Tarifas de energía y Emergencia Económica: ¿hay riesgo de que vuelvan los cortes frecuentes? - Por Sergio Serrichio

25 Diciembre 2019 Author :  

El congelamiento de los costos de gas y electricidad auguran un aumento de los subsidios, que neutralizarían así parte del paquete fiscal. Además, se tornan inciertas la exploración y producción de hidrocarburos

 El congelamiento de los precios del gas y la electricidad hasta el 30 de junio de 2020 es uno de los puntos clave del proyecto del proyecto ómnibus de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva” que el Gobierno logró aprobar en el Congreso y promulgar.

La medida diluirá –al ritmo de los aumentos de precios y salarios, que Economía busca ralentizar– la incidencia de las facturas de servicios en el presupuesto familiar, pero tiene como contraindicación un probable deterioro de la balanza comercial energética, un nuevo aumento de los subsidios, que neutralizaría al menos parte del paquete fiscal, y de última, si altera el programa de inversiones de las empresas productoras de energía y de las prestadoras de servicios, podría llevar a afectar la calidad del servicio, medida en frecuencia y duración de los cortes, en particular de electricidad.

En 2001, sobre el final de la convertibilidad, la suma de las facturas de luz y gas de una familia tipo equivalía al 5% del salario de un trabajador formal, precisa el economista especializado en temas energéticos Alejandro Einstoss Tinto, docente de la UBA y miembro del Instituto Argentino de Energía General Mosconi. En 2015, esa relación había caído a 0,5%; los servicios eran prácticamente regalados. A principios de agosto 2019, antes de las PASO, la relación había vuelto al 5 por ciento.

De ese modo, la incidencia de los servicios de gas y electricidad se había decuplicado en menos de cuatro años, por la fuerte recomposición de precios y tarifas impulsada por el exministro de Energía, Juan José Aranguren y continuada hasta agosto de 2019.

El promedio esconde, además, fuertes disparidades. Para los deciles inferiores de la distribución del ingreso de la población, el peso de los servicios superó –en algunos casos, largamente– el 10%, umbral del “pobre energético”.

En diciembre 2015 las tarifas de la energía eléctrica cubrían 14% de su costo. La política de Macri llevó esa cobertura hasta un máximo de 81% en febrero 2019. Esa relación cerró la gestión macrista en 48%.
En diciembre 2015 las tarifas de la energía eléctrica cubrían 14% de su costo. La política de Macri llevó esa cobertura hasta un máximo de 81% en febrero 2019. Esa relación cerró la gestión macrista en 48%.

 



A un alto costo macroeconómico (la creciente tasa de inflación) y político (la derrota electoral de 2019) la política energética del macrismo logró reducir las fuertes brechas entre el costo y el precio de la energía.

En el caso de la electricidad, la tarifa promedio que pagaba el usuario pasó de cubrir apenas el 14% del costo en diciembre de 2015 a 81% en febrero de 2019, para volver a descender desde entonces hasta 52% a fines de 2019, según un trabajo de Einstoss Tinto publicado en el último número de la revista “Proyecto Energético”, del IAE General Mosconi. El resto eran subsidios, de cada vez mas alto costo fiscal.

En el caso del gas natural residencial, donde el sendero de aumentos fue más empinado, la cobertura de la tarifa del costo total pasó de 14% en diciembre 2015 a 96% en julio pasado, y cayó fuertemente desde entonces, para terminar 2019 en 53%, con un 47% de brecha a cubrir con subsidios o deterioro de la ecuación empresaria.

En diciembre 2015 las tarifas de la energía eléctrica cubrían 14% de su costo. La política de Macri llevó esa cobertura hasta un máximo de 81% en febrero 2019. Esa relación cerró la gestión macrista en 48%.
En diciembre 2015 las tarifas de la energía eléctrica cubrían 14% de su costo. La política de Macri llevó esa cobertura hasta un máximo de 81% en febrero 2019. Esa relación cerró la gestión macrista en 48%.

 

 

La emergencia para el sector implica la intervención de hecho del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que habían sido integrados por concurso en 2017 y volverán a ser conducidos, al menos hasta el 30 de junio de 2020, por funcionarios designados por el Ejecutivo.

Retenciones

Adicionalmente, tras haber volteado con el decreto 37 (el mismo que aumentó las retenciones al sector agroexportador) el tope de $4 de retención por dólar a la exportación de hidrocarburos y llevado la alícuota a 12%, el Gobierno retrocedió uno de los dos pasos que había dado y en la sanción que salió de diputados fijó esa retención en 8%, un aumento de 27% respecto de la que regía hasta el 13 de diciembre, pero una rebaja de un tercio respecto del 12% al que la habían llevado con el decreto.

Además, dijo a Infobae Gustavo Menna, diputado radical por Chubut, que había impulsado junto a su par de Santa Cruz, Roxana Reyes, una declaración de repudio al efecto del decreto sobre las provincias petroleras, en la sanción que salió de Diputados se incluyó la disposición para que las regalías se calculen directamente sobre el valor en boca de pozo (sin el descuento por regalías).

