Viernes, 01 Julio 2022 11:09

Otro municipio K había contratado a los ex funcionarios de Mayra Mendoza investigados por desviar $ 535 millones - Por Lucía Salinas

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Sebastián Raspa, ex ladero de la intendente de Quilmes y administrador de cooperativas, recibió de Escobar 47 millones de pesos. 

Las cooperativas que recibieron 535 millones de pesos de la administración de Mayra Mendoza, y que están bajo investigación, por la metodología utilizada pero también por los vínculos de ex funcionarios y empresarios con esas organizaciones, también recibieron contratos de otro municipio K. Se trata de Escobar, donde Sebastián Raspa, ex funcionario de Quilmes, recibió cheques por más de 47 millones de pesos. La justicia investiga si esta metodología se utilizó en otros gobiernos locales. 

En base a informes de la AFIP -dos, de 18.000 páginas cada uno- y documentación que provino de la Unidad de Información Financiera (UIF), la justicia investiga un circuito de préstamos entre ex funcionarios del municipio de Quilmes, proveedores de la administración de Mayra Mendoza, empresarios y cooperativas. El juez federal Luis Armella busca determinar si hubo o no un desvío millonario de dinero.

La UIF entregó informes patrimoniales y movimientos de fondos de todos los imputados en el caso. La principal acusada es la referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, que cuenta con dos expedientes abiertos por presuntos hechos de corrupción: el que tramita en Quilmes a cargo del juez Armella y el que se abrió en Comodoro Py, investigación que dirige el juez Ariel Lijo.

El entramado de nombres es mucho más amplio: se investiga también a exfuncionarios del municipio, quienes tienen control o son parte de cooperativas de trabajo que fueron beneficiadas con contrataciones por 535 millones de pesos entre 2020 y 2021.

Para los investigadores, esa red de nombres es más amplia de lo que parecía. Algunos de los ex funcionarios estarían relacionados, de manera directa, a través de participaciones societarias o acuerdos comerciales, con empresarios que también figuran como proveedores del Municipio.

A las sospechas iniciales del caso ahora se sumaron cheques que recibió Sebastián Raspa, ex subsecretario de Hábitat, área que entregaba los contratos millonarios. Esos pagos fueron realizados por otro municipio kirchnerista, el de Escobar, gobernado por Ariel Sujarchuk hasta que Alberto Fernández lo designó titular del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. En su reemplazo, de forma interina, se encuentra Carlos Ramil.

A raíz de una serie de reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) la UIF comenzó a investigar los movimientos de fondos correspondientes a Sebastián Raspa, imputado en la investigación. Según la información a la que accedió Clarín, el 28% de los cheques que recibió en el período investigado, provinieron del municipio de Escobar.

La cifra de esos cheques supera los 47 millones de pesos. Esos movimientos financieros despertaron alarmas en el sistema de control de la UIF y la documentación se encuentra en manos del juez Armella que comenzó a realizar una trazabilidad de ese dinero.

La justicia busca determinar cuál fue el concepto por el cual Raspa recibió esos cheques del municipio de Escobar. Si fue por intermedio de las cooperativas a las que está vinculado o para realizar trabajos con las empresas que integra y que también están bajo investigación.

Ante la consulta de Clarín, desde el municipio de Escobar señalaron que los pagos y contratos se formalizaron con las cooperativas “que iniciaron su relación con la Municipalidad en diciembre de 2016: bajo la ley orgánica de municipios, se realizó una compra de plantas para la mejora del espacio público”.

Por otro lado, señalaron que, en junio de 2017, a instancias del por entonces secretario de Infraestructura y Espacios Públicos “se contrataron de forma mensual los trabajos de mantenimiento y mejora que ofrecían las cooperativas”. En Escobar se desligaron de Sebastián Raspa, al sostener que durante esos años de contratos celebrados “los integrantes de las cooperativas no tenían relación alguna con el gobierno municipal de Quilmes”.

Las cooperativas dejaron de ser proveedoras del municipio de Escobar a raíz de la causa penal iniciada. “En mayo de 2022, enterados de la situación de las cooperativas a través de las investigaciones periodísticas, decidimos dar de baja la contratación de sus servicios”. En el municipio aclararon también que las tareas contratadas se habían realizado “en los plazos establecidos y en forma satisfactoria”.

Los contratos de Escobar -ahora bajo investigación- se firmaron con las cooperativas Barrio Unido, Unión Azul y Progreso, justamente las tres organizaciones que recibieron del municipio de Quilmes un total de 535.265.793,58 pesos para realizar tareas de recolección de basura y mantenimiento de espacios públicos. Al investigar una por una las cooperativas -a las cuales se les levantó el secreto bancario y fiscal- la justicia dio con otros datos relevantes.

El movimiento de fondos llamó la atención para los investigadores, porque Raspa está siendo investigado por un conjunto de préstamos y dinero cruzado con las cooperativas sospechadas de haber sido utilizadas para el desvío de fondos.

Las cooperativas beneficiadas

Uno de los eslabones centrales es el ex subsecretario de Hábitat y Obras Pública, Sebastián Raspa, quien junto Martín Bordalejo comparten diversos emprendimientos, entre ellos las firmas Canton Tower Gestiones Integrales y JD Vitruvio.

La cooperativa de Trabajo Unión de Azul, a la cual el municipio de Escobar le dio contratos, tiene lazos con Bordalejo, donde designó familiares. Su padre, Julio Bordalejo, figura como tesorero. Es una de las tres organizaciones que recibió la mayor cantidad de dinero: más precisamente, 82.740.000 pesos por dos contratos de recolección de residuos de podas y desmalezado. Las obras fueron concedidas en junio del 2021.

Por otro lado, también figura la madre de Bordalejo, Susana Orellano, “vinculada con la Cooperativa de Trabajo El Progreso”, otra de las ex proveedoras del municipio de Escobar.

Dicha organización recibió del municipio de Mayra Mendoza tres contratos en abril, septiembre y octubre de 2021, que ascienden a 63.187.548 pesos, para tareas de fumigación y control de plagas, una red secundaria cloacal y la adquisición de hormigón. Todos esos servicios prestados por la misma cooperativa.

Sebastián Raspa no queda ajeno al entramado. Su madre también figura como tesorera de la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Limitada, según la documentación en manos del juzgado.

Préstamos sospechosos

Como contó Clarín, la justicia investiga un entramado de préstamos. Martín Bordalejo declaró ante la AFIP haber recibido préstamos por $ 58.250.000 en 2020.

Entre sus acreedores figura la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Limitada por $ 3.600.00. Es en la que figura la madre de Sebastián Raspa, como tesorera.

También se determinó que Raspa le prestó $ 7.350.000. “Dichos movimientos de fondos merecen ser investigadas, ya que podría tratarse de una manera de blanquear operaciones espurias”, fue una de las primeras conclusiones a las que arribó el ministerio Público Fiscal, que se encuentra analizando la información por pedido del juzgado.

“Entre sus acreedores se encuentran Martín Leonel Borgio, quien es proveedor del Municipio de Quilmes (lo que se puede ver en el decreto 939/2020, 1634/2020, 1957/2021, entre muchos otros) y le prestó $ 19.500.000”, indicaron fuentes del caso a Clarín.

También aparece The Wolf Building, la constructora de Alejandro Scozzari y proveedora del municipio de Mendoza, quien le prestó a Bordalejo $ 21.400.000.

Lucía Salinas

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