Miércoles, 03 Junio 2020 21:00

Escuchas judiciales: una pieza dorada para el dispositivo de venganza K - Por Claudio Savoia

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Cristina Kirchner sigue aprovechando el shock por la pandemia para quitarse las piedras incómodas en sus zapatos. Ya lo había hecho en 2014, cuando cedió esa oficina a Gils Carbó.

 

El control de las escuchas telefónicas legales -cada vez menores en proporción frente a las ilegítimas- viene causando desde 2014 recurrentes peleas políticas que en cada oportunidad sirvieron para revelar las bambalinas de las verdaderas relaciones de poder entre el oficialismo y la oposición, pero también entre facciones de las alianzas gobernantes en cada momento y de todas ellas con los operadores del poder judicial.

El primer manotazo a la mesa de arena lo dio Cristina Kirchner ese año, cuando declaró la guerra a su ex espía mimado Antonio "Jaime" Stiuso, y además de forzar su retiro de la Secretaria de Inteligencia -reconvertida en ese momento en la Agencia Federal de Inteligencia- le quitó a ese organismo la oscura oficina de escuchas telefónicas, que durante décadas había sido utilizada para barnizar con una pátina de legalidad cientos de intervenciones clandestinas, utilizadas para espiar a opositores y periodistas, extorsionar a empresarios y sindicalistas, y hacer puros negocios: sobre todo eso.

En ese agobiante diciembre -semanas antes de que el fiscal Nisman denunciara a la presidenta y apareciera con un balazo en la cabeza días más tarde- Cristina comenzaba a transitar el último año de su gobierno, y pese a tener un aceitado y equipado sistema de espionaje ilegal a su servicio -encabezado por el general César Milani y secundado por el adversario de Stiuso en la ex SIDE, Fernando Pocino, entre otros- temía por el electrón suelto que para ella implicaba la existencia de la famosa oficina de Observaciones Judiciales que Jaime había manejado a su antojo durante años.

Solución: la naciente AFI ya no sería la encargada de realizar las intervenciones telefónicas ordenadas por los jueces en el marco de sus investigaciones sobre delitos complejos. Esa misión pasaba a manos de la Procuración General de la Nación, entonces bajo el mando de Alejandra Gils Carbó. Ahora sí, todo quedaba en manos amigas.

La procuradora -de inocultable militancia K- hizo un buen trabajo de limpieza y orden en el edificio de la Avenida de los Incas, que le fue transferido con personal, equipos y una historia pesada que debería dejar atrás. Transparentó y protocolizó el proceso de intervenciones telefónicas, alejó a decenas de empleados de la ex SIDE con fojas turbias, y abrió a la luz por primera vez lo que ocurría en ese sitio históricamente secreto.

Eso sí: en el último piso del edificio, donde nadie podía ingresar, trabajaba una célula de La Cámpora cuyas tareas eran desconocidas por el resto del personal. En aquel momento, la agrupación también había desembarcado masivamente en la AFI, dirigida por Oscar Parrilli y el actual viceministro de Justicia Juan Martín Mena y colonizada por ultras como el actual diputado Rodolfo Tailhade. Otro detalle de color: la encargada de la Dircom -nuevo nombre para la vieja Ojota- era la fiscal Cristina Caamaño. La misma que ahora dirige la AFI. El mundo es un pañuelo.

El emprolijamiento relativo de las escuchas judiciales -siempre bienvenido- había sacado un dolor de cabeza a Cristina, cuyo aparato de espionaje ilegal seguía funcionando a todo vapor, pero ya sin la sombra de una competencia fuera de control.

Con la llegada de Mauricio Macri al poder, un decreto dejó a Gils Carbó sin su peligroso juguete. El presidente lo remitió a la Corte Suprema de Justicia, que creó la actual Dajudeco para centralizar las escuchas y otras herramientas de investigación de delitos complejos. El entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, delegó su control en el camarista Martín Irurzun y el juez federal Javier Leal de Ibarra.

Desde entonces, decenas de intervenciones telefónicas ordenadas por distintos jueces fueron difundidas por los medios, con hits inolvidables como el "soy Cristina, pelotudo", con el que la actual vice se presentaba ante Parrilli y otros diálogos cuya ventilación resultó indigerible para la entonces senadora, quien siempre acusó al macrismo, la AFI, la Corte y jueces como Claudio Bonadio de haber ordenado y filtrado esos audios.

De regreso en el poder, lanzada con todo sobre la justicia para coagular las causas por corrupción en su contra con el guiño del presidente Alberto Fernández, la viuda de Néstor Kirchner vuelve a la carga en el Senado para recuperar el control -o al menos quitárselo a cualquier otro- de una herramienta clave en su dispositivo de venganza. El coronavirus sigue dándole satisfacciones inesperadas. Que no va a desaprovechar.

Claudio Savoia

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