De este modo, señaló el legislador, se minimizaría la detracción fiscal de la Nación a los ingresos por regalías de las provincias nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi).

Esa prevención, sin embargo, no pasó el filtro presidencial, ya que el decreto de promulgación de la ley dice: “Obsérvase en el artículo 52 del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.541 la frase que dice ‘En ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor Boca de Pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras”. Por el momento, es el único veto de Fernández a la ley.

Es decir, el pago de regalías a las provincias se hará con el valor que surge después del recuento de retenciones. Habrá que ver si esta vez, como cuando Macri tomaba medidas que afectaban sus ingresos, los gobiernos provinciales se quejan o recurren a la Justicia.

Además, la Ley de Emergencia devolvió a la competencia nacional las distribuidoras Edenor y Edesur, que el gobierno de Macri había decidido transferir a Buenos Aires y a CABA.

Anticipan una política racional

Por ahora, ni en YPF, la empresa líder en exploración, producción y distribución de hidrocarburos, ni en la Secretaría de Energía se explayaron sobre la política energética en la nueva era. El presidente de la petrolera estatal, Guillermo Nielsen, y el secretario de Energía, Sergio Lanziani, asistieron a un encuentro en la Casa Blanca, pero fue más un gesto de Alberto Fernández hacia el gobierno de Donald Trump -luego de una gestión del propio presidente. a pedido de Washington, ante Nicolás Maduro- que una señal de política energética. En todo caso, indica una intención de no desairar al país de origen de algunas de las empresas más importantes para el desarrollo de Vaca Muerta.

Uno de los expertos afines al nuevo gobierno y candidato a retomar responsabilidades en los entes de control del sector, señaló -insistió en aclarar que lo hacía “a título personal”, pero en sintonía con las ideas oficiales- que durante y después del congelamiento habrá una política energética “racional”.

“La política tarifaria del gobierno de Macri fue una desmesura de gran impacto macroeconómico”, resumió. Lo que se buscará ahora es “un nuevo acuerdo con los actores del sector, que sea viable, sobre el precio del gas natural en boca de pozo”, un precio sobre el que reposa el sistema energético, en tanto afecta la factura del gas para las familias, el comercio y la industria y para la generación térmica, que a su vez impacta en el costo de la electricidad para todo tipo de usuarios.

Además, señaló la fuente, a menos que el Gobierno cometa errores, la Argentina tiene la “oportunidad histórica” de convertirse en exportadora de petróleo. Para eso hay que ubicar "una franja, que existe, de precios que se puedan pagar, segmentando por rubros de consumo, que permitan la rentabilidad empresaria” y que las empresas “traigan la inversión necesaria”.

“El congelamiento es transitorio -agregó el casi seguro futuro funcionario energético- lo que se buscará es bajar los precios reales (descontada la inflación), pesificar sectores a proteger y el resto, que siga como ahora; es la llave para invertir y exportar petróleo, que no requiere tanta inversión de infraestructura como el gas".

La referencia central que tomará el Gobierno es el precio del gas en boca de pozo de YPF que le informe la nueva conducción, encabezada por Guillermo Nielsen. El sendero que había postulado inicialmente Aranguren era exagerado, dijo la fuente.

De hecho, coincidió Einstoss Tinto, el precio marginal que se había tomado como referencia y hacia el cual se apuntó inicialmente, era el del Gas Natural Licuado (GNL) importado vía buques metaneros en invierno, de USD 7,5 el millón de BTU, el más alto de todos.

El congelamiento deja ese precio en el valor al que rigió desde agosto pasado, de USD 4,5 el millón de BTU. Pero ese precio en dólares se había fijado cuando el dólar valía cuarenta pesos, lo que equivale hoy a USD 2,85 el millón de BTU teniendo en cuenta el dólar “oficial” ó USD 2,20 si a esa cotización se le suma el impuesto del 30% para el dólar "ahorro”. “tarjeta” o "turista”. Un valor que hasta la fuente más crítica de la política energética del macrismo considera cercano a lo razonable.

Fernando Navajas, economista de FIEL que sigue de cerca la cuestión energética, coincide en que la falta de coordinación entre la política de precios de los hidrocarburos y tarifaria iniciada por Juan José Aranguren y la política macroeconómica fue un problema de origen que el gobierno de Macri no logró resolver. Lo había advertido incluso antes de la asunción del presidende en 2015, por un intercambio que tuvo con Aranguren en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) en noviembre de de ese año.

El tema coordinación, dice, es algo a pensar y resolver dentro de los próximos 180 días. Pero ahora -señaló- “el riesgo es caer en la trampa del congelamiento”.

“Que empieces con una política de ingresos de tarifas quietas y se llame a una revisión tarifaria tiene lógica”, dijo Navajas a Infobae. El precio de la energía tiene varias partes: “Una de transporte y distribución; otra, de cómo entran los insumos (en la Argentina, básicamente gas y petróleo) en la producción. Y otra es la coordinación macro: si no se explicita un sendero viable se puede caer en la trampa de inconsistencia”.

