectiva de labrar su destino en otros. Las personas de cierta edad, afincadas pese a todo por sus vínculos familiares, laborales y sociales, lo piensan menos, pero entre los jóvenes crece a pasos agigantados la idea de dejar el país.

 

 

Si tan solo diera señales claras de respetarla, ya se habría despejado gran parte del camino

 

 

Desde hace un tiempo el kirchnerismo tomó como uno de sus tantos enemigos a la meritocracia. En su rápido despojo de las máscaras que lo disfrazaron con propósitos electorales como moderado, Alberto Fernández se sumó en los últimos días a esa campaña.

 

 

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a sus pares a un acuerdo extraordinario que se celebrará el martes 29 de septiembre para tratar el recurso de per saltum interpuesto por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli con relación al desplazamiento que sufrieron de los tribunales en que actúan.

 

 

Fomentar o tolerar la violación de derechos es no solo dejar de lado la Constitución, sino aniquilar la convivencia pacífica entre los argentinos y sepultar cualquier esperanza de desarrollo con equidad

 

Como una de las piezas del plan de impunidad diseñado por Cristina Kirchner, el oficialismo salió a atacar al procurador general de la Nación, Eduardo Casal.

 

 

En medio de una crisis gravísima, que está empujando a la pobreza a la mitad de la población, el gobierno nacional se embarca en una reforma judicial inoportuna, inconsulta, improvisada y sectaria, que no responde a las necesidades sociales sino tan solo a la enfermiza obsesión del oficialismo por utilizar la pandemia como excusa para incrementar su poder.

 

 

El kirchnerismo se ha lanzado a copar la Corte Suprema. Ese es el propósito evidente de la "reforma judicial", eufemismo para designar una operación que no puede engañar a nadie que haya vivido en la Argentina durante las últimas décadas.

 

 

Una rápida lectura del proyecto permite realizar serias objeciones constitucionales, además de ocultar la finalidad cuyos redactores no se animan a explicitar

 

 

Desde el inicio de la pandemia, los legisladores de Juntos por el Cambio hemos presentado muchos proyectos de ley tendientes a paliar la grave situación económica que las cuarentenas están provocando en las familias y en las empresas. Además de esas iniciativas, advertimos que la paralización general de la actividad nos llevaba al abismo y que era necesario conciliar las necesidades sanitarias con las económicas.

 

 

 

La impunidad sigue interpelando la conciencia de los argentinos.

 

 

En las últimas semanas el oficialismo se ha dedicado a calificar a sus críticos como “odiadores”, “odiadores seriales” y otras expresiones semejantes. Para el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y otros altos funcionarios, como el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, no se explica la oposición al gobierno nacional sino desde el odio.

 

 

Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras: los astros y los hombres vuelven cíclicamente (Jorge Luis Borges, La noche cíclica). El kirchnerismo es el de siempre.

 

Como buen populista, el cuarto gobierno kirchnerista, ahora con Alberto Fernández como presidente, tiene que construir un enemigo feo, malo y sucio, frente al que todas sus acciones adquieren legitimidad. La división es clara: se está del lado del bien, es decir con el gobierno, o del lado del mal.

 

 

Nadie ignora que estamos atravesando una situación de enorme complejidad. Es lo que le sucede, en mayor o menor grado, a todos los países del mundo. Pero en la Argentina la pandemia cayó sobre otra pandemia preexistente, que tiene raíces muy antiguas, pero que el kirchnerismo profundizó: debilidad institucional, corrupción, falta de seguridad jurídica y una cultura populista que nos llevó a no desarrollarnos, tener alta inflación y no crear empleo genuino.

 

 

Una vez más un gobierno peronista intenta manipular a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que sea un apéndice del Poder Ejecutivo.

 

 

Una de las principales atribuciones del Congreso es la aprobación del presupuesto. Tan importante ha sido considerada siempre que es habitual referirse a la ley de presupuesto como la ley de leyes. Y así debería ser en una república robusta, ya que se trata de una norma que, al formular una estimación de los recursos públicos de que dispondrá el Estado y ordenar la asignación de los gastos, tiene un carácter fundamentalmente político.

 

 

La pandemia del coronavirus enfrenta al mundo a un escenario inédito. Hubo muchas otras pestes, desde luego, y algunas de un poder letal muy superior a la que nos afecta ahora.

 

 

Se trata de un impuesto que produce fuertes desincentivos a la inversión. Literalmente, espanta a los capitales y sin ellos es muy difícil imaginar una recuperación cuando las arcas del Tesoro están anémicas y las personas están perdiendo sus trabajos.

