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Viernes, 15 Enero 2021 13:11

Obsesión por subordinar a los jueces - Por Jorge Enríquez

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El 9 de diciembre pasado, la señora de Kirchner publicó una nueva epístola, cuyo propósito principal fue vituperar a los jueces de la Corte Suprema. La repercusión que tuvo tal vez fuera exagerada, ya que no es la primera vez que la vicepresidente de la Nación se expide contra la independencia del Poder Judicial, que de eso se trata este texto, aunque no termine de decirlo de forma explícita.

 

La obsesión de los Kirchner por subordinar a los jueces y a los organismos de control viene de larga data. En Santa Cruz lo consiguieron durante la década del noventa, cuando eran menemistas. El último resabio de independencia era el Procurador Eduardo Sosa.

Como no tenían las mayorías para removerlo, le vaciaron por ley las atribuciones. Sosa litigó incansablemente, con el patrocinio del doctor Daniel Sabsay. En diversos pronunciamientos, a lo largo de varios años, la Corte Suprema determinó que debía ser repuesto en sus funciones, pero esos fallos nunca fueron cumplidos.

Durante su segunda presidencia, Cristina Kirchner impulsó un paquete de leyes que denominó de “democratización de la justicia”. La “democratización”, en la neolengua kirchnerista, significa sumisión. La Corte Suprema, en el caso “Rizzo”, declaró la inconstitucionalidad de los aspectos esenciales de la ley de reforma al Consejo de la Magistratura, cuya finalidad evidente era que el kirchnerismo cooptara ese organismo constitucional.

La arremetida impulsada por su carta no tiene que ver solo con esa concepción autoritaria, sino con urgencias más acuciantes. La Corte había desestimado el recurso extraordinario de Amado Boudou en la causa Ciccone, con lo cual la condena a este había quedado firme.

Los argumentos expuestos en esa curiosa carta son confusos y en muchos casos autocontradictorios. Desciende al ataque personal a los magistrados sin el menor sustento. Del doctor Carlos Rosenkrantz dice, por ejemplo, que fue abogado de importantes empresas. Ese antecedente, que debería valorar de manera positiva, porque revela a un profesional destacado, es visto como infamante.

Quizás en su edición de la Constitución, en el artículo 111 que prevé los requisitos para ser juez de la Corte, se haya agregado uno que nadie conocía hasta ahora: no haber representado a empresas. Es, en todo caso, una afirmación curiosa a poco que se repare que quien la formula se calificó a sí misma de “abogada exitosa”, que explicó que de ese éxito provenía su cuantioso patrimonio y que no solo representó a empresas sino a compañías financieras, para las que ejecutaba hipotecas contra deudores asfixiados económicamente por la famosa circular 1050 de los tiempos de Martínez de Hoz.

Llama la atención también que una abogada exitosa crea que Rosenkrantz y Horacio Rosatti fueron designados por decretos de necesidad y urgencia. Cualquier alumno de los inicios de la carrera de Derecho sabe distinguir esos decretos, en los que el Poder Ejecutivo ejerce facultades que corresponden al Congreso, de los autónomos, en los que dicta medidas dentro de su exclusiva esfera de atribuciones.

Tales designaciones fueron de este último carácter, ya que se adoptaron en el marco del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional. De todas formas, esos jueces solo se incorporaron a la Corte una vez que obtuvieron el acuerdo del Senado.

Pero lo más grave no es lo anecdótico, sino lo esencial, aquello en lo que la señora de Kirchner y sus allegados del Instituto Patria insisten desde hace mucho tiempo. No pueden concebir que la justicia sea otro poder del Estado, cuya función no es solo dirimir los conflictos privados sino ponerles límites a las autoridades políticas cuando se exceden de sus funciones y juzgar sus faltas y delitos de la misma forma que lo hacen con el resto de los argentinos.

Por eso le reprocha a la Corte que no sea electa popularmente y que goce de un mandato vitalicio. Esto último es falso desde la reforma constitucional de 1994, que limitó el ejercicio de la judicatura hasta los 75 años. Es cierto que aun así una persona puede desempeñar el cargo de juez por décadas, pero la larga duración, que trasciende a las de las autoridades electivas, es una característica de todo el mundo democrático para asegurar la independencia de los jueces. Esa independencia quedaría socavada, además, desde el inicio, si estos fueran electos popularmente, como si se tratara de dirigentes políticos.

La función de los jueces no es crear el derecho, sino conservarlo. Y la de los jueces de la Corte es, en forma eminente, asegurar el imperio de la Constitución. Los jueces “militantes” son la negación de la justicia.

No puede menospreciarse la importancia de esa carta y de las posturas posteriores del gobierno nacional, que ejecuta la partitura que elabora la vicepresidente. El primer objetivo es la impunidad. Alberto Fernández lo dijo con todas las letras: quiere “meter mano” en la justicia.

Luego aclaró que no se refería a las causas pendientes, pero la expresión que usó es brutal e ilustra muy bien las intenciones verdaderas del oficialismo. Desde distintos sectores de esta fuerza política se alzan voces que la reclaman un indulto. Lo hizo nada menos que Eugenio Zaffaroni, que no encuentra ninguna contradicción entre su cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su función de militante partidario y abogado en las sombras de Cristina Kirchner, Amado Boudou y demás procesados y condenados por corrupción.

El Presidente dijo, sin mayor convicción, que no dictaría un indulto, pero sugirió sibilinamente que el Congreso podría considerar una amnistía. Cabe recordar que hay fallos que interpretan que los delitos de corrupción no pueden ser objeto de indultos ni de amnistías, porque el artículo 36 de la Constitución Nacional los equipara a los atentados contra el sistema democrático, a cuyos autores priva de esos beneficios.

La reciente solicitada en favor de Boudou, que firman no solo funcionarios kirchneristas sino ex presidentes latinoamericanos como Lula, es un acto infame, cuyo mensaje implícito es que está bien robar desde el Estado siempre que el que lo haga sea del mismo cuadrante ideológico.

No van a cejar en sus intentos. Insistirán probablemente en las sesiones extraordinarias en sus proyectos de reforma judicial, entre los cuales se destaca la creación de un tribunal anterior a la Corte Suprema, que le quite a esta su competencia en materia de arbitrariedades, y la modificación de la ley de Ministerio Público para que el Procurador General sea designado con mayoría simple y pierda su carácter vitalicio.

Con un Procurador militante, a la cabeza de un sistema procesal en el que los fiscales tendrán el rol principal, las demás modificaciones judiciales quedarán eclipsadas. Será este funcionario quien determinará si avanzan o no los procesos contra los corruptos y los narcotraficantes.

A 37 años de la recuperación de la democracia, parece mentira que debamos volver sobre nociones tan elementales. Pero es necesario hacerlo, porque los fundamentos republicanos de nuestras instituciones están en riesgo. Si hoy no somos Venezuela no es porque el kirchnerismo no quiera, sino porque, por ahora, no puede.

Jorge R. Enríquez
Diputado nacional (Juntos por el Cambio- PRO) - CABA

Jorge Enríquez

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