La “trampa del congelamiento” sería que Alberto Fernández repita lo que a partir de 2003 hizo Néstor Kirchner y luego continuó Cristina Fernández de Kirchner: precios cuasifijos, cada vez más bajos en términos reales, que reeditarían tres efectos adversos; 1) costo fiscal, por el aumento de los subsidios, 2) desaliento a la inversión (y deterioro en las prestaciones del sistema); y 3) derroche de energía.

El momento más evidente del alto costo de esa política, precisa Einstos Tinto, fue 2014, cuando el déficit de la balanza energética coincidió casi perfectamente con el déficit comercial del país, y los subsidios energéticos explicaron prácticamente el 100% del déficit fiscal. Finalmente, la política energética se había engullido por sí sola los “superávits gemelos” que habían acompañado la mejor etapa -la inicial, hasta 2007- del kirchnerismo.

El paso de Edenor y Edesur a la órbita nacional, que algunos observadores temen que signifique que el interior vuelva a subsidiar el consumo de energía de porteños y conurbanitas, es en cambio celebrado por Navajas. “Volver a poner Edenor y Edesur bajo el control del ENRE es corregir un error catastrófico del gobierno de Macri. La tendencia no es separar empresas con diferentes reguladores. Fue una burrada hecha al calor del Pacto Fiscal, un equívoco regulatorio”, resumió el especialista.

Pero la corrección de ese error dependerá mucho de quiénes pongan al frente de los entes regulatorios, dijo Navajas. “Se pueden hacer las cosas bien; hay empresas a las que les gustaría una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI), y con esta ley se puede hacer”.

Un aspecto en el que coincidieron Einstoss Tinto y Navajas es la importancia de un buen diseño de contratos y mecanismos de subasta de combustible, para llegar a un precio “competitivo, de mercado”. Por caso, incluyendo entre los oferentes al gas de Bolivia.

Al respecto, una primera modificación que introduciría la Secretaría de Energía sería que Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) vuelva a centralizar la compra de combustibles para las centrales térmicas, una vuelta de tuerca sobre la decisión del exsecretario de Energía Javier Iguacel -sucesor de Aranguren, pero sin rango ministerial- que dispuso el mecanismo de subastas.

Para Emilio Apud, uno de los miembros del grupo de “Ex secretarios de Energía” y hasta el 13 de diciembre pasado integrante del directorio de YPF, la mayor duda de la política energética en ciernes es si realmente la “emergencia” se terminará a los 180 días.

“Venimos de reducir la compra de gas por buques metaneros de entre 80 y 90 por año a casi cero y el déficit de la balanza energética de casi 7.00 millones de dólares a casi cero”, señaló. “Pero si el Gobierno saca los incentivos a la producción, carga con retenciones a la exportación y quiere pesificar y desengancharse de los precios internacionales tendrá un efecto contrario al que busca, porque llevará a caída de la producción, aumento de las importaciones y de los subsidios y deterioro en la calidad del servicio”, advirtió.

Una política así añadió, “no es saludable a mediano plazo, pero si es sólo por 180 días, hasta pasar la crisis social, el sector tal vez lo pueda soportar; pero es muy peligroso y tentador bajar los precios artificialmente. Ya pasó con el kirchnerismo”.

La contrapartida de esa tentación, coinciden todos, sería un deterioro de la calidad del servicio, medida tanto en la frecuencia de los cortes al servicio eléctrico como en la duración total de los mismos. A partir de 2010, dice Einstoss Tinto, todos los indicadores de prestación del servicio “se volvieron insoportables”

Al respecto, un estudio elaborado por el ex secretario de Energía radical Jorge Lapeña muestra, para 43 semestres consecutivos auditados por el ENRE sobre la calidad de los servicios de Edenor y Edesur, que partiendo de un promedio de 5 horas de corte semestral por usuario en el inicio de la serie se llegó en 2014 a un promedio de 27 horas de corte semestral por usuario, cifra considerada inaceptable en un sistema eléctrico normal.

En los últimos cuatro años, precisa Lapeña, ese indicador -así como el de frecuencias de corte- mejoró notablemente, reduciéndose en 42% el tiempo total de interrupción por usuario, aunque -reconoce- “el valor actual es significativamente alto respecto a los vigentes hace 20 años”.

Precios socialmente tolerables, rentabilidad empresaria, subsidios acotados, saldo equilibrado o incluso favorable de la balanza comercial energética, inversiones suficientes para el desarrollo de Vaca Muerta y de una infraestructura que evite el retorno de cortes de servicio frecuentes y prolongados. He ahí el estrecho desfiladero por el que deberá transitar la política energética si el Gobierno no quiere repetir errores del pasado y evitar así el derroche de lo que no abunda o el querer remontar apresuradamente una cuesta demasiado empinada.


Sergio Serrichio

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