En la misma habrían estado involucrados dos amigos íntimos de Mauricio Macri y, al menos, otros tantos ministros del máximo tribunal de justicia de la Nación. Todas las variantes de la izquierda criolla, incluyendo en sus pliegues al kirchnerismo, suponen que José Torello y Pepín Rodríguez Simón decidieron, con la anuencia del presidente, claro está, avanzar junto a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en un principio de solución al problema de los militares condenados y presos acusados de haber cometido, durante los años del último gobierno militar, crímenes de lesa humanidad. El voto de Elena Highton de Nolasco, que acompañó al de los nombrados en el fallo de la discordia, habría sido el pago de ésta a la posición que adoptó el oficialismo al momento de discutirse su permanencia en la Corte, cumplidos los 75 años. Convencidos en conjunto que la cosa no pasaría a mayores, llevaron adelante el tema con la disidencia de Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda.

Cuando se hizo pública la acordada, levantó una polvareda que obligó al gobierno a dar marcha atrás y tratar de salvar la ropa de la mejor manera posible. La teoría conspirativa -por darle algún nombre- sostiene que la jugada formaba parte de un plan fraguado en las entrañas del poder macrista para desandar lo actuado, en punto a la defensa de los derechos humanos, desde la administración de Raúl Alfonsín hasta la de Néstor y Cristina Kirchner. Urdido desde largo hace por los laderos presidenciales, le habría sido presentado a los mencionados miembros de la Corte y, comprado que fue por éstos, se puso en marcha con los resultados por todos conocidos.

No se le puede negar a los abanderados de tamaña interpretación una imaginación frondosa. Si se decidiesen a escribir un libro sobre los hechos, lo suyo entraría de lleno en el campo de la literatura fantástica. Tampoco cabría negarles capacidad para aprovechar una oportunidad y, con base en la misma, montar un relato que, falso de principio a fin, a muchos le ha parecido verosímil. Con esta particularidad, digna de mención: en política lo verosímil suele ser más importante que lo verdadero.

En rigor de verdad no existió ninguna estrategia montada en la Casa Rosada con el propósito de dotar de impunidad a los integrantes de las Fuerzas Armadas detenidos. Por tres distintas razones que son del caso mencionar. La primera nada tiene que ver con la naturaleza del macrismo y sólo atañe a la Corte Suprema. Cualquiera medianamente enterado sabe que en su seno y por líneas interiores hay entablada una sorda disputa entre Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. No es un conventillo aunque a veces se le parezca mucho. Lo cual no supone que a los integrantes de tan levantado tribunal se los pueda embarcar en una maniobra como la que supuestamente habrían tejido Torello y Rodríguez Simón. Ni Rosenkrantz ni Rosatti son juristas a los que resulta fácil arrear.

La segunda razón sí se relaciona con la esencia del Pro. Suponer que a Mauricio Macri, Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Jaime Durán Barba les interesa el destino de los oficiales y suboficiales presos, es no entender ni su pensamiento ni su estrategia política. El tema los tiene sin cuidado y casi podría decirse que lo consideran un estorbo. No están en condiciones de ignorarlo pero le prestan poca -si acaso alguna- atención. Cuanto más lejos esté de su radar, tanto mejor.

Ello sin contar -tercera razón- el temor reverencial que le tienen a la izquierda cultural y a las organizaciones que se autoproclaman defensoras de los derechos humanos. El Pro es un partido que cultiva lo políticamente correcto y actúa en consecuencia. No resulta ni bueno ni malo; es así. Por eso sería inconcebible que hubiesen pergeñado sus dirigentes algo siquiera parecido a lo que le endilgan sus enemigos. Nunca se hubieran animado a pensarlo. Menos aún a ponerlo en práctica. La legislatura porteña le da el nombre de Paco Urondo a una estación del subte, mientras la Biblioteca Nacional celebra como a un prócer de las letras a Rodolfo Walsh y la Secretaría de Comunicaciones manda imprimir una estampilla conmemorando el cincuenta aniversario de la muerte del Che Guevara. No implica que el macrismo sea por esto comunista o cosa que se le parezca. Sencillamente, es bienpensante.

¿Qué fue lo que sucedió? -El gobierno supo por boca de uno de los ministros de la Corte del fallo que estaba a punto de hacerse público y no reaccionó airado, ni mucho menos. Nadie imaginó la tormenta que se avecinaba. Tan es así que las declaraciones iniciales de los funcionarios que se animaron a hablar, no pasaron a mayores. El parecer temprano del macrismo se podría definir con esta frase: “aunque no nos guste, si se atiene a derecho debemos aceptarlo”. Es lo que pensaban todos. A ninguno le gustaba demasiado el 2 por 1, pero de ahí a desconocer a la Corte había un abismo. De no haberse generado la reacción que juntó a todo el arco opositor -prescindiendo de considerar sus profundas diferencias-, la Casa Rosada no hubiese abierto la boca, como de hecho ocurrió en las primeras horas.

Sólo que la crisis estalló y los reflejos gubernamentales esta vez funcionaron rápido. Desde Macri para abajo y sin ponerse colorados sus colaboradores se montaron a la ola de repudio y hasta la encabezaron. Olvidaron en un santiamén el discurso inicial y poco menos se rasgaron las vestiduras ante un fallo que ahora les parecía inconcebible. Asustado ante la posibilidad de quedar pegado a un fallo que presuntamente beneficiaba a los represores, el macrismo puso en evidencia que, con tal de salvar el trance, es capaz de pisotear los principios que declama defender. Al fin y al cabo la ley del 2 x 1 -odiosa por donde se la analice- tuvo vigencia, y es una base del derecho penal la aplicación de la ley más benigna. En ello reside la esencia del fallo.

Como la coalición gobernante temió perder votos no encontró mejor manera que proceder con un tiro por elevación a la Corte. ¿Las instituciones? -Bien gracias. Bienvenido sea el realismo político. 

Vicente Massot