Los jueces creen que el Gobierno no busca caja, sino controlarlos - Por Hernán Cappiello

22 Febrero 2020 Author :  

El proyecto de ley que envió el Gobierno al Congreso para reducir las jubilaciones de los jueces divide aguas entre los magistrados.

 

Los más jóvenes creen que es justo que se reforme el régimen especial porque les parece que no hay equidad con el esquema general. Si bien hay un solo caso de los que cobran más de $700.000 por mes de jubilación, la mayoría está casi en $300.000 y entienden que podrían resignar algo en aras de los jubilados que ganan el haber mínimo. Entre ellos caló la idea de la solidaridad.

Pesa en ellos que la imagen de la Justicia entre la ciudadanía es la peor, a lo que se suma que la mayoría están eximidos de pagar el impuesto a las ganancias, si llegaron al cargo antes de 2017.

Sin adherir al Gobierno, estos jueces y fiscales que piensan en equidad entienden que es insostenible aferrarse al régimen actual.

Los jueces y camaristas más cerca de la jubilación o con el beneficio ya otorgado también están dispuestos a cambios, pero su límite es que la base de cálculo debe ser el 82% móvil del último salario o un prorrateo y no un promedio de ajuste incierto.

Entre ellos prima la idea de que lo que está en juego no es un problema de déficit de caja, sino un asunto más grave: el debilitamiento del Poder Judicial como una política de Estado.

Aun con sus bochornos, los Oyarbide, los fallos dudosos en casos de alto voltaje político y la propensión a ser "carpeteados" por los espías, un Poder Judicial fuerte implica un límite al Poder Ejecutivo y al Parlamento. Los jueces no deben gobernar, pero son el contrapeso para un Poder Ejecutivo fuerte. La función del Poder Judicial es poner límites a los demás poderes.

Esta definición fue clara en el kirchnerismo, por momentos. La Corte Suprema de Justicia le puso un freno al proceso de democratización de la Justicia que promovió Cristina Kirchner. Desde la primera instancia hasta la Corte, los jueces impidieron el avance de una reforma que iba a terminar por diluir su poder o dejarlo al capricho del poder político de turno.

Basta mirarse en el espejo de países de América Latina, con un Poder Judicial debilitado, donde los jueces deben revalidar sus méritos cada cinco años y sus salarios y jubilaciones están depreciados. Muchos son incapaces de convertirse en un dique ante el abuso de poder y acompañan la comparsa.

Presiones y recursos

En los poderes judiciales provinciales el riesgo es mayor. Los salarios están reducidos y los jueces de once provincias transfirieron sus cajas a la Anses nacional. Lo que para los jueces federales es su aporte a la caja especial, para los provinciales es su sueldo de bolsillo.

En las provincias donde las cajas no fueron transferidas a la Nación crecen las posibilidades de que un gobernador promueva una reforma previsional similar que alcance a sus jueces. Axel Kicillof no tiene los votos en la Legislatura para hacerlo, pero otros colegas suyos sí.

No es casual el proyecto que ingresó al Senado para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, en medio de la discusión sobre el caso Milagro Sala, agitada por el kirchnerismo.

Cuando se habla de que la reducción de las jubilaciones afecta la independencia, se interpreta que un Poder Judicial débil, aun económicamente, es más vulnerable a la presión política y la corrupción. Más aún que ahora.

Jueces y fiscales de Comodoro Py -no tanto los encumbrados y famosos, ni los dirigentes de las entidades que los agrupan, sino los que sufren de cerca la presión del poder- creen que detrás del argumento fiscal hay uno político que se conecta con otros dos: la posibilidad de generar vacantes, para cubrir con funcionarios más propensos a las ideas del Gobierno y el discurso oficial del lawfare, que descalifica las decisiones judiciales.

En esta lógica están en juego los casos de corrupción del kirchnerismo que aún tramitan en los tribunales. Un juez débil no respaldado no está en condiciones de juzgar al poder. Aunque se trate de una vicepresidenta.

Así las cosas, no se hace necesaria una reforma judicial para sanear la Justicia Federal. Las internas del Gobierno impiden que vea la luz un proyecto, pero con tantas vacantes por delante, el Gobierno puede moldear la Justicia a su medida.

Con el agravante de que hace poco más de un lustro la Corte Suprema de Justicia se erigió en la cabeza de la pelea de la Justicia contra el gobierno de Cristina Kirchner.

Hoy es otra la composición de la Corte y otra la mirada que tiene el alto tribunal ante el conflicto. Por un lado, no están alcanzados por la reforma jubilatoria. Sus jubilaciones no se tocan. Están excluidas del proyecto de ley del Gobierno. Por otro lado, cualquier cosa que hagan o digan los expone a tener que apartarse en caso de que se judicialice el reclamo de los jueces.

Pero esta limitación en el aspecto jurisdiccional, que involucra sus decisiones, no les impide ponerse por encima del caso judicial, y apelar a su rol específico como cabeza de uno de los poderes del Estado que pelea por no ceder y exhibir debilidad.

Hernán Cappiello

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