 

 

El coronavirus Covid-19 está trayendo innumerables problemas. Por cierto, las muertes y las enfermedades son los más graves, que justifican medidas excepcionales como las severas restricciones a la libertad ambulatoria que padecemos. Pero hay otros inconvenientes menos visibles.

 

 

El gobierno nacional comenzó subestimando la gravedad de la pandemia. Con absoluta irresponsabilidad, el ministro de Salud, Ginés González García, sostenía en febrero que el coronavirus no llegaría a la Argentina. Cuando era evidente que el pronóstico del principal responsable de las políticas sanitarias de nuestro país estaba sepultado por la realidad, el presidente Alberto Fernández, sensatamente, advirtió que debía hacer algo.

 

 

Un grupo de senadoras kirchneristas presentó un proyecto destinado a intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. El objetivo es claro: sustituir a los actuales jueces por otros que sean militantes kirchneristas para que, vía la anulación de todas las causas sustanciadas en los últimos cuatro años por la justicia jujeña, logren la absolución de Milagro Sala en las diversas actuaciones judiciales en las que está siendo procesada.

 

 

El proyecto del Poder Ejecutivo de reforma al régimen jubilatorio de los magistrados judiciales no debería ser aprobado tal cual fue remitido.

 

 

Se ha originado en estos días una fuerte polémica entre el Presidente de la República, su Jefe de Gabinete, otras altas autoridades nacionales, sectores sociales y algunos condenados por la justicia en torno a si hay o no presos políticos en nuestro país.

 

La tragedia de Villa Gesell ha conmovido profundamente a la sociedad argentina. En los últimos días, los canales de noticias casi se dedican en exclusividad a este tema. Abundan las explicaciones y se adjudican con gran velocidad culpabilidades.

 

La coparticipación que recibe la Ciudad es injusta e inequitativa, pero en su perjuicio. Todo lo contrario, a lo que considera el gobierno nacional.

 

En la Argentina, la excepción es la regla. Una nueva ley de emergencia acaba de ser sancionada, en el mes de diciembre pasado por el Congreso de la Nación. Una ley que contiene en verdad varias emergencias. Hasta de emergencia fue su trámite, que pese a la importancia de la norma que se consideraba, pasó con la velocidad del rayo por ambas cámaras, sin la posibilidad de que los legisladores la pudieran discutir con seriedad.

 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de su discurso de asunción en diciembre pasado, en el que les pidió a sus funcionarios que fueran militantes, designó a dos funcionarios procesados: el ministro de Salud, Daniel Gollán, y el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Girard.

 

Se cumple este viernes el primer mes del mandato presidencial de Alberto Fernández. Un lapso corto como para extraer conclusiones categóricas sobre su gobierno, pero que permite señalar algunas características preliminares.

 

“Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras: los astros y los hombres vuelven cíclicamente”.

 

 

El discurso del presidente Fernández planteó en su inicio la necesidad de superar las grietas entre los argentinos y de apuntar a una unidad sin uniformidad, en lo que no puedo estar más de acuerdo.

 

 

Uno de los grandes males de la Argentina ha sido la dificultad para concederle legitimidad al adversario. En particular, este defecto se intensifica en los gobiernos populistas. Como se consideran a sí mismos la encarnación del pueblo, la patria o la Nación, es natural que estimen que quienes se les oponen son el antipueblo, apátridas, cipayos, para usar solo algunos de los calificativos con que suelen denostarlos.

 

 

¿Es admisible que un político condenado por delitos de corrupción sea candidato a un cargo electivo? Para cualquier persona con sentido común esa idea sería absurda. Sin embargo, actualmente nuestras leyes tienen una laguna en este aspecto y los tribunales carecen, por lo tanto, de referencias claras para fallar.

 

 

En medio de una América Latina convulsionada -en la que la Argentina, pese a sus dificultades económicas, atraviesa afortunadamente una transición pacífica y encarrilada por las vías institucionales-, los sucesos de Bolivia son muy preocupantes.

 

 

Aún con un formato que los transforma más en una serie de exposiciones individuales que en un intercambio de ideas y propuestas, los debates presidenciales han revelado que son útiles para la ciudadanía.

 

 

En su filosofía esencialmente liberal, la Constitución Nacional previó en su artículo 18 una serie de garantías que pertenecen a todos los habitantes de la Nación. Entre ellas aparece una que se relaciona directamente con los procesos que se siguen contra ellos: "Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo.".

 

 

El kirchnerismo apostó a una imagen moderada para sumar muchos votos en las primarias. Escondió a su jefa política y nos presentó a un Alberto Fernández que rechaza las posiciones extremas. El relato exigía algunos retoques a la verdad histórica, pero como no se trataba de un líder político que la mayoría de la sociedad tuviera presente, pudo pasar como un dirigente nuevo, destinado a refrescar la política.

 

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