Martes, 21 Julio 2020 21:00

El gobierno y la Corte: un compás de espera para la madre de todas las batallas - Por Claudio Savoia

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El máximo tribunal tiene bajo análisis la condena a Boudou y otras causas clave. Cristina busca desactivar ese poder cuanto antes. Bajo presión, el presidente prefiere avanzar despacio.


No va a suceder en estos días, ni en las semanas siguientes. Pero va a llegar: en la Corte Suprema de Justicia ya está circulando para su revisión la condena a Amado Boudou y su ristra de amigos en el caso Ciccone, en la que se ganó una pena a cinco años y diez meses de prisión. Otros expedientes explosivos también están bajo la lupa o esperan en los cajones de los jueces del máximo tribunal: los recursos con los que Cristina Kirchner quiso detener el inicio del juicio en su contra por el direccionamiento de la obra pública, las condenas de la tragedia de Once -a todos los ex funcionarios y empresarios excepto Julio De Vido- o la constitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura. Dinamita pura. Tarde o temprano -o mejor dicho, tarde o muy tarde- todas las chicanas, pericias, apelaciones y trucos para distraer a la justicia y evitar su fallo acaban en los escritorios de fieltro de la Corte. Y la vicepresidenta lo sabe.

La manoseada reforma judicial, cuyo misterioso texto llegaría al Congreso esta semana, se parece a un paquete de bombones como el que deleitaba a Tom Hanks en la inolvidable película Forrest Gump: "nunca sabés lo que te puede tocar". Entre borradores, tachones y martingalas, la única certeza de la que nadie duda es que buscará diluir el "poder" de los doce juzgados federales porteños de primera instancia, en los que se inician -y en la mayoría de los casos mueren, y ahí está la clave- las causas por corrupción de los funcionarios públicos nacionales. Esa es la promesa del presidente Alberto Fernández, escuchada con más interés intramuros del sistema político que en el resto de la sociedad. Para ser más claros: los cambios no mejorarán la calidad del servicio de justicia que recibe la gente.

Por supuesto, también puede ocurrir que entre los detalles que subieron y bajaron del proyecto oficialista haya algún caramelo para el ciudadano común. Ojalá. Si así fuera se trataría de otra sorpresa, pues todos los anticipos conocidos hasta ahora sólo se refieren al fuero federal. El que le importa a los políticos.

La multiplicación de los juzgados hará que cada uno de sus titulares reciba menos denuncias para analizar, pero las que ya están bajo investigación no cambiarán de manos. Y ese es el problema. El súbito descontento oficial con el funcionamiento de la justicia- horrible, en términos generales- responde directamente al tamaño de los problemas que varios ex funcionarios ahora reintegrados al Estado tienen en esos estrados, empezando por Cristina, desde luego. Y esa nube no se disolverá con más juzgados para las nuevas causas. Hacen falta más cambios.

Por eso, en la última semana se disparó una cacería sobre el procurador general interino, Eduardo Casal, y se pretende revisar en la Magistratura el traslado de varios jueces que están en la Cámara Federal porteña, que recibe las apelaciones de aquellos doce juzgados malditos. Meter la mano allí sí puede aliviar algún juanete.

Pero tampoco alcanza: las causas que ya están elevadas a juicio dependen de cada uno de los tribunales orales -también diezmados de jueces titulares-, de la Cámara Federal de Casación Penal -donde el kirchnerismo sólo tiene asegurados dos o tres votos de los doce- y, finalmente, de la Corte Suprema de Justicia.

La madre de todas las batallas se jugará, entonces, en el cuarto piso del palacio de Tribunales. Un territorio salvaje para los puntillosos deseos del poder, adonde los mensajes de la Casa Rosada llegan desprovistos de toda delicadeza: en el verano, el ministro del Interior Wado De Pedro se acercó a la Corte al menos dos veces para manifestarle a algunos de sus jueces su particular interés por el destino judicial de tres personas. Todas llevaban el apellido Kirchner. Se fue con las manos vacías.

El plan K para conjurar ese peligro es el mismo que en las instancias inferiores: poner más jueces para reducir el tamaño de la firma de los que están ahora. El desafío, otra vez, es envolver ese objetivo faccioso con alguna pátina que lo haga digerible. Pero resulta que toquetear la Corte no es una demanda de ningún sector político, movimiento social, sindicato, organización social ni ejército de trolls en las redes sociales. Literalmente nadie lo pide, y cuando el tema se instale quedará claro que muy pocos lo quieren. La pregunta que hay en el medio es la clave: cuántos estarán dispuestos a tolerarlo.

Con el énfasis enojadizo que lo acompaña cada vez que dice algo sobre lo que no está seguro, Alberto Fernández prometió en campaña y luego de ella no tratar de ampliar el máximo tribunal. Para tragarse esas palabras, ahora aparecerá el digestivo de una "comisión asesora" que analice lo que nadie pensaba ni quiere. Y cuya conclusión ya está escrita. En la Corte miran, esperan. Y siguen rotando los casos a firmar.

Claudio Savoia

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